Hasta el último día

Malcolm Beith

Fragmento

Hasta el último día

Malcolm Beith

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Traducción de Lucrecia Orensanz

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México · Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas

Madrid · Montevideo · Miami · Santiago de Chile

Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad exclusivamente del autor y no representan el pensamiento de la editorial.

Hasta el último día

1.ª edición: marzo de 2012

d.r. © 2012, Malcolm Beith

d.r. © 2012, Ediciones B México, por la traducción

Traducción de Lucrecia Orensanz

d.r. © 2012, Ediciones B México, s.a. de c.v

Bradley 52, Anzures df-11590, Méxic

www.edicionesb.mx

editorial@edicionesb.com

ISBN DIGITAL: 978-607-480-296-2

Hecho en México | Maded in Mexico

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“Mi administración está y estará plenamente comprometida

[con la lucha contra el crimen organizado] hasta el último día de mi mandato”

Presidente Felipe Calderón,

2 de septiembre de 2011

Prólogo

Cincuenta mil muertos, y siguen sumándose.

Si alguien me hubiera preguntado hace diez años cuál era mi postura ante la guerra contra las drogas, hubiera dicho sin titubear que estaba cien por ciento en contra. Me parecía una manera un poco inútil, fallida, de tratar el consumo de drogas, que por supuesto era simplemente una manifestación de problemas subyacentes más serios.

Pero después de investigar cuatro años el tema de primera mano en México, me di cuenta de que sentarse a conversar con los amigos y los colegas periodistas acerca de cómo había fallado la guerra contra el narco era demasiado simplista. Vi tantas cosas por mi propia cuenta en todo el país, que me convencí de que el asunto es mucho más complejo de lo que jamás imaginé.

Consideremos el uso del Ejército en el conflicto en México.

Cada vez hay más llamados para que las tropas regresen a sus cuarteles, lo que es bastante comprensible desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero siendo realistas, ¿se puede esperar que la Policía local en la mayor parte de México ofrezca seguridad a la población cuando los narcos tienen tanques caseros y están dispuestos a decapitar a sus rivales y luego subir los videos a YouTube? ¿Cuando desmembrar a un delincuente se considera parte de la rutina? ¿Cuando los ciudadanos comunes no se atreven a denunciar los homicidios o se ven orillados a difundir por Twitter la noticia de un tiroteo porque temen perder la vida?

En todo México también prolifera la desinformación. El mensaje del Gobierno no está llegando; a los periodistas los asesinan por tratar de comunicar hechos básicos. Las redes sociales y los hackers están tratando de entrarle al asunto, pero no estoy convencido de que su modus operandi ayude a alguien a obtener información necesaria y precisa. En su forma actual, las redes sociales no sólo no se censuran, sino que no se filtran, tampoco se editan ni se verifican. En general, no son confiables. De cualquier modo, es más probable que el ciudadano promedio lea una narcomanta que un mensaje en Twitter, una entrada de blog o un artículo periodístico que pretenda explicar la corrupción o revelar algo acerca del narcotráfico.

Quizá no resulte sorprendente que incontables mexicanos con los que hablo creen que la lucha contra el narco es “simulada” o que los narcos son los buenos. En los altos de Sinaloa, cerca de Santiago de los Caballeros, se yergue una tumba construida para don Neto Fonseca. Es un mausoleo enorme, hermoso, digno de un rey. Pregúntenle a cualquiera de por ahí quiénes son los buenos. Responderán que los narcos, sin dudarlo. Quizá digan que les gusta tener a los soldados cerca, pero los soldados no ofrecen empleo ni se quedarán para siempre. A falta de mejor opción, los narcos son los buenos.

La cobertura de los medios no ayuda mucho a aclarar las cosas. Pregúntenle al habitante promedio de la ciudad de México, y les dirá que Tamaulipas es un estado en ruinas o, en el mejor de los casos, un lugar pavoroso, dadas las masacres que han ocurrido ahí en los últimos años y la presencia de los Zetas, actualmente el grupo más temido en el país. Pregúntenle a cualquier habitante de Sinaloa y bien podría decirles que los narcos ya se apoderaron de la ciudad de México, el lugar más peligroso del país según lo que han oído o les han dicho. Veinte cuerpos hallados en Ciudad Juárez no significan mucho para el ciudadano promedio, salvo que conviene no acercarse a esa ciudad fronteriza. El hecho de que las investigaciones de tales asesinatos simplemente no existen es una tragedia para muchos mexicanos, pero la mayoría están demasiado ocupados con sus vidas cotidianas como para indignarse por ello.

