La tentación autocrática

José Alejandro Godoy

Fragmento

Índice

Índice

Autoritarismos latinoamericanos: Una introducción

La dictadura perfecta

El Partido Revolucionario Institucional en México (1929-2000)

Los Castro

De la Sierra Maestra a la perpetuación de un régimen (1959-actualidad)

Juan Velasco Alvarado

Una revolución para evitar la revolución (1968-1975)

El proceso de reorganización nacional

Desapariciones, guerras y resistencia cultural en Argentina (1976-1983)

Augusto Pinochet

Terror, economía de mercado y corrupción en Chile (1973-1990)

Alberto Fujimori

Ajuste estructural, violaciones a los derechos humanos, dinastías y división política en el Perú (1990-2000)

El Chavismo

Ascenso y permanencia de una dictadura petrolera en Venezuela (1999-actualidad)

A modo de colofón

Regímenes híbridos y casos intermedios en el siglo xxi

Agradecimientos

Referencias bibliográficas

Notas

Legal

Sobre el autor

Sobre este libro

Para Romy, liberadora de cualquier tipo de autocracia cotidiana.

Y para quienes siguen creyendo en un continente en democracia y libertad.

Envueltos entre sombras,

negamos lo que es cierto.

Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz.

Viviendo dictaduras,

te busco y no te encuentro.

Tu torturado cuerpo, no saben dónde está.

Rubén Blades, Buscando América

Autoritarismos latinoamericanos:
Una introducción

Dictadura. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se trata del «régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales»1. Es una definición bastante funcional y con la que podríamos quedarnos a secas. Pero, en América Latina, esta palabra ha sido parte del vocabulario cotidiano. Todos los países de la región la han padecido en algún momento y, de hecho, en algunos aún se habla de ella en tiempo presente, en voz baja, para que la represión no alcance, o en voz alta, para protestar. En otros, se añora cuando la democracia falla en resolver los problemas cotidianos de la gente. El exmandatario argentino Raúl Alfonsín, en tiempos que hoy parecen lejanos, decía que con un régimen democrático «se come, se cura y se educa», pero esa sigue siendo una eterna deuda que, de cuando en cuando, coloca en la cabeza de los latinoamericanos la salida del «hombre fuerte» —sí, casi siempre varón, aunque ya hemos tenido en los últimos años al mando a mujeres represoras y autoritarias2— como salida a problemas que parecen eternos.

Por todo ello, conviene que, al inicio de este libro, brindemos algunas breves definiciones que nos acompañarán a lo largo de sus páginas, así como el plan de la obra, a fin de que el lector pueda familiarizarse con los conceptos que manejaremos.

¿Qué es un autoritarismo?

Ya hemos definido a un régimen autoritario como aquel en el que existe una concentración de poder, sea en una persona o en una agrupación, y en el cual se reprimen los derechos fundamentales. Pero vayamos un poco más allá de lo que nos indica el diccionario y ampliemos la discusión terminológica.

Una primera cuestión por mencionar —sobre todo a las generaciones más jóvenes— es que la democracia no siempre fue el régimen ideal y que, por el contrario, las dictaduras gozaban de buena imagen en la Antigüedad. De hecho, tanto Platón como Aristóteles, los principales filósofos atenienses, renegaron de la democracia de su ciudad-Estado, tanto por su creencia en un Gobierno «de los mejores» como por el hecho de que el maestro del primero, Sócrates, fue obligado a suicidarse tomando un veneno luego de que el régimen de Atenas lo condenara por «corromper a la juventud». En la república romana, se admitía la posibilidad de un Gobierno de concentración de poder en forma temporal, supuestamente por el bien común, al que se llamaba dictadura. Y cuando Thomas Hobbes planteó, por primera vez, una justificación al Estado moderno, lo hizo pensando en las monarquías absolutas y no en un sistema que garantizara derechos. De hecho, incluso en tiempos en los que la democracia comenzó a ser más valorada, Estados que no lo eran tomaban la nomenclatura de «democráticos» para tener una mejor imagen, tal como ocurrió con la República Democrática Alemana —una autocracia al estilo soviético— o la República Popular Democrática de Corea, conocida también como Corea del Norte, un Estado totalitario.

