Misión economía

Mariana Mazzucato

Fragmento

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PREFACIO

Mientras escribo este libro estamos viviendo la pandemia de la COVID-19, que plantea enormes desafíos para cualquier miembro de la sociedad en todo el mundo. Vencer a la pandemia requiere grandes inversiones en bienes y servicios tanto físicos como sociales: de la carrera para desarrollar la vacuna o terapias efectivas, pasando por la producción de equipos de protección individual (EPI) y métodos adecuados de aprendizaje online para los niños que no van a la escuela, a nuevas formas de pensar en las redes de seguridad social. Requiere, además, un grado de colaboración entre naciones, ciudadanos, Gobierno y sector privado sin precedentes, a una escala que no habíamos visto nunca en nuestra vida. En esencia, es una prueba de fuego para la capacidad del Estado y la gobernanza eficaz tanto dentro de los países como entre ellos.

Los gobiernos de todo el mundo se están adaptando a este desafío de maneras diferentes y con diversos grados de éxito. La gobernanza es clave para que la adaptación sea exitosa.[1] Las respuestas de los países han diferido tanto en la cantidad como en la calidad de las medidas adoptadas. Muchos gobiernos han comprometido sumas colosales con una mentalidad de «lo que sea necesario». Pero si hay algo que aprendimos de la crisis financiera del 2008 es que inyectar billones en la economía apenas tendrá efecto si las estructuras en las que se gastan son débiles. No podemos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar.

¿Podemos producir suficientes EPI para los trabajadores que están en primera línea? ¿Respiradores suficientes para los pacientes en las unidades de cuidados intensivos? ¿Una vacuna que ayude a crear inmunidad? ¿Podemos proteger a la gente que ha perdido su trabajo, de modo que tenga el derecho básico a un ingreso mínimo, comida, alojamiento y educación?

Las respuestas a todas estas preguntas dependen de la organización de nuestra economía más que de la cantidad de dinero que se dedique a los problemas. Depende de estructuras concretas, de las capacidades y del tipo de asociaciones entre los sectores público y privado. También requiere cierta clarividencia para imaginar un mundo diferente. Una visión de qué tipo de crecimiento queremos, más las herramientas correspondientes para conseguirlo son las que crearán una nueva dirección para la economía. Y lo que se necesita es una nueva dirección.

La exitosa respuesta de Vietnam ante la COVID-19 es un ejemplo interesante. Aunque se trata de un país «emergente» en cuanto a su nivel de desarrollo, su Gobierno fue capaz de estimular con mucha rapidez el desarrollo de kits de prueba de bajo coste. Esto fue posible porque tenía la capacidad de movilizar a diferentes sectores de la sociedad (la academia, el ejército, el sector privado, la sociedad civil) en torno a un objetivo común y de usar estratégicamente la contratación de investigación y desarrollo (I+D) en materia de salud para «acumular» soluciones innovadoras; es decir, utilizar el gasto gubernamental para aumentar la inversión público-privada.[2] Una colaboración público-privada efectiva permitió la rápida comercialización de los kits, que luego se exportaron a Europa y otros lugares, además de ser usados en el propio Vietnam. Además, el Gobierno fue capaz de motivar a los cartelistas, de aprovecharse creativamente de las redes sociales e incluso de fabricar sellos para promover un cambio en la conducta.[3] En India, la historia de éxito del estado de Kerala también es (al contrario que la desigual respuesta nacional) el resultado de inversiones a largo plazo en sanidad (entre ellas, los protocolos establecidos después del brote del virus de Nipah en los años 2018-2019 que, como el coronavirus, es un virus zoonótico) y un modelo eficaz de asociación público-privada entre los servicios médicos estatales y proveedores privados.[4] Respaldada por un alto nivel de confianza ciudadana ganada a lo largo de los años, la maquinaria del Gobierno, complementada por grupos de ayuda mutua, enseguida puso en marcha medidas muy restrictivas, al mismo tiempo que atendía a los más vulnerables, incluidos los trabajadores migrantes.[5]

Sin embargo, en gran parte del mundo la imagen ha sido mucho menos optimista. Mientras este libro se imprime, los problemas a los que se enfrentan Estados Unidos y Reino Unido son el resultado de haber debilitado durante cuarenta años la capacidad de gobernar y gestionar, con base en una ideología según la cual el Gobierno debe mantenerse en un segundo plano e involucrarse únicamente para solucionar problemas cuando estos surgen. Un credo de la gestión pública que menosprecia la habilidad gubernamental para actuar con eficacia y promueve la privatización ha fomentado en gran medida la externalización de la capacidad del Gobierno al sector privado y una insistencia constante, pero errónea, en medidas estáticas de eficiencia,[6] dejando a los gobiernos con menos opciones, aferrándose incluso a panaceas tecnológicas irrealistas como la inteligencia artificial o las «ciudades inteligentes». También ha provocado que se invierta menos en competencias públicas, una pérdida de la memoria institucional y una mayor dependencia de las empresas de consultoría, que se han beneficiado de miles de millones en contratos gubernamentales.

En Reino Unido, solo en el año 2018 el Gobierno externalizó contratos sanitarios por valor de 9.200 millones de libras.[7] Más del 84 por ciento de las camas en residencias están en centros privados, y 50.000 de ellas están en residencias gestionadas por empresas de capital de inversión cuyo fin último es obtener un beneficio, no proporcionar cuidados. Y a esa externalización se han sumado los recortes en la inversión pública. En Reino Unido, el valor total de la asignación a la sanidad pública —que permite a las autoridades locales proporcionar atención sanitaria vital y servicios preventivos— ha ido disminuyendo en términos reales, de 4.000 libras en el periodo 2015-2016 a 3.200 libras en el periodo 2020-2021, una reducción cercana a 900 millones de libras.[8] Los recortes que año a año se han ido haciendo a la asignación solo terminaron en el 2020 cuando la COVID-19 ya causaba estragos, pero en términos reales per cápita esta siguió siendo un 22 por ciento menor a la del periodo 2015-2016.[9] Para entonces, su descenso ya había ocasionado un daño sustancial a la capacidad de la sanidad pública local y puesto en peligro la eficacia de su respuesta ante la COVID-19.[10]

El mantra sobre que su eficiencia es mayor es solo eso, un mantra. En Reino Unido, cuando se pagó a la consultora internacional Deloitte para que gestionara los test de la COVID-19, esta perdió las pruebas. Lo cual fue un recordatorio del enorme fracaso de

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