Modelos
femeninos
del mundo antiguo

La división de los sexos en el derecho romano

Yan Thomas

La división de los sexos: una norma obligatoria

La mujer no constituye una especie jurídica aparte: el derecho romano tuvo que resolver innumerables conflictos en los que se hallaban implicadas mujeres, pero jamás intentó formular la menor definición de qué era la mujer en sí —aun cuando, para muchos juristas, el lugar común de su debilidad de espíritu (imbecillitas mentis), de su ligereza mental y de la relativa imperfección de su sexo en comparación con el de los hombres (infirmitas sexus) servía como sistema explicativo completamente natural de sus incapacidades legales. En cambio, para el derecho hay algo primordial: la división de los sexos en tanto tal. Podría creerse que se trata de algo evidente y que la reproducción sexuada constituye un hecho natural que el derecho tiene tácitamente en cuenta en su sistema. Es, sin duda, lo que ocurre en el Código Civil francés y en todos los derechos modernos occidentales, que llevan la recepción de este presupuesto a tal punto de eufemismo que si nos atuviéramos a la letra del texto, podríamos sostener paradójicamente que para los franceses de hoy en día que se van a casar no es requisito pertenecer a sexos diferentes. Por el contrario, en la tradición jurídica romana, lo mismo que para el derecho canónico, las evidencias se enuncian y se repiten, incluso machaconamente. Pues lo que quiere que todos los ciudadanos romanos se dividan y se reúnan en hombres y mujeres, en mares y feminae, no es sólo un hecho, sino una norma. Luego se verá que se trata de una condición completamente explícita del matrimonio. La norma, sin embargo, nos ha quedado claramente indicada en el caso límite en que, según la modalidad casuística del derecho romano, el principio se establece tal como se traza una frontera, para determinar las divisiones que la realidad no deja aparecer: el caso del hermafrodita.

La casuística del hermafrodita

Para los casuistas de Roma, que cultivaban de modo sistemático especies raras en que los hechos se escogían preferentemente como irreductibles a las operaciones de clasificación que se les imponía, y en que, justamente por esta razón, el juicio debía suponer abiertamente lo arbitrario de una elección radical, el hermafrodita constituía un terreno predilecto para confirmar el imperativo de la división sexual. En él descubre el arte jurídico que no hay alternativa a un sistema fundado en la alteridad. En esto, en términos más generales, la lógica de los jurisconsultos obedece al imperativo de todo montaje institucional, que estriba en ordenar la máquina social según el principio de división. Entendemos —con ayuda de los trabajos de P. Legendre sobre la dogmaticidad occidental en su doble tradición romanista y canónica— que la división no se reduce simplemente a un procedimiento de funcionamiento dualista de las sociedades según las estructuras elementales del intercambio y de la reciprocidad, como pretende una cierta antropología estructuralista, fascinada por las parejas de oposiciones multiplicadas en serie, sino que la división sólo es posible en relación con un principio que la funde, distinto de la práctica de la división y necesariamente exterior a ella: es el tercer término, respecto del cual la oposición tiene lugar. En este caso, la regla jurídica que quiere que haya dos sexos. De esta suerte no sólo se garantiza que las operaciones dicotómicas que el derecho pone en acción sean racionales, sino también que estén fundadas. A partir de ahí, los casuistas del Imperio romano, aun cuando —apoyándose, sin duda, en una jurisprudencia republicana (e incluso pontifical) muy anterior— enunciaran la norma de la división de la humanidad en hombres y mujeres, aportaban, con el laboratorio experimental de la casuística, la verificación de que, para resolver las ambigüedades de la naturaleza, no había otra solución que reducirlas a uno u otro de los dos géneros establecidos por el derecho. Al andrógino se lo declaraba necesariamente hombre o mujer, tras un cuidadoso examen de la parte que en él correspondía a cada sexo.

Las cuestiones que se han planteado al respecto no son en absoluto absurdas: sirven para poner en escena, al hilo de la controversia, la verdad del principio de la distinción de los sexos. Por ejemplo, ¿tenía el hermafrodita derecho, en tanto hombre, a casarse y nombrar heredero al hijo póstumo que eventualmente naciera de su esposa legítima (y que, por tanto, le sería atribuido) en los diez meses siguientes a su muerte? Sí, asegura Ulpiano, quien probablemente siga aquí las opiniones anteriores de Próculo y de Juliano, pero “a condición de que en él prevalezcan los órganos viriles”. Así pues, hay que admitir a título de corolario que había hermafroditas mujeres, incapaces de instituir un póstumo (puesto que las mujeres no tenían descendencia legítima), incapaces también, por la misma razón, de tener herederos “suyos”, es decir, descendientes que les sucedieran sin testamento, de pleno derecho y automáticamente. Otra cuestión: ¿podría un hermafrodita asistir como testigo a la apertura de un testamento, lo que, en Roma, era un “oficio viril”? Sí, responden los textos, pero según “la apariencia que presenten sus órganos genitales cuando se los calienta”. La respuesta del derecho, como se advierte, elimina deliberadamente la aporía. El hermafrodita no representa un tercer género. “Se debe decretar que pertenece al sexo que en él sea predominante”: masculino o femenino.

Pero para establecer la radicalidad de esta división hay que abordar aún la hipótesis de que en tal sujeto se presenten ambos sexos por partes iguales, pues hay que clasificarlo necesariamente de una u otra manera. Observemos de paso que se trata de una cuestión estrictamente jurídica, a saber, el planteamiento de un caso indecidible en términos de discriminación natural. Es una cuestión que plantea el derecho romano y que también ha planteado, y abundantemente, el derecho canónico, a propósito de las “irregularidades” corporales que impiden a un hombre recibir el sacramento de la Orden, porque tales irregularidades podrían privarlo de su masculinidad, condición necesaria para la ordenación. Por el contrario, la tradición médica antigua, puesto que no tenía por qué identificar los sexos en función de una norma de división obligatoria, planteaba la existencia del uterque sexus como una verdadera mezcla de géneros en la que no había por qué decidir. La tradición religiosa, por su parte, trataba este fenómeno en términos de prodigio, como lo muestran las abundantes noticias de anales consagradas a la expulsión de los hermafroditas, sobre todo ahogados en el Tíber. Pero el derecho era lo único que podía compeler a integrar a ese ser ambiguo en uno u otro género, aun cuando, por absurdo, fuera compartido por igual entre ambos.

La conjunción de los sexos: advenimiento y perpetuación del vínculo social

El derecho romano, por tanto, ha convertido la división de los sexos en una cuestión jurídica; no la trata como un presupuesto natural, sino como una norma obligatoria. He allí un dato absolutamente indispensable para comprender que las particularidades de la condición jurídica de las mujeres —de lo que se hablará en este capítulo— no encuentren su sentido tan sólo en el mero marco general de la sociedad romana y no pueden relacionarse únicamente, como hacen tantos historiadores, con las evoluciones económicas y sociales, sino que se articulan también indisociablemente según una norma de la complementariedad de lo masculino y lo femenino. En consecuencia, no se trata tanto de su condición de mujeres, como de la función legal que obligatoriamente se imparte a los dos sexos. Nos hallamos aquí ante una estructura indefinidamente reproducible, puesto que su reconducción, organizada por el derecho de la filiación, asegura la reproducción de la sociedad, al instituir a hombres y mujeres como padres y madres (más adelante se verá según qué procedimientos), y reitera en cada nueva generación no ya la vida, sino la organización jurídica de la vida.

El acto en que la sociedad se fundaba no podía representarse de otra manera que según el modelo de aquél gracias al cual se perpetuaba legalmente: todo había comenzado, así como todo volvía a comenzar, con “la unión del hombre y de la mujer”, “coniunctio [o coniugium, o congressio] maris et feminae”. La separación y la unión de los dos sexos, en su legitimidad, pertenecía al orden del fundamento. Por lo demás, ése es el nudo esencial del malentendido que establece la división entre, por un lado, los juristas, y por otro, los historiadores o los sociólogos. En efecto, para los últimos, la idea de fundamento del vínculo social, relegada a la esfera ideológica o mitológica, sólo tiene un alcance simbólico, mientras que, si se considera el funcionamiento real de las parejas jurídicas, se advierte que la apelación a la norma fundacional sirve para realizar, formalmente, la renovación de una entidad social indefinidamente reproducible.

Es aquí, precisamente, donde la conjunción de los sexos desempeña su papel respecto de los dos órdenes complementarios del origen y de la marcha natural de las instituciones. Es frecuente ver a los romanos de la época clásica comenzar por remontarse hasta el advenimiento del vínculo social, tal como sus lejanos antepasados lo habían hecho ya con los mitos, para solemnizar, para dar carácter jurídico, para otorgar valor de institución humana fundamental a la “unión del hombre y la mujer”. Cicerón remitía todo el desarrollo social a ese momento primordial de la conjunción de los sexos. Esta unión era la que producía, en primer lugar, la descendencia, prolongada en múltiples generaciones, hasta la primera escisión de las unidades constituidas en torno a la pareja originaria; y es también ella la que, en círculos cada vez más amplios, multiplicaba las relaciones de la sociedad a través de la alianza, la ciudadanía, la nacionalidad. Igualmente, el agrónomo Columela, retomando, a través de una adaptación latina, el Económico de Jenofonte, fijaba en este primer encuentro carnal el destino de la especie humana. Para los juristas del imperio, el encuentro de los sexos dominaba todo el encadenamiento institucional; en ese encuentro el derecho civil se unía al derecho natural, puesto que, tal como declaran en el tercer siglo los Instituta de Ulpiano, que los Instituta de Justiniano recogen en los mismos términos, de la existencia de las especies vivas derivaba “la unión del macho y la hembra que nosotros, los juristas, llamamos matrimonio”. Cuando el jurista Modestino, más o menos en la misma época, se esforzaba por formular una definición del matrimonio, comenzaba por remitir a la coniunctio maris et feminae, que subordinaba todas las uniones particulares a la universalidad del encuentro de dos géneros y fundaba la legalidad de su acontecer en la institución originaria que tales uniones reproducían en el tiempo.

Sin embargo, si bien el acuerdo carnal se hallaba en el inicio mismo de la constitución del matrimonio, su realización no era esencial al matrimonio, una vez constituido: no hacía al estado jurídico de esposo que la unión se hubiera consumado físicamente. Más adelante se verá qué consecuencias implica, para el papel del hombre y de la mujer en la filiación, la abstracción de un acoplamiento pura y simplemente supuesto. Por ahora, esta particularidad nos servirá para destacar que, si la unión legítima, al margen de su realidad concreta, aseguraba la misma función de que estaban investidos el hombre y la mujer unidos corporalmente, ello se debe a que, en el dispositivo jurídico, la sexualidad se convertía desde el primer momento en normas relativas al estatus. La división obligatoria de los sexos se ponía abstractamente al servicio de una definición legal de sus roles, en un sistema de organización que no dejaba lugar a los azares biológicos y suponía verdaderos, sin necesidad de verificación, los hechos y los actos de naturaleza física a los que se sobreimponía una naturaleza jurídica.

Hombres y mujeres: cuestión de estatus

La naturaleza jurídica del hombre y de la mujer unidos en matrimonio se realizaba plenamente en sus títulos respectivos de padre y madre; más precisamente, en la apelación, que implica toda una serie de caracteres relativos al estatus, de paterfamilias para el hombre y de materfamilias o matrona para la mujer. El que se trate de calificaciones jurídicas relativamente autónomas respecto de las situaciones reales a las que se refieren, y el que no sea siempre exacta la adecuación entre la paternidad y su nombre o entre la maternidad y su título, es algo que se trasluce claramente en el hecho de que en ciertos casos era posible llamar pater y mater a hombres y mujeres sin hijos; y, además en el hecho de que, a la inversa, no todos los hombres con hijos, incluso padres legítimos, tenían necesariamente el estatus de padre. Sin embargo, a diferencia de los hombres, las mujeres, para merecer el título de “madres de familia”, debían estar en condiciones de dar a su marido hijos legítimos. Se ve así aparecer, a ambos lados de la línea divisoria de los sexos, ciertas correspondencias y ciertas disimetrías. En primer lugar, correspondencia de las ficciones, pues los ciudadanos designados como paterfamilias y como materfamilias no eran necesariamente los padres de una progenie de ellos surgida; pero también divergencia, pues si no todos los hombres que tenían hijos o hijas legítimos eran jurídicamente investidos de su función paternal, en cambio —desde el punto de vista del estatus— se reconocía como “madres” a todas las esposas que habían dado hijos o hijas a su marido. Con este reconocimiento obtenían una honorabilidad, una dignidad, incluso una “majestad”, a través de las cuales se manifestaba el brillo cívico, aunque no político, de su función.

Si, como hipótesis inicial, se considera que el sujeto jurídico de la mujer no se comprende fuera del régimen de las relaciones entre los sexos, es menester otorgar la mayor importancia a lo que en el estatus materno corresponde simétricamente al estatus paterno o de él se aparta; es menester empezar por analizar, en la institución misma por cuyo intermedio el hombre y la mujer se unen, es decir, en el matrimonio y en la filiación legítima, que son una y la misma cosa, las equivalencias y las desemejanzas que componen el tejido jurídico de sus relaciones. Para comenzar, ¿por qué la maternidad (al menos en la medida en que se la designa desde el punto de vista del estatus, es decir, como es de suponer, en el interior de la unión conyugal) presenta esa mezcla de ficción social y de verdad —de ficción en tanto una esposa sin hijos recibe el nombre de “madre”, y de verdad en tanto no hay madre de hijos legítimos que no tenga derecho al honor matronal—, mientras que, tratándose del paterfamilias, la posesión de una descendencia obtenida de una esposa no basta para gozar de esa prerrogativa? ¿Cuál es el sentido jurídico de esta relativa heterogeneidad de los hechos que otorgan a la esposa un título asociado a su naturaleza física y al hombre un derecho privado de toda relación con su propia identidad de genitor? ¿Qué es lo que tal disparidad nos enseña acerca de la división funcional de los sexos a la que ha procedido el derecho romano? Por último, ¿en qué encuentra su unidad el estatus jurídico de las mujeres romanas —y más allá de esto, tal vez, el estatus de mujeres en el Occidente de tradición romano-canónica—, a la vista del rol que el derecho de la filiación imparte a su sexo?

Este estatus, en su conjunto, es el resultado de muchas reglas, complejas y sobre todo evolutivas: su coherencia no es evidente. Las incapacidades que integran su parte más original, esa a la que, en todo caso, los historiadores del derecho han dedicado toda su atención, forman un régimen aparentemente caótico. Más adelante volveremos sobre este régimen de las incapacidades, en tanto constituye un sistema bien coherente: entonces veremos que la mujer no era incapaz por sí misma, sino únicamente para representar a otros; que su esfera de acción jurídica no se extendía casi más allá de su propia persona. Y además, para dar sentido a este análisis, es menester relacionar todos los elementos con esta división primordial de los sexos que ha sido nuestro punto de partida. A través de los cambios de ciertas prácticas sociales, a través de las evoluciones legislativas, las modalidades de esta división se ordenan y se adaptan a las transformaciones de la sociedad: eso es evidente. Pero, desde el punto de vista del jurista —que es el que hemos adoptado aquí—, una historia que sólo tuviera por objeto los cambios perdería de vista lo esencial: las estructuras de las que tales cambios sólo son un modo de adaptación en el tiempo. Subsiste la institución que establece entre el sexo masculino y el sexo femenino relaciones diferenciadas, correlaciones dispersas, de las que el régimen de incapacidades —que también evoluciona— no es más que un síntoma.

Relieve en piedra de una hetaira que pertenece al trono Ludovisi. Una mujer desnuda está sentada sobre un cojín tocando el aulós.

Muy a menudo la historiografía trata de las mujeres en términos de desigualdad, de inferioridades jurídicas y políticas y de emancipación. De tal suerte, concibe esta disparidad como característica de una sociedad considerada en bloque: las incapacidades de la mujer romana no serían otra cosa que la traducción institucional de la situación de inferioridad en que las tenía sumidas una sociedad de dominación masculina. A partir del trabajo de P. Gide, que todavía goza de autoridad, se ha hecho clásico el argumento que relaciona este estado de subordinación con una diferenciación de los roles sociales que confinaba a las mujeres a la esfera de las actividades domésticas, para dejar a los ciudadanos varones (la propia asociación de ciudadanías y masculinidad resulta tautológica) el monopolio de las relaciones públicas y de la política. Es indiscutible que la ciudad antigua, tanto la griega como la romana, era, para retomar una expresión de P. Vidal Nacquet, un “club de hombres”. Sin embargo, en el caso de Roma vale la pena preguntarse qué significa exactamente una ciudadanía a la que sólo las mujeres, al traer bastardos al mundo, podían dar acceso. Pues aunque es cierto que el matrimonio era indispensable para la transmisión del derecho de ciudad por vía masculina —aunque es cierto que para poder producir un ciudadano, un hombre necesita fijar su paternidad a través de una esposa legítima—, la ciudadanía también se transmitía, fuera del matrimonio, por mujeres solteras o concubinas: en este caso, la autonomía del derecho materno era perfecta, mientras que no había autonomía alguna del derecho paterno. De tal manera que el adagio historiográfico según el cual “el matrimonio es a la mujer lo que la guerra es al hombre”, si bien puede ser verdadero en el plano de las representaciones sociales, es falso en el plano de las realidades institucionales: en términos rigurosos, el matrimonio es indispensable tan sólo para los hombres, y la sociedad lo había instituido exclusivamente para ellos. Dejemos esto por ahora. Sólo digamos que esta manera de plantear el problema de las relaciones entre lo masculino y lo femenino en el mundo antiguo, por la desigualdad y la exclusión, pone a las mujeres fuera de la ciudad, pero también, y al mismo tiempo, pone la división de lo masculino y lo femenino fuera de la política y del derecho. Los trabajos de N. Loraux sobre la autoctonía ateniense muestran hasta qué punto, por el contrario, pensaron los griegos la oposición de los géneros e intentaron salvarla imaginariamente, desde el momento en que para ellos se trataba de expresar el origen y la esencia de la ciudad como agrupación sexuada.

En la otra cara del trono Ludovisi, otra mujer, una novia velada, saca incienso de una píxide para quemarlo ante el thymaterium que tiene ante ella. Estas dos mujeres representan imágenes del culto a Afrodita, diosa del amor. También reflejan dos estatus de la mujer griega y romana, la hetaira y la mujer casada. Roma, Museo Nacional y Museo de las Termas.

