Conspiración

Alfonso Lessa

Fragmento

PRÓLOGO

Una noche de 1992, desconocidos que nunca pude identificar me colocaron una capucha y me introdujeron en un automóvil, llevándome a un lugar ignoto para una entrevista previamente concertada.

Yo estaba allí por mi voluntad, en un intento por conocer de qué se trataba aquel fenómeno nuevo que sacudía la escena política y social: atentados explosivos en serie contra dirigentes políticos, que se extendieron a lugares públicos y más adelante lo harían contra otros objetivos, reivindicados por una desconocida Guardia de Artigas. Sus miembros se identificaban como mandos medios del Ejército y esgrimían planteos y demandas fuertemente nacionalistas con duras críticas a la conducción de su fuerza y a los políticos.

Ese, el de las explosiones en serie, fue uno de los tantos fenómenos que sacudieron Uruguay a comienzos de los 90. Hubo también ataques a balazos, el secuestro y asesinato del agente de Inteligencia chileno Eugenio Berríos, la presencia de “carapintadas” argentinos en Uruguay y el anuncio de una presunta internacional militar nacionalista, espionaje entre generales, seguimientos, intervenciones telefónicas, contactos secretos, la caída de un ministro, presiones, fugas. Hubo incluso reuniones secretas del MLN con militares involucrados luego en el caso Berríos, una huelga policial, y la detención de un grupo de vascos acusados de integrar la ETA, tres de los cuales fueron extraditados en medio de enfrentamientos de todo tipo: Mikel Ibáñez Oteiza, Luis María Lizarralde y Jesús María Goitia.

Me tocó cubrir muy de cerca todos esos episodios e incluso ser testigo, en La Habana, de cómo a todo aquello que ocurría en Uruguay, se sumaba un nuevo ingrediente: Hugo Chávez. Esa experiencia y otras informaciones me mostraron una trama que dejaba al descubierto algunos puntos de contacto asombrosos.

En aquel momento guardé abundante documentación; entrevisté a mucha gente; accedí a comunicados —como a veces le ocurría a otros colegas— guardados en lugares insólitos; mantuve encuentros con desconocidos, conversaciones con el jefe del Ejército y otros oficiales de corrientes distintas, y con militares que actuaban en los servicios de Inteligencia; declaré ante la Justicia; fui interrogado por la Policía unas cuantas veces; fui seguido, a veces alevosamente, y tuve, claro está, mis teléfonos intervenidos.

Mucho después, fui amenazado a través de una violenta publicación en Internet cuyo origen fue ubicado por investigaciones policiales en el entorno de un coronel preso. Recibí importantes muestras de solidaridad de Uruguay y del exterior.

¿Qué pasó en aquel entonces? ¿Qué llevó a Uruguay a aquel torbellino que parecía imparable?

En general, cuando hablamos de historia reciente nos referimos a episodios mucho más lejanos, algunos de los cuales ya han dejado de ser “recientes” y han cumplido medio siglo, o más. Pero estos hechos, mucho más cercanos, han sido poco o nada investigados.

Algunos grupos de periodistas jóvenes me consultaron más de una vez sobre aquellos sucesos con la idea de hacer una investigación o escribir algo. Esa curiosidad me terminó de decidir a encarar este libro que hacía tiempo me daba vueltas en la cabeza.

Uruguay vivía el segundo gobierno democrático después de la dictadura —presidido por Luis Alberto Lacalle Herrera—, un período en el que todavía las instituciones eran frágiles, y los militares mantenían de hecho importantes espacios de poder, como ocurría en otros países de la región que habían superado los regímenes autoritarios más o menos al mismo tiempo.

En Chile todo el proceso de transición fue incluso más lento, y en los años 90 el comandante en jefe del Ejército seguía siendo Augusto Pinochet. Aquella fragilidad había llevado a los presidentes de la región, ya desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, a reunirse varias veces y a mostrarse y actuar en conjunto como modo de expresarse un respaldo recíproco.

En aquel marco, después de ratificada en la consulta popular de 1989 la ley de caducidad —una forma de amnistía para militares y policías—, nada hacía prever problemas con las Fuerzas Armadas. Más aún: durante la administración de Lacalle Herrera no hubo reclamos importantes sobre las violaciones de derechos humanos en la dictadura, y ese tema quedó fuera de la agenda.

Pero entonces se desató una dura pugna en el Ejército por el manejo del poder, que además se cruzó con las diferencias políticas respecto del papel de las Fuerzas Armadas. Y a esa situación se sumó una asombrosa falta de conocimiento e información, y hasta de interés, de la amplísima mayoría de los dirigentes políticos de todos los partidos sobre las Fuerzas Armadas, una ignorancia que abría espacios para quienes protagonizaron esos episodios.

¿Hubo puntos de conexión entre todo aquello? ¿Había algo que explicara, aunque fuera en parte, aquella suma de acontecimientos?

Todo indica que sí.

Al principio pensé que con todos los testimonios, documentos, expedientes judiciales y actas parlamentarias que había reunido, así como con el repaso de la prensa de la época, me alcanzaría. Durante la investigación para este libro, sin embargo, me di cuenta de que era necesario recurrir otra vez a unos cuantos de aquellos protagonistas para aclarar algunos puntos y episodios, incluso porque con el paso del tiempo, arriesgaba haber borroneado ciertas cosas. Así es que volví a hablar con miembros de los gobiernos de la época, políticos, militares, jueces y fiscales (con las dificultades y limitaciones que ofrecía la pandemia de COVID, tanto para los contactos personales como para el acceso a archivos). Además, reuní más documentación y volví a hacer un amplio repaso de la prensa. Así pude conocer algunos aspectos y detalles que ignoraba y que, sumados a la información que ya tenía, me permitieron atar puntas que parecían sueltas.

Respecto del caso de Eugenio Berríos —ingresado clandestinamente a nuestro país, “protegido” y/o secuestrado y luego asesinado—, conté con algunas ventajas adicionales: en Uruguay, había logrado acceder hacía ya tiempo a los archivos judiciales de Pando, donde estaba radicada la investigación, rompiendo el cerco que se había impuesto al expediente, que estuvo cerrado durante muchos años a la prensa y también paralizado a cualquier avance en las investigaciones. Debo destacar que en aquella ocasión, en 2005, logramos encontrar un informe muy relevante: las primeras conclusiones de la investigación que realizaba la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional, que marcaba contradicciones entre los declarantes, omisiones e irregularidades que justificaban nuevos interrogatorios, el pase del caso a la Justicia Militar y eventualmente a la Ordinaria. Las conclusiones del informe definitivo no pudieron ser encontradas más tarde ni en Pando ni en el Ministerio de Defensa. Y en cuanto a Chile, tuve la oportunidad de entrevistar en Santiago a varios protagonistas centrales del caso, y por lo tanto de conversar detenidamente con ellos, en cámara y fuera d

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