PRESENTACIÓN

La invitación que recibí de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Red del Foro de Biarritz a participar en la conferencia América Latina: dos modelos una sola región, realizada en Quito en el año 2011, me ofreció la oportunidad de presentar las reflexiones que venía haciendo sobre las nuevas formas de autoritarismo que habían aparecido en la región.

A diferencia de lo sucedido en los siglos XIX y XX, quienes desconocían las instituciones democráticas e instauraban gobiernos dictatoriales no eran caudillos militares y tampoco la institución armada, sino presidentes civiles elegidos por el pueblo para que gobernaran sus países con sujeción a la Constitución y a la Ley. Este nuevo fenómeno autoritario, alumbrado por la volátil política latinoamericana, a fines del milenio apareció en Venezuela acaudillado por el coronel golpista Hugo Chávez. En los primeros años del siglo XXI siguieron sus pasos Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador.

Sorprendió la paradoja de que el retorno del atávico y cíclico autoritarismo latinoamericano, con todos sus males, se produjera en el mejor momento vivido por la democracia y la libertad durante la casi bicentenaria historia republicana del subcontinente. Por primera vez habían desaparecido las dictaduras y las instituciones democráticas regían el gobierno de los Estados, con la excepción de Cuba. En vista de este significativo logro, alcanzado por el pueblo latinoamericano, muchos pensaron que, esta vez, la democracia había vuelto para quedarse.

La ponencia que presenté, titulada De la democracia a la dictadura, centrada en el examen del gobierno autoritario de Rafael Correa, fue recogida por el diario El Universo de Guayaquil en los días 20, 21 y 22 de febrero del 2012 y en un libro publicado por la UDLA con el título del citado seminario. Movido por el interés que suscitó mi planteamiento, amplié el ensayo original, trabajo que dio origen al libro Dictaduras del siglo XXI: el caso ecuatoriano, publicado a fines de dicho año¹.

Varias razones me indujeron a profundizar el estudio de esta nueva forma de autoritarismo. La necesidad de desentrañar el proceso político por el que un sistema democrático se convertía en dictatorial y presidentes constitucionales se transformaban en caudillos autocráticos. La utilidad académica de conceptualizarlo, a la luz de las similitudes y especificidades de los cuatro países mencionados. La conveniencia cívica de que ciudadanos y líderes políticos y sociales apreciaran el valor de la democracia y de la libertad, y el papel del régimen republicano en la realización personal de los individuos y en el progreso de las colectividades. Y la convicción de que, bajo ninguna excusa, ni siquiera la de realizar transformaciones sociales, un presidente constitucional podía desconocer el orden democrático, vulnerar sus instituciones y someter a su autoridad todos los poderes del Estado.

Mientras realizaba la investigación, analizaba los resultados y escribía Dictaduras del siglo XXI, mis hijos y personas por muchos años cercanas a mi trabajo político y académico, me pidieron que abandonara la “temeraria” idea de analizar y exponer la antidemocrática conducta del poderoso e intocable presidente Correa. Estaban seguros de que sería perseguido con fiscalizaciones maliciosas, campañas difamatorias y enjuiciamientos, que eventualmente me llevarían a la prisión o al exilio. A similares acechos iba a estar sometida la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), institución que fundé al terminar mi mandato presidencial y que se había convertido en un influyente think tank ecuatoriano, para lo que Correa contaba con obsecuentes fiscales y diligentes jueces, que no actuarían como magistrados justos e imparciales sino como comisarios políticos del presidente de la República. Los pocos líderes, dirigentes sociales y periodistas que se habían atrevido a denunciar abusos, arbitrariedades y corruptelas de altos dignatarios del Gobierno habían sufrido tales represalias².

Ninguno de estos preocupantes presagios se cumplió. Cuando mi libro llegó a los estantes de las librerías, el Gobierno optó por ignorarlo. Probablemente porque cualquier acción que hubiera incoado en mi contra lo publicitaría, con el consiguiente aumento del número de lectores. Quizás también pensó que el hostigamiento y la persecución judicial a un expresidente le ocasionarían perjuicios políticos.