En Roma, la división de los sexos no es un dato primario, sino un objeto sabiamente construido por el derecho. En estas condiciones es difícil contentarse con una problemática de la inferioridad jurídica que considerara esta división misma como ajena a su cuestionamiento, pues es la institución central del derecho, la institución que gobierna la filiación y las sucesiones. En general, el estatus masculino y el femenino no se relacionan sólo con un tipo de organización política y social —la ciudad—, considerada como medio más o menos favorable a la desigualdad entre los sexos; y tampoco la igualdad, a menos que se la historice como tal, es un parámetro en virtud del cual se pueda escribir una historia de las mujeres concebida linealmente como una serie de avances y retrocesos, de emancipaciones y de obstáculos a la emancipación. Estos estatus forman también una arquitectura jurídica en que las diferencias son construidas: y es precisamente a esta construcción a la que hay que interrogar. El estrechamiento de la cuestión cambia a la vez su objeto. No se trata ya de comprender la exclusión de las mujeres en relación con un mundo que les es extraño (ni tampoco su lenta y parcial integración en ese mundo declinado en masculino: a la manera en que hablaban los intérpretes latinos cuando admitían que, en determinados contextos, tal palabra “empleada en sexo masculino se extiende a ambos sexos”); se trata más bien de destacar su relación con los hombres en un derecho que instituye su encuentro, y de analizar los elementos de su régimen de estatus como otros tantos índices de su complementariedad en relación con el régimen de los derechos masculinos.

La mujer, “comienzo y fin de su propia familia”: poder y transmisión

Poder paterno y sucesión continua

Comencemos por el hombre, pues el estatus de la mujer no tiene sentido si no es en relación con el del hombre. Éste es un dato esencial, aparentemente extraño y paradójico, que nos mostrará sobre qué tipo de sujeto edifica el derecho romano la sexualidad. Un padre de familia (paterfamilias) no recibe la calificación de tal por haber engendrado hijos legítimos: se podía tener descendencia sin ser “padre”. A la inversa, se permitía a un hombre llevar este título sin haber engendrado ni adoptado jamás un hijo. Pues, según la terminología jurídica, pero también en el uso corriente de las denominaciones y de las formas de tratamiento, se llamaba paterfamilias tan sólo al ciudadano que ya no estaba bajo la potestad paterna de ningún ascendiente en línea masculina. En adelante, él mismo ocupaba en esta línea la posición del último grado de ascendencia, ya fuera que su padre hubiera muerto, ya que hubiera sido emancipado por su padre o por su abuelo, que habían roto todo vínculo jurídico de potestad con él; él mismo se hallaba —realmente si tenía hijos, y virtualmente si no los tenía— en condiciones de ejercer la potestad de padre sobre su descendencia. El acontecimiento jurídico que hace de un hombre romano un pater no es, pues, el nacimiento de un hijo, sino la muerte de su propio pater, a partir de lo cual deja él de ser un hijo. Junto con la herencia, en el instante en que su vida de sobreviviente tomaba el relevo de la del muerto se le concedían los derechos sobre su descendencia. Sistema perfectamente soldado que no admite ninguna grieta. Pues para que se produjera el relevo era necesario que el vínculo jurídico, vínculo de potestad, no se rompiera, por ejemplo, por una emancipación, una adopción, una reducción a la esclavitud del padre o del hijo, en resumen, por ninguna salida del sucesor fuera de la esfera jurídica potestataria del difunto, antes, hasta e incluso en el momento mismo de su muerte.

Las mujeres eran rigurosamente ajenas a este orden sucesorio. Es cierto que las hijas accedían a la sucesión del padre al igual que los varones, pues, lo mismo que sus hermanos, estaban sometidas a su poder. Esta igualdad sucesoria existe, en principio, desde la ley de las XII Tablas (450 a.C.) y nada, en las prácticas jurídicas imperiales, señala que se la haya cuestionado. Pero la recíproca no es verdadera. Los hijos quedaban excluidos de la sucesión de la madre (salvo mediante rodeos que analizaremos más adelante), porque entre ésta y aquéllos no había ninguna relación jurídica que viniera a sustituir la filiación natural. La filiación materna se reconocía en Roma, por cierto, y es en verdad una pérdida de tiempo querer recordar siempre su importancia, que sólo puede pasar inadvertida al historiador no informado. Y también es inútil relativizar la del vínculo agnático, es decir, el parentesco masculino, cuyo predominio sólo se supone real en los tiempos arcaicos (aunque no contemos con pruebas fehacientes de ello). Pues no se trata aquí —contrariamente a lo que propone una historia sociológica que presta poca atención a las regulaciones jurídicas de lo social—, del parentesco e incluso de la filiación, sino más bien de un artículo de derecho sucesorio que las oculta. No hay sucesión sin potestad paterna: la institución del derecho paterno cubre el parentesco, duplica la filiación al punto de incorporársela por entero o de dejarla subsistir a veces fuera de ella, vacía de contenido jurídico (como cuando, a consecuencia de una adopción, que crea un vínculo de naturaleza potestativa, la filiación anterior sólo permanece como una simple relación “natural” privada de efecto patrimonial). En derecho civil romano, la sucesión que los padres destinan a sus hijos e hijas no obedece, para hablar con rigor, ni al principio de la agnación ni tampoco, más en general, al de la filiación. Requiere además el revestimiento jurídico de la potestad paterna, que hace las veces de vínculo vital entre ascendientes y descendientes.

El caso de los póstumos, al que, por razones de orden teórico, los juristas consagraban un apasionado interés, se regulaba por ese mismo espíritu, merced a una serie de artificios que prolongaban, hasta en el vientre de la mujer encinta, el poder del marido muerto. Por esta razón, como he mostrado en otro sitio, una casuística muy original aislaba, entre los alimentos que absorbía una mujer embarazada para nutrirse y para nutrir su “vientre”, aquellos que, exclusivamente destinados al hijo en ciernes, provenían únicamente del patrimonio de su padre muerto. Esta división puramente ficticia de la naturaleza jurídica de los alimentos es un extraordinario ejemplo del rigor con el que el derecho romano concebía la sucesión masculina: estaba regulada por el poder, por la presencia jurídica continua de un padre bajo cuya dependencia jurídica se debía estar hasta el momento de la sucesión, y que, en el caso límite de los póstumos, debía prolongarse artificialmente hasta el nacimiento mismo. Nada más significativo a este respecto que la manera en que los juristas definían el estado de póstumo, con ayuda de una ficción jurídica formulada como tal como Gayo: “Los póstumos que, de haber nacido en vida del padre, se habrían hallado bajo su potestad, son sus herederos legítimos”.

Para comprender, por antítesis, la naturaleza de la filiación materna y, a través de ella, el papel que el derecho civil impartía a las mujeres, lo más importante es percatarse de que la potencia de que son privadas no se reduce al ejercicio de un “poder” de tipo patriarcal: es inútil perseguir el arcaísmo de una institución acerca de la realidad de cuyo funcionamiento los historiadores-sociólogos se mantienen escépticos. Se trata mucho menos de poder real y de su ejercicio que de la institución artificial, ideal, abstracta, de la filiación masculina (por oposición, se verá esto en la filiación materna); lo que le daba valor jurídico era un vínculo suplementario que el derecho calificaba de “potestad”. Cuando, por una u otra razón, este vínculo se rompía, hijos e hijas quedaban marginados de la sucesión. En tal sistema, los herederos legítimos no eran los primeros descendientes de un antepasado muerto, sino, más precisamente, los descendientes que, en el momento de la muerte del ascendiente, se encontraran todavía bajo su “potestad”. Para marcar la heteronomía que presidía las sucesiones en descendencia, los romanos acuñaron el sintagma “heredero suyo” (heres suus), forjado en los tiempos más arcaicos y todavía vigente en las codificaciones justinianas: designaba al heredero “bajo potestad de quien muere”. Cuando el pretor urbano, a finales de la época republicana, abrió una nueva clase de posibles herederos al acordar la entrega en posesión de bienes a favor de los hijos emancipados —clasificados en la clase de los liberi— hubo que admitir la ficción de que a estos nuevos sucesores, en adelante nombrados junto a los sui, “también se los consideraba haber estado bajo el poder de su padre en el momento de su muerte”. En resumen, cuando el derecho pretoriano completaba el orden tradicional de los sucesores civiles, se creía que se debía incluir, a título de ficción, la permanencia de una potestas imaginaria, sin cuya representación el sistema no podía funcionar.

Aún una palabra más, para decir que este funcionamiento jurídico escapa por completo a los datos sociales con los que se lo querría confundir inmediatamente. Las instituciones que acabamos de describir toman su sentido en relación con otras instituciones —como la concebida antitéticamente— de la sucesión materna. Pero es mal método el compararlas, antes de haber comprendido en qué marco jurídico se integran, con la estrecha zona de los hechos que parece corresponderles. Así ocurre, sobre todo, con la patria potestas, que se halla en el corazón de la división jurídica de los sexos. Es absolutamente inútil, por ejemplo, buscar, a partir de los datos demográficos que nos brindan las inscripciones funerarias, la proporción de los ciudadanos y las ciudadanas que, en su edad adulta, se encontraban todavía bajo potestad de un padre: que hubiera habido muy pocos —supongamos que una cuarta parte— no autoriza, evidentemente, a decir, como hace R. Saller, que en la época imperial clásica esta institución ya casi no tenía importancia práctica y que sólo era una sobrevivencia formal de los antiquísimos tiempos que la habían forjado. Pues entonces, habría que suponer —lo que pocos historiadores se animarían a hacer, por imaginativos que fueran— que los hombres morían más viejos en la época arcaica, ¡en esa época en que la potestad paterna se justificaba todavía por su posible aplicación! Semejante razonamiento sería absurdo, y su absurdo muestra que el problema reside en otro sitio. Una institución nunca es el reflejo de una práctica social, y su importancia no se mide por las verificaciones que permita su inmediata confrontación con los hechos. Si uno se contenta con creer que la “patria potestad” es un poder concreto (lo que también es, pero no sólo eso), se descuidará su papel toda vez que se compruebe que este poder no se ejerce. Pero si, más interesados por los mecanismos de ficción mediante los cuales se rige toda vida social humana, nos lanzamos a descubrir en qué registro opera tal o cual justificación jurídica, nos daremos cuenta enseguida de la eficacia de esta misma potestad; ésta no se descubre en el autoritarismo patriarcal en el que el sociólogo lo esperaría (aun cuando a veces también se la pueda descubrir aquí), sino en las regulaciones sucesorias de la filiación legítima: la potestad es el “vínculo de derecho” (para retomar una famosa fórmula con la que un jurisconsulto definía la obligación) que sustituye al vínculo natural que no basta para la paternidad, contrariamente a lo que ocurre con la maternidad. Vínculo de derecho que, ya se ha visto, no nace del nacimiento del hijo, sino de un hecho jurídico; vínculo que acontecimientos diferentes de la muerte pueden romper; vínculo necesario y suficiente para abrir una sucesión legítima que, patrimonio interpuesto, lo perpetúa.

La falta de sucesión materna no es una cuestión de parentesco

¿Por qué esta organización tan compleja, en la que se ve con toda claridad que la filiación no es una condición suficiente? Tal vez el lector encuentre extraña la insistencia en el análisis del régimen de derechos masculinos en un capítulo de historia de las mujeres. Pero es imposible proceder de otra manera, si es que se quiere aportar una clarificación cierta —y no conformarse con aproximaciones sobre la inferioridad de estatus de las mujeres romanas, o incluso con evidencias falsas extraídas del parentesco agnático que, se cree, habría sido el único parentesco legal— a la cuestión de la intransmisibilidad por línea materna. Tenemos un enorme interés por comprender por qué, en la rama masculina, la transmisión requiere, en el momento mismo en que se opera, la continuidad de un poder: entonces, la ausencia de este mismo poder en la rama femenina podrá situarse en el corazón del estatus femenino.

Este rodeo por los montajes jurídicos que permiten la sucesión de los descendientes en línea masculina era indispensable para comprender mejor las razones por las cuales, en Roma, se excluía de ella a las madres de familia. Si una mujer —y esto desde la época más arcaica hasta el final de la historia del derecho romano, consignado por las compilaciones justinianas— no tenía herederos “suyos” que le hubieran sucedido a su muerte, ello no se debía tan sólo a una razón de parentesco, sino también, y sobre todo, a que el vínculo de filiación entre sus hijos y ella no era absorbido por la técnica institucional de un “poder”. Es verdad que en Roma el derecho de sucesiones legítimas sólo reconocía a los agnados: podía creerse así que la evicción de los maternos era un elemento constitutivo del parentesco. Según la ley de las XII Tablas (450 a.C.), que constituía la base de sustentación de todo el sistema de sucesiones intestadas, únicamente los descendientes por vía masculina (hijos e hijas del padre, nietos y nietas nacidas del hijo del padre, etc.) heredaban en primera línea; en segunda línea heredaban los colaterales del lado paterno, a los que la ley designaba “agnados”. En la clase de los descendientes, se llamaba por igual a muchachos y chicas; en la clase de los colaterales, una evolución cuyo origen ignoramos (o una ley que se puede suponer que fue la ley Voconia de 169 a.C.) terminó por restringir el círculo agnático de posibles herederas a las hermanas consanguíneas; las hijas del hermano, tías paternas y primas patrilaterales quedaban excluidas. En todo caso, si comprendía por igual a mujeres y hombres —por igual a hijas e hijos, hermanas y hermanos—, el derecho sucesorio romano dejaba de lado a todos los parientes por línea materna: los hijos no sucedían a su madre, ni los sobrinos a los hermanos o hermanas de su madre, ni los primos a los hijos de los hermanos o hermanas de su madre. A primera vista nos hallamos, pues, ante un sistema de parentesco que, por lo que hace al derecho sucesorio, no deja espacio alguno al vínculo de filiación materna. Sin embargo, si se reflexiona con calma, el parentesco no basta para dar cuenta de esta evicción. Hace falta, además, una organización jurídica que se superponga al parentesco y que, en cierta medida, lo disimule. Los descendientes llamados a título de sui no se confundían simplemente con los agnados, sino que eran también, y sobre todo, descendientes bajo potestad. Los hijos con los que se rompía este lazo jurídico, como se ha visto, perdían su calidad de herederos. Pero, ¿se debía tal cosa a que, de esa manera, quedaba abolido todo parentesco con ellos? No, sin ninguna duda, puesto que conservaban con su padre un vínculo de filiación que entonces se llamaba “natural”: la naturaleza venía a reemplazar a la carencia de derecho. Este vínculo calificado por la naturaleza se consideraba el sustrato permanente de una filiación despojada de revestimiento jurídico. “Padre natural” se llamaba al padre emancipador, o al padre que había hecho adoptar a sus hijos para ponerlos bajo la potestad de otro. Pero la disolución de la relación potestativa, de la que dependía todo el orden sucesorio, no hacía cesar la filiación misma, que continuaba recibiendo, en otros registros, la sanción del derecho. Solidaridades judiciales, obligación alimentaría, deberes de piedad: todo esto subsistía.

La madre no tiene la patria potestas

Un análisis institucional estricto lleva, pues, a separar del sistema de parentesco propiamente dicho la lógica de los mecanismos sucesorios. Ahora bien, la inexistencia de tal organización jurídica del lado materno es tan determinante para explicar la falta de vocación sucesoria en la descendencia de las mujeres como lo es su existencia para explicar esta vocación en la descendencia de los hombres. No se ha destacado lo suficiente que los textos jurídicos en los que se menciona un fundamento de la ausencia de sucesión materna no evocan solamente el parentesco. Ningún texto dice que los hijos no sean herederos legítimos de su madre únicamente porque ésta fuera su cognado, y no su agnado. Lo que los juristas enfatizaban era más bien que una madre no tenía la patria potestas. Múltiples son las consecuencias de este hecho. Por ejemplo, las mujeres no podían elegir un heredero por adopción: “las mujeres no pueden adoptar de ninguna manera, puesto que ni siquiera sus descendientes naturales están bajo potestad”. Pero, sobre todo, y contrariamente a lo que ocurría con el padre, la madre no poseía “suyos” que dependieran de su potestad en el momento de morir ella y que estuvieran llamados a prolongarla —a lo que habían estado si el derecho, mediante este artificio, los hubiera soldado a la madre e incluido en su dependencia—, a continuar, después de su muerte, la unidad jurídica que habrían constituido con ella en vida. Ésta es la razón por la cual, a la inversa de lo que nos decía Paulo acerca de la continuación, que hacía creer en la identidad del muerto y el vivo cuando el heredero es, de pleno derecho, investido de la herencia paterna, un texto de Gayo nos permite comprender perfectamente la discontinuidad, la ruptura que se producía cuando un hijo tomaba posesión de los bienes de su madre, si ésta lo había inscrito en su testamento. El hijo no tenía la calidad de suus, sino, como cualquier extraño, de heredero ‘externo’; en tanto tal, se le reconocía el derecho de aceptar o de rechazar la sucesión, tras un periodo de deliberación: “a nuestros descendientes instituidos herederos en virtud de nuestro testamento, se los considera ‘externos’ si no se encuentran bajo nuestra potestad. Así, los hijos a los que la madre instituye herederos pertenecen a la categoría de los externos, puesto que las mujeres no tienen a sus hijos bajo su potestad”.

El régimen de la sucesión intestada funciona gracias a dispositivos fabricados a contrapelo del parentesco. De donde esta contraprueba que se encuentra en el derecho antiguo. En una época en que las mujeres todavía se casaban bajo el régimen de la manus (potestad marital), entraban como hijas (filiae loco) en la casa de su marido y le sucedían con los otros descendientes inscritos en su potestad, en la clase de los “herederos suyos”. El derecho podía entonces considerar a las madres como hermanas consanguíneas de sus propios hijos, puesto que, al igual que éstos, pertenecían ellas a la esfera jurídica y a la potestas de un mismo jefe de familia. Por este artificio del derecho se admitía que los hijos heredaran a su madre, pero en tanto la madre era para ellos una agnada. Este ejemplo nos permite ver a qué podía reducirse el parentesco agnático: al vínculo que resulta de haber pertenecido a la esfera de un mismo poder. Si se observa más de cerca la situación, éste es el caso, virtualmente, de todos los agnados herederos: hermanos y hermanas habían dependido de la misma potestad paterna; tíos y tías paternos, y también sobrinos, puesto que el padre de los primeros era el abuelo paterno de los segundos; si el poder del abuelo no había tenido tiempo de ser realmente ejercido en una profundidad de dos generaciones, la de los tíos y la de los sobrinos, se podía considerar que la posibilidad de su ejercicio bastaba para unirse a los parientes que hubiera reducido a la unidad de su dependencia; y lo mismo ocurría para los primos patrilaterales, agnados y herederos entre ellos por haber podido estar en situación de obedecer al mismo abuelo. De manera que, en su conjunto, el orden sucesorio agnático —el orden sucesorio que no deja espacio alguno para la filiación materna— era una construcción jurídica que tenía por eje la unidad y la continuidad del poder.

