Presentación
La mentira es el demonio,
la verdad es revolucionaria.
AMLO, 14 de diciembre de 2019
“Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 2 de septiembre de 2021. El presidente quería mostrar que la relación entre ambos terminaba de forma amistosa, porque inmediatamente después agregó: “Julio es como mi hermano; nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación”. Naturalmente, la prensa corporativa, y el grueso de la comentocracia, registró especialmente la segunda parte del mensaje.
Lo relevante de sus palabras, sin embargo, estuvo en una sutileza que solo registraron quienes conocen bien a Andrés Manuel López Obrador, para quien el compromiso con su proyecto político obedece a una entrega que va mucho más allá de las responsabilidades formales de un puesto burocrático: “ha decidido dejar el cargo y el encargo”. Ahí estaba lo relevante del asunto, el mensaje que quería dirigir a los más cercanos. Con estas palabras AMLO no solamente cerraba la posibilidad de que Scherer pudiera ocupar nuevamente un puesto en su gobierno, sino también que apoyara en determinado tipo de tareas, que siguiera gravitando en la órbita de la 4T o incluso ser considerado parte de su equipo de confianza. El subtexto del mensaje era claro. Quien entendió entendió: Julio Scherer Ibarra estaba fuera, fuera de todo.
Diez meses antes de eso, López Obrador había despedido a otra figura relevante de su gobierno, Alfonso Romo, aunque de una manera muy distinta. Cuando el empresario dejó la Oficina de la Presidencia, el presidente publicó un tuit que decía: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”. AMLO anunciaba también que Romo seguiría ayudándolo por fuera y le daba un espaldarazo claro llamándolo “honesto”.
Sabemos que, en realidad, Alfonso Romo no volvió a ocupar un papel relevante; tal vez nunca lo tuvo. Pero el hecho que importa aquí consignar es que el presidente lo seguía considerando uno de los suyos. A Scherer Ibarra, en cambio, AMLO le agradeció públicamente su contribución y su trabajo en buenos términos, pero no le concedió la posibilidad de mantener ningún “encargo”, ni abrió puerta alguna para que continuara ayudándolo. Por cierto, en su despedida tampoco se refirió a él como un hombre honesto. Quizás las cosas no habían terminado tan bien como el presidente López Obrador y su consejero se esforzaron por aparentar en esa ocasión.
Este libro cuenta la historia que podría explicar lo que vimos aquella mañana: una historia de traición. La de un hombre que se ganó la confianza del presidente López Obrador y usó su nombre y buena reputación —la de un político honesto y comprometido con la lucha contra la corrupción— para satisfacer una ambición creciente de dinero y poder, alimentada desde la privilegiada posición de ser el consejero jurídico del Ejecutivo federal; asimismo, dispuso de su enorme influencia sobre el aparato de procuración e impartición de justicia y de haber sido, quizá, el segundo hombre más poderoso del país durante los primeros tres años de esta administración. Una historia de traición al ejemplo que ha buscado dar el presidente, a su movimiento político, así como a la narrativa central de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Pero Julio también traicionó el legado de su padre, don Julio Scherer García, un viejo amigo de López Obrador, por quien logró acercarse al hoy presidente.
Comencé a interesarme por el consejero jurídico unos meses después de iniciado el gobierno de López Obrador. Personajes del entorno presidencial, leales al mandatario, me compartieron, con estricta reserva, historias sobre presuntas conductas irregulares y negocios en los cuales estaba involucrado el consejero jurídico de la Presidencia. Me sorprendió sobremanera escuchar que cuadros tan convencidos del ideario obradorista pudieran hablar de esa forma de un hombre tan cercano al mandatario. ¿Se trataba de uno de esos pleitos internos o había un verdadero trasfondo que justificaba sus aseveraciones?
En un principio me resultó difícil creer todo lo que escuchaba, pero lo que llegaba a mis oídos de forma reiterada se volvió imposible de ignorar. Eran historias dolorosas para algunos de los hombres y mujeres que han seguido luchando todos estos años junto a López Obrador, así como para sus simpatizantes. Por eso empecé a recopilar información y testimonios de cuadros destacados de la 4T en distintos niveles; personas preocupadas por la conducta de un personaje que daba la apariencia de haber llegado a servirse con la cuchara grande.
