INTRODUCCIÓN

Michoacán dejó de ser una posibilidad para convertirse en el primer estado fallido de México. Esta entidad, donde la constante es la perversa relación del crimen organizado con autoridades de todos los niveles, encabeza una lista —que amenaza con generalizarse en todo el país— a la que ya se ha sumado Guerrero y Tamaulipas. El surgimiento de los grupos de autodefensa, como respuesta natural ante el hartazgo de la población, ya no se puede negar.

El gobierno federal tardó en reaccionar en Michoacán. Fue hasta después de más de 5 200 muertos, cientos de miles de desplazados y casi 2 mil desaparecidos, que la Federación decidió intervenir para salvar a la población civil de la condición de rehén en que la colocó la invasión del cártel de los Caballeros Templarios, el que tuvo complicidades en todas las estructuras de gobierno.

Oficialmente hoy en Michoacán —en la visión del gobierno federal— no hay civiles armados que al margen de la ley estén tratando de hacer la función de seguridad que le compete al Estado, pero quien pise cualquier localidad de la zona sur de la entidad puede darse cuenta de la insurrección activa que se vive. La población civil se sigue armando; de los 52 grupos de civiles alzados que atendieron el llamado del doctor José Manuel Mireles Valverde a defenderse del embate del crimen organizado, al menos 37 siguen activos.

Aun cuando los grupos de autodefensa se encuentran distribuidos en todo el territorio estatal, la mayor parte de los movilizados se han concentrado en las regiones de Tierra Caliente, meseta purépecha y costa-sierra nahua, donde los Caballeros Templarios y los gobiernos locales fueron uno solo y así sometieron a toda la población, al menos desde hace diez años.

No hay antecedente histórico reciente en todo el país en torno a la crisis que padece Michoacán: más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza extrema, desempleo, marginación social, hambruna y sometimiento a grupos de facto que suplantan a la autoridad rectora del Estado. Bajo el reclamo del interés legítimo de la protección de la vida y la propiedad, la sociedad civil se ha levantado en armas: las células de autodefensa son el último reducto al que se han acogido los michoacanos para poder superar los más de 20 años de abandono social en que se encuentran.

Ante el desplazamiento de los poderes del Estado —lo que se intensifica en algunos puntos del territorio michoacano—, el gobierno federal intentó restablecer el Estado de derecho por medio de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Pese a que los avances no se niegan, la labor para atajar de fondo el problema del desgobierno en la entidad no fue suficiente; la violencia no sólo es evidente, sino que patentiza el descrédito de las instituciones entre la población.

Entre los años 2008-2013 el índice de violencia en la entidad entró en una espiral ascendente. La tasa promedio de homicidios dolosos, que se ubicaba en 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes, se disparó: en 2008 llegó a 17, para 2013 alcanzó la cifra de 37, y en la última década Michoacán se ha colocado a la cabeza en las estadísticas nacionalesde homicidios dolosos. Un dato que pudo haber llamado la atención del gobierno federal para decidirse a entrar a poner orden en el vandálico régimen es el que revela que al menos 70 por ciento de los homicidios corresponden a personas de la sociedad civil, sacrificadas por el crimen organizado. En el estado, tres de cada cinco personas ejecutadas mueren al negarse a ser víctimas de secuestro, robo o extorsión; o al negarse aser reclutados en alguna célula delincuencial. El 24 de febrero de 2013, el mundo volteó a ver a Michoacán cuando, un grupo de civiles anunció formalmente la conformación de una liga de autodefensa para encarar los embates del crimen organizado. Los 10 líderes de las comunidades rurales devastadas, encabezados por el doctor José Manuel Mireles, difundieron un manifiesto a través del portal de videos YouTube para gritar lo que el gobierno nacional no quería escuchar: un cártel de las drogas tenía copado el gobierno estatal, y sometida a la ciudadanía.

El problema de la desestabilización de Michoacán mediante la inoperancia del gobierno estatal se atribuye al narcotráfico, que ha proliferado —abarcando todos los sectores de la sociedad— en los últimos 10 años. La agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) ha ubicado en la entidad operaciones de los Zetas, los Caballeros Templarios, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación, todos buscando el control del territorio, al que el puerto de Lázaro Cárdenas otorga un valor incalculable por la conexión con puertos asiáticos y sudamericanos.