Por ello, resulta importante tener una definición procedimental y operativa clara de lo que implica hoy una democracia. Se trata de un régimen político en el que existen elecciones libres, justas y competitivas, sufragio universal y una protección importante de los derechos civiles y políticos, mientras que carece de cuerpos tutelares —militares, monarquías con rango de poder o cuerpos religiosos— por encima de las autoridades elegidas. Así, podemos avanzar en distinguir a este régimen de los otros y, además, ser claros en indicar que, por más altruista y deseable que fuese, la democracia política no requiere un cumplimiento muy avanzado de derechos económicos y sociales para considerarla como tal, aunque sí sería lo deseable para su consolidación, sobre todo en una región tan desigual como Latinoamérica.

En ese sentido, las autocracias no brindan canales de ningún tipo a la oposición. De hecho, regularmente la proscriben y persiguen. En muchos de los países gobernados por autócratas no se dan siquiera elecciones y, en los casos donde sí, solo se permite a un partido o a grupos opositores «tolerados» y sin ninguna posibilidad de triunfar. En términos de libertades civiles, una dictadura supone una violación sistemática y generalizada de las mismas, sobre todo hacia los grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil —allí donde estas se toleren—, sin dejar lugar para la libertad de expresión, ahogada entre la censura —periodística, artística e intelectual— y las claras restricciones y represiones hacia manifestaciones públicas o publicaciones impresas, audiovisuales o digitales. Muchos de estos Gobiernos terminan recurriendo al terror para imponerse, sea en forma sistemática o con cierto grado de discontinuidad, pero también buscan otras formas de legitimidad como la tradición, el carisma o el rendimiento con miras a no emplear necesariamente la fuerza. Además, buscan manipular los organismos jurisdiccionales y las fuerzas del orden para evitar cualquier contravención al poder o que los opositores lleguen a obtenerlo.

¿Quiénes tienen la posibilidad de terminar detentando ese poder absoluto? Para comenzar, puede ser una persona a título de caudillo, sea civil o militar. También puede ser un conjunto de familias tradicionales como ocurre en las oligarquías petroleras del Cercano Oriente o como sucedía en países centroamericanos donde los terratenientes tradicionales querían evitar reformas agrarias. Podrían serlo también las Fuerzas Armadas —sea institucionalmente o a través del Ejército— o un presidente civil colocado por ellas. Este último caso fue el que vivió Panamá, entre 1983 y 1989, bajo el dominio de Manuel Antonio Noriega. Asimismo, podrían existir «autoritarismos burocráticos», siguiendo la nomenclatura del politólogo argentino Guillermo O’Donnell, es decir, regímenes militares que excluyen a los sectores populares, cuentan con el apoyo de tecnócratas en materia económica y se fundamentan en la «doctrina de seguridad nacional» para procurar «defender» a la nación de la supuesta amenaza comunista. Están, a su vez, los regímenes de partido único —piense, amigo lector, en Cuba, China, Vietnam o en la extinta Unión Soviética, pero también en Alemania e Italia bajo el yugo del fascismo— y, por supuesto, los regímenes autoritarios dominados por estamentos religiosos, tal como ocurre en Irán desde 1979. Estos regímenes podrían tener un cuerpo doctrinario laxo o una ideología, y podrían responder a las clásicas categorías de izquierda y derecha en torno a la intervención del Estado en la economía o ubicarse en otros ejes.3

Totalitarismos

Dentro de los autoritarismos, el grado más alto corresponde al «totalitarismo», término acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt a partir de las experiencias del nazismo y del comunismo, sobre todo en los Gobiernos liderados por Hitler y Stalin. El argumento de Arendt es que el surgimiento de los totalitarismos se produjo debido al imperialismo colonial que se desarrolló durante varios siglos, pero que, sin duda, fue mucho más agudo durante el xix y el xx. La necesidad de las potencias europeas de invertir su capital acumulado en lo económico y lo político las llevó a buscar expandirse. La idea de que existían seres humanos superiores a los otros, a partir de atributos como la raza, la religión o la pertenencia a una clase social, funcionó como base para llevar adelante este expansionismo.

