Propuestas del bicentenario

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Fragmento

bicentenario-3

Introducción1

Luis Miguel Castilla, Janice Seinfeld, Milton von Hesse, Nicolás Besich

Antecedentes

El Perú está en un punto de inflexión por la conjunción de múltiples crisis: económica, política, institucional y social. Ad portas del Bicentenario, un gran segmento de la ciudadanía busca cambios significativos en la conducción del país —y en las reglas del juego que rigen la economía— ante el hartazgo frente a la política tradicional, las expectativas insatisfechas y las persistentes brechas de acceso a oportunidades y servicios básicos de calidad. Como nunca en nuestra historia contemporánea, estamos sumidos en un estado de polarización e incertidumbre sobre lo que nos depara el futuro.

La sociedad peruana está dividida en tres campos: uno que exige defender las reglas del juego (el «modelo») bajo el ordenamiento legal vigente; otro que quiere «patear el tablero» y demanda cambios estructurales en el ámbito constitucional para otorgarle un mayor campo de acción al Estado; y un tercero, que tradicionalmente se ha mantenido indiferente a la política, pero que, al tomar mayor conciencia de que existe una crisis de representatividad, se está movilizando y busca ser parte del cambio. En este último grupo se inscriben muchos de los jóvenes que salieron a marchar a finales de 2020. Genuinamente, comienzan a mostrar mayor preocupación por la fragilidad de nuestra democracia y han dejado sentada su posición: no están dispuestos a tolerar intentos de quiebre del orden constitucional.

En muchos países, es creciente el malestar de las clases medias por problemas como la corrupción y la impunidad, el aumento de la inseguridad ciudadana, la violencia de género y el estancamiento económico que ha impedido una mayor movilidad social y la generación de empleo adecuado. El contexto global está marcado por la insatisfacción ciudadana y la incapacidad de los Gobiernos y las élites para forjar consensos que permitan atender los problemas más acuciosos de la sociedad.

Hace diez años, en el pico de la bonanza de las materias primas y habiendo superado con relativa facilidad los embates de lo que en su momento se consideró la peor crisis financiera externa que azotó al mundo, muchos peruanos creíamos que estábamos camino al desarrollo y que nada nos podía detener. El «milagro económico peruano» nos llenaba de orgullo y solo sería cuestión de perseverar en el modelo en curso para alcanzar el desarrollo pleno. Se veía a nuestro país como un ejemplo a seguir luego de casi veinte años de progreso y reconocimiento de sus fortalezas macroeconómicas. Un punto culminante al respecto sería la adhesión del Perú a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países más avanzados del mundo, aspiración que se cumpliría antes de celebrar el Bicentenario.

Sin embargo, en 2020 nos cayó un shock sin precedentes. Según cifras oficiales del Minsa, la pandemia de la COVID-19 a inicios de abril de 2021, poco más de un año después de identificado el primer caso en Perú, ha ocasionado la muerte de más de 50 000 peruanos y borró muchas de las ganancias sociales —en términos de empleo y reducción de la pobreza— que habíamos logrado. Esto en un quinquenio de gran inestabilidad política e institucional en el que escándalos de corrupción, como el de Lava Jato, minaron profundamente la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y de los sectores público y privado entre sí. Todo dentro de un contexto de cambios globales que han hecho al Perú incluso más vulnerable de lo que fue en el pasado. El agravamiento del cambio climático, la mayor frecuencia de desastres naturales, las disrupciones tecnológicas que tienden a tener impactos redistributivos significativos —especialmente en el mercado laboral—, las presiones migratorias, el crimen organizado y el avance exponencial de la ciberinseguridad son solo algunos de los desafíos que exigen acciones que permitan adaptarse a un entorno complejo. Esto definitivamente hace que la complacencia no sea una opción para Gobiernos, empresas y ciudadanos en general.

Muchos de estos problemas demandan soluciones colectivas y mayor cooperación internacional, pues involucran a la mayoría de las naciones. En 2015, la Organización de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, donde estableció un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) con el que se comprometieron más de 190 países. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, los últimos años han estado signados por agendas nacionalistas, proteccionismo y crisis del multilateralismo. Aun cuando los esfuerzos internacionales por lograr la vacunación ante la COVID-19 han puesto nuevamente de relieve lo crítica que resulta la cooperación internacional, y a pesar de que hay un nuevo ímpetu para cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es evidente que la atención de los problemas internos de cada país continuará fomentando que cada uno se fije en sí mismo, en vez de trazar acuerdos y avances globales.

En el caso del Perú, resulta fundamental entender qué ocurrió en las últimas tres décadas para identificar y adoptar una agenda de cambios y reformas que atienda la frustración de grandes segmentos de la población. Sin un claro entendimiento de las falencias del país durante los últimos años, será muy difícil avizorar un sendero para retomar el rumbo hacia el desarrollo. La situación actual introduce un real sentido de urgencia para la toma de decisiones, de manera de desterrar la complacencia y la indolencia de muchos actores con poder de decisión. Esto es, comprender los determinantes de la gran vulnerabilidad del país para proponer cursos de acción que los reviertan. El Perú de hoy es uno donde, lamentablemente, persisten un conjunto de contradicciones y cuyos Gobiernos no han logrado cumplir a cabalidad con las funciones y responsabilidades que les fueron encomendadas.

De la reciente crisis advertimos los siguientes problemas: la incapacidad de proveer servicios públicos de calidad —agua y saneamiento, salud y educación son tres ejemplos dramáticos—; una economía dual en la que solo uno de cada cinco peruanos tiene un empleo adecuadamente remunerado; el incumplimiento de la normas vigentes —laborales, tributarias, regulatorias—, en gran medida debido a la propagación desproporcionada de normas que no son coherentes entre sí, así como de la incapacidad del Estado de velar por su cumplimiento; la ausencia de una mínima cobertura o soporte público que asegure el bienestar de las poblaciones más expuestas a shocks externos; la crisis de valores que exacerba la predominancia de la ventaja individual antes que el bien común del colectivo; y la gran desconexión y desconfianza entre lo público, lo privado y la sociedad en general.

Un elemento que subyace a estos problemas es la fragilidad institucional de nuestro país. En muchas ocasiones, el Perú se ha caracterizado por adoptar políticas acertadas, pese a tener instituciones débiles y un Estado que ha devenido en disfuncional. Nuestra dirigencia política no ha logrado completar las reformas que se acometieron hace tres décadas. Somos un país que se ha quedado a la mitad de la tarea: destacamos en lo macro, estamos a medio camino en lo micro y nos hemos estancado (e incluso retrocedido) en lo social e institucional.

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