La lucha contra la corrupción estructural y la separación del poder económico del poder político han sido quizás los mantras más importantes del obradorismo. Lo que a partir de entonces se me revelaba acerca de Julio Scherer Ibarra, sin embargo, se apartaba cada vez más de ello. Más aún, la forma en la que Scherer actuaba dentro del gobierno, a juzgar por los testimonios que fui logrando recopilar, dice mucho acerca de la manera en que esas dos expresiones del poder —el económico y el político— están íntimamente vinculadas en México y son muy difíciles de separar.
El presidente le confió a Scherer Ibarra, en su carácter de funcionario público, un gran número de tareas. Resultaba estremecedor atestiguar la cantidad de poder que concentraba un personaje oscuro dentro de un gobierno que ha buscado ser diferente. Todos lo iban a ver: políticos del oficialismo y la oposición, líderes sindicales o empresarios pasaban por la oficina de un funcionario que comenzó a ser percibido como una suerte de vicepresidente. “Julio sí resuelve, Romo no”, se escuchaba en el empresariado. “Es él quien realmente tiene acceso a López Obrador”.
Aprovechándose de esa posición, el personaje tuvo una intensa actividad en los negocios. Varios elementos permiten suponer que no solamente se fue topando a lo largo del camino con oportunidades para hacerlos en grande, sino que, desde antes de llegar al poder, ya se venía preparando para beneficiarse económicamente, a pesar de que ello implicaba engañar u omitir verdades inconvenientes al presidente López Obrador.
Si algo me llamó la atención desde entonces era que el consejero raramente aparecía en público y casi nunca daba entrevistas. ¿Por qué alguien con tanta influencia, que ocupaba las funciones de un secretario de Gobernación, raramente mostraba la cara? Comencé a ver también que, dentro de Morena y el gobierno, muchos le tenían un gran temor (algunos todavía se lo tienen), lo que probablemente lo ha hecho doblemente poderoso, pues no hay poder comparable al que emana del miedo. Incluso a muchos todavía les resulta inconcebible cuestionar siquiera a una figura como esta.
En plena era de la 4T había un personaje intocable, alguien de quien no se podía hablar y, cuando se hacía en comidas o cenas, los comensales invariablemente bajaban la voz. “No te metas con Julio, no te conviene”, me decían ciertos integrantes de la 4T, e incluso ejecutivos de algunos medios cuando empecé a hablar y escribir sobre este personaje. Nada me motivó más a publicar este libro que ese tipo de comentarios, en muy buena medida porque, si voté por López Obrador en 2018, y por todos los candidatos de su partido en 2021, no fue para seguir viviendo en un país de intocables. ¿Por qué Scherer Ibarra parecía serlo? La curiosidad de averiguarlo no me dejaba tranquilo.
Los testimonios que comencé a reunir apuntaban a que Scherer Ibarra habría montado una red de negocios judiciales con una serie de despachos asociados, junto con los cuales incurrió en presuntos casos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias. Así lo vino a plantear el abogado Paulo Díez Gargari, el primero en señalar esto públicamente, en una entrevista concedida a Carmen Aristegui en octubre de 2021.
Julio se develaba en los testimonios como un personaje poseído por una ambición desmedida por el dinero, la cual lo llevaría a ocupar todos los espacios posibles y tratar de aprovechar cuanta oportunidad de hacer negocios se presentara en el camino. A tal punto crecería su ambición que su proceder empezó a ser cada vez más torpe y a dejar cada vez más rastros. Nada de eso se hizo visible, sin embargo, porque el personaje supo blindarse con la moralidad de la 4T y refugiarse detrás del nombre del presidente López Obrador, igual que alguna vez lo hizo detrás de su padre, un referente de la ética periodística en México.
Muy convenientemente, Scherer Ibarra se apropió de un ámbito poco conocido para López Obrador, y ante el cual suele mostrar una gran antipatía: el de los abogados y el sistema de justicia. Scherer, en cambio, sabía perfectamente de qué se trataba el asunto y se aprovechó de un punto ciego presidencial para satisfacer sus propios intereses y darles rienda suelta a sus ambiciones.
En el curso de esta investigación me di cuenta de que debía ir más allá de Julio Scherer Ibarra. Este caso podía y debía arrojar luz sobre un tema aún más profundo y complejo: la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados que representan intereses económicos poderosos, jueces y políticos que administran el negocio de la justicia en México, así como el mercado en el que se negocia la impunidad. El exconsejero no era más que una pieza del mecanismo. Alguien que no llegó a inventar nada nuevo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; todo lo emprendió de una manera poco prolija, dejando muchos rastros de su actuación y un gran número de agraviados en el camino.