Para esta nueva edición de Dictaduras del siglo XXI, que en realidad es un nuevo libro, he revisado y ampliado el capítulo introductorio, que ha pasado a convertirse en una primera parte. En él estudio el fenómeno político por el que gobiernos democráticos elegidos por los ciudadanos se vuelven autocráticos lo conceptualizo desde la perspectiva de la Ciencia Política y examino los procesos autoritarios ocurridos en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acaudillados por Chávez-Maduro, Morales y Ortega, incluida la deriva tiránica del segundo y el cuarto. En la segunda parte analizo los medios de que se valió el presidente del Ecuador Rafael Correa para desconocer el orden constitucional y sustituirlo por otro en el que asumió todos los poderes del Estado. En la tercera parte estudio la forma como las instituciones democráticas fueron perdiendo independencia, sustancia y autoridad, y terminaron convirtiéndose en apéndices de la Presidencia de la República. En la cuarta parte esbozo las razones y las causas por las que ha resurgido el viejo caudillismo autoritario latinoamericano y refiero la sorpresiva recuperación de la democracia en Ecuador y parcialmente en Bolivia.

Debido a la contemporaneidad de los hechos estudiados, las principales fuentes consultadas fueron documentales: informaciones publicadas en periódicos y revistas o difundidas por la televisión y la radio, y el Internet. Esta, utilísima en meses en que el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus limitó el trabajo de investigación. También fueron valiosas las notas que comencé a tomar cuando Hugo Chávez fue elegido presidente en Venezuela y en la escena política del Ecuador apareció un joven contestatario que, a pesar de haber tenido la singular oportunidad de conocer de cerca las ejemplares democracias europeas y estadounidense, carecía de principios y valores democráticos.

En virtud de que la investigación se circunscribe al ámbito de la política y específicamente a la afectación sufrida por las instituciones democráticas y las libertades públicas, en los países mencionados, no son materia de estudio las obras, programas y proyectos que llevaron a cabo los mencionados gobiernos y tampoco las políticas económica e internacional que siguieron, pero sí el fenómeno rampante de la corrupción.

Dictaduras del siglo XXI es el tercer libro que he escrito mientras libraba batallas políticas contra el autoritarismo, como fueron La victoria del No (1986) y La dictadura civil (1988), ambos publicados durante el Gobierno del presidente León Febres Cordero. Igual que entonces, además de observar al Gobierno de Correa desde el lindero académico, he intervenido en el debate político, censurando sus excesos autoritarios, cosa que también he hecho con los gobiernos de Chávez-Maduro, Morales y Ortega. En vista de ello, he puesto un especial cuidado en que el texto refleje el trabajo del investigador, con más de cincuenta años en el oficio, antes que las posiciones del político impugnador de las Dictaduras del siglo XXI. En todo caso corresponderá a los lectores extraer sus propias conclusiones sobre la validez y la objetividad del análisis realizado.

Cuando escribía el primer manuscrito, entre los años 2011 y 2012, para la opinión pública latinoamericana los citados gobiernos eran democráticos. Pocos cuestionaban sus conductas autoritarias, tampoco los abusos de poder, ni siquiera las restricciones que sufría la libertad de expresión, y a nadie se le ocurría catalogarlos como dictatoriales. Algunos justificaban sus excesos con la excusa de que finalmente América Latina tenía mandatarios dispuestos a renovar la desacreditada política, mejorar el sistema democrático, realizar una profunda transformación social y poner el Estado al servicio de los más necesitados.

