Ni orden ni patria

Mauricio Weibel

Fragmento

Nota del autor

Nota del autor

Después de pasar dos años investigando la corrupción en el Ejército, estaba agotado y no tenía intenciones de volver a reportear el tema. No quería saber más de robos al fisco que quedan en la impunidad, mientras millones de chilenos sobreviven en la pobreza o en sus bordes.

Deseaba encontrar alguna historia más luminosa o adentrarme en un ámbito más social.

Fue así que, a fines de 2016, un alto ejecutivo del mercado de capitales me entregó bajo anonimato, y acompañado por un conocido abogado de la plaza, una serie de informaciones y evidencias que mostraban una diversidad de desfalcos en la gestión de los fondos previsionales bajo control de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). «Yo participé de esto», me dijo.

Impactado por la profundidad de la denuncia, aproveché un viaje a Panamá, por la entrega del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, para conseguir otros antecedentes que respaldaron y ampliaron las versiones de esta fuente off the record, la que llevaba más de una década incrustada en los niveles más altos de operación del sistema de AFP.

Tras recibir una enorme cantidad de documentos desde fuera de Chile, y con una ingenuidad absolutamente absurda a mis años, presenté el caso y la documentación a mis jefes en TVN, la televisión pública chilena.

También les aclaré que existía la posibilidad de disponer del apoyo de redes periodísticas internacionales para avanzar en el reportaje, el que implicaba revisar las actuaciones de las AFP en el extranjero.

«¿Quién te crees para tomar estas decisiones?», me dijo uno de esos editores ante mi osadía de querer vincular a TVN con la misma red que investigaba los paraísos fiscales en el mundo. «¿No será mucho trabajo?», alegó el otro, quien recibía un sueldo sobre los diez millones de pesos.

Esa misma tarde, por cierto, estaba despedido. Lo reconozco, había que ser muy cándido para suponer que un reportaje de esa magnitud pasaría la censura en el canal público, cuyo noticiero central tenía como avisador principal a una AFP en ese momento.

A esa altura, ya me habían ordenado no seguir investigando a un ex presidente de la República, además de recibir la censura a un reportaje sobre irregularidades administrativas en el Congreso, el que había reporteado con otros colegas y que estaba listo para ser emitido a través del programa Informe Especial.

Mientras rearmaba, otra vez, mi vida laboral, mis editores en Penguin Random House, Melanie Jösch y Daniel Olave, me propusieron investigar el entonces naciente caso de corrupción en Carabineros, conocido como «Pacogate».

Hoy les agradezco a ambos haberme convencido de emprender esa investigación, pese a mi resistencia inicial. «Sabemos que hay un escándalo, pero nadie lo ha contado global y detalladamente», me desafiaron.

Por cierto, tenían razón, como en la canción de Sabina.

Contra mis prejuicios, la corrupción en Carabineros, más que otro desfalco oscuro y desagradable en las Fuerzas Armadas y de Orden, resultó ser un espejo de todos los defectos de nuestra sociedad, gobernada desde hace décadas por el imperio del dinero, tanto en la política como en los derechos sociales y, lo que es peor, en la vida cotidiana.

El caso «Pacogate» es una historia de abusos inimaginables, como llegué a entender con los meses. Un compendio del exceso de generales y coroneles de Carabineros, quienes a punta de amenazas y descaro armaron la banda delictual más exitosa y grande en la historia de Chile. Ningún cartel de drogas fue tan eficiente en nuestro país.

En quince años de impunidad, los miembros de la que se dio en llamar «Mafia de la Intendencia» hurtaron millones de dólares a las arcas de la policía uniformada, en una orgía similar a las que solo encontramos en series de televisión como Breaking Bad y Narcos, en los lindes del surrealismo mágico latinoamericano.

Los cabecillas de este fraude corrompieron a uniformados y civiles. A hombres desesperados y a esposas cómplices. A parientes lejanos y amigos de infancia dispuestos a sacar una ventaja, en un país donde senadores y ministros también parecen tener precio, llanos incluso a aprobar en el Congreso cuerpos normativos amañados por un puñado de familias, como la Ley de Pesca.

Jerarcas y peones de la «Mafia de la Intendencia» confesaron ante la Justicia que abrazaron sin culpas el dinero fácil, como tantos otros chilenos con más o menos poder. Que lo intercambiaron en mochilas repletas de billetes en las oficinas centrales de Carabineros, a solo cuadras del palacio presidencial de La Moneda, con la misma facilidad como el dinero fluyó hacia la política o las empresas coludidas durante este siglo. Nada muy distinto, en verdad. Solo billetes en circulación.

Más de un centenar de personas participó de un secreto que es imposible entender cómo permaneció ocultó durante tantos años. Fallaron todos los controles. O, simplemente, fueron comprados.

En los casos en que no hubo corrupción, emergió la desidia inexcusable, como en el sistema financiero, el que fue incapaz de advertir el desfalco hasta que un solo agente bancario hizo su trabajo en Punta Arenas y destapó la mayor crisis en Carabineros desde la recuperación de la democracia en 1990.

El «Pacogate» irrumpió en la agenda noticiosa en marzo de 2017, cuando los tribunales aún investigaban el «Milicogate», el caso de corrupción que remeció al Ejército y que implicó el desvió de millones de dólares de la Ley Reservada del Cobre a los bolsillos de militares y civiles.

Los fondos fiscales sustraídos mañosamente por la «Mafia de la Intendencia» superaron los veintiocho mil millones de pesos, al cierre de este libro. La cifra equivale al costo de construir seis colegios de excelencia, capaces de mejorar la infraestructura educativa de unos diez mil niños, por ejemplo.

«En cuanto a los cuatrocientos veinte millones de pesos, nunca hice devolución a nadie», confesó a medias tintas el general de Carabineros Flavio Echeverría, apuntado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como uno de los líderes del fraude, en sus últimos años.

¿Cómo fue posible este desmadre? ¿De qué manera los mandos policiales lograron simular incluso la contratación de miles de carabineros? ¿Hasta cuándo seguirán existiendo los perniciosos gastos reservados que permiten un fraude institucionalizado en los aparatos castrenses y policiales?

Ni orden ni patria es finalmente un libro que sigue los pasos de Traición a la patria, la investigación periodística que realicé sobre corrupción militar.

Pero, más allá del robo, como planteé, ambas son historias muy diferentes. Sobre todo, porque los delitos cometidos en Carabineros fueron desplegados sin el manto de ninguna ley secreta, como ocurrió en el Ejército, donde las defraudaciones ocurrieron al amparo de la Ley Reservada del Cobre, cuyo propio texto est

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