El consejero habría replicado en gran escala y de forma descarada un modus operandi empleado por otros personajes antes que él: un esquema usado una y otra vez por otros gobiernos, a través del cual ciertos brokers o intermediarios, a nivel local o federal, modulan e intervienen en una relación corrupta y corruptora que se establece entre grandes despachos de abogados y el Poder Judicial para obtener sentencias favorables en juicios de élite.
La gran paradoja es que un esquema de este tipo, que hace tiempo han venido usufructuando algunos abogados y políticos, llegó a extremos pocas veces vistos, justamente en el único gobierno que se ha planteado con cierta seriedad luchar contra la corrupción estructural y desmontar los privilegios. Un gobierno que, a pesar de eso, no entendió la necesidad de transformar al más opaco de todos los poderes de la unión: el Poder Judicial.
Entre finales de 2020 y la primera mitad de 2021, busqué varias veces a Julio Scherer Ibarra. Como es habitual entre los políticos, después de escribir una serie de artículos en los que lo cuestionaba,1 aceptó recibirme para conversar. El encuentro se pactó para el 3 de agosto de 2021. Fue un mes antes de su salida del gobierno, en su oficina de Virrey de Mendoza, en las Lomas, donde lo mismo atendía asuntos públicos y temas de Estado que sus propios negocios privados.
En esa ocasión hablamos por más de dos horas y lo cuestioné sobre una gran variedad de temas, incluida su actividad empresarial. Por tratarse de una plática que acordamos tener off the record, no reproduzco ni cito sus respuestas en estas páginas. Puedo decir, sin embargo, que el consejero se veía desgastado, cansado y molesto. Por momentos tuve la impresión de que sobreactuaba y buscaba generar empatía, mostrándose ya como víctima, ya como objeto de una serie de injusticias y actos de mala fe. Confieso que me costó creerle. En algún momento llegué a sentirme incómodo, cuando elevó el tono mucho más de lo normal para exigirme que lo viera a los ojos en lugar de tomar notas.
En cualquier caso, puedo decir que encontré en Julio Scherer a un tipo inteligente —sobre todo listo— y de amena conversación, e incluso que aquel día me convencí de que el personaje era suficientemente interesante en sí mismo como para escribir un libro. Irónicamente, cuando le formulaba mis preguntas al todavía consejero jurídico, uno de sus colaboradores allí presentes llegó a bromear con la idea de que escribiera un libro sobre su jefe. Si ya venía considerando esta posibilidad, ese día decidí tomarme la sugerencia en serio.
En aquella ocasión, en su oficina privada de las Lomas, el todavía consejero jurídico se comprometió a responder las dudas que pudieran surgirme y acordamos establecer una línea de comunicación a través de quien se ocupaba de su relación con los medios. En algún momento entretuve la idea de que podía contar con un testimonio de Scherer on the record o al menos ampliar mi indagatoria en la misma modalidad anterior. Intenté contactarlo dos veces más, pero, lamentablemente, ya no tuve éxito.
Dice Paco Ignacio Taibo II que los libros se hacen con lo que se tiene y no necesariamente con lo que se quiere. En ese sentido, lo que aquí se presenta no es más que una serie de pistas a partir de las cuales, posteriormente, será posible sacar conclusiones. Escapa a las posibilidades de esta investigación hacer una revisión exhaustiva de los presuntos negocios que Scherer habría hecho al amparo del poder. Lo que se pretende es ofrecer elementos, varios de los cuales requieren de una investigación más amplia para ser plenamente esclarecidos.
Este libro —que se compone de dos partes— revisa al personaje desde su historia personal y familiar, antes de llegar al gobierno y una vez que aterrizó en él. La primera parte arranca con su trayectoria personal y profesional, como abogado, y termina con su consolidación como un litigante y broker de la justicia. Se analizan aquí los distintos ámbitos en los que Scherer Ibarra incurrió en una traición: al legado de su padre, don Julio Scherer García, cuyo nombre e influencia política usó siempre en su provecho; al presidente López Obrador, de cuya confianza abusó; a Morena, que buscó instrumentalizar como si fuera una franquicia de dinero y poder, y a los valores más importantes de la 4T. La segunda parte examina con lupa el modus operandi de la red de negocios judiciales que comandó desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a partir de siete casos concretos que tuve posibilidad de reconstruir: Juan Collado, Alonso Ancira, Miguel Alemán, Cruz Azul, Aleatica, Oro Negro y Banco Santander.