Ocho años después, el poderoso, popular y admirado Hugo Chávez, que pretendió replicar en los demás países latinoamericanos la autocracia que instauró en el suyo, reposa en un sarcófago de Caracas. El Gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, además de empeorar su nocivo legado económico y social y provocar el éxodo de millones de venezolanos, ha convertido a la patria del libertador Simón Bolívar en una sanguinaria dictadura rechazada por organismos internacionales y las democracias del mundo. No es diferente la condena que recibe la dictadura del matrimonio Ortega-Murillo por parte de la comunidad internacional, combatida en las calles por jóvenes nicaragüenses con el sacrificio de centenares de vidas. En Ecuador rigen otra vez las instituciones democráticas, y fiscales y jueces independientes han investigado y condenado por corrupción a Rafael Correa, sentencias que le tendrían en una prisión de no haberse refugiado en Bélgica, y le inhabilitan de por vida para ocupar funciones públicas y postularse a dignidades de elección popular. Evo Morales, al intentar perpetuarse en el poder mediante violaciones constitucionales y el fraude electoral y sufrir en las calles el rechazo del pueblo boliviano, renunció a la Presidencia, huyó del país y buscó refugió en México para luego asilarse en Argentina³.

Quito, noviembre del 2020

PRIMERA PARTE
NUEVAS FORMAS DE DICTADURA

1
EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA

La democracia no es solamente un concepto: “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, según la popular definición de Abraham Lincoln. Es, además, un sistema político conformado por una urdimbre de instituciones diseñadas para dividir el poder, evitar sus excesos, vigilar su legal y honesto ejercicio, reglar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y garantizar sus derechos y libertades. Estos y otros elementos del sistema democrático, que a continuación mencionaré someramente, conforman el Estado de derecho, definido por cada sociedad política en la Constitución y en las leyes aprobadas por el pueblo o sus representantes en asambleas y congresos.

• Los gobiernos democráticos y las autoridades que los representan, en el ejercicio de sus funciones, están sometidos a un conjunto de normas jurídicas cuyo imperio deben respetar y garantizar, igual que los individuos, las organizaciones que conforman y la sociedad en general.
• El poder es limitado, se halla dividido entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, y está sujeto a diversas formas de control, a fin de evitar y corregir las desviaciones y abusos que pudieran darse.
• La justicia es independiente de los otros poderes del Estado, es ajena a interferencias del gobierno o tutorías de cualquier naturaleza y actúa al margen de intereses económicos e influencias políticas.
• Las libertades, derechos y garantías de los individuos, de las minorías y de la variedad de organizaciones que conforman, así como la igualdad de los ciudadanos ante la ley, se encuentran plenamente garantizados.
• Las autoridades, en virtud de ser responsables de sus actos, están obligadas a rendir cuentas al pueblo a través de la función legislativa, los órganos de control y el escrutinio de los medios de comunicación.
• El pluralismo ideológico y político, la diversidad social, cultural, económica y étnica, y las múltiples manifestaciones de la sociedad se hallan garantizados, a fin de que puedan expresarse con entera libertad.
• Las ideologías, los partidos y los líderes políticos, sin marginaciones, se alternan en el ejercicio del gobierno, para asegurar el pluralismo de la sociedad democrática y la renovación de la vida pública.
• Las autoridades nacionales y locales son elegidas en comicios periódicos, libres y competitivos, mediante el voto secreto de los ciudadanos, recogido en forma transparente por tribunales electorales imparciales e independientes.
• El pueblo es consultado en asuntos trascendentales, a través de plebiscitos y referendos, y puede revocar el mandato de las autoridades que eligió.

La trágica experiencia vivida por algunos países latinoamericanos durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta del siglo XX, la necesidad de romper el pernicioso círculo vicioso democracia-dictadura y la rareza de que el sistema democrático estuviera vigente en casi todos los países latinoamericanos y del Caribe, hicieron que a fines del siglo XX los gobiernos del hemisferio concibieran un instrumento jurídico que obligara a los Estados a practicarla y defenderla. Aprobado el 11 de septiembre del año 2001 por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA reunida en Lima, se le llamó Carta Democrática Interamericana. Los 36 países americanos que la adoptaron, del norte, el centro y el sur del continente, se comprometieron a respetarla y cumplir sus disposiciones. Cabe citar las más importantes⁴:

• Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos.
• Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.
• Artículo 5. El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
• Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.
• Artículo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Estos principios, instituciones y normas, en los que se asienta el sistema democrático, presentes en la democracia representativa también llamada liberal, guiaron el ejercicio de los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, con las excepciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, como se verá en las páginas siguientes.