Además, en México se está dando un debate sobre la criminalidad. Han señalado a algunos periodistas por recurrir a narcos como fuentes: ¿eso los vuelve delincuentes? ¿Los vuelve simpatizantes de los elementos criminales? ¿Los pone a la altura de los políticos que hacen tratos con el crimen organizado? ¿Tienen por ello mentes delictivas, o simplemente son empáticos con quienes, no siempre por elección, quedan atrapados en el inframundo del delito por falta de mejores opciones? ¿Su empatía simplemente los hace humanos o los vuelve ingenuos que fácilmente se dejan llevar? Algunos periodistas también han sido señalados por creerle a las autoridades: ¿eso los vuelve panistas? Si critican a la administración actual, ¿quiere decir que simpatizan con la oposición? Estamos en año electoral y todo está en juego: ¿los periodistas sesgarán su cobertura para quedar bien con el partido que creen ganará las elecciones?

Fue por tal falta de claridad que decidí emprender este proyecto. Cubrí la guerra contra las drogas como corresponsal durante cuatro años, pero ahora mi objetivo es examinar la trayectoria del conflicto, analizar sus acontecimientos lo mejor posible, tratar de entender la estrategia puesta en marcha por las autoridades e intentar encontrarle sentido a las matanzas aparentemente indiscriminadas que han asolado gran parte de México desde 2006.

¿Qué me autoriza a mí, un gringo, a escribir un libro acerca de México y su guerra contra y entre los cárteles? La respuesta es bastante sencilla: no soy mexicano. México no es mi país, aunque sí amo profundamente sus facetas positivas y a su gente. Como gringo, puedo mirar de otra manera la guerra contra el crimen organizado. Puedo mirar todo el asunto de manera desapegada. No tengo inclinaciones partidistas, de modo que no busco un ataque indiscriminado contra la administración calderonista. No tengo vínculos afectivos con los muertos, ni siquiera con quienes sufren por la inseguridad que se extiende por todo el país. No tengo intereses personales en la guerra contra el crimen organizado, salvo el deseo de informar y escribir acerca de ella para que los lectores puedan entenderla desde la perspectiva más objetiva que puedo ofrecer.

En cuanto a mis fuentes, los lectores pronto se darán cuenta de que recurrí a autoridades mexicanas y estadounidenses para conseguir la mayor parte de la información. Como periodista, sí tengo una postura escéptica hacia cualquier tipo de información entregada por funcionarios que no haya sido cuestionada o analizada adecuadamente, pero mi tendencia aquí será, en general, creer la mayor parte de lo dicho. Esto gracias a la diligencia de los colegas periodistas mexicanos que han transmitido parte de la información; en muchos casos, decidí confiar en su criterio editorial y en que ellos ya hicieron su propio análisis durante el proceso para publicar la información. Cuando fue necesario, cotejé la información con mis propias indagaciones o con otros periódicos para tener una mejor idea de lo que estaba ocurriendo.

También reconozco que creo firmemente que la administración de Calderón es notoriamente distinta a los Gobiernos pasados de México. He hablado con muchos funcionarios en mis investigaciones sobre el crimen organizado y casi todos han sido abiertos conmigo y han respondido mis preguntas. En su mayoría, no han puesto trabas al tema de la guerra contra el crimen organizado ni me han desviado hacia callejones de desinformación ni me han mareado con discursos oficiales sin sentido. Cuando mucho, algunos buscaron embarrar a los políticos o instituciones rivales. Actualmente en México está de moda denunciar la falta de libertad de expresión o de libertad de prensa, pero según mi opinión, esto no es muy exacto, al menos no cuando se trata de funcionarios públicos. Es cierto que los periodistas se ven presionados por los elementos criminales —y es cierto que en algunas partes del país las autoridades locales han contribuido a esta presión—, pero en general, en el México actual, la libertad de prensa es vigorosa, o al menos intenta serlo con la ayuda del Gobierno federal. No es que muchos periodistas se hayan visto censurados u obligados a enfrentar las consecuencias de sus declaraciones u opiniones, por muy controvertidas o contrarias que hayan sido a la línea oficial. El acuerdo reciente entre el Gobierno y los grandes medios de comunicación es una señal positiva para México, no un indicio de que está por comenzar una época de represión.