Me ha parecido importante recabar la información disponible hasta el momento sobre Scherer y sus socios, tanto a partir de lo que ha aparecido en la prensa, como de las denuncias que han presentado en su contra y las carpetas de investigación existentes, así como de algunas otras evidencias documentales, algunas de ellas derivadas de solicitudes de transparencia.2 Mi fuente principal, sin embargo, son unos 80 testimonios. Amparándome en el secreto profesional, no daré sus nombres, pues la mayoría de ellos así lo solicitó expresamente.3
Una parte importante de los testimonios fue recabada entre figuras de la propia 4T, con cargos y encargos de mayor o menor relevancia, así como de otras instituciones públicas en el nivel federal y local. Otra parte relevante proviene de litigantes familiarizados con el funcionamiento del Poder Judicial en México, muchos de los cuales conocen a Julio Scherer desde hace tiempo o tienen conocimiento de la forma en que operó el sistema de justicia durante la actual administración, e incluso antes. A todas y todos ellos les agradezco enormemente su contribución a este esfuerzo. No menciono a ninguno por su nombre, como tampoco a las muchas personas que me apoyaron en esta investigación, para no perjudicarlas. Ellas y ellos, en cualquier caso, saben de mi enorme gratitud.
El principal obstáculo para esta investigación ha sido el miedo de mis fuentes, las cuales en general han sido en extremo cautelosas. Casi nadie ha querido ser el primero en revelar información y pocos estuvieron dispuestos a compartir documentos. Todo esto representa una enorme dificultad para precisar detalles y proporcionar datos más específicos, so pena de exponer y poner en riesgo a quienes aportaron testimonios.
He de decir que yo mismo no pude hacer esta investigación con la comodidad y soltura que hubiera deseado; debí moverme con mucho cuidado, como me lo sugirieron mis fuentes dentro y fuera del gobierno. No es fácil, como periodista, investigar un perfil como el de Julio Scherer y sus socios sin ponerse en riesgo. De hecho, más de un medio de comunicación para el cual he colaborado —no todos— me pidió dejar de hablar sobre este personaje, ya por haber recibido llamadas suyas, ya por tener una relación de negocios o interés con el exconsejero. Otros se negaron a publicar mis textos, y en uno terminaron por cesarme, tres días después de que se enteraron del tipo de investigaciones que estaba llevando a cabo. El mensaje era muy claro: no te metas con Julio.
En la etapa final también recibí amenazas por redes sociales y correo electrónico. Una de ellas me llamó la atención especialmente porque ocurrió 36 horas después de encontrarme en un sitio público con una de las presuntas víctimas de extorsión del exconsejero. Ante tales hechos, que difícilmente pueden ser fortuitos, me vi obligado a presentar una denuncia penal y adoptar medidas de protección. Por todas estas circunstancias, no siempre pude indagar libremente, contrastar posturas y escuchar la versión de todos los involucrados (lo que en condiciones óptimas debe hacerse en un trabajo periodístico), porque no quise levantar más sospechas. Aun así, me comprometo a darles difusión en mis redes sociales y otros espacios en los que colaboro a aquellos aludidos en esta investigación que deseen ejercer su derecho de réplica.
Debo mencionar, asimismo, que en esta investigación usé como referencia, también, una serie de audios que llegaron a mí de forma anónima, luego de publicar varios artículos sobre Scherer, y en los que pueden escucharse conversaciones telefónicas comprometedoras para el exconsejero jurídico y sus socios, tanto en el ámbito empresarial como en el de los despachos de abogados afines a él. Hay más de 100 conversaciones, las cuales he decidido mantener mayoritariamente bajo reserva, aunque no dudaré en divulgarlas en caso de que el exconsejero o sus socios intenten hacerme daño. Por esta razón, he encargado estos audios a una persona de mi confianza, a la que le he pedido hacerlos del conocimiento público en caso de ser necesario.
En las siguientes páginas no acuso a nadie por cometer alguna conducta ilícita, tan solo soy la voz de mis fuentes. Además, difícilmente una persona en solitario podría generar el tipo de pruebas que requeriría sustentar una acusación formal sobre casos como los que aquí se relatan. Lo que se presenta en este libro, en todo caso, es una recapitulación de investigaciones previamente publicadas en la prensa —algunas de mi propia autoría—, así como pistas y aproximaciones adicionales que podrían servir para llevar a cabo una investigación más amplia que pueda arrojar conclusiones.