La democracia ha acompañado al prodigioso desarrollo logrado por algunos Estados en los cinco continentes durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Bajo su paraguas protector se cobijó la prosperidad alcanzada por los pueblos de Europa, Norteamérica, Oceanía y Japón; más recientemente la de algunos países de Europa Central, Asia, Latinoamérica y África. El que la democracia estadounidense sea la más antigua, continua y estable del planeta, ha tenido que ver con el notable progreso alcanzado por su pueblo y el estatus de primera potencia mundial que ostentó este país en el siglo XX y conserva en el XXI. La democracia hizo posible la reconstrucción de Japón y de los países europeos asolados por la Segunda Guerra Mundial, así como los milagros económicos de Italia, España, Irlanda, los países bálticos, Chile y los llamados “tigres asiáticos”. La segunda nación más poblada del planeta, afectada por una pobreza extrema, ha comenzado a dejarla atrás gracias a la sólida democracia india.

En los cinco continentes las naciones adelantadas, económica y socialmente, son las que más años de democracia han disfrutado y las más atrasadas corresponden a países que por largo tiempo estuvieron gobernadas por dictaduras, de lo que en América Latina son ejemplos Haití, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Bolivia y en África la mayor parte de sus Estados. No cabe duda de que en la trágica involución económica de la antes próspera Venezuela, y en la pobreza que sufren las cuatro quintas partes de su población, ha tenido que ver la deriva dictatorial ocurrida en los gobiernos de Chávez y Maduro. Los países latinoamericanos con los más bajos índices de corrupción (Chile, Uruguay y Costa Rica) están gobernados por las más estables democracias de la región. Las exitosas economías africanas de Costa de Marfil, Ghana y Botsuana han sido dirigidas por gobiernos democráticos. No es un azar de la historia, sino el resultado de las lecciones dejadas por las tragedias humanas gestadas por los fascismos europeos y las dictaduras tiránicas que gobernaron y esquilmaron algunos países del Tercer Mundo, que en el siglo XXI las dos terceras partes de los habitantes de la Tierra hayan optado por vivir protegidos por el ancho alero de las instituciones democráticas.

Para negar esta virtuosa relación entre democracia y desarrollo se suele mencionar a la populosa China, país que, a pesar de estar gobernado por la dictadura del Partido Comunista y de su secretario general, en apenas cuatro décadas ha dejado de ser una sociedad pobre y atrasada, en la que millones morían de hambre, para convertirse en la segunda economía del mundo y lograr una masiva reducción de la pobreza, no conocida en la historia de la humanidad⁵. Si bien existen múltiples causas que explican la anomalía china, como la adopción del modelo económico capitalista y el sustancial aporte de la inversión y las tecnologías foráneas, probablemente en el futuro la plena realización personal de los ciudadanos demandará la mediación de las instituciones democráticas. Además de que, en todo caso, China es solo una excepción y otros pueblos de esa nacionalidad, como Hong Kong, Taiwán y Singapur, años antes y en mayor medida alcanzaron su desarrollo en democracia y libertad.

En el primer tercio del siglo XX en Rusia, a mediados del siglo XX en tres países europeos (Italia, Alemania y España), al iniciarse el siglo XXI en cuatro de América Latina (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador) y en ambos siglos en otros de Asia y África, gobernantes, partidos, intelectuales y organizaciones sociales se hicieron del poder con la prédica de que se proponían erigir una nueva y mejor forma de democracia. En su lugar, lo que hicieron fue instaurar dictaduras perpetuas de partido y pensamiento únicos, dirigidas por caudillos que oprimieron a sus pueblos y pretendieron gobernar de por vida.

