Tierra arrasada

Darío Aranda

Fragmento

El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la Ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre de 2012. Por primera vez los porteños experimentaron (sólo por unas horas) lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario.

De idéntica manera, y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares?

¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debieran volar los selectos barrios de Nueva Córdoba o Cerro de las Rosas (Córdoba), Ciudad Rivera (Rosario) o el Dalvian (Mendoza)? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías?

En cada lugar que se asienta el extractivismo (minería, petróleo, soja, forestales) se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará. Y, al mismo tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.

Política de Estado

El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minería también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600 (creció el 1.500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones.

El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el “Consenso de Washington”, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el Norte y aplicado a rajatabla por el Sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el “consenso de los commodities”1. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político (desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda).

Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities.

No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo (provincial o nacional) apoyan el mismo esquema.

La Argentina exporta naturaleza, suma un capítulo a las Venas abiertas de América Latina2, repite la historia de los espejitos de colores.

Leyes

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.

En noviembre de 2006, la Ley 26.160, que detiene los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas, ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley en dos oportunidades. A seis años de sancionada, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto3. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no se había finalizado el trámite de ninguna comunidad.

La llamada Ley de Glaciares fue sancionada dos veces. Aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008, se interpretó como un virtual impedimento a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre de 2008. “El veto Barrick” bautizó el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez.

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece un plazo de 180 días para la realización del Inventario Nacional de Glaciares por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.

La norma fue frenada judicialmente por una medida cautelar presentada por la empresa Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. En marzo de 2013 el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4.000 glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo públicos los informes completos. En noviembre de 2014, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció la falta de presupuesto (de 2015) para avanzar en el relevamiento de glaciares4.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla (luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal). A cinco años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto5 en el que (en base a datos oficiales) evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación.

En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan.

La primera soja transgénica en la Argentina se aprobó en 1996 en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012, con otra soja de Monsanto, y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.

Las leyes mineras, aprobadas durante el menemismo, siguen vigentes. Lo propio sucede con la ley que favorece a las empresas forestales (vencía en 2009 pero fue prorrogada por el Congreso Nacional). A fines de 2014, el oficialismo impulsaba dos leyes: de agroquímicos, que no establece ninguna distancia de precaución para las fumigaciones ni hace lugar a las decenas de estudios que confirman los efectos de los venenos agrarios; y la “ley Monsanto”, una nueva legislación sobre semillas, muy cuestionada por académicos y organizaciones sociales.

El 30 de octubre de 2014 a la madrugada, se sancionó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007). Con 130 votos a favor, otorga numerosos beneficios a las empresa

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