Impunidad

Cristian Eduardo Vargas Mendez

Fragmento

 Prefacio

Prefacio

Era una querella por delitos tributarios como tantas otras. Había boletas falsas, donaciones encubiertas, procedimientos dolosos encaminados a burlar el impuesto. Era, en términos jurídicos, una decisión simple. Pero los nombres que aparecerían convirtieron el caso en otra cosa.

Soy abogado. Hasta 2015 fui subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos de Chile. En ese periodo me correspondió participar en decisiones sobre investigaciones de delitos tributarios que terminarían remeciendo la vida pública del país: los casos conocidos como Penta y SQM. Lo que comenzó como simples indagaciones pronto reveló algo más amplio: una trama de financiamiento político ilícito que había operado durante años en zonas grises, tan normalizada que nadie la cuestionaba.

Lo que sigue no es un análisis de los casos Penta y SQM, para eso existen reportajes, expedientes y sentencias. Es una crónica desde dentro, escrita en primera persona, porque no veo otra forma de contar lo que ocurrió en oficinas a las que pocos tuvieron acceso, y en conversaciones que no quedaron registradas.

Esa querella terminó archivada. Otras también. Este libro trata de eso: de cómo se fabricó una impunidad sin decir su nombre.

Cristian Vargas

Capítulo I

EL PESO DE LA NOCHE

Salí de La Moneda con una orden tácita: no presentar querellas contra todos los implicados. No se esperaba justicia, sino contención. Nadie lo dijo en voz alta. No hacía falta.

Unas horas antes una invitación inesperada me había llevado, por primera vez, al palacio. Yo no era un hombre de gobierno ni frecuentaba los pasillos del poder político. No pertenecía a ese mundo, aunque trabajara dentro del Estado. Mi lugar estaba más abajo, lejos de los salones, en una oficina con vistas al expediente. Entonces era subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, un cargo que debía ser técnico, pero que contenía una atribución sensible: la de querellarse por delitos tributarios. Por eso me habían convocado.

Imaginé —con una ingenuidad quizá impropia— que la conversación giraría en torno al alcance legal de las investigaciones sobre Penta y SQM, al papel que correspondía al servicio y al respaldo que requería para actuar. Hablamos de eso, sí. Pero no en los términos que yo esperaba.

Crucé las puertas de La Moneda con la sensación de estar ingresando a una réplica, no a un edificio vivo. Me hicieron pasar a una oficina en apariencia tranquila, donde el silencio se quebraba por el rumor de la calle que se colaba por una ventana entreabierta, más para dejar salir el humo del cigarro que para ventilar el aire.

La quietud aparente contrastaba con la tensión que sentí mientras escuchaba al alto funcionario que empezaba a hablar con lentitud con un lenguaje equívoco. En parte, sus palabras había que interpretarlas con cuidado para comprender lo que en realidad decía.

Algo conocía de la trayectoria de aquel hombre. Había hecho su aprendizaje político en la oposición clandestina a la dictadura, transitando por corredores donde la claridad era una desventaja. Ahora estaba sentado frente a mí, con semblante grave y unos ojos escrutadores, que parecían estar en constante evaluación de si era conveniente revelar o reservarse información.

—Mire, compañero —dijo con voz ronca y profunda, expulsando el humo gris del cigarrillo hacia el techo del despacho—, el problema central de este país no es otro que la corrupción. Desde el papel de las impresoras que se roban en los ministerios hasta las platas negras que circulan en campañas electorales.

Su mirada se detuvo en mí, para medir el efecto de sus palabras. Bajo su postura severa y comprometida con la institucionalidad, adivinaba el instinto de conservación de un orden que él mismo había ayudado a edificar durante la transición. Este era su hábitat.

—SQM no es solo un problema de delito tributario —agregó, bajando la voz—. ¿Cuáles otras sociedades han salido hasta ahora? —preguntó sin esperar respuesta, con un gesto de desagrado. Una de esas se constituyó precisamente para estas operaciones. Gran parte del Parlamento llegó ahí con estas prácticas. Toca el corazón del sistema. Persiga a todos si quiere, tiene la razón jurídica y moral. Pero si aprieta demasiado, el país colapsa. —Hizo una pausa, midiendo mi reacción—. No me malinterprete, no se trata de encubrir a nadie. Es política.

