Ni vivos ni muertos (edición actualizada)

Federico Mastrogiovanni

Fragmento

Ni vivos ni muertos

PRÓLOGO

Se llama desaparición forzada

Cuando faltaban cuatro meses para la aprobación de la reforma energética que privatizó Petróleos Mexicanos (Pemex), la violencia desatada aparentemente sin pies ni cabeza por Felipe Calderón a principios de 2007, de pronto, en agosto de 2013, cobró pleno sentido. La propaganda oficialista hizo visible que la región donde se acumulan inmensas reservas de gas shale —el norte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dentro de la llamada Cuenca de Burgos— es la misma que martirizó y en parte despobló el narcotráfico, en abierta colaboración con los órganos de seguridad del Estado.

A finales de 1993, penúltimo año del sexenio de Carlos Salinas, una quinceañera que trabajaba en una maquiladora del antiguo Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, fue brutalmente violada, torturada, asesinada y descuartizada, antes de que sus restos fueran abandonados en el desierto. La policía no sólo no la “encontró”, sino que protegió a sus verdugos.

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya en 1993, si bien con otros métodos, una mujer era asesinada cada 12 días en Ciudad Juárez. En 2009, el ritmo subió a razón de una cada 20 horas, pero según la misma fuente, de 2000 a 2009, el total de mujeres asesinadas en el país ascendió a 12 636, cifra que se incrementó exponencialmente de 2009 a 2012.

Las feministas tipificaron esta variante del asesinato como feminicidio, tras definirlo como “crimen de odio cometido por un hombre contra una mujer por el hecho de ser mujer”. Para la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel —grupo encabezado por Jodie Williams y Rigoberta Menchú, avalado por la ONU—, entre 2006 y 2012, o sea, durante el sexenio de Felipe Calderón, “los feminicidios aumentaron 40 por ciento”.

Hoy por hoy, seis mujeres son asesinadas cada día, pero Chihuahua ya no es la entidad donde los feminicidios son más frecuentes, sino el Estado de México, cuyas autoridades dejan sin resolver nueve de cada 10 casos. A escala nacional se estima, conservadoramente, que las mujeres asesinadas por ser mujeres (las que son muertas por otras razones no entran en este cálculo) son ya más de 40 000, pero todos aquellos casos en que sus autores contaron, por acción o por omisión, con el apoyo de policías, militares o funcionarios públicos fueron, o mejor dicho son, productos de una “desaparición forzada de personas”, que es el asunto central de este libro espléndido, esclarecedor y terrible, cuya misión no es otra que contribuir a que la sociedad se movilice para lograr que este delito sea tipificado específicamente como un crimen distinto del secuestro o la privación ilegal de la libertad, e incorporado a los códigos penales de todos los estados del país, y desde luego al Código Penal Federal. Una dura batalla contra el terrorismo del Estado mexicano, en la que nadie debe dejar de participar hasta la victoria.

Otras violencias. Además de los feminicidios, que se multiplicaron desde 1994 a una tasa de crecimiento cada año más acelerado hasta el día de hoy, otras violencias, sobre todo durante el sexenio de Calderón, cobraron cientos de miles de vidas más. A saber, por lo menos 100 000 en el contexto de la supuesta guerra contra los cárteles de la droga, que los fortaleció más que nunca; más 60 000 de los migrantes centro y sudamericanos, que fueron desaparecidos en operativos conjuntos del crimen organizado con las autoridades, es decir, que también fueron víctimas del delito de desaparición forzada de personas; más las vidas de otras decenas de miles de mexicanos, de cuyo paradero nada se sabe desde el periodo de Calderón y lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.

Un día, tal vez, se descubrirá que el número verdadero de criminales caídos en la guerra “contra” el narcotráfico fue muy inferior al de las llamadas “bajas colaterales” (bebés, mujeres, adolescentes y ancianos que pasaron por donde había enfrentamientos entre fuerzas armadas civiles y militares, o al cruzar retenes a cargo de soldados drogados o borrachos), y por supuesto al número de “falsos positivos”, o inocentes ejecutados por el Ejército o la Marina y presentados como delincuentes abatidos gracias a la imaginaria eficacia del gobierno en su lucha contra el hampa.

El concepto “falsos positivos” nació en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para incentivar la productividad letal de los soldados: cuando éstos secuestraban, por ejemplo, a un indigente, y lo asesinaban y después lo disfrazaban de guerrillero dizque “caído en combate”, recibían en premio un cheque de 2 000 dólares o alguna otra forma de compensación. Uno de los creadores de tal perversidad —junto con el general Camilo Ospina, que entonces era ministro de Defensa— fue el general Óscar Naranjo Trujillo, a la sazón jefe de la policía colombiana.

Si Felipe Calderón importó este sanguinario sistema de estímulos y recompensas, a fin de justificar el subsidio que los Estados Unidos le daban para la Iniciativa Mérida (hermana gemela del Plan Colombia), Enrique Peña Nieto —quien como gobernador del Estado de México visitó cinco veces a Uribe en Bogotá— no dudó en traerse al mismísimo general Naranjo en persona como su asesor externo, para que nos enseñara a utilizar aquí otra de sus mortíferas invenciones.

Los grupos paramilitares que en Colombia fueron usados contra la guerrilla y el narcotráfico, hasta que sus líderes cayeron presos acusados de múltiples y gravísimos delitos en medio de un océano de tumbas clandestinas, en México surgieron en febrero de 2013, dos meses después del ascenso de Peña al poder; y entraron en acción en Michoacán bajo el nombre de “autodefensas ciudadanas”, para exterminar a los Caballeros Templarios. No en vano es ahora entorno del lago de Chapala y otras regiones de Jalisco que colindan con Michoacán, donde aparecen día tras día nuevas fosas clandestinas.

Matanzas paralelas. Gracias a la propaganda oficial que ensalzó las “virtudes” de la reforma energética, hemos descubierto que la inexplicable impotencia de los órganos de seguridad del Estado mexicano, ante la furia arrolladora de los cárteles, tuvo una finalidad estratégica en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León (cuyos habitantes m

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