En el caso del régimen comunista de la Unión Soviética, se trató de una adaptación cuestionable de los planteamientos de Marx. El filósofo alemán planteaba que la evolución mundial se basaba en los cambios en el control de los medios de producción. La humanidad ya había pasado por un comunismo primitivo y por el feudalismo, y se encontraba en la fase capitalista. En esta, la clase dominante —la burguesía— dirigía la Revolución Industrial, mientras que la subordinada —el proletariado— trabajaba en las fábricas en condiciones precarias. Para Marx, el mundo de las ideas y de la política estaba subordinado a quien tenía el control de la base económica, donde, para los burgueses, el régimen predilecto era la democracia liberal. Para romper con lo que consideraba un régimen injusto, el marxismo planteaba un enfrentamiento de clases sociales y en el que el proletariado debía tomar el poder e instaurar una dictadura de partido único que lo representase.

Desde luego, Marx señalaba claramente que este tipo de régimen solo podía ocurrir cuando hubiera existido previamente un amplio desarrollo industrial. Sin embargo, se intentó plasmarlo en una nación como Rusia, donde la industria era incipiente. Vladimir Ilich Uliánov, Lenin, apostó por adaptar las ideas marxistas a un contexto en el que podía haber una alianza entre campesinos y obreros —la hoz y el martillo—, y terminó triunfando. Lo paradójico fue que las revoluciones socialistas y la instauración de regímenes como el soviético se produjeron sobre todo en países agrarios, es decir, donde la industrialización llegó después, si es que lo hizo.

En este tipo de regímenes, el Estado se convierte en el actor central, sin restricciones, en una fase anterior a lo que Marx preveía como su desaparición, aunque nunca ocurrió en los socialismos reales. Tiene la propiedad de los medios de producción y planifica la economía, al punto que incluso la propiedad privada es inexistente o muy restringida. Políticamente, se instaura un sistema de partido único que establece una relación simbiótica con el aparato estatal, y en el que la oposición es proscrita, la libertad de expresión conculcada y los derechos económicos y sociales se sujetan a la voluntad de la clase revolucionaria, aquella que es interpretada por ese partido único y, sobre todo, por sus líderes. A la par, existe una búsqueda del control de todos los aspectos de la vida social, como la educación, la salud, la vivienda, pero también la cultura y el deporte, a fin de demostrar —sobre todo luego de 1945— que el hombre socialista puede ser superior al capitalista.

En el caso del fascismo, lo que termina pesando más es la pertenencia a una comunidad nacional basada en la raza o en la inclusión dentro de una nación, cuestiones que terminan siendo decididas por un líder supremo. Este último consolida todo el poder: desde los nombramientos de altos funcionarios, pasando por la legislación y su interpretación, hasta la declaratoria de emergencia constante del país. Se crea convenientemente un enemigo externo e impuro —por ejemplo, el pueblo judío—, a quien se culpa de todos los males de la nación. En materia económica, los fascistas históricos, como la Alemania nazi, permitieron cierto grado de inversión privada, pero la dirección de la industria estaba en manos del Estado, que buscaba la corporativización de la sociedad, lo que implicaba la eliminación de estamentos intermedios independientes como los gremios empresariales y los sindicatos, y su reemplazo por organismos obligatorios ligados al Estado. Al igual que en el comunismo soviético, los campos del arte y del deporte fueron utilizados con fines de propaganda4.

En América Latina, el fascismo se puso de moda en la década de 1930. En varias partes de la región, surgieron partidos de este tipo con ciertos adeptos entre las élites y las clases bajas, pero ninguno de ellos llegó a ganar una elección o a tomar el poder5. Conforme arribamos a la Segunda Guerra Mundial y los países latinoamericanos le declararon la guerra al Eje, estos grupos empezaron a declinar y luego desaparecieron6. Desde la creación de la URSS, se fueron conformando partidos comunistas, aunque todos terminaron siendo acotados tanto por el surgimiento de los partidos nacionales populares, que tuvieron más adeptos entre sectores medios y pobres, como por la marginalidad del socialismo dirigido desde Moscú, debido a proscripciones legales. Sería recién con los cambios generados por la Revolución cubana que un tipo de Gobierno así sería atractivo para los latinoamericanos.