Sin embargo, México es un país en transición. Ya ha disfrutado una década completa de democracia y sus ciudadanos quieren —no, esperan— no sólo algo un poquito mejor que lo que tenían antes de la elección del pan en 2000. Siguen existiendo monopolios mediáticos, así como medios que presuntamente reciben pagos a cambio de lo que publican; sigue sin ser extraño que un periódico o canal de televisión, o incluso un grupo empresarial, apoye a un partido político o candidato; los periodistas de investigación que cuestionan el statu quo o incursionan en los mundos del activismo hacen bien en exigir mejor protección y apoyo federal a su trabajo. Tanto la población como el Gobierno hacen malabares con el concepto de libertad de expresión cuando están en juego la información sobre el Ejército y la guerra contra el narco, la expresión y opinión periodísticas y, por supuesto, las críticas a los poderes en turno.

Espero que los lectores encuentren que este libro les ayuda a entender la cantidad de obras sobre la guerra contra el narco que actualmente se están produciendo en México; también, espero que provoque el debate en ciertos círculos y que encienda el cambio en otros.

Por último, pese a tantos llamados recientes de personalidades destacadas a poner fin a la guerra contra las drogas, no creo que esto ocurra en un futuro cercano. Si bien es posible que ciertos estados, como California, aprueben la legalización de la marihuana, es muy poco probable que se aprueben, para todas las drogas ilegales, leyes como las que actualmente existen en México. Además, existe poca evidencia de que legalizar o despenalizar la posesión o producción de drogas detendría la violencia vinculada con las actividades del crimen organizado. Los logros en México ya están contribuyendo a crear problemas de seguridad en Centroamérica, y dada esa inestabilidad, el Caribe podría volverse en poco tiempo nuevamente atractivo para los traficantes. Las autoridades de esas regiones —y agencias internacionales como la dea— tendrán que seguir librando la guerra contra el crimen organizado, aunque sólo sea para impedir que provoque la caída de países débiles o se extienda rápidamente por el mundo. Por estas razones, me parece cada vez más importante analizar lo que ha ocurrido en todo México durante el último sexenio. ¿Será que algunas organizaciones de narcotraficantes ya cruzaron la frontera del terrorismo? Es la idea que prevalece en algunos círculos de Washington. ¿Estamos presenciando una insurgencia en México? En Estados Unidos, algunos expertos parecen convencidos de ello. ¿Deben aplicarse al crimen organizado las tácticas de contrainsurgencia, que funcionaron en ciertos niveles en Irak y Afganistán, o debe mantenerse como objetivo principal aplicar la ley y seguir las huellas del dinero? Hay varias trincheras a cada lado de este debate. Espero que este libro ayude a la gente correcta a llegar a las conclusiones correctas para tomar las decisiones correctas y seguir hacia adelante. Porque no es probable que el último día, como lo planteó el presidente Calderón, esté cercano. México podrá ganar su batalla, o al menos alcanzar sus objetivos más inmediatos, pero el crimen organizado no desaparecerá de la noche a la mañana de la faz de la Tierra.

Capítulo 1

Operación conjunta Michoacán

5 de diciembre de 2006

La tripulación izó la bandera mexicana al acercarse a tierra. En la popa, la del Reino Unido ondeaba al viento.

Estaban frente al puerto de Lázaro Cárdenas.

La tripulación del barco —propiedad de Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (p&o), una compañía británica de logística y transporte marítimo cuya historia se remonta al siglo xix— se preparaba para desembarcar en su destino final. Habían viajado mucho —unos 13,000 km— tras zarpar de Hong Kong unas semanas antes. Habían hecho una breve parada en Long Beach, California; la inspección aduanal en el punto de entrada a Estados Unidos había sido tranquila, con sólo unos días de espera. Luego habían zarpado otra vez: hacia México.

Estaban frente a Lázaro Cárdenas. Este puerto enorme —2,503 hectáreas— crecía rápidamente por el influjo comercial de Asia. Cada día llegaban barcos de China, India y Tailandia. El puerto manejaba unos 20 millones de toneladas de mercancía al año. Petróleo, juguetes, aparatos electrónicos, productos farmacéuticos. Sin duda llegaría más mercancía cuando se completara el ferrocarril directo de Lázaro Cárdenas a Kansas City.

La tripulación desembarcó. Las autoridades mexicanas comenzaron su inspección.

Hallaron diecinueve toneladas de pseudoefedrina, un químico usado en muchos remedios contra la tos, que en ese momento estaba prohibido en México. Las autoridades la habían proscrito por una razón sencilla: también es uno de los ingredientes principales de la metanfetamina, una droga muy consumida en Estados Unidos. Producir metanfetamina se había vuelto atractivo para los cárteles mexicanos porque podían obtener grandes cantidades en laboratorios pequeños en la sierra y transportarlas fácilmente al otro lado de la frontera. Grandes ganancias a muy bajo costo: una droga altamente adictiva que prácticamente cualquiera podía fabricar mezclando algunos precursores químicos.