Lo que confirma este análisis y la prevalencia que se reconocía a la arquitectura institucional es la abundancia casuística que se encuentra en el Digesto a propósito del suus heres, sobre la cuestión del efecto jurídico de las rupturas de continuidad. Un descendiente no podía heredar de un ascendiente si había sido concebido tras la muerte de este último. Este caso se presentaba cuando, desaparecida la generación intermediaria entre ascendiente y descendiente —o ya fuera de su esfera jurídica inicial—, el último hijo no había podido coincidir con la potestas del muerto ni siquiera en el momento de la concepción; entonces no era ni su heredero, ni siquiera su pariente. “Según el uso común”, escribía Juliano (época de Adriano), “se llama parientes a los nietos de aquellos tras cuya muerte fueron concebidos; pero se trata de un uso impropio, de un abuso de lenguaje”. En otros términos, el jurisconsulto estimaba, en un contexto en que sólo contaba la descendencia por vía masculina, que no había parentesco con un abuelo sino a condición de haber podido establecer con él una relación jurídica: la potestas, o bien, en el caso de los hijos póstumos, la ficción que hacía las veces de tal. La regla daba prevalencia absoluta a la simbiosis jurídica por sobre el vínculo de sangre; continuidad jurídica, unidad sin fisuras de potestas o potestas, cuyo principio nos ha sido formulado, una vez más, en un caso límite: aquel en que, eliminada una generación, la del que sobrevivía perdía el contacto con la que la precedía, porque la distancia que las separaba impedía que la cadena genética fuera recubierta por la cadena de las potestades íntimamente soldadas.

He aquí precisamente lo que faltaba a la madre y lo que la excluía de la cadena sucesoria. Nada de potestad abstracta, nada de prolongación en una descendencia que asegurara la perpetuación de una misma entidad jurídica y patrimonial. En torno a esta diferencia esencial se oponían el estatus masculino y el femenino. La filiación materna no se subsumía bajo la abstracción de una prerrogativa jurídica dotada de su duración propia y que sometiera a sus propias regulaciones las relaciones de toda índole que unían a una madre con sus hijos. Cuando la mujer accedía al mismo tiempo que sus hermanos a la autonomía de derecho, porque se había extinguido el poder del ascendiente muerto, no era investida como ellos de esa potestad translaticia que se renovaba en aquellos a quienes una muerte liberaba: de esta potestad sobre la descendencia, que se ejercía por relevo, generación tras generación. Éste es el núcleo del dispositivo de la disociación jurídica de los sexos. Como dice vigorosamente un aforismo de Ulpiano, “la mujer es el comienzo y el fin de su propia familia”: privada de potestad sobre otros, no transmite. La mujer no transmite, pero no es una cuestión de parentesco, ni de filiación.

Ninguna práctica del parentesco unilateral viene a justificar este régimen. La nomenclatura de los parientes basta para probarlo. Y también las reglas relativas al incesto: las prohibiciones matrimoniales se extendían indiferentemente a ambos lados. La interdicción del parricidio, a pesar de una etimología popular (patricida) que no abarcaba más que el asesinato del padre, y a pesar de la resistencia, de la que diversas fuentes dan testimonio, a designar “por abuso” como parricida al asesino de la madre, concernía también a ambos progenitores. Otras fuentes relacionan la designación de este crimen con el asesinato de un parens, palabra que recubría indiferentemente al padre y a la madre, y sabemos sobre todo que los asesinos de una madre sufrían, al igual que los del padre, una pena afín a la conjuración de un prodigio: se los encerraba en un saco cosido y se los arrojaba al Tíber. Igualmente, la obligación alimentaria reconocida en beneficio de los ascendientes era exigible también sin distinción de sexo. O bien, para permanecer en el registro de los deberes que el derecho sancionaba, el respeto religioso debido a ambos padres prohibía emplazar a uno de ellos ante la justicia o más en general, cometer contra ellos un acto de impiedad. Por otra parte, las solidaridades judiciales, fijadas en reglas relativas al testimonio, o en obligaciones de defender o de aportar una acusación, comprendían el conjunto de los cognados en su círculo, sin que se estableciera ninguna jerarquía entre las dos ramas del parentesco. Las prácticas sociales, al menos tal como las percibimos desde la época republicana tardía a través de las fuentes de que disponemos, se pronuncian sistemáticamente en el mismo sentido. Por ejemplo, los usos de la genealogía. Cuando un aristócrata romano enumeraba sus antepasados, no privilegiaba por principio ninguna de las líneas: incluso podía suceder que pusiera por delante la rama materna, en razón de su mayor brillo. En las paredes de los patios se colgaban las mascarillas de los ascendientes de ambos linajes y de ambos sexos; abuelos y abuelas, tíos y tías de ambos lados se representaban por igual en los cortejos fúnebres en los que los parientes de ultratumba seguían el cortejo del muerto. Estaban presentes las madres como los padres.

Por tanto, las prácticas del parentesco no posponían a los parientes maternos, ni las normas sociales y jurídicas los subestimaban. Pero la función de transmitir, en tanto abolía las discontinuidades y generaba la permanencia, se organizó en Roma en función del poder. La “continuación del dominio”, de la que el jurisconsulto Paulo hablaba a propósito de la sucesión masculina, como se recordará, prolongaba en el orden patrimonial la fuerza imperiosa del vínculo en la cual un hombre mantenía a quienes le seguían en su dependencia, desde que él mismo ya no estaba en dependencia de aquellos que le precedían. Así pues, en cierto modo el orden de la potestad trascendía jurídicamente el orden de la vida. El origen de esta inmóvil perpetuación se remontaba a un comienzo del que no quedaba más huella que su nombre. Pero vemos aparecer el hecho cuando se hace ciudadano a un extranjero. La ley, el emperador, otorgaban al mismo tiempo la ciudadanía a la esposa y a los descendientes ya nacidos del nuevo romano, más el derecho de potestad sobre ellos: el encadenamiento de derechos masculinos quedaba así asegurado desde el primer momento. Ahora bien, justamente en la medida de esta autonomía de la institución jurídica, y sólo en esta medida, se podía decir que las mujeres no transmitían: que eran “el comienzo y el fin de su propia familia”. La mujer era amputada de las prolongaciones institucionales de su persona singular.

Testamento de las mujeres y derecho sucesorio pretoriano en favor de los parientes maternos

Sin embargo, fuera de las sucesiones legítimas, la bipolaridad del parentesco romano dejaba a cada uno un amplio margen en la expresión que deseaba donar a los afectos y las obligaciones que tenía respecto de sus parientes. Gracias a los testamentos, podía manifestarse la importancia del vínculo materno y del vínculo con los parientes maternos. Una serie de estudios muy iluminadores de Ph. Moreau han mostrado perfectamente esto en lo que respecta al medio de los notables de Larinum, en Umbría, hacia los años 70-60 a.C. S. Dixon ha analizado la cuestión en la familia de Cicerón: la fortuna de Terencia, la esposa, parecía naturalmente destinada a asegurar el porvenir de sus hijos, más que a volver un día a sus agnados. Las mujeres tenían bienes que transmitir, pues heredaban los bienes de sus padres en pie de igualdad con sus coherederos varones; también eran beneficiarias de testamentos, aun cuando una ley de 169 a.C., la lex Voconia, prohibía que los ciudadanos pertenecientes a la primera clase censitaria inscribieran una mujer como heredera, pues, de una u otra manera, esta ley, en la época de Cicerón, casi no se aplicaba; en efecto, para eludirla bastaba un fideicomiso o un legado que ordenara al heredero masculino entregar una parte de la herencia a una mujer: de manera que, gracias a esta fuente de enriquecimiento, las hijas, las viudas, recibían bienes luego disponibles para sus hijos. Otra fuente de aprovisionamiento patrimonial de las mujeres era la dote que les formaba el padre, sus parientes, los amigos de la familia, y que normalmente volvía a ellos después de la disolución del matrimonio: bienes protegidos, bienes inalienables, bienes en dinero, adornos, esclavos, tierras, edificios, que, en las clases altas, representaban a veces una considerable fortuna. Vemos, por ejemplo, cómo los herederos de Paulo-Emilio, que no tienen suficiente con sus sesenta talentos de oro para restituir la dote de su vida, o cómo Terencia aporta a su marido una dote de cuatrocientos sestercios, suma correspondiente al censo más elevado —el censo ecuestre— en el siglo I antes de nuestra era, o bien incluso cómo Cicerón se encuentra en enormes dificultades financieras para pagar la dote de su hija en tres cuotas anuales (con el simple detalle de que sesenta mil sestercios sólo representaban una fracción de cada tercio), al punto de que, con ocasión del pago de la tercera cuota, en el año 47, lamentaba amargamente que Tulia no se hubiera divorciado un año antes, lo que hizo en el 46, embarazada y con dote.

Sucesiones, testamentos, legados, dotes: las mujeres de las clases ricas poseían seguramente con qué testar. No es éste el sitio adecuado para abordar cómo el uso de sus riquezas les permitía muchas veces neutralizar en su provecho las disposiciones de un poder masculino del que sus incapacidades eran la contrapartida. Tratemos en primer lugar de comprender si las sucesiones testamentarias entre madres e hijos, en tanto manifestaban una elección en detrimento de los agnados —en detrimento, principalmente, de los colaterales paternos— representan un avance del parentesco indiferenciado respecto del sistema que se supone más antiguo, el de la agnación, y cuya importancia habría decrecido con el transcurso de las edades. Pues es lo que suele afirmarse. Los trabajos de S. Dixon sobre las madres romanas, o bien los que J. A. Crook ha consagrado a las sucesiones de las mujeres en el mundo romano, dejan en general la impresión de que la sociedad de la República tardía había cambiado profundamente sus actitudes ante el parentesco: los testamentos aseguraban a los cognados (parientes del lado materno, pero también parientes del lado paterno entre los que el vínculo jurídico de la potestas se había roto: hermanos y hermanas emancipados, etc.) un lugar igual al de aquellos a quienes, en el derecho arcaico, la legítima vocación sucesoria nombraba con carácter exclusivo: los sui bajo potestad y los colaterales paternos. Sobre las ruinas del antiguo derecho se habrían afirmado relaciones jurídicas nuevas entre parientes otrora excluidos. Mejor aún, el edicto del pretor había terminado por poner a los cognados en posesión de los bienes de sus parientes más próximos, y, por tanto, a los hijos en posesión de los bienes de su madre, según un procedimiento que completaba el sistema de las sucesiones legítimas; al margen incluso del testamento, se erigía, como prolongación del derecho antiguo, fundado en la ley, un nuevo derecho de las sucesiones intestadas, fundado en el poder jurisdiccional de los magistrados. ¿Se interpreta todo esto como un estrechamiento de los lazos maternos?

Observemos ya, para comenzar, que cuando se instituyó, a finales de la época republicana, este nuevo derecho sucesorio pretoriano no abolió en absoluto la primacía indiscutida de las vocaciones sucesorias civiles. Cuando el pretor introdujo la transmisión de la posesión de bienes en beneficio de los hijos de la madre y de los parientes por vía materna no fue para establecer la igualdad entre ambos linajes: los cognados no heredaban jamás si no era en ausencia de sui y de agnados, que eran siempre los primeros. Este nuevo orden de herederos posibles sólo venían en segundo término y por defecto. Simplemente, los bienes que, en el sistema antiguo, no encontraban heredero próximo (con el probable límite del séptimo grado) caían en el “clan” (gens). En el nuevo sistema, estos bienes podían ser reclamados por el cognado más cercano: la comunidad gentilicia —a la que aún vemos afirmar sus derechos en el siglo I a.C.— es reemplazada por el parentesco materno más cercano; se la deja de lado en beneficio de los vínculos más íntimos que, desde siempre, habían unido a todo posible heredero con su madre y con los parientes próximos de ésta. Estos vínculos, que tradicionalmente la ley desconocía porque ningún poder los asumía, terminaron por ser sancionados subsidiariamente, una vez agotadas todas las posibilidades del sistema legítimo, siempre en vigor. Por otra parte, el derecho pretoriano tenía tan poca incidencia sobre el derecho legal anterior, que, según el edicto, los hijos no estaban llamados a suceder a su madre como “hijos legítimos” (liberi), sino solamente a título de simples parientes (cognati). En el nuevo orden introducido para completar el antiguo, los liberi constituían la clase de los hijos legítimos a los que su padre había emancipado y que, por esta razón, habían perdido su vocación de herederos “suyos”; el edicto del pretor les restituía sus derechos, como si no hubieran quedado ajenos al dominio del poder en el que habían entrado al nacer: admitiendo, se recordará, la ficción de que jamás habían dejado de estar in potestate. Ahora bien, nada de esto ocurre con los hijos de una mujer. En ningún caso se podía considerar a estos últimos como antiguos sui excluidos de la potestad y restaurados en sus derechos: “Ninguna mujer posee herederos suyos ni deja de poseerlos, por ejemplo, emancipándolos”. Para ellos era imposible restablecer mediante la ficción un estado que nunca había existido. Es por esto por lo que, respecto de su madre, carecían de la calidad jurídica de descendientes, y sólo venían en último término, con los otros cognados.

El problema, por tanto, no estriba en el aflojamiento relativo de los vínculos de agnación en beneficio de los cognados. Tampoco se puede hablar de una superación del antiguo derecho sucesorio fundado en el ejercicio de la potestas. Por cierto que la filiación materna terminaba por ser reconocida en el terreno de la herencia: esto es indiscutible. Pero este hecho no tendría casi sentido en sí mismo (no más que otro “hecho” cualquiera), si, para ser reconocido, no hubiera debido someterse a los rodeos que le imponía la carencia de una “potestad” femenina. Mientras, la historia de los avances del vínculo materno adquiere relieve; se la ve subordinada a formas que (pese a la tendencia que, por prejuicio sociológico, se tiene a creer no esenciales) manifiestan lo esencial: la permanencia de un contraste entre los regímenes de los sexos, la inevitabilidad de las marcas jurídicas de su desemejanza.

¿Cede ante las prácticas testamentarias esta división formal entre lo masculino y lo femenino? El testamento, a buen seguro, permitía dar una realidad patrimonial al vínculo con la madre. En este sentido puede considerárselo como una práctica de parentesco entre otras. Pero ¿estamos autorizados por ello a ver en la emergencia de estas liberalidades en favor de la descendencia de las mujeres el signo de un progreso hacia la igualdad de tratamiento entre ambas ramas? Por cierto que sí, pero a condición de no olvidar que el parentesco romano, ya mucho antes que las fuentes del siglo I a.C., que nos informan acerca de las prácticas testamentarias, había sido bilateral, y que la evicción de la sucesión materna (a la que el derecho pretoriano sólo remedia muy parcialmente) significaba esencialmente que las mujeres no estaban privadas de herederos, pues se les permitía dárselos por sí mismas mediante disposición testamentaria, sino de sucesores que las continuaran de pleno derecho y sin ruptura. La instantaneidad de la sucesión en la descendencia masculina, garantizada por la continuidad del poder, es lo que caracterizaba el sistema hereditario masculino. Cuando una mujer instituía un heredero en su testamento, aun cuando se tratara de su hijo o de su hija, sólo imperfectamente suplía su incapacidad jurídica para transmitir sin ruptura lo que a ella había llegado y lo que de ella provenía: era necesaria su propia decisión, garantizada por la autoridad de su tutor, más la aceptación de sus herederos; entre su muerte y la toma de posesión de la herencia, un tiempo latente interrumpía irremediablemente una transmisión necesariamente discontinua. Ahora bien, esta discontinuidad es precisamente lo que opone la herencia femenina (testamentaria o de derecho pretoriano) a las sucesiones instantáneas.

Paridad de los testamentos materno y paterno respecto de los deberes sociales

Otro problema, completamente distinto, es que los lazos afectivos y sociales con la madre hayan sido sancionados por conductas que se juzgan necesarias, y que las disposiciones de última voluntad tocantes a la transferencia de bienes maternos entre madres e hijos se hayan considerado un deber. Las fuentes nos permiten comprobar tal cosa en el siglo I a.C.: pero ¿registran, desde este punto de vista, un cambio de actitudes? Siempre es tentador imaginar transformaciones profundas. Pero, ¿qué sabemos del uso que las mujeres hacían del testamento en las épocas más antiguas, a partir del momento —probablemente desde el siglo IV a.C.— en que se les acordó el derecho de testar? No sabemos prácticamente nada al respecto. El problema no se plantea ni a propósito de las hijas bajo patria potestad, que no tienen más derechos patrimoniales que sus hermanos, ni a propósito de las mujeres bajo la potestad de un marido, cuyos bienes se confunden con los de éste. Las hijas herederas aún sin casarse se hallaban bajo la tutela de su cognado más próximo (su hermano, su tío paterno): es evidente que estos parientes próximos no las autorizaban a que sacaran de la familia sus bienes, es decir, su parte de herencia.

Quedan las mujeres que habían roto con sus agnados y ya no tenían marido: las viudas, a las que la entrada bajo la potestad de un marido las había sacado de su círculo agnático (pues mediante este acto adquirían la situación jurídica de “hija” respecto del cónyuge), y a las que la muerte de este último había convertido en dueñas de un patrimonio y libres para testar, con la asistencia de un tutor que él había designado, o incluso con la complicidad de un tutor que una disposición testamentaria les había acordado elegir por sí mismas. Éstas son las mujeres que, en realidad, disponían de verdadera libertad testamentaria: las viudas, por tanto, las madres. ¿Qué sabemos de su elección? ¿Privilegiaban a sus agnados o a sus hijos? Seguramente podríamos hablar de una evolución significativa si dispusiéramos de fuentes lo suficientemente precisas antes de Cicerón. Pero no es éste el caso. A través de Cicerón, Plinio el Joven, en ciertas inscripciones de la época imperial, y sobre todo en la abundante casuística del Digesto, vemos a las mujeres testar en favor de sus hijos y sus nietos, o bien en favor de su marido (lo que demuestra que no estaban casadas bajo el régimen de la manus [potestad marital]): en resumen, los herederos eran elegidos preferentemente en la familia conyugal y en la descendencia. Pero en los siglos IV, III y II a.C., la ausencia de documentos nos constriñe al silencio; inútil, pues, hablar de cambios comprobados en el primer siglo: para nosotros, las cosas comienzan en el siglo I antes de Cristo.

Estas actitudes, estas prácticas pertenecían a lo que cabía estrictamente esperar de los officia: los deberes sociales. Pero los juristas que leemos sobre todo a partir de mediados del siglo II de nuestra era subrayan expresamente la igualdad de deberes y derechos en que se encontraban la rama paterna y la materna desde el punto de vista de las obligaciones morales a poner en práctica en un testamento. Hijos e hijas disponían de una acción ante la justicia para atacar como “inoficioso” el testamento de sus padres, en caso de haber sido excluidos injustamente: se juzgaba que tal evicción debía justificarse en falta grave, que se trataba de una sanción estrictamente merecida. Seguramente, lo primero que se examinaba era el testamento del padre, pues, desde siempre, los padres habían tenido el derecho de desheredar a sus hijos. “Pero esta facultad de actuar se reconoce igualmente a aquellos y aquellas que no son descendientes por vía masculina: se impugna también el testamento de la madre, y a menudo ocurre que, en este caso, se gana el pleito”.