Autoritarismos competitivos o cómo evolucionaron los camuflajes de las dictaduras

El fin de la Guerra Fría, entre 1989 —con la caída del Muro de Berlín y de los regímenes socialistas de Europa del Este— y 1991 —con el fin de la Unión Soviética—, implicó un cambio sustancial en la política internacional de Estados Unidos, Canadá y Europa. La democracia y los derechos humanos se convirtieron no solo en un modelo a seguir, sino que se buscó impulsar su desarrollo y ampliación en otras partes del mundo, tanto por convicción liberal rediviva como por resultar innecesario promover dictaduras anticomunistas.

Esto generó un impulso a la consolidación de las democracias surgidas en la «tercera ola», que Samuel Huntington estableció entre 1974 —con la Revolución de los Claveles de Portugal7— y la caída del Muro. Tanto la influencia de Occidente como las presiones que los países de América y Europa podían ejercer llevaron a la inhibición o al fracaso de tendencias autoritarias, sobre todo de las más extremas. A ello se sumó la creación de una arquitectura internacional formada por organizaciones internacionales y no gubernamentales. En términos de costo-beneficio, era más caro montar una dictadura clásica.

Pero también se generó un estímulo para que los regímenes políticos que quisieran ser autoritarios lo pudieran ser, pero teniendo otras formas. ¿Cómo? Priorizando única y exclusivamente la parte electoral de la democracia. Si podías venderles a las grandes potencias la idea de estar celebrando elecciones, era fácil conseguir su beneplácito, incluyendo el acceso a la ansiada cooperación internacional o al financiamiento de programas. Ello estimuló el surgimiento de regímenes que realizaban comicios, pero que no eran democráticos. Se les comenzó a llamar de distintas maneras: «dictablandas», «democraduras», «democracias de baja intensidad», nomenclaturas que no eran precisas, aunque detectaban un fenómeno que estaba por ser conceptualizado.

En la primera década de este siglo, los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way acuñaron el nombre de este nuevo tipo de régimen político: autoritarismo competitivo. Se trata de un régimen dirigido por civiles en el que originalmente las elecciones son el medio para acceder al poder, pero donde los abusos por parte del Gobierno lo ponen en una situación de ventaja frente a sus oponentes, a quienes se permite participar en política, pero de forma inequitativa. Tenemos una competencia real, pero injusta, tanto en el terreno electoral como en otros espacios, tales como financiamiento partidario, acceso a los medios de comunicación o mecanismos legales y judiciales. Además, se vulneran los derechos fundamentales a través de ataques u hostigamiento a críticos del régimen.

Este tipo de autoritarismo es difícil de estudiar no solo porque hay que detectar con mayor precisión las vulneraciones a las reglas democráticas, sino también porque las trayectorias políticas posibles son distintas: algunos se consolidan, otros pasan a ser bastante inestables y sucederse por otros regímenes híbridos, y finalmente están aquellos que se democratizan. Levitsky y Way han estimado que ello se debe a dos posibles factores: una mayor cercanía o lejanía con Occidente, más proclive a defender la democracia y los derechos humanos —aunque, como veremos en el colofón de este libro, esa característica se ha perdido— y, sobre todo, una mayor consolidación interna del Gobierno8.

Ejemplos de este tipo de régimen son los que se instalaron, en su momento, en Polonia durante el período dirigido por el partido Ley y Justicia, entre 2015 y 2023, o en Hungría, bajo el mandato de Viktor Orbán, entre 2010 y 2026. En la actualidad, el principal autoritarismo competitivo es el ruso, dirigido por Vladimir Putin desde 1999. Levitsky y Way han detectado regímenes de este tipo en África, Asia, Europa del Este y América Latina.