Las autoridades descubrieron las 19.7 toneladas en docenas de tambos etiquetados como “producto químico intermedio”.

Ese mismo día, el 5 de diciembre de 2006, las autoridades hicieron otra incautación, también en Michoacán: un importante laboratorio de metanfetamina cerca de la carretera de Uruapan-Carapan, en el pueblo de Cheranguerán. Habían llegado atraídas por un incendio. Los incendios de ese tipo se habían vuelto cada vez más comunes en Michoacán en los últimos meses; estaban apareciendo laboratorios de metanfetamina por todas partes y, después de todo, los accidentes humanos eran muy frecuentes en esos ambientes tan tóxicos.

Así comenzó la Operación Conjunta Michoacán.

La siguiente semana, el 11 de diciembre de 2006, unos 7,000 soldados y policías federales fueron desplegados en ese estado central para enfrentar al crimen organizado y en particular al grupo narcotraficante conocido como la Familia.

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En septiembre de ese año, un grupo conocido como la Familia se había dado a conocer en todo México; es más, en todo el mundo. Un grupo de pistoleros enmascarados había irrumpido en el bar Sol y Sombra de Uruapan, una pequeña ciudad sencilla pero activa en el centro de Michoacán. No es que Uruapan tuviera algo especial, pero está sobre la carretera principal a Lázaro Cárdenas.

El Sol y Sombra es el bar más famoso de Uruapan. En la planta baja, un puñado de prostitutas esperan junto a la barra la llegada de clientes ávidos, o desesperados. Las televisiones alternan programas deportivos con películas porno.

Unas escaleras llevan al primer piso, donde docenas de parejas, grupos de amigos e incluso familias se sientan alrededor de una pista de baile tipo tablero de ajedrez. La cerveza circula por las mesas. La pared detrás del escenario está decorada con una imagen colorida de un sol y una luna. Sol y Sombra.

Los sicarios pasaron atropelladamente frente a las prostitutas, directo al primer piso.

Dispararon una ráfaga al aire.

Vaciaron una bolsa en el piso.

Salieron rodando cinco cabezas.

Llevaban un mensaje: “La Familia no mata por paga. No mata mujeres. No mata inocentes. Sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”.

Estaba firmado: “la familia”.

Desde ese momento, las autoridades, federales y locales, habían tratado de descubrir exactamente qué era el grupo. ¿Eran simplemente matones? ¿Eran un cártel? ¿Estaban organizados? ¿Tenían redes de inteligencia como los cárteles? ¿Se habían infiltrado en los cuerpos policiacos y las estructuras de gobierno de Michoacán? ¿Estaban aliados con los Zetas, como sospechaban algunos funcionarios de la Procuraduría General de la República (pgr)?

De acuerdo con declaraciones emitidas poco después por el procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández, las autoridades pronto tuvieron en la mira a la Familia. Averiguaron sus operaciones de inteligencia y estrategias de contrainteligencia. Se enteraron de que la Familia se estaba ganando rápidamente los corazones y las mentes de la población local en poblaciones como Apatzingán, Uruapan, Zamora e incluso Morelia, la capital del estado. Se supo que en ocasiones como el Día del Niño, presuntos miembros de la Familia enviaron camiones llenos de juguetes. En otros eventos públicos se había visto a presuntos miembros de la Familia repartiendo volantes que describían su misión.

La Familia se presentaba como un grupo vigilante y declaraba que su misión era erradicar el uso de metanfetamina en el estado, del cual culpaba al cártel de Sinaloa. Efectivamente, el consumo de metanfetamina había ido en aumento. Al parecer, la Familia estaba aprovechando el miedo —el de las familias, el de la gente con poco criterio— para captar jóvenes incautos en todo Michoacán.

Un volante exponía el modus operandi del grupo: “Quizá en este momento la gente no entienda, pero sabemos que las regiones más afectadas comprenden nuestras acciones, ya que es posible combatir a estos delincuentes, los cuales se establecieron provenientes de otros estados y a quienes no dejaremos que entren a Michoacán a seguir delinquiendo”.

El volante también deploraba los daños que provocaban la metanfetamina y otras drogas fuertes, así como las bebidas adulteradas supuestamente producidas en Tepito, un barrio de la ciudad de México conocido por sus pandillas y comercio ilegal. La Familia también condenaba los secuestros, homicidios y robos que estaban creando inseguridad en el estado.