Esta paridad se comprueba por lo menos desde la época de Augusto. Este emperador invalidó él mismo el testamento de una mujer que, madre de dos hijos, se había vuelto a casar, en su vejez, y había designado a su segundo marido como único heredero. Hacia finales del reinado de Domiciano, Plinio el Joven es inscrito como coheredero, con otros senadores y caballeros romanos, sobre el testamento de una noble matrona que había elegido no dejar nada a su hijo: éste, considerándose víctima de una injusticia, ruega a Plinio que le ofrezca graciosamente su parte, como testimonio de la iniquidad del testamento de su madre. Se asiste entonces a la siguiente escena: Plinio, el heredero principal, indaga y delibera, rodeado de un consejo de amigos, acerca de las buenas o las malas razones que había tenido la testadora para excluir del beneficio a su hijo, y acepta escuchar los argumentos de este hijo cuya exclusión lo enriquece y que acepta de antemano someterse al juicio de su rival: “Nos ha parecido, Curiano, que tu madre había tenido motivos justos de cólera contra ti”. La ética social, qué duda cabe, consideraba la privación de la herencia materna como un castigo que debía sopesarse muy cuidadosamente. De la misma manera que, a la inversa, exigía que existieran agravios particularmente graves para que permitiera a un hijo excluir de su testamento a su madre. Esto se ve muy bien hacia los años 70 a.C., cuando Cluencio, notable de la ciudad de Larinum, suspende la redacción de su testamento porque no puede mencionar a su madre, que lo detesta, ni hacerle el agravio de pasarla en silencio, lo que posiblemente la opinión pública no comprendería. Es probable que Cluencio hubiera calculado el riesgo de una invalidación de su testamento, para el caso en que la madre le hubiera sobrevivido; la investigación que entonces realizó el tribunal probablemente haya tratado de establecer “si la madre, mediante acciones deshonestas y maniobras indecentes, no ha tendido emboscadas a su hijo, o si no ha ocultado actos hostiles detrás de sus manifestaciones de amistad, o si no se ha comportado más como enemiga que como madre”: estas líneas que leemos en una ley de Constantino, en 321, podrían aplicarse exactamente al caso de Sassia, madre de Cluencio, tres siglos y medio antes.

No vale la pena multiplicar los ejemplos. Las acciones para invalidar testamentos maternos están perfectamente documentadas por las fuentes jurídicas de los siglos II, III y V. A tal punto los deberes derivados de la maternidad se habían aproximado al modelo paterno a la hora de transmitir los bienes a los hijos, que en 197 se ve a Septimio Severo conceder su parte de herencia a un hijo cuya madre había muerto al traerlo al mundo: no había previsto, antes del parto, inscribir en su testamento al hijo por nacer, de manera que el “destino materno”, imprevisible, había puesto al último hijo en desventaja en relación con sus dos hermanos ya instituidos como herederos. Este caso se aproximaba, en realidad, al del póstumo al que su padre no había tenido el cuidado de instituir o de desheredar explícitamente antes de morir: el nacimiento de un heredero “suyo” anulaba el testamento que lo había ignorado y restablecía de pleno derecho la sucesión intestada en beneficio de los descendientes legítimos. No cabe duda de que una madre no tenía herederos “suyos”, y de que el nacimiento de un niño no se inscribía en un orden jurídico necesario al que el testamento estuviera legalmente subordinado. Sin embargo, aun sin anular de pleno derecho este testamento, el derecho imperial terminó por reparar la negligencia materna y restablecer al hijo en su parte sucesoria, “como si todos sus hijos hubieran sido instituidos”.

Disimetría de las formas testamentarias: la desheredación

¿Se pensará que las condiciones se igualan, que los regímenes jurídicos tienden a identificarse? Aparentemente, sí. Pero examinemos las cosas un poco más de cerca. Una madre no tenía que desheredar expresamente a sus hijos, pues éstos no eran continuación jurídica de su persona: no se le exigía que precisara que los excluía de una sucesión que en ellos recaería de pleno derecho, salvo expresión de su voluntad en contra: le bastaba con guardar silencio. Los textos jurídicos nos muestran que los hijos que impugnan por inoficiosidad el testamento materno se quejan de haber sido “descuidados”, “olvidados”. Por el contrario, un padre no podía excluir a sus hijos de su sucesión, a la que la ley los incorporaba, si no era declarando, en una cláusula de desheredación, su voluntad de que no fueran sus herederos. Los herederos bajo potestad —los “herederos suyos”— debían ser eliminados por una fórmula explícita, redactada en el futuro imperfecto, del siguiente tipo: “Titius, mi hijo, será desheredado”. Sin desheredación expresa, la elisión del hijo anulaba de pleno derecho el testamento paterno y restablecía la sucesión intestada: el heredero externo perdía todo, y el hijo eliminado, si había estado bajo potestad, sucedía a la totalidad de los bienes; si se trataba de una hija, no se anulaba el testamento, pero el heredero al que se había pasado en silencio concurría con los herederos externos, por su parte con los herederos sui, es decir, con sus propios hermanos. En el plano de los hechos, pues, el silencio de una madre que se había abstenido de mencionar a sus hijos e hijas equivalía a la declaración mediante la cual un padre los había excluido expresamente: en una sociedad en que los vínculos se afirmaban por igual respecto de ambos padres, la preterición materna se juzgaba equivalente a la negación paterna. Cuando la elección de la exclusión resultaba inicua e inmerecida —por ejemplo, a causa de la impiedad o de la prodigalidad de los hijos—, el magistrado acordaba una acción con tanta facilidad a aquel a quien su madre había omitido como a aquel a quien su padre había desheredado. Tan sólo la historia del derecho permite trascender las evidencias a partir de las cuales las prácticas sociales se contabilizan en hechos. Nos muestra, si se acepta seguir la evolución de los detalles formales que distinguen entre sí actitudes aparentemente semejantes, que se dibujan líneas de división no identificables a simple vista; que diferencias irreductibles distinguen conductas que podrían aproximarse fácilmente si no se prestara atención al plano institucional en el que sus significados se oponen. En este plano, el acto por omisión de una madre significaba exactamente lo contrario del acto formalmente declarado de un padre. Una mujer no tenía más que dejar actuar el derecho para excluir a sus hijos, mientras que un hombre, para desposeerlos, debía detener voluntariamente su curso. La continuidad masculina era primera y no se la interrumpía sino por un acto jurídico expreso: la emancipación, o bien la desheredación. Del lado femenino, por el contrario, lo que preexiste es la discontinuidad. Para sustituirlo era necesario haberlo decidido. Todo, se advierte, nos lleva a esa disimetría entre dos estatus, uno de los cuales comportaba, en su naturaleza jurídica, la función de transmitir, mientras que el otro no.

La “sucesión legítima” materna en el siglo II d.C.

El edicto del pretor sólo había aportado una modificación menor en esta semejanza al introducir una vocación sucesoria subsidiaria en beneficio de los cognados. ¿Cabe decir lo mismo de los senadoconsultos Tertuliano y Orfitiano, el primero tomado a iniciativa de Adriano, y el segundo, en 178, bajo Marco Aurelio? Aquí parece borrarse toda huella de disimilitud. Parece (pero ya se verá que es una apariencia engañosa) establecerse una verdadera igualdad entre las vocaciones sucesorias paterna y materna. ¿Son estas transformaciones legales la expresión de que, tanto en la ley como en las prácticas, en el segundo siglo, se insinúa un progreso de la maternidad en materia de potestad? T. Masiello, por ejemplo, ha mostrado claramente que entre los Antoninos y los Severios la práctica testamentaria reconocía a las viudas la tutela sobre sus hijos e hijas, mientras que, tradicionalmente, la tutela era un “oficio viril” que se prefería dejar a un pariente varón, incluso lejano, antes que a las madres: legalmente, habrá que esperar una ley de Teodosio, en 390, para ver validada esta costumbre. Al parecer, el nuevo derecho sucesorio que se puso en práctica en el siglo II sancionaba hábitos mucho más antiguos, ligados, como se ha visto, a un funcionamiento perfectamente bilateral del parentesco. También es posible que la organización de la familia según el tipo conyugal y nuclear —si ésta fue, como algunos piensan, la realidad familiar en el Imperio romano— concentrara en la descendencia de los dos padres el patrimonio adquirido en el curso de una generación. Pero dejemos de lado la familia nuclear, que se postula sobre todo en razón de una documentación epigráfica sujeta a caución. Es muy imprudente imaginar, como lo hacen ciertos historiadores, que la epigrafía funeraria nos remite a una imagen fiel de la familia: pues no existe ninguna relación necesaria entre los lazos afectivos que se dan convencionalmente a leer sobre las tumbas y las unidades sociales reales. Honrar y llorar exclusivamente al cónyuge, a los hijos, al padre y a la madre, pero casi nunca a los hermanos y hermanas, no indica con certeza la extensión de los grupos familiares: pues, desde este punto de vista, ¿acaso las tumbas de nuestros cementerios modernos no contienen formaciones extraordinariamente extensas, en una sociedad cuyas unidades, sabemos por experiencia, son estrechamente conyugales y nucleares? De la epigrafía funeraria podemos extraer un cierto conocimiento de las convenciones sociales ligadas a la muerte; no le pedimos más de lo que puede dar. Una vez dicho esto, la hipótesis de una nuclearización de la familia romana bajo el Imperio no es desdeñable, ni, en consecuencia, tampoco lo es la de una consagración legal de las relaciones patrimoniales que soldaban entre sí los más próximos, entre los que el padre y la madre, junto con los hijos, ocupan el primer lugar. Examinemos ante todo las dos grandes reformas del siglo II.

Senadoconsulto Tertuliano

El senadoconsulto Tertuliano otorgaba a las madres de tres hijos (de cuatro, cuando se trataba de una manumitida) un derecho sobre la herencia de sus hijos e hijas premorientes. Este derecho chocaba con el obstáculo que interponían los descendientes bajo potestad de este hijo (los herederos “suyos”), y el padre del difunto o de la difunta, pues, en las sucesiones de ascendientes, el padre siempre predominaba sobre la madre. Pero, entre los colaterales, tan sólo los hermanos y las hermanas consanguíneos del muerto entraban en el reparto con su madre común: los otros colaterales agnáticos, tíos, sobrinos, primos, quedaban definitivamente descartados. Por tanto, por primera vez se prefería la madre a los agnados —al menos a los agnados menos próximos— en virtud de una misma ley. Si fuera absolutamente necesario citar un documento en favor de la familia estrecha, sería éste.

Relieve en piedra hallado en Calza, Ostia. Representa una escena de parto, única en su género.

Senadoconsulto Orfitiano

El senadoconsulto Orfitiano instauraba en 178 una sucesión legítima ya no de hijos a madres (medida que, sin ninguna duda, quería ser una incitación a la procreación de hijos por las mujeres libres o manumitidas), sino de madres a hijos. Con esta ley se reconocía al orden sucesorio en la progenitura de las mujeres el mismo rango y el mismo fundamento de legitimidad que al orden sucesorio en la descendencia de los hombres. Las Reglas de Ulpiano, compilación realizada en el siglo IV bajo el nombre del gran jurista Severiano, resumen claramente la amplitud del cambio en el terreno jurídico: “La ley de las XII Tablas no dejaba a los hijos la sucesión de su madre muerta intestada, porque las mujeres no tienen herederos suyos. Pero, más tarde, por una ley que los emperadores Antonino y Cómodo presentaron en el Senado, se decidió que los hijos recibirían las sucesiones legítimas de sus madres, aun cuando éstas no estuvieran casadas bajo el régimen de la manus [esto es, aun cuando no estuvieran bajo la misma potestad paterna que sus hijos, en cuyo caso, según el derecho antiguo, los hijos habrían sucedido a su madre, y viceversa, a título de hermanos y hermanas consanguíneos]. Quedan descartados, en beneficio de los hijos de la difunta, sus hermanos y hermanas consanguíneos, así como todos los demás agnados”.

El heredero de la madre no pertenece siempre a la clase de los “descendientes”

Lo que se instituye por primera vez, y que otros textos nos lo confirman, es una succesio legitima: una sucesión abierta por la ley, y que volvía de pleno derecho a la progenitura de las mujeres, sin que para ello hubiera que acudir, como ocurría en el derecho pretoriano anterior, al rodeo de una entrega de la posesión. Sólo que cuando, en virtud de las facilidades de procedimiento, esta nueva clase de herederos legítimos reclamaba de todos modos la posesión, el pretor no siempre la acordaba a título de la categoría edictal en la que situaba a los liberi del padre, sus descendientes, emancipados o no. Los descendientes de la madre recibían sus bienes en la clase siguiente de los legitimi la reservada tradicionalmente a los colaterales paternos (más, eventualmente, los descendientes paternos que, habiendo dejado pasar el plazo para reclamar su herencia en calidad de hijos legítimos, unde liberi, se conformaban con el rango de los herederos de segundo grado). En resumen, los hijos de la madre quedaban desclasados en relación con los hijos del padre, aunque, a partir de la ley de 178, se convirtieran en los primeros herederos de aquélla. Nuevamente, ¿por qué esta asimetría? ¿Por qué el magistrado continuaba sin admitir que los hijos de la madre figuraran en la misma categoría edictal que los hijos del padre, mientras que, en adelante, tanto los unos como los otros sucedían por igual a los dos padres y con preferencia a cualquier otro heredero? Asombrosa longevidad de ciertas estructuras jurídicas. Incluso la ley parece no tener el poder de derogarlas cuando, en su verbo, quiere oficializar y dar fuerza obligatoria a costumbres bien establecidas. Detrás de las transformaciones de la organización social, incluso de las más significativas (ya se trate del repliegue de la familia sobre la pareja de padres y su progenitura y de la concentración del patrimonio de ambos progenitores en provecho de sus hijos, ya se trate —formularé de buen grado esta hipótesis— de una extensión del concubinato consagrado por una legitimación de los vínculos patrimoniales y sucesorios entre madres e hijos), subsiste una construcción inamovible que se refiere a signos formales. Lejos de ser una superestructura inútil y que se mantiene por mero conservadurismo, tiene sus raíces, por el contrario, en los estratos más profundos, en los más vitales, de la sociedad.

Las leyes no sustituyen la carencia de “potestad” de las madres

Planteemos claramente la cuestión: ¿qué impedía, con posterioridad a la nueva ley, que el pretor unificara en una misma categoría a los hijos de las mujeres y a la descendencia de los hombres? Una cosa es segura: que no se debía a que los derechos respectivos a la herencia del padre y de la madre fueran desiguales, pues la reforma de 178 es radical. A partir de ella, y con prescindencia de todo testamento, los hijos pasaban por delante de los colaterales agnáticos y de los ascendientes de su madre, de la misma manera que, desde el primer momento, los liberi habían sucedido a su padre con absoluta prioridad. No se advierte ninguna razón práctica aparente para relegarlos al segundo orden de los legitimi, puesto que el primer orden de los liberi figuraba, respecto de ellos, como una clase necesariamente vacía: este retroceso —o, mejor, este progreso que ha quedado en suspenso a mitad de camino, del tercer rango de cognados a los que pertenecían anteriormente, al segundo orden de los legítimos, pero sin llevarlos hasta el primer orden de los “descendientes libres” (liberi)— no cambiaba nada el hecho de que, para ellos, este segundo orden se hubiera convertido en el primero. Este segundo ya no era segundo en relación con otros herederos de su madre, ante quienes ahora se les prefería, sino en relación consigo mismos, en tanto también eran los herederos de su padre. Por el lado del padre venían, como siempre lo habían hecho, en primer lugar, en tanto liberi. Por el lado de la madre, venían igualmente en primer lugar, pero en el orden segundo de los legitimi. En el texto ya citado de las Reglas de Ulpiano encontramos la razón de esta extraña disparidad, cuya línea de división pasaba desde ese momento por las mismas personas: “Las mujeres no tienen herederos”. He aquí una norma a la que ya estamos habituados. Pero mientras que ante el senadoconsulto de Orfitiano esta regla explicaba el hecho de que los hijos sólo pudieran suceder a su madre como herederos testamentarios o como cognados, en el tercer rango, después de 178 —y todavía en el siglo IV—, la regla sirve para explicar que el mismo heredero, suus respecto de su padre y, por tanto, inscrito, aun cuando estuviera emancipado, en la clase pretoriana de los descendientes, no puede siempre ser clasificado respecto de su madre, a pesar de haberse convertido en su primer heredero, en esta misma categoría de descendientes.

Vemos entonces a qué punto para comprender tal desemejanza, es menester profundizar el análisis más allá del hecho propiamente patrimonial de la transferencia de bienes en la que toda sucesión desemboca. Pues, en este plano, la diferencia carece prácticamente de sentido. ¿O bien hay que considerar la incapacidad congenital jurídica de las mujeres para prolongarse en los herederos suyos como un fósil arcaico y privado de toda función? Pero, en este sentido, también la potestad de los hombres sobre sus descendientes debería ser un vestigio, lo que, como hemos visto en el orden sucesorio, no era el caso. Una vez más, la pregunta no recae sobre la realidad del derecho en relación con los hechos que parece recubrir inmediatamente. La pregunta concierne más bien a la pertinencia del lugar al que, en último análisis, conviene referir tal institución, aparentemente desprovista de consecuencias prácticas. Ya lo hemos visto antes respecto de la potestad paterna. Para reconocerle su sentido en la larga duración (en lugar de imaginar un estadio arcaico de la institución en que este sentido —Dios sabe cuál— existiría, luego un estadio ulterior en que lo habría perdido, aun cuando la veamos funcionar mejor), ha habido que desplazarla del registro realista de la organización doméstica y patriarcal al mucho menos visible, pero no menos real, de la transmisión masculina de derechos. De la misma manera, la dificultad del senadoconsulto Orfitiano para tratar en el mismo plano, a pesar de la similitud de sus condiciones sucesorias reales, a los hijos de madre y a los hijos de padre, nos invita a reflexionar no ya sobre la igualdad finalmente reconocida a ambas líneas (igualdad cuyos ínfimos detalles vendrán a recordar el arcaico pasado en que todavía no existía), sino, más bien, en un registro completamente distinto de aquel en que parece que debería apoyarse la interpretación realista, la incapacidad propia de las mujeres para subsumir el vínculo de la descendencia en el vínculo de la potestad. A las transformaciones del derecho sucesorio, significativas de cambios importantes en las solidaridades patrimoniales, se opone la perennidad del mundo de organización romano de la división de los géneros. Detrás del surgimiento de una institución nueva (la sucesión legítima de madres a hijos) se descubre, gracias a ciertas distorsiones formales, la perennidad del modo jurídico de administración de la diferencia de los sexos a lo social.