En última instancia, lo que busco es entender los desafíos que presenta la justicia en México y mostrar el tipo de mecanismos a través de los cuales opera y se perpetúa la corrupción en el Poder Judicial, especialmente, en casos que involucran a los grandes capitales. Centrarse en Julio Scherer Ibarra no solo es importante por el hecho de que un personaje que era cercano al presidente de la República presuntamente emprendió negocios al amparo del poder. También lo es porque su conducta pública, como veremos, afectó o pudo afectar los objetivos planteados por la 4T.
Por último, soy consciente de los riesgos que implica denunciar la existencia de una cofradía mafiosa entre abogados y jueces que controla áreas del sistema de justicia, un mecanismo que les ha reportado cuantiosos lucros. Mencionar a algunos de sus presuntos integrantes no les va a gustar, y varios, especialmente quienes se sientan más aludidos, podrán sentir que este ejercicio periodístico interfiere con un negocio que se ha nutrido por mucho tiempo del silencio en el que transcurre su forma de actuar.
Sé que Scherer y sus socios intentarán buscar alguna justificación —por ridícula que sea— para proceder legalmente en mi contra o perjudicarme por cualquier vía. Buscarán esgrimir, quizás, que mi actividad periodística afecta su honra. Por ello es importante recordarles que nuestra Constitución protege la libertad de expresión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en casos como el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ha señalado que, cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, el primero tiene un lugar preferente en el ordenamiento jurídico, al considerarse un derecho humano y constitucional fundamental.
En el mismo sentido, el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión establece en su numeral 105 que, dado el interés del debate sobre asuntos públicos, la libertad de expresión adquiere un valor ponderado mayor, al tiempo que “las expresiones de interés público constituyen un discurso objeto de especial protección bajo la Convención Americana”.
Con todo esto, y aunque la razón jurídica no los asista, sé que Scherer y sus socios abogados intentarán usar a esos jueces a sueldo de los que echan mano normalmente para tratar de silenciar al mensajero, evitar que se escuche el mensaje y que nadie quiera volver a hablar de este tema. Estoy preparado para eso, y también para continuar documentando —con todo interés periodístico— su modus operandi, aun cuando la víctima sea yo mismo. Con todo, estimo que, al actuar de esta forma, seguramente estarán pensando con la lógica del pasado. Lo harán porque no se han dado cuenta de que este país —aunque no ha cambiado todo lo que quisiéramos— ya no es el mismo de antes.
De hecho, estoy convencido de que no lo es. El simple hecho de que un político tan poderoso como Julio Scherer Ibarra haya tenido que despedirse del gobierno y de la Cuarta Transformación es un signo de que las cosas no son iguales. En administraciones anteriores, perfiles como el del exconsejero jurídico permanecían en sus cargos hasta el último día de su gestión, con pleno conocimiento de sus actos por parte del presidente. En este caso no fue así. Por eso creí que valía la pena contar esta historia.
Ciudad de México, 30 de mayo de 2023
PRIMERA PARTE
El personaje
1
El negocio de la justicia en México
Está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial. Impera la corrupción ahí. Hay honrosas excepciones, pero como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger nada más a los de arriba, a la minoría, a los de la élite. No protegen al pueblo. Es un poder faccioso. Y es un asunto complejo. Su reforma no es fácil porque tiene que ver no solo con los jueces y los magistrados y los ministros: tiene que ver con la abogacía.
AMLO en la mañanera del 23 de marzo de 2023
¿Cómo van a ser los jueces y magistrados y ministros defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia?
AMLO en la mañanera del 24 de noviembre de 2022
Dentro de nuestro Poder Judicial, de forma muy clara en el local y más discreta en el federal, existe una habitación escondida, de difícil acceso, donde las élites económicas y políticas negocian los casos judiciales, y donde muy a menudo se compra y vende el acceso a la justicia, ya para castigar a ciertos enemigos, ya para que determinados personajes logren garantizar su impunidad. En esa recámara, habitada por jueces, brokers, litigantes, políticos y hasta presuntos delincuentes, opera el mercado de la justicia en México.