El antecedente más inmediato de un alzamiento de civiles en armas se remonta al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1° de enero de 1994, justo cuando México se abría al ámbito internacional con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El grito de cansancio social que se escuchó en el país hace ya más de 20 años volvió a retumbar fuerte, pero ahora desde el estado de Michoacán.

Los niveles de corrupción han llegado a puntos tales que al cártel de las drogas autodenominado los Caballeros Templarios se atribuyó haber inclinado, mediante la intimidación, la balanza electoral para imponer a un gobernador a modo. En las elecciones del 13 de noviembre de 2011 resultó electo el candidato del Partido Revolucionario Ins­titu­cio­nal (PRI), Fausto Vallejo Figueroa, que dos años y cuatro meses después de haber asumido el cargo pidió licencia —con pretextos médi­cos— para ausentarse definitivamente.

Meses antes de la separación definitiva, Vallejo Figueroa sufrió un golpe político como no se recuerda en los últimos años en el país: el hombre de sus confianzas, el que lo suplió durante su primera ausencia cuando acudió a atender su salud, el que había coordinado su campaña y que por lo mismo fue designado secretario de Gobierno del estado, Jesús Reyna García, fue encarcelado.

La Federación, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió una investigación sobre Reyna García a partir de los señalamientos de colusión con los Caballeros Templarios. Los indicios fueron aportados por los fundadores de los grupos de autodefensa desde el momento en que se constituyeron en movimiento rebelde: una de las pruebas que soportaron la hipótesis de colusión fue un video donde se puede observar a Reyna García en una reunión con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez.

Nunca como ahora un miembro del crimen organizado había influido con tanta fuerza en el ambiente político de una entidad. El caso de Servando Gómez Martínez —dada su colusión con las estructuras de mando en todo el estado— es un portento. Aun preso sigue siendo el hombre más temido, por la posibilidad de exhibición de los videos que den cuenta de las reuniones entre él y las estructuras de mando, no sólo de gobierno, sino de poderes fácticos, como medios de comunicación, empresarios y hasta del gremio religioso.

Al gobernador interino, un icono del priísmo institucional de Michoacán, se le encarceló bajo el señalamiento de tener vínculos con el crimen organizado, y se le fincaron los delitos graves de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Fue detenido el 4 de abril de 2014 mientras se disponía, en su calidad de secretario de Gobierno, a encabezar una reunión de gabinete en la sede oficial del Poder Ejecutivo michoacano, y se le recluyó en la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano, el temible Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1.

La razón de la renuncia de Vallejo en realidad no fue el encarcelamiento de su secretario de Gobierno. Pese a su cercanía con el presidente Peña Nieto, la Federación lo empujó a separarse de su encargo por un escándalo mayor: su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fue captado en video mientras sostenía también una reunión con Servando Gómez. Desde años atrás se hablaba de la estrecha relación de Vallejo Mora con células del crimen organizado, pero eran sólo rumores hasta que alguien aportó la evidencia que vino a confirmar tal sospecha.

La salida de Vallejo sobrevino a menos de cinco meses de que el gobierno federal designara a un emisario plenipotenciario para Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes, uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, fue ungido como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, convirtiéndose con ello en el gobernador de facto. Sólo para cumplir las formas, a Fausto Vallejo lo suplió el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, un académico sin más méritos que la sumisión: es el más oscuro de los gobernantes que ha tenido la entidad.

En un hecho histórico, Michoacán es el primer estado del país que en menos de tres años ha sido gobernado por tres hombres: el primero, Fausto Vallejo, en calidad de gobernador constitucional; el segundo, Jesús Reyna García, con la figura de gobernador interino, y el tercero, Salvador Jara Guerrero, con el estatus de gobernador sustituto. Sise quiere ser más exacto, a ellos se suma Alfredo Castillo Cervantes, quien llegó a suplir por orden presidencial las deficiencias institucionales en Michoacán.

