Prólogo
Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del país y un símbolo de identidad nacional, ha sido invadida por el crimen organizado. Sus viejas estructuras tradicionales, afectadas por la corrupción, han sido ocupadas por las redes que operan directamente para la delincuencia.
La irrupción del crimen organizado en Pemex ha convertido a la paraestatal en un campo de batalla donde se levantan retenes, se expropian predios, se ocupan derechos de vía e incluso se controla el acceso a sus instalaciones. Los grupos delictivos han tomado el control de algunos pozos y han convertido al país, entre otras cosas, en un centro de abasto de condensado que se vende de forma ilegal en Estados Unidos y Europa.
No hay duda, la empresa más importante del Estado mexicano está atenazada por un nuevo estadio de corrupción. Ése es el eje rector de El cártel negro, una estrujante y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez.
Si queremos medir los alcances del presente libro, es necesario conocer antes algunos datos acerca de la prolongada batalla de la autora para obtener la información que aquí expone.
En su condición de ciudadana, Ana Lilia solicitó información puntual a Pemex sobre incidentes vandálicos y actos de terrorismo que habían ocurrido en las instalaciones de la paraestatal conforme se había difundido en algunas versiones públicas. La reticencia de la institución a entregar lo solicitado fue notable. En un primer momento, Pemex le aseguró a la periodista que esa información era inexistente; más adelante planteó una negativa, explicando que la solicitud estaba fuera del marco de la ley.
Frente a esta circunstancia, Ana Lilia presentó una inconformidad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). En consecuencia, el organismo citó en sesiones separadas a las partes: por un lado, Pemex debía exponer los argumentos que sustentaban su negativa a proporcionar la información, y por otro, la ciudadana tendría que ratificar su derecho a recibirla.
De acuerdo con funcionarios del IFAI, un equipo de 10 abogados de Pemex se presentó ante el pleno del instituto para convencer a los comisionados de que la información debía mantenerse en reserva, pues de lo contrario “se pondría en riesgo la seguridad nacional”. Además, se supo que los representantes legales llegaron a plantear que la solicitante “no tenía límite”, que ya había presentado muchas solicitudes y que hacía “uso excesivo” del derecho a la información.
Finalmente, Ana Lilia Pérez ganó la batalla, y una buena parte de ese triunfo está contenido en este libro. Resulta significativo que muchos de los documentos entregados venían marcados con tinta negra con el claro objetivo de suprimir información. No obstante, lo que se pudo rescatar es sustantivo y revelador de la grave problemática de descomposición en Pemex.
Siete meses después de hacer la solicitud, Pemex entregó la información por mandato del IFAI. Ana Lilia recuerda ese día, cuando tuvo que acudir a uno de los imponentes edificios ubicados en la avenida Marina Nacional de la Ciudad de México, sede de la petrolera.
Un militar fue el encargado de proporcionarle los archivos. El ambiente era eléctrico. Se sentía la hostilidad y un aroma de reclamo. La menuda figura de la periodista apenas podía sostener, físicamente, las siete grandes carpetas que le fueron entregadas. Recorrió sola, tambaleante, con los siete volúmenes, los metros que separaban el escritorio donde el militar le entregó el material del elevador que la llevaría al piso de salida de las oficinas de Pemex. En su recorrido, le retumbaron las preguntas del militar: “¿Para qué pidió eso? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Para qué lo pidió, si no sabe qué va a hacer con eso?”
Por supuesto, la periodista sabía muy bien para qué había pedido eso, y aquí está el libro para demostrarlo.
Entre otros asuntos, descubrió que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de más de 40 mil “incidentes”. Durante ese periodo, el jurídico de la paraestatal presentó 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, pero sólo 15 concluyeron en sentencia.
Por otra parte, en julio de 2008, la Dirección General de Pemex reconoció, de manera oficial, el robo de hidrocarburos como uno de los principales desafíos de la empresa. Tan grande es este problema que resulta equiparable, según Pemex, con la caída en la producción petrolera de Cantarell en la Sonda de Campeche.
Asimismo, se tienen datos sobre la internacionalización de la ordeña de ductos. Desde 2008, “en las líneas de Chiapas y Veracruz comenzaron a detectarse vehículos de Guatemala involucrados en la sustracción de hidrocarburos en las regiones fronterizas del sureste”.
A pesar de la amplia exposición de informaciones, la autora incorporó, casi al cierre de la edición, más datos oficiales de Pemex. Destaca uno, de particular importancia. En un solo párrafo Pemex describe con crudeza la situación por la que atraviesa: “El incremento en las tomas clandestinas y en el volumen estimado de robo se debe a que los sistemas de ductos en el país están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado, asociadas con grupos fuertemente armados”. En su referencia a Sinaloa, Pemex identifica a la entidad como la que registró la mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas a partir de 2010. La zona es claramente una de las de mayor influencia de Joaquín el Chapo Guzmán: “Navolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamúchil, Salvador Alvarado y Los Mochis, entre otros, con una incidencia de 28 por ciento en promedio de las tomas clandestinas de todo el país”.
De esta manera se podría inferir que el cártel del narcotráfico más poderoso de México y América Latina, cuya presencia se extiende a más de 50 ciudades del mundo, es también el más activo en la sustracción de refinados en el país.
Con éstas y otras informaciones, El cártel negro se perfila como el trabajo de investigación más amplio, mejor documentado y más descarnado que tengamos hoy acerca de la grave incursión de la delincuencia organizada en actividades conferidas a Petróleos Mexicanos.
En estas páginas se muestra el resultado de una amplia investigación realizada a lo largo de los años; seis, por lo menos, si se consideran las investigaciones sobre la sustracción en Cadereyta que la autora realizó en las postrimerías del sexenio foxista.
Un libro duro, en el más amplio sentido de la expresión. Duro por lo que informa y duro por su exposición. La autora opta por la presentación ordenada y rigurosa de las informaciones y no por cualquier giro literario. No se permite la retórica, ni las metáforas o alegoría de algún tipo. Su apuesta es estrictamente por la información. La lectura obliga, a quien lee, a realizar un conjunto de interpretaciones propias. La autora deja, esencialmente, la carga y la dimensión interpretativa sobre los hombros del lector.
En esta ocasión, Ana Lilia Pérez, sabedora de los terrenos que pisa y habida cuenta de farragosos procesos judiciales que han sido asestado