A la luz de los principios y preceptos democráticos antes mencionados, en las siguientes páginas se analizará el proceso por el cual, durante los gobiernos de Hugo Chávez-Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa, la democracia fue reemplazada por un sistema dictatorial. En efecto, durante sus dilatados gobiernos desapareció el imperio de la ley, la división del poder, la independencia de la justicia, la rendición de cuentas, el pluralismo político, la alternancia en el gobierno y la transparencia electoral, a lo que se sumaron restricciones de derechos y libertades, particularmente la de expresión, y en Venezuela y Nicaragua graves y en ocasiones atroces violaciones de los derechos humanos.

2
DE DICTADURAS MILITARES A DICTADURAS CIVILES

En América Latina, hasta que en los albores del nuevo milenio apareciera el Socialismo del siglo XXI, los militares habían sido los actores y beneficiarios de los golpes de Estado. Valiéndose del poder que les confería la estructura castrense y el privilegio de poseer el monopolio de las armas, derrocaron a presidentes elegidos por el pueblo, desconocieron el orden constitucional, asumieron todos los poderes del Estado e instauraron gobiernos dictatoriales.

Durante el siglo XIX y en la primera mitad del XX los dictadores tuvieron un doble origen. Unos destituyeron al presidente constitucional, clausuraron el Congreso Nacional y conformaron un gobierno autocrático presidido habitualmente por un jefe militar. Otros, habiendo sido elegidos por el pueblo, dejaron de lado el orden constitucional, se proclamaron jefes supremos y permanecieron en el poder mediante elecciones fraudulentas. A pesar de que estaban en condiciones de gobernar a su antojo, expedir las leyes que desearan e imponer su omnímoda voluntad, mantuvieron nominalmente la atropellada Constitución, excepto en aquello que se opusiera a sus objetivos políticos. Algunos, luego de apoderarse del gobierno, buscaron legitimarse echándose encima un barniz constitucional, para lo que convocaron asambleas constituyentes, que además de confirmarles en la jefatura del Estado confeccionaron cartas políticas de su gusto, en ocasiones aprobadas en referendos. Hubo déspotas que lograron mantenerse en el poder muchos años y pretendieron gobernar de por vida, como Juan Vicente Gómez en Venezuela, la dinastía de los Somoza en Nicaragua e Ignacio de Veintemilla en Ecuador, este a fines del siglo XIX. Si bien Bolivia tuvo numerosos dictadores, ninguno gobernó muchos años.

En la segunda mitad del siglo XX el fenómeno dictatorial latinoamericano adquirió características distintas, al conformarse juntas militares con los oficiales más antiguos para que gobernaran en nombre de las Fuerzas Armadas. Unas dictaduras tomaron el poder para realizar cambios económicos y sociales que no habían podido hacer los civiles, y otras para combatir a los grupos guerrilleros de ideología marxista-leninista, que se proponían derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas para luego instaurar un gobierno revolucionario. Las primeras en Perú y Ecuador, y las segundas en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Hubo también gobiernos militares que convocaron elecciones y devolvieron el poder a los civiles, desde que Ecuador lo hizo en el año 1979.

De diferente naturaleza fue la dictadura castrista. Como otros caudillos latinoamericanos, Fidel Castro gobernó Cuba de por vida, casi medio siglo y, si bien en el 2008 renunció en favor de su hermano Raúl, continuó siendo la primera autoridad del Estado hasta su muerte, ocurrida en el 2016. En 1959, un grupo de jóvenes y bisoños guerrilleros culminaron la hazaña militar de vencer al ejército regular y derrocar al dictador Fulgencio Batista. En lugar de restablecer la democracia, objetivo por el que muchos cubanos habían luchado, el “comandante en jefe” instauró una “dictadura del proletariado”, sustentada en un partido y en un pensamiento únicos, el Partido Comunista, y la ideología marxista-leninista. Como en todo régimen de esta natura