Por legítima que hubiera llegado a ser, la sucesión materna no operaba espontáneamente. Tanto antes como después de esta ley, los hijos y las hijas fueron, para la madre, herederos externos que tenían que hacer explícita su voluntad de recibir bienes de ella. Esta necesaria consecuencia jurídica de la carencia de potestad de las mujeres sobre su familia queda claramente indicada en el texto mismo del senadoconsulto: “Si quieren que la herencia recaiga en ellos”. Como todos los herederos que no eran “suyos”, los hijos tenían que hacer acto de “adición de herencia”. Para ello disponían de un plazo de deliberación a cuya expiración, si habían renunciado, los colaterales agnáticos de la difunta, provisionalmente separados, recuperaban todos sus derechos anteriores: se ve así cómo un hijo repudia la herencia de su madre, y la herencia pasa al hijo del hermano de ésta.

Un caso paradójico: el hijo póstumo de la mujer

Sin embargo, los juristas se esforzaban por extraer todas las consecuencias lógicas de la situación en que se hallaban las mujeres con relación a los hombres: la de tener también ellas herederos legítimos en la persona de sus hijos (los herederos que les daba la ley). ¿Hasta dónde, gracias a esta transformación legal, este estatus femenino se acercaba al masculino? ¿Cómo explicar, a pesar de su fundamental asimetría, una convergencia que debía traducirse, necesariamente, en una aprehensión nueva del vínculo entre la madre y el hijo? ¿Era posible, prescindiendo de una traducción jurídica de este vínculo, en la modalidad masculina y en términos de potestad, incrementar más su naturaleza jurídica y reducir así la distancia que separaba la naturaleza de una madre y la de un padre en el plano del derecho? A mi parecer, ése era precisamente el objeto, puramente imaginario y escolar, de una casuística relativa a la figura, imposible de construir en derecho, del hijo póstumo de la mujer.

Así ocurre, por ejemplo, en el siguiente caso, del que informa Ulpiano:

Si una mujer muere embarazada, y después de su muerte se le abre el vientre para sacar el hijo: este hijo está en condiciones jurídicas de ser admitido en la sucesión pretoriana de su madre como su cognado más próximo (esto es, lo que lo coloca después de los agnados de la madre). Pero, a partir del senadoconsulto Orfitiano, podrá formular su demanda en la clase de los herederos legítimos: se hallaba efectivamente en el vientre de la madre en el momento en que ésta murió.

En otras palabras, en adelante, el hijo extraído de una muerta es su heredero legítimo, de la misma manera que siempre se había considerado hijo póstumo del padre al concebido por un muerto. Esta aproximación se comprueba en otro pasaje de Ulpiano relativo a los testamentos inoficiosos: de la misma manera que el póstumo puede impugnar el testamento del padre que lo haya desheredado, “siempre que se hallara ya en el útero en el momento de su muerte” así también, “el hijo extraído por cesárea del vientre de la madre después de que ésta hubiera escrito su testamento puede impugnar este testamento”. Ya nos hemos encontrado, en una constitución imperial de 197, con esta tendencia del derecho a asimilar la situación del hijo nacido de un muerto a la del hijo cuya madre muere en el momento mismo de su nacimiento. Ahora, la madre muere antes del nacimiento del hijo. Ejemplo que llega a la situación más extrema posible, caso límite mediante el cual los juristas, una vez más, buscan menos resolver dificultades concretas que establecer umbrales en cuyo interior lo improbable, integrado por el derecho, perdiera su carácter enigmático.

A partir de la existencia de la ley que fundaba la sucesión legítima de las madres, simétrica en cierto modo, y por primera vez, a la de la sucesión legítima de los padres, era tentador llevar el mimetismo hasta la evocación de un eventual póstumo materno, contrapartida del póstumo paterno. Lo único es que, mientras que esta última figura, relativamente frecuente en la naturaleza, permitía elaborar la idea de un vínculo paterno ficticio, mantenido durante el tiempo en que el hijo estaba en la matriz y hasta el momento del parto, la figura inversa, naturalmente excepcional, no podía significar sino que aun cuando fuera de una muerta, el niño nacía de una madre, pues de un cuerpo de mujer se lo había extraído: el cadáver era el de la madre; por tanto, el hijo era el heredero. La pertenencia póstuma a un padre estaba sujeta a la fijación legal de los términos de la concepción, y al mantenimiento del hijo por nacer en una dependencia jurídica prolongada hasta su nacimiento, a fin de asegurar esta continuidad de derecho sin la cual la sucesión era imposible. Pero ¿qué podía significar una pertenencia póstuma a la madre, caso, por lo demás, naturalmente absurdo, si un vínculo jurídico con autonomía en su potencialidad de acción no hubiese venido a duplicar el vínculo genético? Seguramente, el senadoconsulto Orfitiano veía a los descendientes de primer grado de toda mujer, y por primera vez, como sus herederos legítimos. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que es legítimo no es el hijo, sino el heredero en que la ley convierte a ese hijo. Pues nos hallamos aquí ante una asombrosa conjugación (asombrosa, a condición, sin duda, de querer asombrarse ante ella) entre la legalidad de la sucesión y la ilegitimidad de la filiación: la hereditas legítima se refería así tanto a los hijos cuyas madres estaban casadas, como a los bastardos nacidos de mujeres sin marido.

La madre tiene herederos, pero no hijos. Los bastardos

Los hijos concebidos indistintamente (vulgo quaesiti, expresión que designa a los hijos nacidos fuera del matrimonio) no están impedidos de reclamar la sucesión legítima de su madre, porque, por el mismo derecho según el cual se destinaran a sus madres sus propias sucesiones (esto es, por el senadoconsulto Tertuliano), se les ha destinado a ellos las de sus madres.

Las Sentencias de Paulo (comienzos del siglo IV) resumen perfectamente una situación que la casuística nos da a conocer ya con anterioridad. Ya Juliano, contemporáneo de Adriano, consideraba que la madre era admitida a la sucesión de todos sus hijos, concebidos en el matrimonio o no. Para obtener este derecho bastaba que, libre de nacimiento, hubiera traído tres hijos al mundo, o que, antigua esclava manumisa, hubiera parido cuatro. La única condición que se requería era que los hijos hubieran nacido de una madre libre: una esclava liberada encinta daba nacimiento a ciudadanos a cuya sucesión, según el senadoconsulto, quedaban legitimadas. Ahora bien, las disposiciones de 178 se apoyaban en la misma indiferenciación jurídica de la maternidad que las que se habían adoptado bajo Adriano: “Se admiten a la sucesión legítima de su madre, como los otros, a los hijos vulgo quaesiti”, declara Ulpiano. Importaba poco que su madre fuera libre de nacimiento o manumisa. Hasta podía haber concebido cuando era esclava, a condición de ser libre en el momento del parto: incluso si —expone la casuística— esta libertad, en el momento del parto, hubiera sido suspendida, a causa del plazo que disponía todavía para liberar a esta mujer, por quien la había recibido en herencia y que estaba, por el testamento, obligado a liberarla.

En el siglo II, pues, la ley no distingue entre maternidad legítima y maternidad natural: los mismos derechos se acordaban a la madre y al hijo, tanto que la concepción se remitiera al matrimonio como que no. Así es siempre en los siglos IV y V. Antes de una constitución de Justiniano, de 519, no se comprueba ningún cambio: pero entonces la ley decreta que, entre los hijos nacidos de una mujer de rango “ilustre”, los procreados en bodas justas debían preferirse a los que lo habían sido fuera del matrimonio; “pues”, dice el texto, “el respeto de la castidad es un deber que incumbe particularmente a las mujeres libres de nacimiento y de rango ilustre, y dejar que se designen bastardos constituye una ofensa a nuestro reino”: razón agregada por la cual, en presencia de hijos legítimos, los ilegítimos perdían todo derecho a la herencia de su madre. Observemos que esta inhabilitación no se habría pronunciado en caso de que la mujer no hubiese concebido sucesivamente en y fuera del matrimonio: se hacía prevalecer entonces una filiación sobre la otra, lo cual muestra que la situación del derecho de los bastardos respecto de su madre no había cambiado en los otros casos. Eso no impide que esta distinción entre dos tipos de filiación materna, incluso limitada a las mujeres de los órdenes superiores, representa una considerable innovación respecto del régimen del derecho romano tradicional: lo aclara por contraste y nos ayuda a comprender lo que este régimen tiene de singular.

Lo importante no es tan sólo que los hijos nacidos fuera del matrimonio no se referían más que a su madre, sino que, mucho más esencialmente aún no existía, desde el punto de vista de la madre, ningún modo jurídico de relación, pues a su respecto no se realizaba ninguna distinción entre los hijos concebidos por un esposo legítimo y los concebidos por cualquier otro: ella era siempre pura y simplemente la madre. No había, respecto de ella, por qué calificar a sus hijos como “hijos según el derecho” (iustus filius), calificación que sólo tenía sentido con relación al padre. Iustus era el hijo que éste había concebido o que se suponía que había concebido de una esposa legítima, durante el matrimonio. A una madre no cabía denominarla iusta, pues su identidad de madre no estaba determinada por el acontecimiento jurídico de sus bodas, sino únicamente por el nacimiento de un niño. En cambio, era necesariamente certa: ese nacimiento bastaba para designarla. La única cualidad jurídica que se podía exigir a una madre era la de ser “madre de ciudadano”, mater civilis: en el contexto en que disponemos de testimonios, esta expresión significa precisamente que la vocación a suceder los bienes de una romana no se reconocía más que a aquellos de sus hijos que, lo mismo que ella, eran ciudadanos romanos, y que se dejaba de lado a los que, por una u otra razón, habían perdido su ciudadanía (aun cuando, a la inversa, escribe Juliano, una romana no recibiera la herencia de los hijos que hubieran pasado a la condición de esclavos una vez liberados, porque, dada la hipótesis de que una mujer libre y ciudadana no tenía hijos o hijas esclavos, esta degradación de estatus hacía que ella “cesara de ser su madre”. Mater civilis: madre ciudadana y madre de ciudadano. Las “sucesiones legítimas” de las mujeres estaban reservadas al marco del derecho de ciudad: para gozar del beneficio de las leyes era menester ser ciudadano. Pero “civil” no definía el vínculo que unía a ellas, contrariamente a iustus filius, que calificaba el origen necesariamente legal del acontecimiento que unía al padre.

¿Es este régimen una innovación del siglo II? ¿Habrá que esperar las reformas sucesorias de Adriano y de Marco Aurelio para reconocer derechos ya sea a la madre, ya a los hijos de la madre, sin que fuera necesario precisar (como ocurrirá a partir de Justiniano) las circunstancias jurídicas de la concepción? Ciertamente, no. Ya una ley de Augusto liberaba de la tutela de sus agnados a las mujeres que habían traído al mundo tres hijos, sin exigirles que estuviesen casadas: sólo debían, sin más precisión, haber “parido tres veces”. Además, a las mujeres de estatus latino que habían “parido tres veces”, un senadoconsulto les acordaba la ciudadanía romana. Esta medida probablemente completaba la ley de la época augustea que acordaba la ciudadanía a los latinos que habían tenido al menos un hijo de su matrimonio con una romana, siempre que este hijo hubiera alcanzado el año de edad. Por tanto, se ve claramente cómo, en el dominio de las ventajas legales conferidas a la paternidad y a la maternidad, la exigencia del iustus filius se opone a la del simple hecho de parir, oposición tanto más clara cuanto que el manuscrito de las Reglas de Ulpiano, donde se menciona este senadoconsulto, precisa que basta con que la mujer haya “traído tres bastardos al mundo”, lectura curiosa y, a mi juicio, falsamente rectificada por los editores del texto, cuando corrigen, sin ninguna razón, “vulgo quaesito<s> ter enixa”, por “mulier quae sit ter enixa” (es decir: “la que ha parido tres veces bastardos”, por “la mujer que ha parido tres veces”).

Vale la pena comparar también estas disposiciones legales con una cláusula testamentaria, inspirada probablemente en ellas, cláusula por la cual se concedía la libertad a una mujer esclava, “a condición de que traiga tres hijos al mundo”. En consecuencia, tanto en derecho privado como en derecho público, el parto libera, el parto naturaliza, el parto emancipa de la tutela, funda vocaciones sucesorias entre la parturienta y la progenitura, entre su progenitura y la parturienta. Por lejos que nos remontemos en el tiempo, no se tiene conocimiento de otro régimen de maternidad fuera de éste. En la época en que los derechos sucesorios entre madres e hijos se regían únicamente por el edicto del pretor a título de cognación, no se establecía ninguna diferencia entre los vulgo quaesiti y los otros. Se permitía reclamar la posesión de la herencia, “a causa del vínculo de sangre”, o “en razón de la proximidad”, “a los hijos vulgo quaesiti de la madre, a la madre de esos hijos, así como a los hermanos entre sí”. Nunca se habla de legitimidad ni de matrimonio para fundar tales derechos. No hay madre por adopción, ni por la concepción en matrimonio legal, ni por ninguna otra institución jurídica: sólo hay madre por parto.

Concepción legítima y nacimiento indeterminado

En el momento del parto, dicen muchos textos, el recién nacido adquiere el estatus en que en ese momento se encuentra la madre: nace esclavo, peregrino o romano según que ésta posea en ese instante la condición de esclava, de peregrina o de romana. Sin embargo, esta adquisición del estatus materno en el nacimiento es combatida por el principio contrario que quiere que el hijo “siga a su padre” (patrem sequitur) cuando ha sido concebido en bodas justas: entonces nace en la condición jurídica en que se hallaba el padre en el momento de la concepción. “Seguir a su padre” o “seguir a su madre”, he aquí dos vinculaciones mutuamente excluyentes: se nace libre o ciudadano, sea de padre o de madre, pero jamás de ambos. Nos hallamos aquí, sobre todo, ante dos modalidades antitéticas de vinculación. El matrimonio confiere el estatus paterno; el nacimiento, el materno; el estatus se adquiere ya sea de un genitor que la ley designa (se supone que el genitor es el marido de la mujer), ya sea de una parturienta que ha concebido indistintamente de no se sabe quién (vulgo). Por esta razón, la expresión que acabo de emplear —“nacimiento ilegítimo”— debe rectificarse de inmediato: no se puede hablar de ilegitimidad si no es a propósito del engendramiento, que sólo es cosa del hombre. La mujer recibe (concipit) el semen, ya sea de un marido de quien es la esposa legítima, ya de un varón cualquiera, indeterminado, que el derecho rehúsa reconocer y que jurídicamente se mantiene como “incierto” (pater incertus). El derecho, pues, califica como legítimo o ilegítimo el momento en que una mujer es fecundada por un hombre (legitime, illegitime concipi); como legal o ilegal, la conjunción de los sexos, la coniunctio maris et feminae, es decir, la unión carnal que, como se recordará, da genéricamente su nombre al matrimonio y a la que en este caso se califica como “coito legítimo” (iustus coitus, legitima coniunctio). Pero el nacimiento mismo escapa a las determinaciones de la ley. De una mujer justa o injustamente fecundada, los textos dicen unánimemente que un hijo “nace” o “sale”: la madre lo hace salir de su cuerpo, lo saca a luz (edere), lo procura (pues éste es el sentido primitivo del verbo que significa dar a luz y parir, pario). Este momento jamás recibe una calificación jurídica: no se caracteriza más que por el acontecimiento del que, entre siete y nueve meses antes, según el cálculo del “tiempo legal” (justum tempus, legitimum tempus), había sido protagonista un hombre.

De estos dos hechos, como admirablemente lo había entendido Bachofen, uno se comprueba inmediatamente, mientras que el otro se reconstruye. Pero la enorme originalidad del derecho consiste en haber edificado, sobre esta diferencia primera, un conjunto de instituciones en las que el contraste entre la naturaleza jurídica del hombre y la de la mujer —contraste captado en la diversidad de los acontecimientos que vinculan a todo ciudadano, respectivamente sea el uno, sea a la otra—se prolonga en un régimen de la filiación y de la sucesión en que el vínculo con el padre tiene una organización abstracta, mientras que el vínculo con la madre, no.

Matrimonio, concepción, parto. La transmisión de estatus

La materfamilias, esposa del paterfamilias

Así aparece la madre en el sistema jurídico romano: jamás se la instituye ni se la determina por derecho. En cambio, el título de “madre de familia”, correlativa de paterfamilias, depende estrechamente del matrimonio. Las fórmulas antiguas nos enseñan, sin lugar a dudas, que, bajo el nombre de materfamilias hay que entender la esposa de un ciudadano plenamente capaz. Así, cuando un romano adoptaba públicamente un hijo ante la asamblea de las curias presidida por el gran pontífice, la fórmula de la ley de adopción, ratificada por los comicios, implicaba la ficción según la cual ese hijo sería tan legítimo “como si hubiera nacido de ese paterfamilias y de su madre de familia”. Igualmente, en el matrimonio arcaico por compra simulada, el hombre preguntaba a la mujer “si quería ser su materfamilias”: su esposa. Es cierto que el marido también era, para su mujer, un “padre”; pero entre estas dos apelaciones no hay ninguna simetría. Pues la pregunta que la mujer dirigía a su futuro esposo tenía un sentido completamente distinto: “¿Y tú, quieres ser mi paterfamilias?” Con ello quería decir que el hombre bajo cuya potestad entraba por este tipo de matrimonio se convertiría para ella, jurídicamente, en un “padre”: un jefe de familia, un amo de casa a cuyo poder ella se sometería, junto con sus hijos. Al dirigirse a él con este título, la mujer, como nos lo confirma una glosa de Servio, quería decir que entraba en su casa como una hija, y que su marido “haría para ella las veces de padre”. Mientras que “padre” cubre el estatus del hombre que posee la plena capacidad jurídica, “madre” se aplica a la esposa que entra bajo la potestad de aquél. Tal es al menos, confirmada por gramáticos, juristas y arqueólogos, la acepción estrictamente especializada de la palabra en la época arcaica, cuando entre marido y mujer se practicaba el acuerdo por el cual ésta se ponía formalmente en la “mano” de aquél. Más tarde, según el lenguaje de los juristas de la época imperial, “madre de familia” designa simplemente a la esposa, la mujer casada incluso al margen de esta convención particular. Pero es cierto que, por principio, la mujer debía su estatus matronal al matrimonio.