Cabeza de Vaca etiquetó estas acciones del grupo como “acciones de inteligencia”.

Pero al parecer, habían tenido cierto éxito. Según algunos cálculos de momento, la Familia había aumentado sus miembros a unos 4,000.

Aun así, no sería fácil apoderarse de Michoacán, si ese era el objetivo de la Familia. Los enfrentamientos entre el grupo local y rivales desconocidos —quizá los hermanos Valencia y el llamado cártel del Milenio, establecido tiempo atrás en Michoacán pero visto como debilitado para entonces, o bien los Zetas, que se estaban independizando rápidamente del cártel del Golfo— habían dejado más de 500 homicidios en el estado central, en 2006.

A Cabeza de Vaca no le resultó difícil convencer a la población de Michoacán de quiénes eran los malos: “Esa famosa ‘Familia’, la misma que vende droga, la misma que levanta gente, la misma que envenena de uno y de otro grupo o sea, no hay uno bueno ni hay uno malo, todos los grupos delictivos son malos y todos merecen la reprobación por parte de la sociedad y la persecución por parte de las autoridades”.

El derramamiento de sangre se estaba saliendo de control, había que hacer algo. El 1 de diciembre, Felipe Calderón, nativo de Michoacán, asumió la presidencia.

Durante toda la jornada de toma de posesión, Calderón mencionó la lucha contra el crimen sólo una vez. Pero lo dejó claro: encabezaría la embestida.

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11 de diciembre de 2006

Unos 7,000 soldados y agentes federales llegaron a Michoacán. Los helicópteros zumbaban por encima de docenas de vehículos Hummer mientras las fuerzas de seguridad ocupaban sus posiciones en todo el estado. Comenzaron a establecer retenes en las principales carreteras. El Ejército desplegó 17 avionetas, 29 helicópteros y más de 240 vehículos. Se estableció un centro de comando en la 43 Zona Militar, en Apatzingán, el lugar natal de la Familia. Las autoridades iban tras las drogas.

El presidente Calderón le dejó la conferencia de prensa a su segundo, Francisco Ramírez Acuña. Ese día, el presidente estaba ocupado con “actividades personales”, según dijeron miembros de su equipo. Pero al parecer, le estaba comunicando sus intenciones a su amigo Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador de Michoacán. Cárdenas Batel pertenecía al partido de izquierda prd, de la oposición, pero Calderón le había avisado con mucha antelación; a cambio, el gobernador le había prometido pleno apoyo y cooperación.

La ley iba en camino.

Al cabo de siete días, las autoridades anunciaron sus primeros logros. Los 4,260 soldados, 1,054 elementos de la Marina, 1,420 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público se habían distribuido entre las 131 nuevas bases de operación en Michoacán. En cada punto, 30 soldados y policías se encargarían de erradicar las drogas; los demás establecerían retenes y realizarían redadas. En todo Michoacán se habían montado 24 retenes en carreteras principales y caminos secundarios para inspeccionar los vehículos en busca de drogas y armas.

Habían atrapado a 13 presuntos traficantes. La vigilancia aérea había detectado unos 100 sembradíos de marihuana. Se habían incautado tres ak-47 y unas mil municiones.

No era nada, comparado con el arsenal que se calculaba tenía almacenado la Familia. Pero era un comienzo.

Tras una semana de la Operación Conjunta Michoacán, Ramírez Acuña se volvió a dirigir al público: “La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo… En esta lucha, que irá avanzando paso a paso no se escatimarán los esfuerzos y recursos para hacer frente a la criminalidad y restablecer condiciones mínimas de orden y de autoridad”.

Hubo nuevos resultados: se habían realizado 709 vuelos de inspección en siete días. Se habían localizado desde el aire cerca de 1,800 plantaciones de marihuana; en tierra se habían destruido 2,116 sembradíos, un total de 237.59 hectáreas; 38 personas detenidas; 55 armas y 12 vehículos incautados.

Hasta entonces, la Familia no había devuelto los golpes.

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En realidad, no quedaba claro si le habían pegado a la Familia. La incautación de un sembradío de marihuana en Dos Aguas, en el municipio de Coalcomán, había producido un tiroteo con un grupo de narcos empeñados en proteger sus bienes. Se habían incautado diez armas, 522 cartuchos, 15 walkie-talkies, un SatPhone y varios otros dispositivos de comunicación. Las autoridades también encontraron un uniforme de la afi y nueve

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