Oficialmente se sabe que la debilidad institucional de que se valió la autoridad federal para entrar a gobernar en forma directa a la entidad fue la cúspide del estado de descomposición: todo el territorio se fermentó en una torcida relación de funcionarios con integrantes del crimen organizado. El cártel de los Caballeros Templarios creció, se multiplicó y se extendió en los 113 municipios de Michoacán; pocos fueron los alcaldes, diputados, senadores, empresarios y gobernadores que no fueron tocados por los tentáculos del narcotráfico y las células del crimen organizado.

La descomposición social sobrevino. El marco constitucional fue ce­diendo ante la imposición de la violencia; los jefes de plaza de los Caballeros Templarios tomaron el control político de cada una de las regiones. La anarquía prevaleció. Miles de michoacanos fueron testigos de una barbarie impensable: las ejecuciones, extorsiones, robos, desapariciones y violaciones se mantuvieron a la orden del día. El narcogobierno de Michoacán se había proclamado.

Los primeros en señalar la existencia de un narcogobierno en el estado fueron los integrantes de los grupos de autodefensa. Desde las trincheras en cada uno de los poblados de Tierra Caliente donde la población se alzó contra los Templarios se escuchó el señalamiento de las perniciosas relaciones que mantenían los líderes del cártel de las drogas y los representantes de los poderes locales, algunos de ellos electos en las urnas.

El narcoestado constituido en Michoacán no sólo facilitó y posibilitó el trasiego de drogas, también toleró los abusos de las células del crimen organizado sobre la población civil. El acto más doloroso, el detonante para que cientos de hombres se armaran en contra del cártel operante fue el rapto: centenares de mujeres, principalmente niñas, fueron utilizadas sexualmente por los grupos de sicarios.

Aun cuando en todo el estado se registraron violaciones, los hechos más escandalosos se suscitaron en la zona de Tierra Caliente. Allí, como escenas de una mala película, era frecuente ver el secuestro de mujeres: niñas desde los 12 años eran sacadas de sus casas a la fuerza o arrebatadas al salir de la escuela secundaria. Los jefes de plaza de los Caballeros Templarios las requisaban para sus fiestas, que terminaban en bacanales. En el mejor de los casos las niñas violentadas y embarazadas regresaban con sus padres, en la mayoría nunca se supo el paradero de las menores.

El mayor índice de desplazados que registra el estado de Michoacán, desde 2008 a la fecha, corresponde a mujeres. Todos los jefes de familia, ante el clima de inseguridad que prevaleció en la región, buscaron la forma de poner a salvo a sus hijas; los más las enviaron con familiares a ciudades del centro del país o a Estados Unidos.

Nadie llevó la cuantificación de los secuestros; las desaparecidas de Tierra Caliente es un tema que nadie quiere investigar. Ni los medios locales, acosados por las amenazas del crimen organizado, quisieron dar cuenta del problema. La consecuencia de los raptos sexuales de que fueron víctimas las niñas del sur de Michoacán se evidencia en las estadísticas de la Secretaría de Salud: entre 2009 y 2014 se registraron más de 11 mil embarazos en menores entre los 10 y los 16 años de edad, con una incidencia promedio de 1 833 víctimas de violación al año. La cifra nunca fue observada por el gobierno estatal de Michoacán a través de sus oficinas de procuración de justicia.

Las cifras estimadas de mujeres desaparecidas son alarmantes; no hay estadística porque durante el “periodo de gobierno” de los Caballeros Templarios pocas fueron las denuncias presentadas ante la procuraduría de justicia del estado. La mayoría de las familias víctimas del secuestro de alguna de sus hijas optaron por abandonar la región para preservar la seguridad de las que les quedaban o para salvar la vida del resto de sus integrantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que el índice de migración de michoacanos creció de forma alarmante entre los años 2009 y 2014, alcanzando su pico máximo en 2012, cuando el control de las células criminales fue total: con la salida de más de 109 mil personas por año, Michoacán se convirtió en el segundo estado con mayor flujo de migrantes, principalmente a Estados Unidos.

Sumado al secuestro y violación de mujeres, uno de los delitos que alcanzó una cifra récord en la zona de Tierra Caliente fue el despojo. Miles de familias del sur del estado perdieron de la noche a la mañana el patrimonio formado en décadas: las células del crimen organizado se hacían presentes en las propiedades de su gusto para expulsar a sus legítimos dueños. En la procuraduría de justicia estatal quedaron archivadas centenares de denuncias.