Ahora bien, este nombre de la esposa-madre indica mucho más que un simple hecho de sociedad, a saber, que en Roma los hombres consideraban a las mujeres, en lo esencial, en su capacidad para ser madres. A este respecto, nada distingue a Roma de las otras sociedades antiguas, y más en general, de la casi totalidad de las sociedades humanas antes de la emancipación de las mujeres en el mundo industrial contemporáneo. Lo que merece la mayor atención, más allá de todas las generalidades sociológicas que pueda inspirar el tema de la mujer-madre, es un hecho de orden institucional, éste sí absolutamente original: lo que hace que una mujer acceda al rango socialmente reconocido de materfamilias no es ya el parto, sino el matrimonio. Benveniste no había dejado de destacar la singularidad del nombre latino del matrimonio, matrimonium, en tanto significa la “condición legal de mater”: el matrimonio es el estado de madre al que se destina a la muchacha que su padre da, cuando ella toma esposo, y en el que ella misma se compromete personalmente. Sin embargo, el destino de madre de la esposa indica mucho más que una función a la que las mujeres, por su estado, están destinadas. No basta con decir que la mujer está casada para que se convierta en madre, incluso cuando sea consecuentemente verdadero que, según la fórmula legal, un hombre toma mujer “para obtener hijos de ella”, e incluso cuando una de las causas más a menudo comprobadas de repudio, a partir del siglo II a.C., sea la esterilidad de la esposa, o su fecundidad insuficiente. Hay que subrayar además que el derecho, al forjar el nombre de materfamilias para designar a la esposa legítima, construye la maternidad de la mujer como un estatus que se concreta en el único hecho de estar unida a un paterfamilias: el código de las dignidades institucionales desnaturaliza la maternidad para absorberla, en el plano ideal y en el ficticio, en el estado de esposa de un ciudadano importante. Un estatus que, cuando se lo aborda con rigor, presupone realizada por el matrimonio la función que la ciudad asigna a las mujeres púberes: procurar una descendencia a los ciudadanos llenando de hijos a sus maridos. Por esta razón —precisan ciertos textos— se llama “madre de familia” a una esposa que aún no ha procreado. Lo mismo ocurre con la “matrona”, que sólo se distingue de la primera en que no entra en la potestad de su marido y conserva su estatus jurídico previo; también ella lleva un nombre que deriva de mater, a pesar de que no deba su estatus sino a la dignidad que le confiere el matrimonio, “aun antes del nacimiento de los hijos”.

Es verdad que una tradición divergente asocia, en el matrimonio, el título de matrona o de materfamilias a la procreación: un solo hijo dará derecho al primer nombre; varios, al segundo. No obstante, más allá del hecho de que esta tradición sólo se cita para discutirla de inmediato, tiene en su contra los usos ya mencionados de fórmulas arcaicas, y más aún el uso corriente de “matrona” ya en el sentido de esposa legítima, ya, en ciertos textos, incluso en el de “mujer de buenas costumbres”, esto es, aquella que, al no ser actriz, ni prostituta, ni sirvienta de taberna o de posada, tenía derecho a la protección de su dignitas y merecía ser honrada como una esposa.

Padre, madre, he aquí dos estatus jurídicos correlativos (en la medida en que, según el derecho más antiguo, no hay más madre que la esposa de un pater) y, sin embargo, heterogéneos, pues son completamente distintos los acontecimientos por los que la mujer y el hombre acceden a sus respectivos estatus. Ambos estatus, sin duda, dejan un cierto juego a la ficción: un hombre es “padre” sin descendientes, con tal de que no tenga ascendientes; una mujer es “madre” sin hijos a condición de tener un marido. Pero de inmediato se ve aparecer entre ellos, precisamente, una vez más, una irreductible disparidad. La parte de la ficción es mucho menor en el título de materfamilias que en el de paterfamilias. Una mujer situada como esposa en la casa de un ciudadano se convertía en realidad en esa madre que su título de esposa anticipaba y solemnizaba en virtud de los hijos que traía al mundo, mientras que un “padre de familia” no existía jamás si no era como heredero directo de su ascendiente masculino. La función paternal se consumaba en un orden puramente sucesorio, es decir, en una lógica de la transmisión por fallecimiento.

Esta nueva asimetría en el grado de ficción que entrañan los títulos de “padre” y de “madre” permite comprender una singularidad del matrimonio romano. A pesar de su finalidad abiertamente procreadora, a pesar de la presencia explícitamente exigida de ambos sexos, cuyo acoplamiento sirve para designarlo, el matrimonio romano existía jurídicamente aun sin consumarse. La consumación de la unión sexual no era un elemento constitutivo cuya ausencia, como más tarde ocurriría en el derecho canónico, sirviera para declarar inexistente el matrimonio. Tal como comprobaba Ulpiano y lo afirmaban otros juristas, “lo que constituye el matrimonio no es el hecho de yacer juntos, sino el consentimiento”. Veremos que esta regla, lejos de tener que interpretarse —lo que han hecho algunos juristas contemporáneos— como signo de la naturaleza puramente consensual del matrimonio romano (lo que, por otra parte sería lisa y llanamente una interpretación tautológica), remite en realidad a las condiciones diferenciadas del sexo masculino y del sexo femenino en el matrimonio. El que para la existencia del matrimonio romano importara poco que se hubiera consumado o no, no se debía, seguramente, a que el derecho valorara y protegiera en él la virginidad de la esposa, y menos aún a que —como harían los predicadores cristianos a partir del siglo III— se estimara que la castidad de los esposos constituía una vía de perfección de la unión conyugal. Nada de esto en absoluto. Lo que debe verse detrás de esta indiferencia del derecho romano a la realización física de la “coniunctio maris et feminae”, no obstante presuponerla, es otra y muy distinta indiferencia, asociada a la estructura jurídica de la filiación. En esta estructura no tenía cabida el que un padre fuera realmente el genitor de los hijos nacidos de su esposa legítima; interesaba poco incluso que no estuviera en condiciones de procrearlos.

Es preciso volver ante todo a la naturaleza jurídica del vínculo conyugal, que los juristas de Roma definieron de una manera puramente abstracta, sin ninguna referencia a los cuerpos. Ciertamente, la jurisprudencia (y desde época muy antigua la jurisprudencia pontifical, como lo ha mostrado S. Tafaro) había tenido mucho cuidado en establecer las condiciones de pubertad que se exigía al hombre pubes y a la mujer viripotens —esto es, a la mujer “en condiciones de soportar un hombre”—. Para los muchachos, la edad de la pubertad se fijaba en catorce años cumplidos; esta madurez, según ciertas escuelas, debía ser confirmada por un examen corporal: se debía comprobar, según el habitus corporis, que el joven era capaz de engendrar. A las muchachas, por el contrario, se las consideraba siempre núbiles a los doce años cumplidos, sin inspección de su organismo; para ellas, la capacidad fijada a partir de su “edad legal” (legitima aetas), para retomar una expresión del jurisconsulto republicano Servio, era irrefragable y no cedía ante el desmentido de los hechos. Fuentes jurídicas dignas de confianza muestran incluso que se prohibía el examen prenupcial de las jovencitas (Justiniano, en 529, extenderá esta interdicción a los muchachos): lo cual es ampliamente confirmado por los textos de medicina que en este sentido ha estudiado A. Rousselle. A primera vista, pues, la madurez sexual se exigía a ambos esposos a través de la aplicación de un dispositivo que combinaba presupuestos legales y, eventualmente, una verificación de pubertad del joven. He ahí, en el conjunto, un primer orden de datos que, a pesar de dejar de lado el “yacer juntos”, destinan netamente el matrimonio romano a la función de procreación. Para esta función, de una manera u otra, el hombre y la mujer recibían su certificado de aptitud. Pero eran sólo presupuestos de la institución: no se llegaba a exigir que se realizaran.

Por ejemplo, la casuística ilustraba el principio según el cual el matrimonio era perfecto ya antes de toda consumación carnal: una mujer debía guardar luto por un marido con el que se había casado en ausencia y con el que nunca se había encontrado; o bien, ejemplo que D. Dala ha comparado oportunamente con el anterior, una virgen podía intentar acción judicial por la restitución de la dote, aun cuando no hubiera perdido la virginidad en el momento de la disolución del matrimonio: el matrimonio era perfectamente válido, y la propiedad de los bienes dotales se había transferido utilitariamente al marido. Mejor todavía, una constitución atribuida a Zenón hace prevalecer siempre, en 475, el principio romano de la perfección jurídica del matrimonio no consumado. En este caso, el emperador bizantino había repudiado la costumbre egipcia del levirato, en razón de las interdicciones matrimoniales entre afines, y eso a pesar de que la viuda del hermano muerto hubiera quedado virgen, porque, explica el texto de la ley, “sólo por error se ha podido creer que el matrimonio no se ha contraído realmente cuando los esposos no se han encontrado corporalmente”.

Hay hipótesis de escuela que consideran incluso que, a causa de impotencia del marido, el matrimonio pudiera no haberse consumado jamás: no por ello la unión dejaba de ser un matrimonio, y los hijos que la mujer trajera eventualmente al mundo tenían por padre legítimo a su marido. De donde deriva toda una casuística sobre la paternidad del spado, palabra que designa a la vez al eunuco y al impotente. El eunuco no sólo tenía derecho a casarse y a adoptar, sino que también podía, lo mismo que el hermafrodita en quien prevalecían los órganos viriles, como se recordará, instituir un heredero póstumo: por esta operación jurídica, los hijos que nacieran de su esposa le serían legalmente atribuidos.

Como se puede comprobar en la lectura de los textos, el derecho romano aborda fríamente la operación mediante la cual el marido de lady Chatterley se procura el heredero que él mismo era incapaz de engendrar. La presunción de paternidad en beneficio del marido de la madre atribuía al hombre, en todos los casos, una descendencia legítima: la fecundidad de la esposa bastaba para asegurar la paternidad del esposo.

La abstracción del vínculo paterno

En principio, a pesar de las prácticas testamentarias, a pesar incluso de las reformas de derecho pretoriano y de la ley, la mujer carecía de sucesor que continuara su persona tras su fallecimiento. A diferencia del hombre, los descendientes de una mujer no la prolongaban post mortem. En el sistema de la transmisión masculina, cada uno era meramente el eslabón de un proceso ininterrumpido que trascendía su individualidad propia (proceso analizado más arriba como una unión de potestades contiguas). El poder operaba en último análisis como una verdadera correa de transmisión. A su muerte, los detentadores sucesivos de este poder dejaban al heredero “suyo” que aún tenían bajo su potestad con el mismo patrimonio y el mismo poder que ellos mismos habían recibido a la muerte de quien les había precedido. Se ve así hasta qué punto el derecho romano logró llevar el vínculo paterno a la abstracción. Abstracto en su principio mismo, en su origen, lo es más aún en su duración, en su vida. Sólo realiza plenamente su esencia en y por la muerte, cuando la desaparición del padre da lugar al nacimiento del hijo al estatus de paternidad al mismo tiempo que le permite acceder a la autonomía jurídica y al dominio del patrimonio. La presunción de concepción funda una relación en cuyo interior una verdad artificial sustituye por completo a una verdad natural: la verdad institucional de la potestad (que nace, vive y muere de su propio nacimiento, de su propia vida y de su propia muerte) trasciende la verdad supuesta del acto de engendrar. Precisamente por esta razón, la constitución de una dependencia paterna nunca es definitiva. Es cierto que el niño concebido en un matrimonio justo toma el estatus del padre en el nacimiento mismo —recibe, sobre todo, su ciudadanía—, pero la historia de sus relaciones no está determinada de una vez para siempre por el origen del que su vínculo procede. La potestad paterna prosigue su destino aleatorio y frágil, rota tanto como es posible por todos los grados de la capitis deminutio. La esclavitud del padre o del hijo la disuelve; y el mismo efecto tienen la pérdida de la ciudadanía o el paso del hijo a una dependencia jurídica distinta de la de su padre, por adopción, incluso su propia adopción, o por emancipación. De esta suerte, la abstracción del vínculo paterno se confirma en las instituciones derivadas de su fundamento ideal: a la idealización de un origen genético legalmente supuesto se agregan la sublimación de un lazo originario convertido en un poder al que la muerte da nacimiento y renueva, y luego en la autonomía de un destino jurídico en el curso del cual el vínculo perdura o se interrumpe.

“Seguir a la madre”: el cuerpo de la parturienta y el estatus de los hijos bastardos

Cuando los textos hablan, por el contrario, de que el hijo “sigue a la madre” porque su concepción ilegítima hace que adquiera el estatus de la que le dio nacimiento, hay que entender que el parto no sólo es el acontecimiento que determina esta consecuencia, sino que, mucho más que eso, a él se reduce la historia de una solidaridad jurídica íntegramente contenida en este momento único. La serie completa de accidentes en virtud de los cuales el estatus de la madre o el del hijo varían luego en el curso de sus respectivas existencias no altera la naturaleza de un vínculo que, al no haber sido sancionado por el derecho, no puede ser ni artificialmente prolongado, ni roto. Las únicas modificaciones de estatus que para el hijo implica la biografía jurídica de su madre son aquellas que sufre o de las que se beneficia in utero: las que se producen antes del parto en que toma estatus en relación con ella. Así, la esclava manumisa embarazada daba nacimiento a un hijo libre y ciudadano (si era la manumisa de un amo ciudadano romano); del mismo modo, aunque a la inversa, la libre de nacimiento que se convertía en esclava durante el embarazo daba obligatoriamente nacimiento a un hijo esclavo. Esta regla estaba tan firmemente establecida, y era formulada con tanta claridad en su principio (“los hijos concebidos fuera del matrimonio adquieren su estatus el mismo día de su nacimiento”), que fue necesario un escrito especial de Adriano para otorgar la condición de libres a los hijos de una mujer condenada a muerte. En efecto, la ejecución de las mujeres embarazadas se retrasaba hasta después del parto; pero una condena capital también acarreaba automáticamente la degradación servil. Por tanto, el hijo que la condenada llevaba en el vientre debía nacer necesariamente esclavo. De allí el escrito imperial que, mejor que cualquier otro texto, nos muestra el rigor de la norma que no admite excepción.

No siempre se reconoce esta norma en todas sus consecuencias, a causa, sin duda, de los cambios que tuvieron lugar en el curso del siglo IV, y consagrados por Justiniano, en favor de la libertad de los hijos concebidos de una mujer libre o manumisa que durante el embarazo cae al estado servil. El favor libertatis suavizaba así el rigor de la regla clásica según la cual la determinación del estatus no surge de la concepción, sino del nacimiento: se terminó por admitir que el niño concebido en un vientre libre nacía libre, cualquiera fuera la situación de la madre en el momento del parto. Es seguro que esta nueva óptica no puede remontarse a la época en que la regla se formula todavía con todo rigor, lo cual ocurre invariablemente en los siglos II y III. Dentro de este espíritu se da la discusión del caso de la esclava que había sido manumisa durante el embarazo y luego volvía a ser esclava: se terminó por decidir que el niño gozaba entonces de una libertad que le otorgaba el tiempo intermedio (medium tempus) que había pasado en el vientre de una madre sucesivamente esclava, libre y nuevamente esclava.

Durante toda la época clásica, sin embargo, prevalecía la regla que quería que el estatus del hijo sin padre legítimo quedara fijado al cuerpo de la parturienta. De allí la extremada atención que los juristas dedican a los casos límites (una vez más), en que debía observarse con tanta mayor precisión el momento del nacimiento cuanto que este nacimiento repercutía en el estatus de la madre, de la que, al mismo tiempo, el hijo tomaba el suyo. Veamos un caso: Arescusa será manumisa por testamento, a condición de que traiga tres hijos al mundo. Pero ¿qué pasará si pare gemelos por dos veces? ¿Cuál de los dos hijos de la segunda pareja de gemelos nacerá de una madre manumisa, y, por tanto, libre? Del mismo modo, si pare en la primera oportunidad un hijo único, y en la segunda trillizos: ¿cuál de estos últimos nacerá libre de un vientre manumiso por el tercer nacimiento? Es menester examinar, responden los juristas, la serie exacta de los nacimientos, la secuencia precisa que da sucesivamente a luz el tercer hijo, que libera la madre, y el cuarto, que nace libre de una madre ya liberada. Pues

la naturaleza no permite que dos hijos salgan al mismo tiempo del cuerpo de su madre: es imposible que, debido a un orden incierto de los nacimientos, no resulte claro cuál (si el tercero o el cuarto) nace en servidumbre y cuál en libertad. En el momento preciso en que comienza (el penúltimo) parto, se cumple la condición testamentaria y hace que el último hijo nazca del cuerpo de una mujer libre.

Tal es la determinación del estatus por la madre: una cuestión de hecho.

Todos estos acontecimientos, sin embargo, sólo tienen importancia in utero. Pues entonces el hijo se confunde con su madre: “Parte de sus vísceras”, tal como lo definía Ulpiano, no siempre tiene existencia propia. En el momento del nacimiento conservaba, en tanto sujeto en adelante autónomo, la condición jurídica en que se hallaba entonces su madre, con la que él dejaba tan sólo de formar una unidad. Pero, a continuación, puesto que no los unía ningún vínculo de derecho capaz de articular el destino jurídico de uno sobre el del otro, su relación, que para el derecho no era más que una relación de hecho, ya no se modificaba en virtud de los cambios de estatus que les afectaran personalmente. Dado que una mujer no tiene herederos “suyos” —dice un texto—, es decir, herederos bajo su potestad, nunca está en condiciones de perderlos por capitis deminutio. Del mismo modo, los “herederos legítimos” que le daba el senadoconsulto Orfitiano no experimentaban a su respecto los cambios que ella o ellos experimentaran: con la excepción, como se recordará, de la pérdida del derecho de ciudadanía, que los privaba del beneficio de la ley romana, sin perjuicio de un vínculo extraño a la legalidad. La madre o sus hijos podían, por separado, ganar o perder su autonomía jurídica, pasar de la esfera de un poder a la de otro: estas disociaciones no tenían lugar más que en relación con pater, pero jamás entre ellos, cuya relación era ajena al derecho. Por una decisión de la que informa Ulpiano, se llegó incluso a reconocer a los condenados a una pena capital, a pesar de que en ellos la degradación de estatus era máxima, la sucesión legítima de su madre, siempre que una medida de gracia les hubiera restituido la ciudadanía: en este caso, ya no se tenía en cuenta una pérdida provisional de la ciudadanía, a tal punto se había reconocido la independencia del vínculo de naturaleza con la madre respecto de toda elaboración institucional.

Por tanto, nada de solidaridad de estatus entre una madre y sus hijos, fuera de la que produce el nacimiento por contigüidad de dos vidas en el momento mismo en que una procede de la otra. Es así como se transmitía la libertad y la ciudadanía de la madre: por el último contacto de dos cuerpos que se separan. Cada uno de ellos llevaba a continuación su propia existencia en cuanto al estatus, que oscilaba con independencia recíproca: ningún cimiento jurídico (salvo, eventualmente, en la época antigua, el poder de un jefe de familia común a esposa e hijos) los mantenía artificialmente unidos; ningún artificio de derecho establecía entre ellos unidad indisociable alguna, unidad que, por un artificio más, se perpetuara en una sucesión continuada de los vivos a los muertos.

La ciudadanía de origen: ciudad de origen del padre y ciudad materna

Los modos de relación y los modos de sucesión se complementan. Bachofen había comprendido admirablemente la naturaleza de la oposición que el derecho romano pone en práctica entre los principios del vínculo materno y del paterno: uno, físico, o, según su expresión, naturalista (el nacimiento); el otro, inmaterial y abstracto (la concepción). Sólo que —interpretaba Bachofen, de acuerdo con la modalidad evolucionista que dominaba la historia institucional de su época—, la antítesis de estos dos principios y el pasaje de uno al otro: como la marca, que ha dejado el derecho, de la superación del “principio materno” por el “principio paterno”. En realidad, el segundo se articula sobre el primero en el seno mismo de un único sistema legal, y no por desarrollo progresivo: en el matrimonio, la madre determina la paternidad del marido. No nos hallamos ante dos derechos sucesivos, sino ante un régimen perfectamente coherente del ordenamiento de los sexos. Pero el sistema de esta división no aparece tan sólo en el origen, material o espiritual, del vínculo de filiación que une a cada uno con su padre y su madre. También se encuentra en la organización jurídica de su duración. En este sentido, el derecho sucesorio romano presenta el monumento más elaborado del orden sexual que se puso en práctica en Roma desde la época arcaica, al menos desde los tiempos en que, gracias a la ley de las XII Tablas, estamos en condiciones de comprender la relación necesaria existente entre masculinidad, poder y sucesión continua. Este orden es también político, pues gobierna la transmisión de la ciudadanía.