En el mundo de los abogados, no cualquiera puede acceder a esta alcoba secreta, al cuarto VIP. Por lo general, solamente lo hacen cierto tipo de litigantes pertenecientes a un grupo de selectos despachos, muy bien conectados con el poder económico y político, capaces de intercambiar grandes sumas de dinero a cambio de favores y trato especial. Unos 50 litigios “de élite”, especialmente codiciados por algunos de los bufetes más influyentes, tienen lugar cada año en el país y representan el gran botín que ambicionan jueces y abogados. Tan solo el llevar uno de esos casos puede hacer rico de por vida a cualquiera.
En esa recámara —vedada a la mayor parte de los ciudadanos, huelga aclarar—, el abogado que paga la suma más elevada es quien, por lo general, logra asegurar la impunidad de su cliente o hacer que este reciba trato preferencial en las instancias de justicia. A menudo es en el ámbito civil, en los temas comerciales y mercantiles que se resuelven en los juzgados, donde se llevan a cabo los negocios de mayor envergadura. Un ámbito particularmente lucrativo es el de las herencias de las familias más adineradas, un terreno donde muy frecuentemente se ven casos de corrupción.
En otros ámbitos, como el penal, la corrupción también existe a raudales. La razón es simple: “Cuando la gente está en la cárcel es cuando más está dispuesta a resolver las cosas con dinero”, como me explicaba un litigante de renombre. Nadie quiere estar preso y el simple hecho de lograr meter a alguien a la cárcel es una manera sencilla de doblarlo para obtener lo que sea. En la materia penal, además, los abogados más poderosos pueden obtener trato privilegiado para sus clientes o incluso acceder a esa justicia inasequible para los mortales.
Pocos periodistas, e incluso académicos dedicados a la rama judicial, han estudiado en México los mecanismos de corrupción en los juicios de élite. A partir de conversaciones con algunos abogados comúnmente involucrados en este tipo de litigios —todos los cuales solicitaron el anonimato—, pude encontrar algunos patrones sobre la forma en que opera la corrupción judicial, que se produce en litigios en los cuales están involucradas las más elevadas sumas de dinero.
Como punto de partida, algunos de los abogados consultados señalaron que, cuando una empresa intenta hacer efectivo un contrato que involucra más de 500 mil dólares, por poner una cifra, el tamaño de la chequera de cada una de las partes generalmente es lo que determina quién es el ganador. En efecto, en este tipo de procesos, es frecuente que los jueces acepten sobornos y que, para esconderlos, se escuden en toda una serie de enredados formalismos jurídicos, típicos de nuestro sistema legal, que buscan justificar sus decisiones en largas sentencias, escritas siempre en un lenguaje incomprensible incluso para los propios abogados.
Varios de los entrevistados sostienen que, en un sistema de justicia corrupto como el nuestro, la forma importa más que el fondo. Eso no pasa en otras latitudes, donde las sentencias suelen ser mucho más breves, concisas y legibles. En México, sin embargo, el lenguaje jurídico es deliberadamente complicado, tanto para ocultar la incompetencia de los fiscales y jueces como para disimular la irracionalidad de sus fallos y sus actos de corrupción. No hay que olvidar que todo este entramado transcurre siempre con sigilo, detrás de los usos más barrocos aunque elegantes del lenguaje jurídico, los cuales buscan dar una apariencia de legalidad y evitar dejar huella de los negocios que están detrás.
La corrupción judicial se efectúa a través de intermediarios o brokers: cada juez o magistrado dispuesto a acceder a este tipo de esquemas, por medio de los cuales opera el negocio de la justicia en México, suele tener un “amigo de confianza” cuya tarea es recibir los sobornos. El precio, por lo general, es un porcentaje del monto del contrato, que muchas veces suele pagarse en blanco. Para saber quién es el broker hay que estar bien informados o preguntarle a los abogánsteres, que suelen tenerlos bien identificados.
Un magistrado adscrito a la justicia local, en un estado del norte del país, contó cómo en varias ocasiones le han ofrecido dinero a cambio de sus resoluciones. “Quien te ofrece una suma”, explicaba, “siempre es un abogado cuyo nombre no figura directamente en el expediente”. En otras palabras, me explicaba esta fuente, “entre los propios abogados se arreglan para que el que te ofrezca un arreglo extralegal, y luego te pase el dinero, no sea el mismo que lleva el juicio”. De esa manera es como los abogados evitan dejar sus huellas.