¿Cómo explicar los autoritarismos en América Latina? Una visión histórica y una tipología

Durante el siglo xix, la región solo tuvo un tipo de autoritarismo: el caudillismo. Se trataba de la existencia de una figura, sea civil o militar —aunque más se dio este último tipo, debido a la importancia del Ejército en la formación de los Estados latinoamericanos—, que concentraba todo el poder. A veces, podía tener una ideología y, en otras, solo un conjunto de ideas desperdigadas, pero normalmente llegaba al poder por vía violenta con una noción clara: imponer un orden en un subcontinente con muchas tensiones irresueltas. Claro está, ninguno de estos caudillos tomaba en cuenta a la gran masa indígena, salvo para cuestiones ligadas a ciertos derechos políticos —como el voto, directo o indirecto— o el pago de tributos por su condición. A su vez, solo se abordó la cuestión afrodescendiente para la decisión sobre la abolición de la esclavitud. El caudillo se alineaba, por lo general, con los sectores más acomodados de la sociedad y consolidó un modelo económico basado en la exportación de materias primas.

Hasta que llegó la primera ruptura revolucionaria. En 1910, en México, una gran coalición política y social se levantó para impedir la reelección de un longevo caudillo: Porfirio Díaz. Al año siguiente, ese objetivo se cumplió. Pero, luego, se colocó sobre la mesa un conjunto de demandas sociales y económicas a ser atendidas, tanto desde sectores campesinos como obreros. El naciente régimen buscó comprenderlas —y hasta constitucionalizarlas en 1917— a la par que se libró una cruenta guerra civil entre los distintos bandos revolucionarios. Al final, serían profesionales de clase media quienes, sobre la base de los cambios emprendidos por la Revolución, consolidaron un régimen que evitó nuevos enfrentamientos armados, pero terminó conduciendo al país a que un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuviera el poder por siete décadas.

Lo ocurrido en México fue la primera muestra de lo que Levitsky y Way confieren como la resistencia de los regímenes autoritarios surgidos de una revolución, entendida esta como el derrocamiento de un régimen existente de abajo hacia arriba, a partir de partidos, guerrillas o movimientos sociales, y acompañada de movilización de masas y de una gran transformación del Estado y del orden social vigente. Ambos politólogos señalan que la continuidad de este tipo de regímenes se debe a la creación de un aparato coercitivo legal, una élite revolucionaria cohesionada y el debilitamiento de centros alternativos de poder9.

El PRI no tuvo imitadores claros en la generación de un régimen de partido predominante, pero sí inspiró el surgimiento de agrupaciones políticas nacionales populares y la aparición de una de las ideologías más importantes del siglo xx y xxi: el populismo. Mudde y Rovira, los dos principales teóricos contemporáneos del concepto, lo caracterizan como un conjunto de ideas en el que la sociedad está dividida en dos bandos antagónicos, pueblo versus élite, donde la política es la expresión de voluntad general popular. Podrían tender a veces más hacia la izquierda y otras más hacia la derecha, pero este es su conflicto principal. En relación con la democracia, el populismo podría colaborar con la incorporación de las demandas de nuevos sectores sociales, pero, al mismo tiempo, generar que se busque conculcar los derechos de las minorías —sobre todo opositoras— frente a los de las mayorías, supuestamente populares10. De allí la ambivalencia de esta corriente —hasta hoy, que se ha expandido a Europa y a Estados Unidos— respecto del régimen democrático.

América Latina vivió una gran corriente populista entre las décadas de 1930 y 1970. Fue un período en el que los procesos de migración del campo a la ciudad y los requerimientos por industrializar la ciudad como impulso al desarrollo fueron los grandes movimientos sociales y económicos que generaron demandas sociales por mayor inclusión. Gobiernos populistas como los de Getúlio Vargas (Brasil), Juan Domingo Perón (Argentina), José María Velasco Ibarra (Ecuador) y, en el caso mexicano, Lázaro Cárdenas, tomaron medidas en esa línea: la promoción de los sectores obreros, la realización de reformas agrarias, la creación de un aparato estatal más fuerte para atender la educación y la salud, y la generación de un capital nacional industrial11. En el Perú, el APRA quería ser la expresión de estas demandas, pero, ante un sector militar más cercano a las clases altas oligárquicas y la propia tendencia aprista a oscilar entre la salida electoral y la insurreccional, el partido estuvo proscrito varias veces entre 1931 y 1956. Los apristas solo fueron legalizados cuando su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, decidió pactar con los oligarcas.