En la época imperial, la ciudadanía romana se comunicaba por el canal de una ciudadanía municipal a la que los juristas daban el nombre técnico de origo, origen. Este sistema fue instituido sin duda en el curso de las primeras décadas del siglo I a.C., cuando se integraron las ciudades y las comunidades itálicas: a partir de entonces, eran romanos de nacimiento todos los que nacían con calidad de ciudadanos de las ciudades pertenecientes a la “patria común”. Los que nacían de un matrimonio legítimo seguían la origo de su padre; los que nacían fuera del matrimonio, seguían la origo de su madre. A primera vista, se trataba de una estructura muy simple: la ciudadanía se transmitía tanto por vía masculina como por vía femenina. Pero la complejidad de esa estructura comienza a desvelarse apenas nos percatamos de la diferencia que separa las temporalidades propias de cada una de las ramas de la filiación cívica. La origo paterna no era el lugar del nacimiento del padre, sino la ciudad de la cual el padre extraía su propio origen paterno, y así sucesivamente, en ascensión sin fin. Del lado masculino, no había límite para esta regresión en el tiempo, o, si se prefiere, para esta inmovilización que el tiempo hacía de la duración. De tal manera que, en el orden político, la continuidad sucesoria se fijaba en un sitio que no era necesariamente el de la residencia, sino el de la pertenencia cívica. Así, la ciudadanía de los ascendientes se prolongaba en la ciudadanía de los descendientes.

¿Funcionaba de la misma manera la origo materna? Un texto de Neracio (jurista de la época de Trajano, a comienzos del siglo II d.C.) nos dice que la madre es quien proporciona el origen primero, la prima origo: “Quien no tiene padre legal extrae de su madre su origen primero, y este origen se cuenta a partir del día en que es traído al mundo”. En un sentido práctico, este texto no puede querer decir otra cosa que la origo adquirida por la madre arranca del momento del parto, que el hijo toma la ciudadanía que posee la madre en ese instante. Pero al calificarla de “primera”, el jurista quiere significar que la ciudadanía local del hijo no le viene de más allá que su madre. En comparación con el texto de Ulpiano ya citado, que nos informaba de que “la madre es el comienzo y el fin de su propia familia”, este fragmento de Neracio nos ayuda a comprender por qué la transmisión femenina es una sola: lo que proviene de la mujer no se inscribe en la sucesión del tiempo, sino que representa un comienzo absoluto.

El régimen de las incapacidades

Comienzo y fin, comienzo absoluto: ¿hay alguna relación entre esta reducción de las mujeres a su propia persona y el régimen de las incapacidades que caracteriza su estatus? En su gran diversidad de naturaleza, y habida cuenta de las evoluciones que cada una de ellas conocía por separado, es difícil hacernos una idea coherente de las múltiples derivaciones que padece la condición jurídica de las mujeres romanas en relación con la de los hombres. La lengua fría de los juristas justificaba todas estas diferencias por la inferioridad natural de las mujeres: por su debilidad congénita, por los límites de sus facultades intelectuales, por su ignorancia del derecho. Por lo demás, este discurso no es exactamente el discurso de los juristas. Catón el Antiguo pronunció en 195 a.C. una arenga de la que es posible que el compilador bizantino Zonaras nos transmitiera una versión más fiel que la que leemos en Tito Livio, completamente reelaborada: se alaba allí una sabiduría propia de las mujeres, hecha de reserva y de moderación. La subordinación natural de las mujeres a los hombres, tema aristotélico que tal vez encuentre su traducción latina en el argumento catoniano de una superioridad (majestas) de los esposos sobre sus esposas, era en todo caso un motivo que Cicerón asociaba a la institución de la tutela legal de las mujeres, por Tácito o los oradores, al matrimonio, etc. Por tanto, bien poca es la originalidad que se encuentra en la ideología misógina de los juristas romanos, así como tampoco hay originalidad en el pensamiento inverso de un Gayo, quien, en la época antonina, declara que el argumento de la ligereza de espíritu de las mujeres no termina de convencerlo: Columela, en su tratado de economía doméstica, reconocía a las mujeres las mismas facultades de memoria y de vigilancia que a los hombres. Estos lugares comunes no presentan demasiado interés para la historia de las instituciones.

Más útil resulta tratar de confeccionar una lista de las afinidades que confieren sentido al conjunto de las incapacidades femeninas y permiten ir un poco más allá de la mera comprobación de la inferioridad de su estatus jurídico en relación con el estatus masculino. Un trabajo reciente de J. Beaucamp (trabajo extremadamente valioso por la utilización que hace de fuentes papirológicas poco conocidas) intentan poner orden en una materia en la que a menudo no se han superado las simples enumeraciones didácticas. Por ejemplo, a las incapacidades propiamente dichas, el autor opone las “protecciones”. Pero ¿hay una diferencia tan grande entre la prohibición de que tradicionalmente se hacía objeto a las mujeres romanas de desempeñar el papel de procurador, de representante (interdicción que corresponde a un régimen de incapacidad) y la prohibición de ser fiadoras de otros, de garantizar las deudas de un tercero, que la ley les impone entre 41 y 65 d.C., prohibición que, por el contrario debería analizarse bajo el concepto de protección? ¿No es la protección, en ambos casos, una suerte de corolario de la incapacidad? Y sobre todo, ¿no puede depender, como en la doble prohibición de postular y de interponerse a favor de otro, de la idea de una incompetencia para actuar en nombre de un tercero, de una incapacidad para ocupar el lugar de otro? La misma obra clasifica también, con gran utilidad, las incapacidades en cuestiones públicas, judiciales y familiares. Este orden tiene al menos el mérito de ser claro y lógico. No obstante, no siempre se impone con la misma evidencia en el funcionamiento real de las instituciones. Por ejemplo, ¿hay una distinción igualmente clara entre la exclusión de determinadas actividades políticas o cívicas y la incapacidad de las mujeres, efectivamente regida por el derecho familiar, para adoptar un ciudadano e incluso para participar como esposas en la adopción a la que proceden sus maridos? ¿No es posible tratar (evidentemente, sin la pretensión de cubrir la totalidad del campo de las incapacidades) de identificar, en este dominio del estatus femenino, las lógicas comunes al derecho privado y al derecho público? ¿E integrar algunos de los elementos de este estatus en todas las otras características, que ya se han evocado, determinantes de la separación jurídica de los sexos?

Fragmento del sarcófago de Cornelius Statius. Se representa la educación del niño: el aprendizaje y los momentos de juego. París, Museo del Louvre.

Carencia de potestad e incapacidad para adoptar

Puesto que he enfocado todo mi análisis en la división de los sexos y en su ordenación en un régimen de transmisión del patrimonio, del poder y de la ciudadanía, comenzaré esta breve exposición sobre las incapacidades femeninas por las que, a mi criterio podría servir como emblema de todas las otras: las mujeres romanas estaban radicalmente excluidas del derecho de adopción. “Las mujeres no pueden adoptar en absoluto”, escribía Gayo, “puesto que ni siquiera tienen bajo su potestad a sus hijos naturales”: pasaje que adquiere toda su significación cuando se sabe, por el parágrafo precedente, que los impotentes y los eunucos, a pesar de su ineptitud física para engendrar, tienen capacidad jurídica para adoptar. He aquí, pues, un acto jurídico, la adopción, que hunde directamente sus raíces en esta “potestad”, de la que ya he explicado suficientemente que las mujeres estaban excluidas por principio.

Pero sobre todo no imaginaremos —como, sin duda erróneamente, han hecho algunos— que la mujer estaba presente en el acto de adopción realizado por su marido. Las fuentes jurídicas dicen explícitamente lo contrario: no sólo “los hombres pueden adoptar hijos aun cuando no tengan esposa”, sino que, incluso si estaban casados, su cónyuge era totalmente extraña a una operación que no la convertía en madre del hijo elegido por su marido. Por esta razón el rito judicial de adopción sólo ponía en contacto al padre y al adoptado: ninguna mujer participaba en él para desempeñar el papel de la madre, ausente por principio. En la modalidad arcaica de adopción ante la asamblea del pueblo, es verdad, el formulario de la ley llamada de adrogación enunciaba la ficción según la cual Lucio Valerio, el adoptado, sería el hijo legítimo de Lucio Ticio, el adoptante, con el mismo derecho que si hubiera nacido de este padre y de su materfamilias, su esposa. Pero en esta fórmula no hay que ver otra cosa que la redacción de una ficción: se consideraba al adoptado como nacido de su padre, lo que implicaba que hubiera debido nacer de una esposa del padre. En este caso, la adopción “imitaba a la naturaleza”, razón por la cual, por lo demás, la diferencia de edad entre el adoptando y el adoptado debía respetar la diferencia mínima que hubiera hecho posible que el primero engendrara al segundo. Pero la esposa no se menciona aquí más que a título de presupuesto necesario para una simulación jurídica. Esta simulación no exige su presencia, ni tan siquiera su existencia real.

Las esposas, en consecuencia, no intervenían en el acto, y el acto no tenía ningún efecto sobre ellas. En el momento del ritual, cuando se aseguraba que existían, tan sólo se estaba fingiendo: la presuposición de existencia no tenía más utilidad que la de servir al artificio del acto. E incluso este artificio sólo se enunciaba en el procedimiento más antiguo, el de la adrogatio ante los comicios curiados. En el procedimiento más reciente de la triple emancipación (venta solemne) del hijo ante el magistrado urbano ya no se la menciona. Y tampoco en la práctica de las adopciones testamentarias, que no sólo estaban prohibidas a las mujeres, sino que las mujeres no eran ni siquiera asociadas a ellas por sus maridos cuando éstos elegían un sucesor de sus bienes, que también debía llevar su nombre. Habrá que esperar a la época de Diocleciano, y luego al derecho del siglo VI para ver, por autorización expresa del emperador, que una mujer obtiene el derecho de considerar como hijo propio a un allegado, elegido por ella, como consuelo y en sustitución de un hijo muerto. Pero durante toda la época clásica el principio de la incapacidad para adoptar no conoció ninguna excepción. Tal ineptitud para tener herederos “suyos”, incapacidad directamente asociada a la falta de potestad de las mujeres.

Carencia de potestad y carencia de tutela

En el mismo orden de ideas, las madres estaban privadas del ejercicio de la tutela de sus hijos menores. Desde siempre las había dejado de lado la ley de las XII Tablas, que concedía esa carga al pariente masculino más próximo de aquel que, por fallecimiento, dejaba fuera de su potestad hijos impúberes. Los impúberes y, cualquiera fuera su edad, las mujeres, pasaban así de la potestad del muerto a la de su agnado más próximo: un hermano, un tío, un primo. Los intérpretes más autorizados del derecho civil consideraban, sin excepción, a partir de la jurisprudencia republicana hasta el siglo II de nuestra era, que tal prerrogativa era tarea exclusivamente masculina, un munus virile. Y así como la mujer no recibía la tutela legítima, tampoco estaba habilitada para designar en su testamento un tutor para sus hijos. Pues no se podía instituir tutor testamentario si no era para los herederos “suyos”, sobre los que aún se detentaba potestad en el momento de morir. Carga transmitida de hombres a hombres, pues; transmitida por quienes detentaban una potestad a quienes, en su lugar, la detentarían provisionalmente sobre los menores, hasta la mayoría de edad de éstos, o sin límite de tiempo sobre las mujeres, incluso púberes, en tanto no estuvieran casadas, en tanto no entraran, por matrimonio, bajo la potestad de un marido.

El jurisconsulto republicano Servio Sulpicio definía la tutela como un poder: como un poder que se ejercía directamente sobre las personas, in capite libero. Pero el tutor, además, agregaba su autoridad a los actos de gestión cumplidos por su pupilo. Mediante esta garantía que le aportaba, el acto recibía de él un complemento de validez con el cual no tenía eficacia. Poder sobre las personas y autoridad para conferir pleno valor a los actos jurídicos de otros: para perfeccionarlos ratificando en ellos las manifestaciones de una voluntad lacunar. De esta tarea de confirmación, de esta consolidación de la actividad de un incapaz, el derecho romano exceptuaba a todas las mujeres. No tanto porque fueran personalmente incapaces, como en razón de los límites de su esfera de acción, que coincidían con los de su propia persona.

Ésta es la norma, que corresponde a una estructura casi inmóvil. La historia de las prácticas, en cambio, nos muestra cambios a veces rápidos en los hechos, y mil formas de adaptaciones del derecho a las transformaciones sociales. Pero tengo que subrayar una vez más que el historiador del derecho perdería de vista su objetivo esencial si se contentara con describir los movimientos dominantes, si no prestara atención, por el contrario, al descubrimiento de qué formas, qué rodeos formales, deben adoptar en la práctica las evoluciones para permitir su permanencia propia a las estructuras que escamotean, pero que no alteran.

La imposibilidad de una tutela de las madres chocaba en Roma con un hábito bien comprobado desde la época republicana: las viudas criaban por sí mismas a sus hijos, controlaban por sí mismas su mantenimiento y su educación hasta la edad adulta. Ya era bastante frecuente que después del divorcio, la mujer, casada nuevamente o no, obtuviera de su primer marido la custodia de los hijos del primer matrimonio, que muy a menudo cohabitaban con los de un segundo matrimonio. Seguramente no era ésta la regla, como lo muestra la retención de una parte de la dote por el marido, proporcionalmente a la cantidad de hijos cuya carga conservaba (retentio propter liberos). Pero era una práctica muy corrientemente admitida. Bajo el Imperio, un rescripto de Antonino Pío acordó incluso a la madre divorciada el derecho de conservar sus hijos contra la voluntad del marido. A fortiori, no había ningún inconveniente para reconocer a las viudas el cuidado de sus hijos menores. Una fórmula testamentaria tipo, citada por Quinto Mucio Escévola hacia los años 100 a.C., prescribe “que se críe a los hijos y las hijas allí donde su madre quiera que se eduquen”. Son innumerables los ejemplos de romanos célebres criados por sus madres: los Graco, Sertorio, Catón de Utica, Octavio, Claudio, Calígula… En todos los casos, necesariamente, las custodia matrum, como la llama una epístola de Horacio, duplicaba la gestión propiamente jurídica del tutor legal o designado por testamento. Séneca lo explica muy claramente a propósito del joven Milicio, que vivió bajo el techo de su mujer hasta la muerte: mientras fue impúber, es decir, hasta los catorce años cumplidos, perteneció a la vez a la “tutela” de su madre (la palabra es jurídicamente inexacta) y a la “cura de sus tutores”. En realidad, se ponía en práctica una doble administración: la de la madre, efectiva; la de sus tutores, nominal. Ahora bien, lo que llama la atención, en la abundancia casuística que regía las dificultades de tan compleja gestión familiar, es el interés de los juristas —y de los emperadores— por preservar el principio de la incapacidad de las mujeres para desempeñar el papel y asumir la responsabilidad de una verdadera tutela. Poseemos muchísimos testimonios de la administración que las madres realizaban de los bienes de sus hijos, recogidos hace ya tiempo por B. Kübler, analizados mucho más recientemente por M. Humbert, por T. Masiello, por J. Beaucamp. Vemos madres que venden tal o cual bien inmueble de su hija, que deciden acerca de su matrimonio, que compran un apartamento para su hijo, que hacen fructificar su patrimonio. No obstante, esta administración no dejaba en suspenso la responsabilidad de sus tutores, que exigían una garantía, es decir, una declaración por la cual la mujer se comprometía a asumir los riesgos de su gestión. Pero no por ello perdían los hijos, en su mayoría, los recursos contra sus tutores, cuyo “oficio”, precisa una advertencia de Papiniano, no podían “infringir” la intercesión de la madre ni aun la voluntad paterna expresada en testamento. En resumen, aunque la madre hubiera administrado en sustitución del tutor (por tutores), sólo se pedían cuentas al tutor masculino, cuyas obligaciones no se habían extinguido.

Por toda suerte de prácticas indirectas, a veces los jefes de familia intentaban confiar a su vida la responsabilidad de los bienes de sus herederos menores. Uno de esos medios consistía en desheredar al hijo en provecho de su madre, quien tenía a su cargo la restitución de los bienes sucesorios del hijo que se había hecho mayor (fideicomiso de restitución). A veces, incluso el marido trataba de designar directamente a su esposa como tutora testamentaria: pero tal disposición no se reconocía válida, salvo por privilegio especial del emperador, obtenido a pedido. No conocemos más que una sola respuesta positiva, bajo el reinado de Trajano. Algunas tradiciones provinciales, sin embargo (en Egipto, sobre todo) reconocían la tutela de las madres: pero el derecho romano las rechaza; los gobernadores reciben la orden de no aplicarlas. Hay que esperar una ley de Teodosio, en 390, para ver cómo la cancillería imperial acepta el pedido de tutela presentado por las mujeres, bajo la condición de que éstas unan a su solicitud el juramento de no volver a casarse. En resumen, en la larguísima duración del derecho romano —desde la época arcaica a finales del siglo IV— se observa, a pesar de las ingeniosas soluciones que en la práctica se inventaron para eludirla una misma estructura de incapacidad, unida a la falta de potestad sobre los demás, pero sobre todo a la estrechez del campo de acción jurídica reservado a las mujeres.

Breve historia de la tutela de las mujeres hasta comienzos del Imperio

Sin embargo, no se consideraba a las mujeres fundamentalmente incapaces para sí mismas, para la administración de sus propios asuntos. Así opina al menos el jurisconsulto Gayo en el siglo II de nuestra era, cuando refuta el argumento tradicional según el cual la “ligereza de espíritu” de las mujeres habría obligado a ponerlas bajo custodia:

No parece que haya habido ninguna razón seria para mantener bajo custodia a las mujeres púberes. Pues lo que comúnmente se aduce —que muy a menudo se equivocan en virtud de su levitas animi y que sería equitativo dejar que las gobernara la autoridad de sus tutores— parece más aparente que real: en efecto, las mujeres púberes tratan por sí mismas sus asuntos y, en ciertos casos, su tutor no interpone su autoridad más que de un modo puramente formal; incluso, a menudo es obligado por el magistrado a constituirse en garantía contra su voluntad.

Gayo agrega que, en los casos en que la tutela legal existía todavía en su época, no tenía más justificación que el interés personal del tutor.