Lo observé con atención. Su semblante, entre preocupado y paternal, escondía la estrategia más antigua de la política: advertir el desastre para defender el statu quo. No lo movía la justicia, sino el equilibrio. Era claro que me habían citado para medir cuán flexible podía ser, si estaba dispuesto a alinearme. Querían confirmar que yo sabría aplicar el derecho con criterio político, no con rigidez técnica.

No se trataba de violar la ley, sino de administrarla. Era dosificar su aplicación, según el impacto que pudiera tener. Ese era el mensaje sin decirlo: el derecho no debía ser un obstáculo, sino una herramienta; la legalidad no se niega, se usa.

Y si una acción que se justificaba desde lo jurídico podía detonar un conflicto político mayor —o destapar hechos capaces de desestabilizar—, entonces debía ceder en nombre de la gobernabilidad. Esa era la lógica de fondo. Cuando el derecho choca con la conveniencia política, es el derecho el que retrocede.

Lo que se invocaba, aunque no se nombrara, eran las llamadas razones de Estado: la idea de que ciertos fines justifican omisiones, y que sostener el orden a veces requiere silenciar la verdad.

Escuchándolo hablar, pensaba que aquel hombre había sido una de las piezas en las oscuridades de una transición que aceptó pactos. Se entregó justicia a cuentagotas, para no arriesgar la gobernabilidad ni los equilibrios de poder, lo que supuso tolerar que hay quienes están fuera del alcance de la ley. Ahora se pretendía aplicar el mismo cálculo frente al mayor escándalo político de las últimas décadas.

—Yo estoy aquí para cuidar la institucionalidad, la estabilidad del gobierno y la presidencia —sentenció con firmeza.

Guardé silencio unos instantes, midiendo mis palabras antes de responder:

—Entiendo —respondí, sosteniendo su mirada—. Pero mi trabajo es técnico, no político. Si temen un colapso, propongan una amnistía y digan con claridad que el andamiaje institucional no resiste la verdad en este caso.

El alto funcionario me miró fijo, ahora con una mezcla de sorpresa y escepticismo, como si no esperara una respuesta tan directa y, quizás, imprevisible.

—Sabe que eso no va a ocurrir —respondió con voz áspera, apagando el cigarro en el cenicero sobre la mesa—. La política se trata precisamente de no decir ciertas cosas.

Una leve sonrisa apareció en su rostro, reflejando con claridad la ironía de la situación. Sabía que el orden político al que había contribuido estaba corrompido desde sus cimientos, pero ni él ni los demás partícipes podían permitirse admitirlo en público. Mucho menos cambiarlo. Hacerlo habría sido un acto suicida.

—No nos veamos la suerte entre gitanos —dijo dejando en claro que comprendíamos con exactitud el alcance del teatro que se nos exigía representar. Sabía que yo había entendido. Ambos lo habíamos hecho. No había que explicitar nada. Aquel era el límite: la frontera trazada entre lo que podía denunciarse y lo que debía mantenerse enterrado.

No podía culparlo. Cumplía, a su manera, con el deber que creía superior: proteger el orden, mantener el equilibrio, impedir que el edificio colapsara. La corrupción podía tolerarse, lo intolerable era el escándalo. Algunos nombres podían ser arrojados a la hoguera mediática, convertidos en chivos expiatorios útiles para ofrecer la prueba pública de que «las instituciones funcionan». Pero esas llamas no debían alcanzar jamás las vigas estructurales, aunque llevaran años carcomidas.

El problema no se limitaba a una administración, alcanzaba a altas autoridades del propio gobierno y a figuras de casi toda la clase política. El financiamiento ilegal atravesaba los partidos sin distinción, y lo que se articulaba no era una defensa gubernamental, sino una estrategia transversal de contención de daños. Una forma compartida de administrar los límites de lo permisible y preservar un equilibrio que ya nadie se atrevía a poner en cuestión. En ese contexto, una investigación sin interferencias era simplemente impensable.

«Van a tapar el sol con un dedo», terminé diciéndole. Pero, claro, en la política que conocemos, esa ilusión puede convertirse en realidad. Si se controlan los medios adecuados —el relato, los tiempos, los símbolos— es posible imponer una versión de los hechos, aunque contradiga la realidad.

Esa era la apuesta: no negar lo ocurrido, sino reducir su visibilidad, encapsularlo, administrarlo. La luz seguiría ahí, pero si se orientaban bien las sombras, tal vez nadie la vería del todo.

La reunión fue breve, pero suficiente. No hubo amenazas, solo advertencias disfrazadas de razona

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