La mayoría de los intermediarios son también litigantes que tienen una oficina dedicada al “cabildeo”, una forma de denominar el mecanismo a través del cual logran negociar los fallos en el sistema de justicia. Muchas veces los sobornos se pagan en efectivo, aunque también es frecuente que los asesores legales reciban transferencias bancarias por las cuales emiten un recibo de honorarios. Por ello en ocasiones las percepciones que reciben los abogados llegan a ser irracionalmente altas, como se ilustra en varios casos narrados en la segunda parte de este libro (véase especialmente el capítulo 11).
En cualquier caso, aunque la lógica nos haga sospechar que detrás de ciertos pagos exorbitantes está implícita una mordida o coima al juez o una manera de ganarse el favor de alguna autoridad, no es sencillo demostrar el acto de corrupción, pues no es fácil vincular el dinero que recibe el abogado y que llega al juez a través de un intermediario.
Por muchos años la práctica de buena parte de estos abogados ha consistido en hacerse “amigos” de los jueces y cotejarlos, teniendo además una relación de sospechosa cercanía con ellos. Igualmente importante para los abogados que están vinculados con los juicios de élite es tener contactos de alto nivel con el poder político y judicial, los cuales les permiten conseguir buenos favores para sus clientes. Esos abogados saben —como lo reconocía uno de los tantos que entrevisté— que sin tales vínculos sus carreras están limitadas y no pueden crecer más allá de un tope. Por ello no es extraño que los propios litigantes lleguen a dedicar más tiempo a la grilla política que a su trabajo técnico como abogados y que inviertan una considerable cantidad de tiempo en comidas, cenas y reuniones con los poderosos.
Personajes como José Luis Nassar, Diego Fernández de Cevallos o Manlio Fabio Beltrones son, según ciertas voces, algunos de los intermediarios o brokers más conocidos del sistema judicial. Al “Jefe Diego”, en particular, se le conoce en el gremio por haber sido un abogado con acceso a información privilegiada de juzgadores, y es famoso porque podía enterarse de antemano de cuál sería el sentido de ciertos casos importantes y usar esa valiosa información con diferentes clientes. Fernández de Cevallos, señalan también las fuentes, habría recurrido a una amplísima red de relaciones con políticos en todos los niveles, a quienes se ganaba haciéndoles favores que después les cobraba al pedirles que lo ayudaran a resolver los asuntos de los clientes que representaba.
Otro perfil emblemático es el de Humberto Castillejos, consejero jurídico de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2017. Las fuentes señalan que este personaje recurrió a una red de despachos de abogados para promover negocios judiciales, de la mano de abogados como Diego Ruiz y José Luis Nassar. Scherer Ibarra, como veremos más adelante, parece haber aprendido e incorporado el modus operandi de Castillejos, aunque lo llevaría significativamente más lejos, de forma más burda y sin ningún límite ético. Algunos de los entrevistados incluso señalaron que Castillejos fue “un niño de pecho” al lado de Scherer.
A diferencia de este último, caracterizado por su desaseo en las formas legales, Castillejos procuraba ser cuidadoso, actuaba con más discreción y cubría las formalidades jurídicas para no dejar rastro. Según los testimonios, además, Castillejos conocía sus límites institucionales y legales, mientras que Scherer parece haberlos desconocido por completo. Otra diferencia, no menor, es que mientras el consejero jurídico de Peña les cumplía a sus clientes, Scherer Ibarra muchas veces cobró sumas por gestiones o favores que nunca consumó o incluso ni siquiera intentó realizar.
Volviendo al tema central de este primer capítulo, es normal que el abogado que contacta al intermediario nunca sepa cuánto dinero le toca al juez y cuánto al que se ocupa de la labor de intermediación. Pero eso resulta secundario. El mundo de la corrupción judicial ha funcionado y continúa operando porque se obtiene el resultado esperado: una sentencia a favor del que paga por ella. De hecho, si el mecanismo no ofreciera esa certeza probablemente no lo pondrían en marcha los litigantes.
Algo importante de precisar, según explican algunas fuentes, es que, en muchos de estos casos, la corrupción no se da tanto en la sentencia última que dicta determinado juez como en la capacidad para alargar significativamente los procesos, ganar tiempo y conseguir medidas precautorias. De esta forma el acusado inicia el proceso arrinconado y presionado, sin armas para defenderse, y puede ser doblegado rápidamente desde las primeras etapas del juicio o incluso antes de que este tenga lugar.
