Introducción a la gestión pública

Mario Waissbluth

Fragmento

Prólogo

PRÓLOGO

Luis Alberto Moreno*

La confianza de los ciudadanos de América Latina y el Caribe en sus gobiernos ha venido reduciéndose progresivamente durante la última década. La evidencia empírica muestra lo siguiente: más de dos tercios de los ciudadanos creen que sus gobiernos favorecen a sectores privilegiados, lo cual explica que, aproximadamente, tres cuartas partes de ellos consideran que sus sociedades son injustas.

Esta percepción de desigualdad —confirmada por los datos sobre inequidad en los ingresos y en el acceso a necesidades básicas— se ha visto agravada por los numerosos y sistémicos problemas de corrupción en el uso de los recursos públicos. En un contexto en el que gran parte de la población de la región conforma una clase media más informada y mejor conectada mediante las redes sociales —además de mejor atendida por servicios del sector privado que usan tecnología—, se ha fortalecido el reclamo ciudadano a los gobiernos por una mejor y más transparente gestión de los recursos públicos. Nuestras sociedades también exigen que se cumplan las promesas de entrega de mejores servicios, y que la justicia se administre con independencia para terminar con la impunidad.

Introducción a la gestión pública. Un Estado al servicio de la ciudadanía representa un esfuerzo oportuno para explicar cómo podemos responder a estas demandas ciudadanas.

Fruto de una colaboración de once profesores del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, y liderado por el profesor Mario Waissbluth, el estudio identifica un conjunto de reformas a la organización y operación del sector público, indispensables para hacer que el Estado produzca servicios de calidad y una adecuada cobertura para los ciudadanos.

En este sentido, también constituye una muy útil fuente de información para la implementación de la estrategia institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que propone que uno de los desafíos transversales de la región sea el fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho.

En primer lugar, los autores proponen modificar algunas de las características de la burocracia que opera en los sectores públicos y que impiden, por ejemplo, la adopción y operación adecuada de tecnologías cada vez más disruptivas. En efecto, la organización y operación vertical —en silos— del sector público se convierten muchas veces en un impedimento para la producción de bienes y servicios que requieren la participación de múltiples agencias públicas.

Como lo confirman diversos estudios del BID, muchos trámites que deben realizar los ciudadanos podrían ser ejecutados con facilidad y menores costos si el sector público contara con mecanismos para compartir —entre sus diferentes agencias— la información de la que disponen, en lugar de exigírsela repetidamente y para cada trámite a los ciudadanos. Más aún, esta operación en silos del sector público impide la puesta en operación de plataformas horizontales de información que son un requisito fundamental para el adecuado funcionamiento de los servicios digitales.

Por otra parte, los autores coinciden en que una de las brechas más importantes en la mejora de la gestión pública en la región es el débil desarrollo de instituciones que garanticen la selección, entrenamiento y buena remuneración de funcionarios públicos. Coincide, así, el diagnóstico de este volumen con los esfuerzos que el BID viene impulsando para mejorar la composición del talento humano en la región. Más aun, considerando la necesidad de que los sectores públicos cuenten con recursos humanos preparados para adaptar la gestión pública a los rápidos cambios tecnológicos y, también, para conformar nuevos ecosistemas de emprendimiento que incorporen tanto a actores privados como del sector público.

En segundo lugar, los autores describen acertadamente cómo los problemas públicos se han venido complejizando de manera tal que la gran mayoría de ellos requieren de múltiples intervenciones de agencias dispersas a lo largo de los diversos niveles del Estado. Pensemos en el cambio climático, por ejemplo, que constituye uno de los grandes retos que debe enfrentar la política pública de la región. Las soluciones para enfrentarlo obligan la intervención de las agencias a cargo de proveer infraestructura pública, pero también de aquellas agencias que regulan las diversas industrias y vigilan la contaminación ambiental, entre otras. Este desafío también exige guiar la actuación de los gobiernos subnacionales que tienen responsabilidades como el manejo de desechos sólidos o la provisión de servicios de alcantarillado. Los autores muestran que coordinar la participación de todas estas entidades presenta retos significativos cuando cada agencia opera verticalmente, con funciones exclusivas y excluyentes.

En tercer lugar, los autores señalan la importancia de que la gestión pública sea capaz de definir políticas públicas implementables. La selección adecuada de estas ha avanzado mucho en la región, sobre todo por la importancia que ha cobrado el uso de evidencia empírica para evaluar los impactos potenciales de las mismas. No obstante, es esencial seguir impulsando el uso de tecnologías modernas que permiten agrupar, utilizar y extraer conclusiones basadas en datos masivos e inteligencia artificial para que el sector público tenga mejor evidencia sobre sus impactos. En este sentido, los autores aciertan al discutir cómo y con qué tipo de gestión se puede garantizar la efectiva, eficiente y eficaz implementación de dichas políticas.

El libro propone dos conceptos que han venido ocupando la agenda de reforma de los Estados con una gestión pública más avanzada: la gestión centrada en los ciudadanos y el gobierno en redes. El primero consiste en la necesidad de que el Estado y su gestión se organicen alrededor de las necesidades de los ciudadanos. Ello supone entender cuáles son las necesidades y posibilidades del ciudadano para interactuar con el Estado, de manera que los costos de dicha interactuación sean los menores posibles. La creación de administraciones tributarias modernas que permiten a los ciudadanos contar con información de sus declaraciones de impuestos, la instalación de oficinas de servicios y trámites compartidos o la implementación de servicios de transporte que toman en cuenta las particularidades de género son ejemplos de políticas públicas gestionadas con un enfoque centrado en el ciudadano.

El segundo concepto —la gestión en redes— propone transformar la gestión pública de una herramienta de provisión de servicios a una herramienta de organización de servicios, que se dedique a orquestar los diferentes recursos —públicos y privados— que pueden contribuir a satisfacer una necesidad en la sociedad. La gestión en redes supone que los gestores públicos organicen mallas multiorganizacionales y multisectoriales, adaptables a los problemas y necesidades del momento. Por ejemplo, permite que el Estado preste servicios de nutrición escolar utilizando los proveedores privados existentes en las c

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