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Manila, Filipinas, 10 de diciembre de 2017. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, miles de críticos del por entonces presidente filipino Rodrigo Duterte marcharon por las calles para condenar las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato. Crédito: Getty Images.
Cada día, a partir del año 2016 y durante poco más de siete meses, el Philippine Daily Inquirer publicó lo que llamó «Lista de asesinatos». Era un registro público de muertos, alimentado con los informes de los corresponsales desperdigados por todo el país. Las circunstancias de las muertes eran sucintas. Las entradas estaban numeradas y seguían un orden cronológico. Las ubicaciones se limitaban a pueblos, ciudades y provincias, sin especificar los números de las calles. Se facilitaban nombres cuando se disponía ellos; en caso contrario, se recurría a números.
El primer «sospechoso de traficar con drogas no identificado», por ejemplo, fue asesinado el 1 de julio, el primer día de la administración de Rodrigo Duterte, y la misma mañana en que Jimmy Reformado, el quinto narcotraficante más buscado de la ciudad de Tiaong, fue abatido por un «sicario desconocido». Al día siguiente, el 2 de julio, Victorio Abutal, el traficante más buscado del pueblo de Lucban, fue «asesinado por un sicario desconocido en presencia de su esposa», una hora y diez minutos antes de la muerte de Marvin Cuadra, el segundo más buscado, y menos de catorce antes de que el séptimo más buscado, Constancio Forbes, fuera «asesinado a bocajarro en el exterior de una administración de lotería». Al día siguiente, el 3 de julio, Arnel Gapacaspán, el narcotraficante más buscado de San Antonio, era asesinado por «un sicario desconocido que irrumpió en su casa» a la misma hora exacta en que Orlan Untalan, el décimo más buscado de Dolores, fuera «encontrado muerto en un vertedero con el cuerpo cosido a balazos».
«Sicario desconocido» era un término recurrente, pero la naturaleza de las víctimas –supuesto narcotraficante, supuesto camello, fugitivo de la justicia con cargos por tráfico de drogas, registrado en la lista de traficantes locales, más buscado– demostraba que lo que estaba en marcha no tenía nada de azaroso. Aquellos eran asesinatos planificados, siguiendo las promesas del presidente Duterte, y dirigidos contra «individuos que amenazan con destruir mi país».
Los métodos no tenían más límite que la imaginación de los asesinos. Hubo el hombre «encontrado muerto tras ser secuestrado en su casa». Hubo los tres «encontrados muertos en un canal, con los ojos vendados y las manos y los pies atados». Hubo el hombre «asesinado de un tiro en la cabeza en su dormitorio» y el hombre asesinado a las siete de la mañana «en la entrada de la escuela de primaria de su hija». En ocasiones, el recuento diario de muertos alcanzaba los dos dígitos, como fue el caso del 9 de julio, que arrancó ya a medianoche cuando Danilo Enopia, sospechoso de trabajar para un narcotraficante, recibió un disparo mientras dormía junto a su novia. Las doce muertes restantes de la jornada variaron en método y disposición. Una de las víctimas, que había trabajado en el pasado en el extranjero, murió a balazos mientras conducía por la autopista. Otras dos fueron halladas estranguladas bajo unos letreros en los que se habían escrito mensajes acusándolos de criminales. Tres fueron encontrados muertos «con heridas de bala en la cabeza y las bocas tapadas con cinta aislante». El resto eran sospechosos de traficar con drogas «asesinados por sicarios desconocidos».
Ninguna de estas muertes se atribuyó oficialmente a la policía. Según el Gobierno, estos asesinatos los habían cometido civiles y miembros de los cárteles de la droga, algunos de los cuales utilizaban la guerra como tapadera con la que silenciar a posibles confidentes.
La constancia y velocidad demandaban su propia nomenclatura. Eran muertes relacionadas con las drogas. Eran asesinatos ilegales. Eran asesinatos premeditados, secuestros que acababan en ejecución, cadáveres arrojados a la cuneta, tiroteos desde vehículos. Eran «bajas en la guerra contra el crimen emprendida por la administración Duterte», o, tal y como lo formulaba la cadena de noticias ABS-CNN, «aquellos que perecían». Ni siquiera los políticos filipinos se ponían de acuerdo en la terminología. Un senador los tildó de «asesinatos sumarios». El ministro del Interior los llamó «supuestos asesinatos de personalidades de la droga al estilo justiciero».
Existe una forma de referirse al fenómeno. El término es «asesinatos extrajudiciales». Fue el que más caló en la calle y en la televisión, de uso tan extendido que una resolución del Senado llamó a celebrar unas sesiones que investigaran «la reciente oleada desenfrenada de asesinatos extrajudiciales y ejecuciones sumarias de criminales». Su repetición invitó a una abreviatura, AEJ. La prensa la utilizó como calificativo. Los familiares de las víctimas la usaron como verbo. Los críticos la emplearon como acusación.
Desde los inicios de la era Duterte, mi labor consistió en registrar estas muertes. En mi calidad de corresponsal de la empresa periodística Rappler en Manila, era una de las reporteras que cubrían los efectos de la promesa realizada por el presidente de destruir a cualquiera –sin cargos ni juicio– que él mismo, la policía o un número indeterminado de justicieros sospecharan que consumía o vendía drogas. La cantidad de muertos de Duterte resultaba a veces abrumadora, igual que informar sobre los poderosos en un país en el que los poderosos se negaban a responder por sus actos.
Puse tierra de por medio en mitad de la guerra.
Manila, Filipinas, 8 de abril de 2024. Patricia Evangelista, periodista y autora del libro Que alguien los mate, lee fragmentos de su obra a familias afectadas por la guerra contra las drogas librada desde 2016 por el expresidente filipino Rodrigo Duterte, una cruenta batalla que, según estimaciones de grupos de derechos humanos, ha causado la muerte de más de 30.000 personas y ha provocado una investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Crédito: Getty Images.