Los despachos que operan de esta manera, gracias a la acción de sus intermediarios, explicaba una de mis fuentes, “son más efectistas que efectivos”, pues muchas veces acaban perdiendo los juicios en la última instancia. Antes de que eso ocurra, sin embargo, los procesos ya se han podido alargar, con lo que los clientes han obtenido importantes beneficios.
Entre abogados y despachos como los aquí mencionados, se conoce bien quiénes son los jueces corruptibles y a quiénes pueden recurrir para plantear arreglos extralegales. El personal que trabaja en los bufetes ya “les sabe el modo” a los jueces y a sus equipos, pues a menudo acuerdan directamente con los secretarios proyectistas que redactan las sentencias. A su vez, los actores del Poder Judicial conocen la forma en que opera cada despacho. Se trata de una clara relación de complicidad, alimentada por determinados usos y costumbres: “Los jueces ya saben cómo son las transacciones, les tienen confianza a esos despachos y saben que no se van a exponer o arriesgar haciendo negocios con ellos”, explicó una fuente.
Los despachos que acceden a la recámara secreta del negocio de la justicia saben quién es quién en el Poder Judicial. De forma más frecuente de lo que se cree invitan a comer a los juzgadores o a sus colaboradores, y hasta les organizan convivios y celebraciones.1
En las procuradurías estatales (hoy fiscalías supuestamente autónomas), algunos de estos abogados gozan de un trato privilegiado y acceso directo a los más altos funcionarios. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), una fuente de alto nivel me contaba que, antes de la llegada de Ernestina Godoy, estos individuos ingresaban a la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sin registrarse a la entrada, como cualquier otro visitante, e incluso empleaban los ascensores privados de los altos mandos.2
La captura de las fiscalías, sin embargo, no siempre se da en los más altos niveles. Uno de los abogados entrevistados explicaba que todos los grandes despachos tienen gente en los ministerios públicos a través de la cual pueden allegarse de información valiosa. Así pueden enterarse, por ejemplo, del momento en que se va a dictar una orden de aprehensión en contra de un cliente, para que este tenga tiempo de darse a la fuga. “Si a estas personas les sueltas una lanita fija cada 10 o 15 días”, reconocía un abogado con un realismo que me alarmó, “hasta padrino te hacen de sus hijos”. “Es básico comprar a esa gente”, me decía, “porque los de arriba te cuestan mucho más dinero. Sin esos mandos de abajo estás manco en el sistema”.
LOS INCENTIVOS A LA CORRUPCIÓN
En el mundo de los abogados y sus intermediarios se concentra uno de los principales agentes corruptores del sistema de justicia. Para que estos operen, sin embargo, también se necesitan fiscales y jueces dispuestos a corromperse, así como un sistema que incentive y favorezca la corrupción. Ciertamente, sobran ejemplos de juzgadores dispuestos a recibir un beneficio particular a cambio de fallar en un sentido u otro. Es frecuente, incluso, que algunos subasten sus sentencias entre las dos partes involucradas en un litigio y terminen por fallar a favor del que da más.3
Pero la corrupción en el Poder Judicial va más allá de historias aisladas. Es estructural y se explica en gran medida por las debilidades de su diseño institucional. Varias razones están detrás de esa corrupción: una de ellas tiene que ver con la falta de una auténtica carrera judicial, a través de la cual se pueda decidir con imparcialidad la incorporación y ascenso de jueces y magistrados, con criterios objetivos previamente establecidos que permitan a los interesados identificar qué es lo que se premia y castiga en su conducta como juzgadores. En lugar de ello, la carrera de estos depende de las lealtades políticas —a veces mafiosas— y la complicidad que establecen con ciertas figuras poderosas del Poder Judicial.
En México, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabeza simultáneamente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). De la misma forma, quienes presiden los tribunales superiores de justicia en las distintas entidades federativas del país también presiden los consejos de la judicatura en los estados de la República y la Ciudad de México. Como es sabido, el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia y disciplina dentro del Poder Judicial y tiene entre sus atribuciones la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, además de estar facultado para sancionarlos. Todo esto suele llevarse a cabo con altos niveles de opacidad y grandes márgenes de discrecionalidad, comúnmente a partir de criterios de subordinación y lealtad política.
Más allá de lo que establezcan la Constitución y las leyes, la lealtad y las redes clientelares son todavía la norma para definir la carrera de jueces y magistrados, y, en gen
