¿Revolución en los claustros?

Pablo Buchbinder

Fragmento

1. Los universitarios, entre la política,
la profesión y las aulas

Una ocupación mediante el uso de la fuerza

El 9 de septiembre de 1918, a las ocho de la mañana, un grupo integrado por unas setenta personas irrumpió en el edificio de la Universidad de Córdoba de manera violenta y lo ocupó. Se trataba de un grupo de estudiantes que había salido segundos antes del local de su federación, situado justo enfrente, y que con esta medida procuraba llamar la atención del gobierno nacional. Declararon que la casa de estudios quedaba bajo la su perintendencia de la federación universitaria y designaron a sus principales dirigentes, Horacio Valdés, Enrique Barros e Ismael Bordabehere para hacerse cargo de las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, respectivamente. Estos tres líderes asumirían, al mismo tiempo y en forma conjunta, la presidencia de la universidad y tendrían potestad para designar profesores interinos.

Pocas horas después, fuerzas militares y policiales entraron en el recinto de la institución sin encontrar resistencia. En la operación intervino un juez federal y los estudiantes fueron detenidos y procesados por sedición, aunque liberados pocos días después y las causas judiciales quedaron sin efecto. Sin embargo, la repercusión pública del acontecimiento motivó que se acelerara la partida hacia Córdoba del nuevo interventor en la universidad, el ministro de justicia e instrucción pública, José S. Salinas.

Este episodio constituye uno de los momentos más álgidos del llamado proceso de la reforma universitaria, que constituye el tema central de este texto. Se trata de un acontecimiento central en la historia argentina de la primera mitad del siglo XX, y que tuvo también notables repercusiones en muchos estados de América Latina. En Córdoba la reforma conmovió los cimientos de la organización y gobierno de su universidad, una institución que durante varias décadas había mostrado una notable capacidad para resistir los cambios. El movimiento reformista fue liderado entonces por un conjunto de jóvenes universitarios y algunos graduados recientes. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Intentaban modificar sólo el sistema de gobierno o también las mismas características y modalidades de la enseñanza superior? ¿Qué papel jugaron las autoridades nacionales y las de las mismas universidades? ¿Qué obstáculos encontraron en su camino y cómo transformaron la vida académica? A estas preguntas intentamos dar respuesta en las páginas que siguen.

Contra la tutela eclesiástica

Es probable que para encontrar en la historia de la casa de estudios cordobesa un conflicto de tal gravedad haya que remontarse más de treinta años atrás, hasta 1884. A principios de ese año, un joven estudiante de abogacía, Ramón J. Cárcano, presentó su tesis de doctorado. La reglamentación impuesta poco tiempo antes establecía, como requisito para obtener el título de doctor en jurisprudencia, la presentación de un trabajo escrito sustituyendo así a la ignaciana, el antiguo examen vigente desde los tiempos de los jesuitas que habían fundado allí la casa de altos estudios a principios del siglo XVII. La de Córdoba era la universidad más antigua del territorio rioplatense. Como la mayoría de las instituciones universitarias coloniales controladas por órdenes religiosas había estado orientada, en sus orígenes, hacia los estudios de teología. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, quedó bajo el control de los franciscanos. A principios del siglo XIX había sido, de alguna manera, refundada y situada bajo la jurisdicción de la corona española. En 1820 fue provincializada y transferida, finalmente, a la órbita nacional en 1854.

El tema de la tesis de Cárcano era el de la igualdad de los derechos civiles de los “Hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos”. La presentación de la tesis provocó una notable convulsión en el mundo político y cultural cordobés. Un grupo eminente de profesores con viejo arraigo en la sociedad local sostuvo que el trabajo era inaceptable, como recordaría el mismo Cárcano: “… por contrario a las doctrinas de la iglesia…”. Para estos profesores, la universidad en tanto “… institución católica…” estaba inhabilitada para aceptar una tesis que sostuviese ideas contrarias a sus preceptos. La perspectiva de Cárcano era diametralmente opuesta, ya que sostenía que el tema de la igualdad de los hijos era de naturaleza exclusivamente civil, y que bajo esa perspectiva era analizado en su tesis. A partir de estos argumentos insistía en destacar que la universidad era “… una tribuna libre… únicamente cerrada al ataque a las instituciones esenciales de la República” . Negarle la posibilidad de defender su tesis conllevaba la violación del principio de la libertad de pensamiento y, en consecuencia, contenía un ataque contra la “… garantía más alta e inalienable de la Constitución…”.

Cárcano ganó finalmente la pulseada y la tesis fue aceptada. El examen de defensa constituyó un episodio de gran repercusión en la provincia, ya que sus principales proposiciones eran contrarias no sólo a los fundamentos de la religión católica, sino también a los vigentes en el Código Civil redactado por un antiguo hijo de la ciudad y egresado de su universidad, Dalmacio Vélez Sarsfield. La prensa católica de Córdoba publicó días después una pastoral del vicario de la ciudad, Jerónimo Clara, condenando la aprobación de la tesis y prohibiendo su lectura. El vicario rogaba a los “respetables profesores” de la Facultad de Derecho que, en adelante, se inspirasen en el desempeño de sus funciones “… en los deberes que les impone su gloriosa profesión de católicos”. En aquella declaración, el funcionario eclesiástico, además de sus comentarios sobre la tesis de Cárcano, incluía observaciones sobre otros dos temas. Por un lado, advertía sobre el inicio de las clases en la escuela normal de niñas, dirigida por maestras protestantes. No era “lícito”, sostenía, a ningún padre católico enviar a sus hijos a aquella escuela. Por último, condenaba a tres periódicos de la ciudad por “impíos”. Uno de ellos, El Interior, era dirigido por el mismo Cárcano.

A través de estas declaraciones el vicario manifestaba abiertamente su negativa a aceptar el proceso de laicización que, impulsado por las elites gubernamentales, se imponía en distintas esferas de la vida civil y del sistema educativo de la Argentina. La década de 1880 presenció justamente la sanción de una serie de leyes que procuraban abrir caminos en esa dirección. Durante el año 1884, vio la luz la ley 1.420, que consagraba la educación primaria laica, gratuita y obligatoria, y conllevó el fin de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Otras disposiciones de aquellos años, como la imposición de la ley de matrimonio civil en 1888, contribuyeron a la separación entre la esfera civil y la religiosa.

Las repercusiones del conflicto cordobés se hicieron notar en la prensa, que exigió un pronunciamiento de las autoridades nacionales. Esto llevó al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, a suspender al vicario de Córdoba y a separar de sus cátedras a aquellos profesores universitarios que se solidarizaron con su actitud. Fueron destituidos Rafael García, Nicéforo Castellanos y Nicolás Berrotarán que, como

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