Mientras esto ocurría, en Centroamérica y el Caribe se forjaba un nuevo tipo de régimen: el sultanismo. Este tipo de autoritarismo, caracterizado en particular por Juan Linz y Houchang Chehabi, implicó que la administración pública y las Fuerzas Armadas sean controladas directamente por la mera voluntad del dictador, a su capricho y antojo12. Aunque el término remite a Cercano Oriente, por el parecido entre el autócrata y un sultán sacado de Las mil y una noches, lo cierto es que se trata de un régimen en el que las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan, existe una clara tendencia hacia el control del poder por parte de un clan familiar —que maneja la vida política, económica y social del país que domina— y donde la sucesión tiende a ser dinástica. A diferencia de los totalitarismos, aquí no existe una ideología global que domine toda la sociedad.

En general, se trata de regímenes donde la voluntad del dictador es la que prima para la interpretación de la ley, el Estado de derecho resulta inexistente y la arbitrariedad es la norma, incluso para sus simpatizantes. Los opositores no solo son perseguidos, sino que, en muchos casos, los castigos contra ellos —que incluyen la muerte— buscan ser ejemplarizadores. De hecho, el gran basamento de la lealtad al autócrata sultánico no es el carisma, ni una ideología —por lo general inexistente—, ni nociones básicas sobre la realidad, sino que, básicamente, se cimenta en el miedo y la recompensa. Y terminan siendo bastante corruptos. En muchos casos, estos dictadores tuvieron el beneplácito de los Estados Unidos, en parte porque se llegaron a convertir en garantes del orden, en parte porque varios de ellos, en la temprana Guerra Fría —el enfrentamiento indirecto entre la principal potencia mundial y la Unión Soviética—, se declararon anticomunistas.

De hecho, los sultanismos pudieron proliferar en Centroamérica y en el Caribe, en países pequeños, debido a que sus mercados internos eran reducidos y muy dependientes de los ingresos por exportaciones, sobre todo de ciertas materias primas, además de ser economías poco modernas. A ello se sumó que Estados Unidos había tenido fuertes intervenciones en la región y la soberanía nacional no había sido respetada. Varios de los dictadores sultánicos habían sido entrenados por militares estadounidenses13.

Sin duda alguna, el sultanismo más conocido en América Latina fue el encabezado por Rafael Leónidas Trujillo, el personaje recreado en La fiesta del Chivo, la genial novela de Mario Vargas Llosa. El dictador gobernó con puño de hierro República Dominicana entre 1930 y 1961. La capital del país, Santo Domingo, cambió su nombre por el del dictador, mientras que la progenitora del autócrata era homenajeada en cada Día de la Madre, con concursos de poemas. El autócrata dominicano era, literalmente, propietario de varias de las empresas públicas y privadas de su país, por lo que podía decir que solventaba el trabajo de sus compatriotas. A la par, exacerbó la xenofobia contra sus vecinos haitianos, situación que llegó a su cúspide en 1937 con la Masacre del Perejil. Como bien se cuenta, con los añadidos de la ficción, en la novela de Vargas Llosa, Trujillo podía llegar a decidir si es que un miembro del Ejército podía casarse —y con quién— y, por supuesto, tenía la potestad de escoger como pareja sexual de turno a la madre, a la hermana, a la hija o a la esposa de cualquier dominicano, incluidos sus colaboradores. Además, podía colocar a familiares suyos o a cualquiera adicto al régimen como presidente fantoche para guardar las apariencias.

El régimen ingresó en decadencia a fines de la década de 1950, cuando confluyeron el distanciamiento de la Iglesia católica por el creciente autoritarismo del régimen, las sanciones de los Estados Unidos luego de que Trujillo ordenara un atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt y la represión contra los opositores, que se encarnó en el cruento asesinato de las hermanas Mirabal, pertenecientes a un núcleo opuesto al dictador14. El régimen autocrático dominicano inició su fin el 30 de mayo de 1961, cuando una conjura de diversos rivales de Trujillo llevó a su asesinato. Luego de que los hijos del autócrata se vengaran de la mayoría de los asesinos de su padre, la familia que dirigió los destinos de República Dominicana por tres décadas fue obligada, por presión política, a abandonar el país15.

