No a la impunidad

Baltasar Garzón

Fragmento

cap-1

Prefacio

Baltasar Garzón ocupa ya un lugar destacado en la historia contemporánea de la Justicia y en especial en la de la lucha por los derechos humanos. No tengo duda en afirmar que él es el más notable magistrado a escala mundial de la segunda mitad del siglo XX. Este libro es una elocuente demostración de su labor global en defensa de las víctimas de las barbaridades y atrocidades en un mundo de impunidades éticamente repugnantes. Setenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la hipocresía de los poderosos, la política de promoción activa de la pérdida de la memoria, con la complicidad de los grandes medios de comunicación y la consecuente apatía de los ciudadanos, siguen permitiendo que tanta injusticia quede impune.

Incapaz de resignarse frente a esta lamentable realidad, Garzón ha dedicado toda su vida a luchar contra la impunidad, sin amilanarse frente a los poderes políticos y económicos que la generan. Ha puesto su impecable preparación técnica y sus impresionantes coraje y disposición al servicio de la defensa de los derechos que poseen las víctimas de los más graves atropellos a la legalidad y a la dignidad humana, aun a costa de un elevado sacrificio personal, ya que ciertamente su causa es impopular para los poderes legales y fácticos de muchos países. Este libro es un ejemplo bastante revelador de lo que he llamado en mi trabajo epistemológico «la razón caliente», aquella rara capacidad para combinar la argumentación jurídica impecable con el sentimiento de repulsa hacia la impunidad de los poderosos y, a la vez, de solidaridad con las víctimas. Precisamente, este es el libro de un hombre de derecho que hace de su estudio un instrumento de lucha contra la injusticia y la impunidad, y que al mismo tiempo acoge y pretende confortar a las víctimas.

Como antes lo fueran los derechos humanos, y en buena medida todavía lo son, la jurisdicción universal es sin duda un asunto controvertido. Contradice los principios clásicos de soberanía de los estados y la competencia territorial de sus sistemas de justicia. Presenta además numerosos desafíos incluso para los juristas más avezados, ya que implica la aplicación simultánea del derecho nacional y del internacional, cuya combinación coherente es muchas veces problemática, y tiene también que lidiar con leyes que, a pesar de ser formalmente válidas, persiguen favorecer la impunidad de los crímenes, como lo son las leyes de amnistía, Obediencia Debida y Punto Final, entre otras. Pero, por encima de todo, la jurisdicción universal se enfrenta a la peor de las maldiciones, la selectividad, el mayor de los dilemas, quizá más bien una aporía, pues estamos todavía muy lejos de que la Justicia sea en la práctica verdaderamente universal.

A pesar de todas estas dificultades, la gran fortaleza de la jurisdicción universal consiste en ser el instrumento que mejor simboliza la clara vertiente emancipadora de la trayectoria emprendida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos setenta años acabamos de celebrar. Más que cualquier otro instrumento jurídico, la jurisdicción universal reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y proclama que todo ello forma parte de las obligaciones del cualquier Estado, no sólo de aquel en el que ocurrieron los hechos, sino de todo Estado que pretenda ser democrático, para con las víctimas de unos crímenes horribles independientemente del lugar y del tiempo en que hayan sido cometidos.

No es de extrañar que los poderes políticos hayan sido en general hostiles a la idea de la jurisdicción universal, no sólo cuando han sido ellos mismos los que han cometido los crímenes, sino también cuando éstos han sido perpetrados por otros países con los que tienen intereses políticos y económicos comunes, privando sin miramientos a la sociedad en su conjunto de su derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria, a pesar de que desde hace tiempo sabemos que «un país sin memoria es un país sin futuro».

Tal y como se presenta el panorama actual de las relaciones internacionales, en que la rivalidad entre países se agrava cada vez más, especialmente entre Estados Unidos y China, es probable que la vida y vigencia de la jurisdicción universal sea todavía más difícil y turbulenta en las próximas décadas. Esta realidad evidencia aún más la especial importancia de este libro, sin duda único en el mundo, tanto por la forma en que se trata este tema como porque es también el fruto de la experiencia vivida por su autor.

Esta obra de Baltasar Garzón no es solamente un libro importante, innovador y oportuno, sino también el fiel testimonio de lo que debe ser una verdadera lucha por el derecho, un ejercicio de ciudadanía activa, humanitaria y democrática, sin muchos paralelos en nuestro tiempo. La incansable actividad de Garzón ennoblece el sistema judicial en su totalidad y, si éste ha sido tan ingrato para con uno de sus miembros más ilustres, nos revela lo mucho que todavía ha de hacerse para democratizar la Justicia e impregnarla de la filosofía de los derechos humanos. Si el mundo valorase la jurisdicción universal tanto como Baltasar Garzón, no sería sorprendente que le fuera concedido el Premio Nobel de la Paz. Lo merecería totalmente, más que muchos que lo han recibido en tiempos recientes.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Coímbra, 31 de octubre de 2018

cap-2

1

La Justicia frente al terror de la dictadura cívico-militar argentina

A pesar del frío, el 14 de enero de 2005 es un día agradable en los alrededores de la plaza Villa de París de la ciudad de Madrid. La sala de juicios está llena: mujeres con pañuelos blancos anudados a la cabeza, hombres con gesto adusto y jóvenes letrados esperan la constitución del tribunal. Todos atentos a lo que va a suceder.

La primera que toma asiento en estrados es la fiscal Dolores Delgado, en quien se percibe el nerviosismo que caracteriza a los que son conscientes del momento histórico que viven y de la trascendencia de sus actos. Sabe que se enfrenta a un gran desafío, uno que quizá marcará su carrera. Se enfrenta al primer juicio por delitos de genocidio, terrorismo y tortura que se celebra en España. Apenas lleva cuatro meses en el caso, desde que el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le encargara que lo asumiera apoyando las tesis de la acusación y abandonando la postura obstruccionista que hasta ese momento había adoptado el Ministerio Fiscal.

Las abogadas y abogados de la acusación particular, que representan a las víctimas, y los que ejercitan la acusación popular en representación de todo el pueblo, un pueblo universal hermanado por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que siguió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, son también conscientes de la importancia de lo que está a punto de suceder. Después de haber luchado y trabajado con firmeza desde el principio de la causa, incoada al inicio de la primavera de 1996, cuando admití a trámite la denunc

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