Por aquel entonces, me encontraba investigando una serie de asesinatos cometidos en la capital. Era un proceso lento. Iba en busca de testigos. Contrastaba los informes oficiales. Me citaba con hombres que me explicaban con todo lujo de detalles cómo habían matado a sus propios vecinos siguiendo órdenes de arriba, tras lo cual solicitaba entrevistas con los agentes de policía a los que habían señalado. Rappler concluyó que mi presencia en Manila ponía en riesgo mi vida. Estuve de acuerdo. Lo mejor era admitir que no había ningún motivo que impidiera a los justicieros dispararme a la primera oportunidad. Mi director aplazó la publicación del artículo hasta que mi avión hubo despegado.
Todo esto explica que me encontrara cruzando el Pacífico a principios de octubre de 2018. Si la buena gente del programa de becas Logan para proyectos de no ficción confiaba en mis habilidades literarias, yo estaba feliz de seguirles la corriente. La estancia incluía tres meses en una finca rodeada de árboles en el norte del estado de Nueva York. Debería haber supuesto un alivio, pero años cubriendo masacres sancionadas por el Estado le juegan malas pasadas a la mente. Había aprendido a poner en duda cualquier declaración y a quemar transcripciones en mi balcón. Había pasado noches en vela, convencida de que una coma mal colocada podía dar pie a una querella por difamación. Para una persona con el tipo de imaginación obsesiva que me caracteriza, las preocupaciones de orden práctico que se esperan de una reportera que cubre la lucha contra las drogas casi se transformaron en una paranoia paralizante. No existía certeza alguna. Todos mentían. El individuo que agarraba un palo de selfi era un espía de la policía, o un asesino, o un fanático simpatizante del presidente que probablemente iba a subir a Twitter una foto de mí mientras estaba reunida con una fuente.
El hecho de que de tanto en cuanto acertara espoleaba mi demencia. Multitud de cosas resultaban sospechosas: furgonetas blancas, luces intermitentes, e-mails de spam, motociclistas, transacciones automáticas con tarjetas de crédito, el camarero de la cafetería, un teléfono que empezaba a sonar, una llamada telefónica que se cortaba, el timbre de una puerta. Leía y releía mis artículos a la caza de lagunas, angustiada por la construcción de las frases, convencida de no haber detectado el error que provocaría la muerte de un testigo. Una vez en la cola de llegadas del aeropuerto JFK, con el formulario de entrada para la aduana por rellenar en la mano, me vi incapaz de confiar en mi memoria de cara a anotar mi propio nombre. Eché mano del pasaporte para verificar cómo se deletreaba. Recuerdo de forma muy nítida la compulsión por dar con una segunda fuente y acabar encontrándola en mi certificado de nacimiento.
La campiña de Albany era un lugar hermoso, pese a que una cajetilla de tabaco costara trece dólares. Hacía frío. La gente era calurosa. Había mousse de chocolate de postre, en ocasiones bayas. Dediqué la mayor parte de las primeras semanas a desparecer tras una neblina compuesta de Star Trek y Agatha Christie, pero la residencia exigía que hiciera un esfuerzo por presentar una propuesta de libro. Cumplí. Escribí sobre quién era, de dónde venía y cómo se siente uno al mirar un cadáver tirado en el suelo a las dos de la madrugada.
Manila, Filipinas, 1 de octubre de 2017. Familiares y amigos cargan el ataúd de Jayross Brondial, un chico de 13 años asesinado por un pistolero no identificado. Crédito: Getty Images.
Al final de mi estancia en la residencia creativa firmé un contrato con un editor por el que me comprometía a escribir una crónica en primera persona sobre la guerra contra las drogas librada en Filipinas. Ocurrió muy deprisa. No pretendía faltar a mi palabra. La promesa de un relato tan íntimo era algo lejano, debatido una mañana de invierno en una sala de juntas con paredes de cristal, a miles de kilómetros de distancia del calor sofocante de esa Manila que era una olla a presión.
Regresé a casa. Empecé a escribir. El primer borrador tenía 73.000 palabras en las que describía con todo lujo de detalles las circunstancias de cada muerte, con escenas del crimen tan seguidas y abundantes que era imposible distinguir un cadáver del siguiente. Un reportaje frío y meticuloso. En ningún sitio decía quién era yo ni de dónde venía, tampoco lo que sentía uno al mirar un cadáver tirado en el suelo a las dos de la madrugada.
A los periodistas se les enseña que ellos nunca son los protagonistas de la historia. De hecho, cuantos más años llevaba ejerciendo el periodismo, más cómoda me sentía desapareciendo detrás de la profesionalidad de una voz omnisciente en tercera persona, que forma parte de todo y de nada, que formula preguntas y jamás responde ninguna. Cada conclusión que acababa publicando había sido contrastada por varias fuentes, verificada y enlazada. Quizá mi nombre constara bajo el titular, pero las historias que escribía pertenecían a otra gente, de otros lugares, familias cuyo dolor y pesar eran tan enormes que los míos resultaban irrelevantes.
Todo esto es cierto, pero no lo es menos que tenía miedo. Mi incapacidad a la hora de responder por mis actos y decisiones no se debió únicamente a un compromiso con la objetividad que salió desviado. Fue falta de coraje.
Este es un libro sobre los muertos y la gente que queda atrás. También es una historia personal, escrita con mi voz como ciudadana de un país que no puedo reconocer como propio. Los miles que murieron fueron asesinados con el permiso de mi gente. Escribo este libro porque me niego a dar el mío.
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