La depredación social que llevó a cabo el crimen organizado en la zona de Tierra Caliente, con la ominosa complicidad del gobierno estatal, pronto encontró respuesta entre la población civil. En los primeros días de octubre de 2011 comenzó a correr el rumor de un alzamiento en armas: el convocante a la insurrección era un médico de Tepalcatepec de nombre José Manuel Mireles, quien conocía de cerca el problema de los embarazos tempranos en las jóvenes de la región. Sus propios familiares fueron víctimas de despojo.

Sin saber que posteriormente se fraccionarían, que el encono entraría a dividir, los primeros en atender el llamado civil para tomar las armas y alzarse contra los Caballeros Templarios fueron Ricardo Valdez, de Aquila; Adalberto Fructuoso Comparán, de Aguililla; Ramón Contreras Orozco, de La Ruana; Jesús Gutiérrez, de La Ruana; Ángel Gutiérrez Aguilar, de Tepalcatepec; Hipólito Mora Chávez, de La Ruana; Misael González, de Coalcomán; Luis Antonio Torres, de Buenavista, y Jesús Díaz, de Chinicuila. Todos reconocieron el mando del médico Mireles Valverde.

El recién formado grupo de autodefensa, que denunció la deva­stación social y evidenció a un gobierno estatal omiso que se negabaa actuar abiertamente contra los líderes reconocidos de los Caballeros Templarios, diseñó una estrategia para menguar la fuerza del cártel: lanzó una convocatoria de perdón para todos los que se decidieran a dejar las células y se incorporaran a los grupos de autodefensa. La estrategia impactó; cientos de templarios pasaron de la noche a la mañana a formar parte de los popularmente llamados, a partir de entonces, autodefensas.

Los civiles que se alzaron contra el crimen organizado, cuyo primer contingente estaba formado por sólo 48 integrantes, comenzaron a nutrirse: poblados enteros se sumaron a las filas de la insurrección. Ex templarios y civiles se unieron; hombres, mujeres y aun niños tomaron las armas y se dijeron dispuestos a defender sus poblados frente a lo que quedaba de los grupos del crimen organizado. Las barricadas a la entrada de los pueblos comenzaron a aparecer de un día para otro.

El 24 de febrero de 2013 cuando se publicó el video en YouTube, el doctor Mireles Valverde estableció las dos razones fundamentales que los llevaron a la movilización: la omisión del gobierno estatal ante los reclamos de seguridad, y la deshumanizada presencia de los Caballeros Templarios. Además, declaraba la guerra al jefe del cártel, Servando Gómez.

En menos de tres meses los grupos de autodefensa de Michoacán, inicialmente minimizados por el gobierno estatal, lograron sumar a más de 20 mil civiles armados. La procedencia de las armas y los recursos para el sostenimiento de la movilización nunca fue clara. El propio Mireles aseguró que se mantenían de ingresos provenientes de donaciones de la gente; versiones al interior de las autodefensas apuntaron hacia el financiamiento por parte de cárteles enemigos de los Caballeros Templarios. La sospecha principal recayó sobre el cártel Jalisco Nueva Ge­neración, de Nemesio Oseguera Cervantes y sus cuñados los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia.

Para el gobierno federal, los civiles se fueron armando con el equipamiento que lograron arrebatar a los Templarios abatidos; se desechó la posibilidad de que estuvieran siendo adiestrados y armados por otros grupos interesados en el control de las rutas de narcotráfico que salen desde Michoacán hacia la frontera norte del país. Más allá del debate, los grupos de autodefensa comenzaron a fortalecerse.

Su reclamo principal era la intervención del gobierno federal para frenar el voraz dominio de los Templarios. Se denunció la colusión entre funcionarios estatales y municipales con los jefes de plaza de los Ca­balleros Templarios. Durante muchos años los michoacanos habían escuchado ese tipo de señalamientos, pero ahora las pruebas empezarona aparecer: en las redes sociales vieron la luz una serie de videos en los que se daba cuenta de reuniones entre empleados municipales y líderes criminales.

En un audio difundido por medio de las redes sociales, el propio Servando Gómez reconoció que por instrucción propia se grabaron en video