Disparos a la paz

Juan Fernando Cristo
Guillermo Rivera Florez

Fragmento

PRÓLOGO
La paz de Uribe

Por Daniel Coronell

La oportunidad de dejar en el pasado medio siglo de guerra se estrelló contra la enfermedad de poder de un solo hombre. Uno solo, pero el más poderoso que haya conocido la historia de Colombia. Álvaro Uribe, interesado en conservar el mando del país —inicialmente por interpuesta persona—, ha dedicado sus últimos años a la tarea de impedir que los acuerdos de paz, logrados por el gobierno de Juan Manuel Santos, se concreten. Ha sido incesante su labor para construir una formidable —y tal vez invencible— pista de obstáculos a la implementación del acuerdo.

Lo curioso es que se puede probar que el propio Uribe sostuvo durante su gobierno posiciones muy similares a las pactadas entre las Farc y Santos.

El libro de los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera nos ofrece una oportunidad para conocer las intimidades de la última fase de negociación, los errores en los que incurrieron tanto las Farc como Santos.

Las Farc dilataron tontamente la negociación esperando conseguir más, cuando lo único que lograron fue quitarle respaldo ciudadano a los diálogos. Juan Manuel Santos cometió al menos dos errores muy graves: el primero, apostarle al plebiscito como mecanismo refrendatorio, cuando no era necesario, pensando en ganar el partido por gol olímpico y sepultando electoralmente a Uribe. La jugada le salió al revés. El segundo, fue haber impulsado la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general, sometiendo el tema más sensible para el futuro de Colombia a la ambiciosa agenda de política de Martínez que llegó a la Fiscalía buscando un trampolín para la Presidencia y se fue de ella por la puerta de atrás, reclamándose como apóstol contra la JEP.

También contó la elección de Carlos Bernal como magistrado de la Corte Constitucional. Santos fue negligente y no hizo la tarea de averiguar quién era antes de apoyarlo con el llamado guiño en el Congreso. El jefe de Estado vino a enterarse después de su elección que Bernal pertenecía a uno de los grupos cristianos que se había opuesto a la paz asegurando que el acuerdo con las Farc introduciría a Colombia la llamada “ideología de género”, una falacia homofóbica que sirvió para alinear a millones de evangélicos contra el plebiscito. El magistrado Bernal, apenas horas después de su posesión, hizo la mayoría con su voto para entregarle al Congreso la posibilidad de modificar los acuerdos y dilatar la aprobación de estos.

Sin embargo, nadie como Uribe ha ido tan lejos en la estrategia contra el acuerdo de paz. Una estrategia con muchas capas de elaboración, pero sostenida al final en dos argumentos: que sólo habrá paz si los máximos dirigentes de las Farc van a la cárcel y que no puede permitirse la elección de los antiguos cabecillas en cargos de representación popular.

Esos dos puntos son en últimas lo que hace posible la terminación de un conflicto armado. Ninguna guerrilla en el mundo acepta firmar un tratado cuyo resultado consista en que sus dirigentes vayan presos y no puedan hacer política.

Eso es tan evidente que durante su mandato Álvaro Uribe sostuvo públicamente la necesidad de flexibilizar y constitucionalizar normas para llegar a un eventual acuerdo de paz con la guerrilla. Lo dijo sin siquiera haberse sentado con ellos, sólo como una señal para iniciar una negociación.

Uribe era consciente de que la acción militar, por sí sola, no garantizaba la desaparición de las Farc. Son varias sus declaraciones en ese sentido, pero quizás las más contundentes fueron emitidas y grabadas en el año 2006 y han pasado prácticamente desapercibidas, o por lo menos han sido sepultadas por sus discursos de ahora que claman por la “no impunidad” y la “no elegibilidad”.

Ese martes 3 de octubre de 2006, el entonces presidente de Colombia habló ante la prensa en una sala de conferencias de la Casa de Nariño. A propósito de nada, sólo para mandar un mensaje a la guerrilla, Uribe sostuvo que estaba dispuesto a reunirse con el líder histórico de las Farc, Manuel Marulanda, conocido con el alias de Tirofijo, y con los otros miembros de la cúpula del grupo guerrillero. La aceptación fue formulada en estos términos:

“Quiero recordar a los colombianos que el gobierno tiene tanta firmeza con la Seguridad Democrática, como apertura hacia la reconciliación. Finalmente la Seguridad Democrática, por eso es democrática, es un camino hacia la paz. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla”.

La sorpresiva declaración fue seguida por una comparación entre lo que ofrecía la Ley de Justicia y Paz, desarrollada por Uribe como marco de negociación con los grupos paramilitares, y lo que necesitaría el país para negociar con las guerrillas:

“La Ley de Justicia y Paz, que para sus críticos es muy benigna con los paramilitares, no la van a aceptar las guerrillas. En el momento en que haya un proceso de paz con las guerrillas se necesita una legislación todavía mucho más benigna y en ese instante los paramilitares van a pedir que se aplique el principio constitucional de la extensión de favorabilidad”.

El mismo Uribe que hoy reprocha que los acuerdos con las Farc sean integrados a la Constitución Nacional proclamaba esto hace trece años:

“El país tiene que estar preparado, si se da un proceso de paz, para hacer unos cambios en el ordenamiento jurídico que seguramente van a tener que estar insertados en el nivel constitucional. Y eso empieza a crear la necesidad de una asamblea constitucional o constituyente para ese momento, que tendría que ser previa dejación de armas”.

Amable lector, le ruego que regrese unas líneas para subrayar que el propio Álvaro Uribe usaba la expresión “dejación de armas”, la misma que después volvió un caballito de batalla contra los acuerdos reclamando que en lugar de la sospechosa “dejación” se hablará más bien de “entrega”. Esa dejación, de la que hablaba Uribe, era el único requisito exigido para que los miembros de las Farc pudieran ser elegibles para una asamblea constituyente cuyo poder ciertamente habría sido mayor del que tienen hoy con las curules de Senado y Cámara acordadas en La Habana.

Y aquí empieza la parte más interesante de esas declaraciones de Uribe en el año 2006. En esa ocasión —que ahora quisiera borrar— sostuvo que si un posible acuerdo de paz establecía que los guerrilleros fueran al Congreso, deberían cambiarse las normas para permitir la elegibilidad de personas involucradas en delitos atroces:

“Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo con una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional”.

Las declaraciones no e

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