Otros casos de sultanismos fueron los encabezados por François y Jean-Claude Duvalier, padre e hijo que gobernaron Haití entre 1957 y 1986, y por Anastasio Somoza García, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle, padre e hijos que dirigieron los destinos de Nicaragua entre 1937 y 1979. En el caso de los Duvalier, se trató de una dictadura en la que el patriarca del clan, un médico que mezclaba la ciencia con ritos vudú, se convirtió en un autócrata absolutamente represivo que organizó un cuerpo de combate —los Tonton Macoute— para practicar ejecuciones extrajudiciales y torturas, mientras que su hijo y sucesor accedió al poder a los diecinueve años. Aunque compartió buena parte del poder con su madre y con su esposa, Jean-Claude Duvalier continuó con las mismas prácticas sanguinarias de su padre hasta que una insurrección popular y la pérdida del respaldo estadounidense lo sacaron del poder16.

Con los Somoza, por otra parte, nos encontramos ante una familia acomodada que paulatinamente fue acumulando tierras agrícolas y fondos provenientes de la corrupción, con todo el respaldo de Estados Unidos y la atracción de las inversiones de ese país. La poderosa familia nicaraguense se dio espacio para hacer una reforma agraria acotada, pero, a partir de 1972, la situación para ellos se comenzó a complicar con los daños generados por un terremoto de grandes proporciones en Managua, lo que incentivó la captación de adeptos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que, aliados con otros opositores moderados, logró el derrocamiento del régimen. El último de los Somoza fue asesinado en Asunción, Paraguay, en 1980, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización guerrillera argentina17.

Más allá de los sultanismos del Caribe, a fines de la década de 1950, Cuba, una pequeña isla caribeña ubicada apenas a cincuenta kilómetros de Estados Unidos, se estremeció por un gran cambio político. Se produjo una nueva revolución. Un grupo de hombres barbudos dirigidos por Fidel y Raúl Castro lograron derrocar, mediante la táctica de guerrillas, a la autocracia proestadounidense de Fulgencio Batista. El nuevo régimen implantado en el Año Nuevo de 1959, autodenominado como la Revolución cubana, planteó cambios muy rápidos en la propiedad de la tierra y de las empresas, lo que afectó, sobre todo, intereses de los Estados Unidos. Rápidamente, el curso de colisión entre Fidel y la primera potencia mundial llevó a que el régimen se radicalizara y se volviera marxista; esta fue la única experiencia de régimen totalitario que tuvo la región durante toda su historia. Castro pudo sobrevivir a un intento de invasión de exiliados cubanos en 1961, a una crisis que colocó al mundo al borde de una guerra nuclear en 1962 y a innumerables intentos de asesinato gracias a su astucia política, a que logró tener una base social y militar muy férrea y al apoyo de la Unión Soviética.

Durante su primera década, la Revolución cubana consiguió dos tipos de exportación. La primera fue la de un supuesto régimen político más abierto que el soviético, con un modelo más cercano a la realidad latinoamericana, lo que motivó el inicial respaldo de intelectuales de todo el mundo, incluidos nombres como Jean Paul Sartre y Mario Vargas Llosa. La segunda fue convertirse en un país de irradiación de movimientos parecidos al suyo en toda América Latina. Militantes de izquierda de todas partes de la región llegaron a la isla a conocer la experiencia del modelo triunfante, a hacer contactos políticos, pero también a recibir entrenamiento militar, con miras a formar guerrillas, en el ámbito rural o urbano. La imagen idílica del modelo cubano se fue apagando desde fines de la década de 1960, cuando el régimen se volvió cada vez más dependiente de los soviéticos, lo que comprendía también su orden político y represivo en lo cultural. Todo ello tuvo su cúspide en la prisión y posterior autocrítica forzada del poeta Heberto Padilla, en 1971.

Pero la exportación del modelo cubano a otras partes de la región, sumada a las prevenciones estadounidenses en contra de tener nuevos regímenes socialistas en lo que vio por mucho tiempo como su «patio trasero», llevó a la aparición de nuevos autoritarismos. Esta vez fueron dirigidos por militares, quienes se hacían del poder ya no a través de caudillos, sino de proyectos institucionales de sus Fuerzas Armadas. Se trató de Gobiernos que combinaban una fuerte represión y violaciones a los derechos humanos con la necesidad de garantizar el orden y combatir al comunismo sin importar los costos, basados únicamente en la invocación a una «civilización cristiana y occidental» como gran valor a defender. Estos Gobiernos militares tuvieron, en varios casos, el respaldo de civiles, quienes apoyaron en los ministerios de manejo económico y productivo.