En los años treinta del siglo I de nuestra era sólo quedaban dos situaciones de tutela para las mujeres: cuando habían sido emancipadas por su padre o manumisas por su amo. El padre emancipador o el amo de la manumisa se convertían entonces en tutores de pleno derecho. ¿Qué ventaja les procuraba ese papel? La de controlar los testamentos de sus administradas: puesto que se requería su autorización, podían oponerse a una disposición testamentaria que los excluyera o los perjudicara gravemente. Tal es, según Gayo, la razón de una dependencia que, para las mujeres, no cesaba en la pubertad, sino que se prolongaba durante toda la vida, incluso después de la muerte del padre: la salvaguardia de los intereses sucesorios de los hombres que eran al mismo tiempo sus herederos y sus tutores. En su época, estos intereses ya no se preservaban más que en beneficio de los amos que continuaban controlando a sus antiguas esclavas. Pues la antigua tutela que, desde la ley de las XII Tablas, organizaba el derecho civil en beneficio de los agnados más próximos de las mujeres libres, había sido abolida por Claudio, después de haber sido limitada por Augusto al caso de las mujeres que no habían logrado llevar a buen término tres embarazos. En adelante, tras la muerte de su padre, las mujeres libres de nacimiento escapaban al control de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos. Viudas, escapaban también, después de estas reformas y siempre que estuvieran casadas bajo el régimen de la potestad marital (manus), a la rectificación de sus actos por los agnados que habían adquirido por matrimonio, en lugar de sus antiguos padres; ya no requerían, ni para obligarse, ni para testar, ni para constituir una dote (esto es, para volver a casarse), la autorización de su hijo, respecto del cual se hallaban en posición jurídica de hermana; ni tampoco, en ausencia de hijo, la autorización de los hermanos del marido o de los otros parientes por línea masculina.

La supresión de la tutela agnática realizó, sin duda, en el pleno sentido del término, una emancipación de las mujeres. Sin embargo, esta liberación no consistió tanto en el reconocimiento de una nueva capacidad —que les sería negada en razón de su naturaleza imperfecta— como en la superación del obstáculo de los intereses familiares a los que la sociedad reconocía menos legitimidad que antes. Menos legitimidad porque el centro de gravedad jurídico de la mujer, debido a las transformaciones del derecho matrimonial, se había desplazado del marido y los agnados de su marido a su padre y los agnados de su padre. En el curso de las últimas décadas del siglo I a.C., los matrimonios concluidos con manus —es decir, con la entrada de la mujer bajo la potestad de su marido o del padre de su marido— declinan y luego desaparecen. De su existencia da testimonio todavía Cicerón en dos o tres oportunidades, y en otros dos casos una inscripción de la época augustea, la Laudatio Turiae. Pero sabemos que en la época de Tiberio han desaparecido: entonces no se encuentra ya un solo padre de familia que acepte que su hija se convierta en esposa del flamen de Júpiter, pues, según la tradición, ella debe ponerse en “mano” de este último. Ahora bien, este cambio de régimen había desembocado en una situación paradójica, que hoy nos produce una falsa impresión de arcaísmo. En el derecho más antiguo, las madres de familia gozaban de una autonomía bastante grande: su matrimonio, a causa de la transferencia de potestad que casi siempre lo acompañaba, las emancipaba de su familia paterna: si enviudaban, se abrían ante ellas procedimientos para liberarse del control de sus agnados maritales; si se divorciaban, tenían derecho de exigir, a quien había detentado la manus sobre ellas, que las liberara. Pero, puesto que no abandonaban ya la dependencia jurídica de su parentesco de origen, las mujeres se encontraban definitivamente trabadas, de por vida, por una tutela de la que ni la viudedad ni el divorcio les daban ocasión de liberarse. Entonces comprendemos mejor el alcance de las reformas de Augusto y de Claudio y, a través de ellas, el contexto jurídico-social en el que deben interpretarse las capacidades de las mujeres romanas.

Capacidad para sí misma

Cuando Gayo escribía sus Instituta hacía ya mucho tiempo que se había reparado la degradación de la condición jurídica de las mujeres. Ante todo, Augusto había suprimido todo control de los agnados sobre las mujeres —casadas o no— que habían traído tres hijos al mundo. Los jurisconsultos acomodaban su interpretación de la ley a las realidades demográficas de la época, al no exigir que estos hijos hubiesen sobrevivido al nacimiento: los hijos, incluso los muertos apenas nacidos (y, prevé la casuística, los monstruos) eran de tanta utilidad para su madre como los hijos fuertes y viables; de suerte que lo que desde comienzos del Imperio liberaba a toda mujer de la tutela legal no eran tres vidas, sino tres embarazos llevados a término (cuatro para las manumisas). Luego, Claudio suprimió sin condiciones la tutela agnática para las mujeres que habían nacido libres. En realidad, sólo subsistió la autoridad del amo sobre las manumisas que no habían parido cuatro veces.

La mayor parte de las mujeres, desde el momento en que ya no se encontraban bajo la potestad paterna, gestionaban por sí mismas su patrimonio, salvo la dote, que se confiaba a la administración del cónyuge. Podían disponer sobre todo de su fortuna por testamento, sin pasar por la autoridad de un garante. Hasta Adriano, para ello habían tenido que pasar por la formalidad de la coemptio fiduciaria “testamenti faciendi causa”: sobrevivencia formal del tiempo en que las matronas, para testar libremente, habían tenido que liberarse de la tutela de los agnados de su marido; este último arcaísmo quedó eliminado al comienzo del siglo II de nuestra era. En adelante, la influencia jurídica de los rodeos familiares se limitaba, lo mismo que para los hombres, al poder del paterfamilias: a la muerte de su padre, una mujer poseía una capacidad patrimonial casi comparable a la de sus hermanos.

Sin embargo, antes de estas reformas, en una época en que la mayor parte de las mujeres aún tenían prohibido obligarse a alienar sus bienes sin la aprobación formal (auctoritas) de un garante (auctor), aquellas a las que los avatares de la existencia habían dejado solas y libres de todo control corrían el riesgo de que nadie convalidara debidamente sus empresas. Éste era el caso, por ejemplo, de las matronas divorciadas y liberadas de la manus: no las asistía ningún tutor, ni legítimo, ni testamentario; lo mismo ocurría con las manumisas de un ama, pues las mujeres, como se ha visto, no podían ejercer ese “oficio viril”. Ante estas situaciones y otras comparables (así, por ejemplo, el impúber privado de agnados, si el testamento no había previsto esa carencia), hacia el año 210 d.C. una ley había prescrito instituir un tutor designado por pretor urbano. Más tarde, bajo el Imperio, esta tutela “dativa” fue sistemáticamente administrada por Roma, tanto en Italia como en las provincias. En caso de necesidad, pues, toda mujer podía recibir la asistencia de un tutor que le era suministrado por los órganos de la ciudad. Esta asistencia de un tercero reclutado entre los notables de la ciudad y, por principio, extraño a los intereses de la familia, era puramente nominal. La institución subsistió a pesar de la desaparición de la tutela agnática, sin obstaculizar prácticamente la autonomía de las mujeres: lejos de todo control, la aprobación tutoral no era más que una formalidad de homologación. Los actos de la práctica, por otra parte, dan prueba de que las mujeres tomaban la iniciativa de hacerse dar un garante: libre petitio que basta para mostrar que la ayuda de un tercero (cuyo nombre, por lo demás, proponían ellas al órgano que lo designaba) no sustituía su incapacidad permanente, sino que más bien servía para rodear a sus actos jurídicos de todas las condiciones formales de validez; como escribía Gayo, el tutor, en ciertos asuntos, debía interponer su autoridad “por forma” (dicis gratia). Razón por la cual, por lo demás, las mujeres, a diferencia de los impúberes, no podían intentar acciones con motivo de la tutela. Tampoco podían hacerse indemnizar por una gestión imprudente de que hubiesen sido víctimas; pues ellas mismas administraban sus propios asuntos, sin representante legal que actuara en su lugar; en su caso, el papel del tutor se limitaba a completar solemnemente, con el agregado de su auctoritas, los actos que ellas tenían plena capacidad para concluir.

Un texto nos proporciona una lista de actos para los cuales esta ratificación de pura forma se juzgaba necesaria. En primer lugar, para contratar una obligación, según las modalidades antiguas del derecho civil: es decir, por una promesa solemne y unilateral, que no tiene explícitamente asegurada contrapartida alguna. Luego, para alienar un bien, cuya transferencia requería el acto formal de la mancipación: se trataba de bienes rústicos, edificios y esclavos. Pero esta formalidad de la aprobación tutoral era superflua para contraer matrimonio, para constituir una dote (a menos que no lo fuera según la forma estipulatoria de la promesa), para testar, para contratar, para alienar bienes cuya transferencia no exigiera el rito de la mancipación (es decir, en realidad, todas las mercancías), para hacerse reembolsar una deuda, para aceptar una sucesión.

Gayo tiene razón: las mujeres tratan por sí mismas sus asuntos, ipase sibi negotia tractant. Los actos de la práctica nos muestran que las mujeres del Imperio romano eran perfectamente conscientes de su poder de administrar sus bienes y su capacidad para concluir actos jurídicos, sobre todo cuando gozan del “derecho de los tres hijos”, que las dispensaba incluso de solicitar al magistrado la designación de un tutor “dativo” en las operaciones en las que era necesaria la auctoritas de un comparsa. Ellas hacían la declaración oficial ante los servicios del gobernador, agregando a veces la mención de que sabían escribir, y su declaración era oportunamente registrada en los registros públicos de la oficina.

Esta capacidad jurídica ampliamente entendida explica las actividades artesanales y comerciales en las que parecen haber estaba embarcadas muchas mujeres bajo el Imperio romano, al margen de las grandes domesticidades aristocráticas que ha estudiado S. Treggiari. Es cierto que había oficios específicamente femeninos, como ha mostrado N. Kampen para la ciudad de Ostia: nodrizas, comadronas, actrices, masajistas, tejedoras, costureras, lavanderas; pero algunas —sólo las posaderas, las propietarias de tabernas, más o menos ligadas al mundo de la prostitución— poseían verdaderos comercios. Se conocen mujeres comerciantes (sin hablar de parejas), y a veces incluso de propietarias de barcos, responsables de compañías de navegación. Fuera de las actividades económicas y comerciales, hay que destacar las preocupaciones de orden jurídico que, con referencia a las mujeres del Imperio, da testimonio la masa de los rescriptos que les fueron remitidos por pedido de ellas. L. Huchthausen ha podido calcular en un cuarto del total de rescriptos las respuestas jurídicas enviadas a las mujeres por la cancillería imperial en los siglos II y III de nuestra era. Los requerimientos, que versaban sobre problemas de gestión patrimonial de la máxima diversidad y complejidad técnica, llegaban de todas las provincias y, aparentemente, de todos los medios.

Incapacidad para representar a otro: división de los sexos y “oficios civiles”

En cambio, las romanas continuaron castigadas por una cierta cantidad de interdicciones definitivas, con independencia de los procedimientos de validación a los que estaban a veces sometidos sus actos. Se recordará que les estaban prohibidas la adopción de un hijo o la gestión de una tutela, pues estaban privadas de todo poder sobre los demás. Más en general quedaban alejadas de los “oficios civiles” que aún llevaban el nombre de “oficios viriles”: tanto en derecho privado como en derecho público, ciudadanía y masculinidad se confundían cuando la acción de un sujeto, al exceder su propia persona y su propio patrimonio, atañía a otros en virtud de la capacidad que cada uno tenía de actuar en nombre de un tercero. Tal es precisamente el extenso dominio de los officia prohibidos a las mujeres: en este dominio nos encontramos con la representación, la tutela, la intercesión, la procuración, la postulación en nombre ajeno y, por último, la acción ante la justicia, cuando el interés en litigio no era el del demandante, sino el de la comunidad política (tales como la acusación pública o la acción popular).

Tomemos, por ejemplo, la representación ante la justicia. Las mujeres no podían ser elegidas como representante (procurator) de una de las partes en un proceso porque, dicen los textos, encargarse de la causa de otro es un “oficio” civil, público y viril. Una constitución de Septimio Severo nos aporta incluso esta feliz precisión: “Los asuntos de otro no pueden confiarse a las mujeres, salvo que, por las acciones que les está permitido intentar, persigan su propio interés y su propio beneficio”: es el caso, por ejemplo, de la mujer que, acreedora de un crédito, intenta, a fin de cobrar esa deuda que ahora le pertenece, una acción en nombre del tercero que se la ha cedido, para que el deudor tenga siempre que tratar con un mismo acreedor. Este fragmento, en su alcance estrictamente técnico, nos informa más acerca del estatus de incapacidad de las mujeres, así como sobre la articulación de esta incapacidad en el régimen de la división de los sexos, que muchos desarrollos literarios a través de los cuales a veces se descubren representaciones, pero raramente funcionamientos institucionales reales, sin cuyo conocimiento el interés que se pueda tener en los fantasmas corre el riesgo de caer en la trampa de las ilusiones sin fin. En otros términos, más bien el Código que Juvenal. Más bien la formulación exacta de una regla que pone lo masculino y lo femenino según el criterio de la capacidad que los hombres tienen, y de que las mujeres carecen, para desempeñar otros roles que el propio, para prolongarse en otro, para desmultiplicarse, para separar en ellos, mediante una suerte de duplicación que el derecho instaura en su naturaleza, entre su yo propio y los “oficios”, las funciones que encarnan; antes la asignación de papeles precisamente definidos que los mil trazos a través de los cuales este poeta, aquel satírico, tal o cual analista, recriminan el impudor y el exceso de las mujeres dispuestas a salir de su reserva a comportarse públicamente como hombres, a imponerse fuera de sus hogares. Con todo rigor institucional, más vale intentar comprender este principio subyacente al derecho de las incapacidades: una mujer no tiene otro interés que defender que el propio.

Ni el lugar común de la infirmitas sexus, ni las racionalizaciones que proponen hoy en día ciertos romanistas, cuando distinguen, por ejemplo, entre un régimen de incapacidad y un régimen de protección —entre un régimen de inferioridad civil y otro, por el contrario, privilegiado— explican la unidad del dominio que el derecho romano reserva a los hombres y veda a las mujeres. Si reunimos las modalidades de intervención que pertenecen a la jurisdicción de “oficio” civil y viril encontramos en ellas una estructura común: la de una acción para otro. La representación ante la justicia que no es más que el ejemplo más sencillo de ello. La acusación obedece al mismo principio. De donde la excepción de la prohibición de que se hace objeto a las mujeres de erigirse en acusadoras cuando se trata de vengar a sus parientes más próximos. Postular por otros (es decir, intentar una acción en nombre propio pero por cuenta de un tercero) es también, para la mujer, la asunción contra natura (y contra todo pudor) de un officium masculino. Los juristas interpretan siempre la prohibición de “interceder”, de que aún la hace objeto el senadoconsulto Veleyano (entre 41 y 65 de nuestra era), es decir, de interponerse entre un deudor y su acreedor, de garantizar una deuda, como un caso, entre otros, de su exclusión de los “oficios” civiles y masculinos.

Las incapacidades de derecho público no difieren fundamentalmente en naturaleza de las del derecho privado. Es cierto, siempre se vuelve sobre ello, que la ciudad es un “club de hombres”. Una romana, no obstante, es civis romana y da nacimiento a un civis romanus. Pero de lo que las mujeres están esencialmente privadas, tanto en la política como en las relaciones intersubjetivas, es de asegurar un servicio que trasciende la estrecha esfera de sus intereses propios; lo que desubjetiviza su acción para conferirle el sentido abstracto de una función. Por ejemplo, no es asombroso que una mujer pueda prestar testimonio ante la justicia: su palabra no es menos digna de crédito que la de un hombre. Pero que se le prohíba ser testigo de un testamento no contradice la regla precedente, pues, en este caso, el ciudadano romano testis valida la operación al conferirle su publicidad.

Una última contraprueba de este sistema, coherente según todas las apariencias. En la época del antiquísimo derecho romano, las mujeres no podían redactar testamento —porque el testamento revestía una forma comicial y suponía, pues, una pertenencia a las asambleas políticas—, ni prestar testimonio ante la justicia. En el proceso arcaico, prestar testimonio equivalía a desempeñar un “oficio viril”, en la medida en que los procedimientos judiciales movilizaban, para probar la existencia de un derecho, la garantía del cuerpo cívico y su unidad: la totalidad de los ciudadanos confirmaba el derecho de las partes. Dar testimonio equivalía entonces a instituirse en garante, y, en consecuencia, a asumir por excelencia el papel de un tercero absoluto. De este servicio público, las mujeres estaban excluidas con toda naturalidad. Dejaron de estarlo cuando, lejos de fundar la existencia de un derecho garantizado para todos, el testigo se convirtió, en el proceso, en una modalidad de prueba entre otras. La palabra de una mujer, en este caso, no asumía ya la fuerza abstracta de una mediación: la generalidad de un officium.

 

¿Cuál es el lugar que ocupan las imágenes de mujeres en una civilización que, como a menudo se subraya, ha otorgado un sitio tan singular a las representaciones figuradas? Si, en la época clásica, un ateniense se paseaba por su ciudad, al atravesar el cementerio veía sonreír a una core envuelta en los pliegues de una túnica de color vivo: la estatua indicaba el emplazamiento de una tumba. Poco después, una gesticulante figura femenina con la cabeza rodeada de serpientes le clavaba sus ojos redondos y le sacaba la lengua: se había cruzado con la mirada de una Gorgona. Si levantaba los ojos hacia el friso del Partenón, percibía las Canéforas, jovencitas, también ellas envueltas, portadoras de los cestos en la procesión de las Panateneas. Cuando el recinto del templo estaba abierto, se sentía aplastado por la majestad de la estatua de la diosa Atenea Partenos, obra de Fidias, que lo dominaba desde sus doce metros de altura, y tal vez prefería el perfil familiar de la diosa encasquetada que todos los días tenía entre los dedos cuando cambiaba sus dracmas. Si se dirigía a cualquier santuario de campana, conocía la diversidad de los innumerables figurines femeninos trazados a toda prisa y depositados como exvotos. Por último, de regreso en el ágora, en el taller del alfarero o en la casa de algún amigo donde terminaba la jornada reclinado en el banquete contemplaba con facilidad mujeres en escenas que hoy llamamos eróticas, sus cuerpos soberbiamente desnudos pintados en las copas que se pasaban entre los bebedores. Las figuras femeninas pueblan la ciudad y sus formas cambian con el capricho del tiempo. Así, en un libro muy interesante sobre las estatuas de Afrodita de la época helenística, Wiltrud Neumer-Pfau ha tratado de precisar los vínculos entre la evolución de la imagen de Afrodita y la posición de las mujeres en la sociedad. Las tentativas de este tipo no son precisamente frecuentes y el análisis que aquí propone François Lissarrague es deliberadamente prudente, pues la ciudad de las imágenes, al igual que la de los textos, es una ciudad del discurso.

 

P. S. P.