Indec

Gustavo Noriega

Fragmento

HECHOS I

El relato

“¿CON QUÉ RELATO abordamos el tema del Indec? ¿Con el relato de que un día cayeron los villanos del Gobierno a un organismo que era maravilloso y medía todo muy bien y que a partir de esa incursión se empezaron a manipular los índices y plantear cosas que no son realidad? Si lo abordamos desde ese relato, el problema no tendría solución.”

Así hablaba la presidenta Cristina Fernández unos días antes de asumir,1 en noviembre de 2007. Utilizaba tres veces en un párrafo su palabra favorita, “relato”, para describir socarronamente lo que según la oposición había sucedido en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, la narrativa que uno podría construir con los sucesos acaecidos en el Instituto se hace comprensible si y sólo si se describen los hechos de una manera bastante parecida a la que ella desdeña. Seguramente, el Indec no era maravilloso ni medía todo bien. Sin embargo, los mecanismos para corregir su actividad técnica y académica estaban contemplados y no se parecían en nada a los que se desplegaron desde mediados de 2006 en adelante. La intromisión del Gobierno en el Instituto fue tan brutal como ignorante. Brutal desde las formas, tanto en la violencia generada sobre los índices como en la ejercida contra las personas. Y fue ignorante desde el momento en que desconocía que meter mano en el Sistema Estadístico Nacional implicaba alterar una pieza interrelacionada con muchas otras; que al mover un ladrillo, todo el edificio sufriría algún tipo de cambio. Al intervenir el Sistema Estadístico Nacional, “los villanos del Gobierno” no entendieron dos palabras: “Sistema” y “Nacional”, dos nombres que refieren a un orden superior al de las piezas individuales. Pensaron que con una modificación de las estadísticas bastaba y construyeron así su propio Vietnam.

Vamos a desarrollar de manera sucinta el relato de lo que sucedió en el Indec desde 2006 en adelante para luego, en capítulos posteriores, desplegar cada uno de los episodios más significativos. Cada movimiento del Gobierno tuvo una consecuencia inesperada para él, como si se enfrentara a un enemigo que no imaginó. Lentamente se fue hundiendo en una situación sin esperanzas y todas las salidas para la crisis —crisis que ellos mismos habían creado— apelaban al recurso de la huida hacia delante.

En un principio fue el deseo de que no hubiera inflación. O, en su defecto, que no se supiera que había inflación. En noviembre de 2005 renunció Roberto Lavagna al Ministerio de Economía y fue reemplazado por Felisa Miceli. Fue el último ministro de ese ramo en mostrar un perfil propio, independiente del entonces presidente Néstor Kirchner. Tuvo con el Indec la misma relación que sus antecesores de todos los gobiernos: una irritada resignación ante los números que no lo favorecían y silencio si sucedía lo contrario. En abril de 2006, Kirchner designó en la flamante Secretaría de Comercio Interior a Guillermo Moreno, hasta ese momento secretario de Comunicaciones. La batalla de la inflación era la prioridad, y Moreno, el mejor soldado, más protagonista que la propia ministra. La táctica fue doble: acuerdos de precios con las grandes empresas y control de la medición de la inflación por medio de presiones al Indec.

Durante el segundo semestre de 2006, Moreno intentó que los responsables de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —cuya variación positiva es lo que se conoce como inflación— le entregaran las direcciones de los comercios encuestados. La intención era tan obvia como inconfesable: bajar los precios en aquellos comercios donde se relevaban implicaba bajar el índice sin necesidad de que ese descenso representara una baja real en los precios. Si no se podían atacar los hechos, bastaba con apuntar hacia el “relato”. Es como tomarse la fiebre poniéndose el termómetro en la axila pero enfriando previamente esa zona: la temperatura axilar no va a representar cabalmente la temperatura corporal.

Durante 2006, Moreno —y a través de él, el Gobierno— se encontró con la primera resistencia a sus órdenes dentro del Instituto. Los técnicos del Indec se negaban a proporcionar la información para identificar a los comercios donde se realizaba la encuesta. Dos obstáculos se interponían entre el deseo del secretario de Comercio y su realización. En primer lugar, el orgullo profesional. Los técnicos saben que en la base de toda la metodología estadística está la absoluta independencia de los hechos relevados. Es imperativo minimizar la influencia que el instrumento de medición pueda tener sobre el objeto a ser medido. Los técnicos de Indec sabían que exponer a los comercios significaba que estos últimos recibirían presiones para bajar sus precios o por lo menos su declaración. Los que sufrieron las presiones del secretario de Comercio fueron el director del Indec, Lelio Mármora, la directora de IPC, Graciela Bevacqua, y su jefa, Clyde Trabucchi, directora nacional de Encuestas de Condiciones de Vida.

En segundo lugar, ese requerimiento metodológico estaba amparado legalmente. La ley 17.622, utilizada para la creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, especifica esta expresa salvedad conocida como secreto estadístico. Si los técnicos hubieran cedido ante el requerimiento de Moreno, no sólo habrían incumplido con su misión profesional sino que habrían infringido la ley. Al realizar esa demanda a los técnicos de Indec, el secretario de Comercio Interior faltó a sus deberes de funcionario público y por ese motivo el entonces fiscal general Carlos Stornelli pidió su indagatoria al juez.

Una vez que los técnicos se negaron a entregar la información clasificada, el siguiente paso tomado por el Gobierno fue desplazarlos y colocar en el cálculo del IPC a gente de su confianza, sin antecedentes profesionales en la materia y dispuesta a realizar lo que se le encomendaba. A partir de enero de 2007, ya sin Mármora, Trabucchi y Bevacqua, se comenzó a manipular groseramente el índice de precios, alterando de esa manera su cálculo derivado: la tasa de inflación.2

A medida que mes a mes aparecían los índices adulterados, surgían nuevos inconvenientes, todos derivados del hecho de que las tasas no son aisladas sino que forman parte de un sistema.

El primer problema se relaciona con que el Indec mide el IPC de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (GBA). Ese índice se promedia luego con los índices calculados en otras siete provincias por su Dirección de Estadística para obtener el IPC nacional. A medida que aparecían índices adulterados en Buenos Aires se hacía evidente la distancia entre ese cálculo y el de las provincias. El primer impulso de la intervención fue comenzar a adulterar también los índices provinciales, lo que llevó a un grosero episodio en Mendoza.3 Como esa táctica se mostró inviable por la resistencia de dos de las direcciones provinciales, directamente se discontinuó el IPC nacional.

El segundo problema estuvo relacionado con el cálculo de

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X

Añadido a tu lista de deseos