Así surgió la dictadura militar brasileña, que gobernó el país más grande de la región entre 1964 y 1985. Los militares combinaron la proscripción de los partidos políticos, la persecución de artistas innovadores y la tortura como práctica sistemática contra opositores con un modelo de desarrollo industrial con miras a generar un mercado amplio en un país que es casi un continente, así como con proyección a otras partes del mundo. Fue el momento cuando las empresas constructoras más importantes del país pudieron emprender grandes proyectos de infraestructura, básicamente a partir de prácticas colusivas que se volvieron regla durante las décadas democráticas siguientes. Y no dejaron de aprovechar la pasión popular, el fútbol, para distraer a las masas, con la aquiescencia de una de las grandes estrellas de la historia: Pelé.

Se trató de un modelo que, con carácter más represivo y duro, fue replicado luego por Augusto Pinochet en Chile, entre 1973 y 1990, aunque, a diferencia de los brasileños, dejó que un grupo de economistas hiciera el primer experimento de economía liberal en la región; y por el denominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina entre 1976 y 1983.

En realidad, con la solitaria excepción de Nicaragua, donde los sandinistas llegaron a derrocar a los Somoza e instaurar un régimen socialista un poco más abierto que el cubano en la década de 1980, ninguno de quienes intentaron emular a los Castro y sus huestes logró triunfar. Todos los movimientos guerrilleros tuvieron problemas serios de lectura política y táctica militar, pero, en algunos lugares, como en Argentina, sí generaron una situación de violencia que abonó a la posterior cruenta represión, lo que, evidentemente, no justifica las atrocidades que vinieron después. Y en Chile, el experimento de socialismo en democracia de Salvador Allende murió ahogado entre sus propias contradicciones y por las acciones contrarias incentivadas desde los Estados Unidos y el golpe de Estado generado por los militares. En medio de ello, con las solitarias excepciones de Colombia y Venezuela, todo el continente fue dirigido por militares18. En Centroamérica, por otro lado, se desataron guerras civiles en Guatemala y El Salvador.

¿Y en el Perú? La versión peruana de Gobierno militar que buscaba evitar una revolución socialista tuvo la paradoja de autodenominarse revolucionario, ser de izquierda nacionalista y efectuar los cambios sociales que no se habían podido —o querido hacer— durante las décadas anteriores. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, sobre todo en la fase liderada por Juan Velasco Alvarado (1968-1975), fue un régimen populista que generó distintos tipos de reformas, desde la agraria hasta la educativa, con un mismo resultado: una mayor democratización de la sociedad peruana, pero con consecuencias económicas que abonaron a la crisis posterior durante la década de 1980. Aunque menos sangrienta que sus pares de la región, la dictadura velasquista deportó gente, clausuró y luego nacionalizó medios de comunicación, y restringió considerablemente los espacios políticos. Inspirado en el modelo del yugoslavo militar y político Josip Broz, Tito, Velasco transformó la sociedad peruana, pero no generó buenos cimientos técnicos para el desarrollo del país.

Fue precisamente el Perú uno de los primeros países latinoamericanos a los que llegó la denominada «tercera ola» de democratización. Para 1977, el Gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez instauró un cronograma de salida: al año siguiente hubo elecciones para una Asamblea Constituyente que terminó presidida por un veterano Haya de la Torre y, para 1980, se produjeron elecciones generales ganadas por Fernando Belaúnde, el mandatario que había sido derrocado por Velasco. Movimientos semejantes ocurrieron en Ecuador (1978), Argentina (1983), Uruguay (1984), Brasil (1985), Paraguay (1989) y Chile (1990). Con los procesos de paz en El Salvador (1992) y Guatemala (1996), pareció que la región se consolidaba —a excepción de Cuba— como un espacio democrático y que vivía cas

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