Introducción

ANA MERCEDES SAIZ VALENZUELA

La migración ha estado siempre presente en la evolución y el desarrollo de la humanidad. Es tan habitual que nos pasa desapercibida. Basta pensar en las migraciones que poblaron al mundo hace 60,000 años desde África o en las que surgieron por razones coloniales, y en los imperios que se enriquecieron expandiéndose a territorios lejanos, como el chino, el griego y el romano.

Migrar para encontrar mejores tierras, para huir de la guerra; el desplazamiento de pueblos enteros, como el judío, o el movimiento forzado de millones de personas esclavizadas hacia Europa y América demuestran que la migración siempre ha acompañado a las transformaciones sociales. Los movimientos generados a partir de la Segunda Guerra Mundial han determinado nuestra realidad geopolítica actual, y como consecuencia el derecho a solicitar y recibir asilo se ha formalizado en distintos instrumentos internacionales.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que en 2020 las personas que migraron lo hicieron mayormente dentro de su mismo país y que, en ese entonces, había alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en nuestro planeta, lo que representa 3.6% de la población mundial (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021). No podemos dejar de considerar los efectos que la pandemia por covid-19 tuvo en la migración mundial, ya que, si bien provocó una disminución en la cantidad de migrantes internacionales con respecto al año anterior, también se dieron importantes desplazamientos forzados por las condiciones políticas, económicas y climáticas, como los acaecidos en Siria, Yemen, la República Democrática del Congo, Venezuela, Afganistán y Haití (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021: 2).

De las personas migrantes que se registraron en el informe de la OIM, 48% eran mujeres, a diferencia del 49% que se registró en 2020 antes de la pandemia; y la cifra de niños y niñas también disminuyó de 16 a 14.6%, respectivamente, en el mismo periodo. En el informe también se estima que ese año la cantidad de trabajadores migrantes llegó a 169 millones (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021: 11); aunque hay que tomar en consideración que generalmente las razones para migrar son múltiples y no se limitan al aspecto económico.

Es frecuente que al conversar con las personas migrantes internacionales la primera razón que aducen para migrar sea la económica; mencionan que viajan para conseguir un mejor trabajo y mejorar sus ingresos, pero al indagar un poco más salen a relucir múltiples factores, como la pobreza extrema, la violencia, el cambio climático, un desastre natural o bien una amenaza a la vida o a la integridad física por un grupo delincuencial o incluso la falta de acceso a la salud.

Justamente con la intención de lograr un gran acuerdo global para enfrentar este reto de manera conjunta, en 2018 se dieron cita en Marruecos representantes de las distintas naciones integrantes de la ONU. Un año antes, Louise Arbour, quien había sido alta comisionada para los Derechos Humanos, fue nombrada representante especial para la migración internacional con el encargo de dar seguimiento a los acuerdos logrados apenas dos años antes en la histórica Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (ONU, 2016).

México tuvo un papel importante en las negociaciones; fue incluso facilitador junto con Suiza; y, finalmente, con el acuerdo de 192 países, se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular el 13 de julio de 2018. Marcelo Ebrard, nombrado canciller del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acudió a Marruecos a suscribirlo.

A pesar de las mejores intenciones de este acuerdo, y escudado detrás de los calificativos del propio pacto —migración segura, ordenada y regular—, el gobierno de México, en coordinación con el de Estados Unidos, ha implementado una política migratoria cruel, contraria a nuestras leyes y a distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Más allá del título, vale la pena desmenuzar un poco el contenido del mencionado pacto. Se trata de un acuerdo internacional que busca cumplir con el objetivo 10.7 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, s. f.). Este acuerdo amplio, del que México fue impulsor, facilitador y el primer país firmante, se aprobó en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU con una votación de 152 países a favor, 5 en contra y 12 abstenciones, y busca proteger la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, así como aprovechar los beneficios de la migración.

La entonces presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, señaló que la aplicación de las recomendaciones del pacto es clave para que no sucedan tragedias como la de Óscar y Valeria, que perdieron la vida tratando de cruzar el río Bravo; y recordó a los países firmantes que las personas migrantes son seres humanos a quienes se les deben respetar sus derechos (Noticias ONU, 2019, 27 de junio). Resulta paradójico que se haya tomado como referencia de la suscripción de ese pacto un hecho descorazonador, plasmado para siempre en una imagen imposible de borrar de la mente de quien la haya visto: el pequeño cuerpo de una niña ahogada junto a su padre, metida en su playera, justo a unos metros de alcanzar la frontera que los separaba del sueño americano (Sánchez Olmos, 2019, 26 de junio).

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular tiene una visión centrada en las personas, promueve el bienestar de las personas migrantes y los miembros de las comunidades de origen, tránsito y destino. Consta de 23 objetivos y compromisos y de un mecanismo de seguimiento y examen.

En cuanto a la visión, reconoce que la migración genera prosperidad, innovación y desarrollo sostenible; también que es un rasgo distintivo del mundo globalizado. Establece que debemos garantizar que las personas migrantes estén plenamente informadas de sus derechos y opciones de migración regular y segura, y brindar a todas las personas información objetiva sobre los beneficios y desafíos de la migración para contrarrestar las percepciones negativas de las personas migrantes.

El pacto reconoce que “la migración nunca debería ser fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debemos cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes” (ONU, 2018: 4).

En cuanto a los objetivos, mencionaré brevemente algunos:

El objetivo 3 señala que se debe proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. Para cumplirlo, entre otras medidas, se debe informar y guiar a los migrantes recién llegados, y ofrecer orientación jurídica específica sobre vías de regularización y acceso a la justicia para denunciar violaciones a sus derechos; ambas medidas, claro, asequibles para la niñez y con perspectiva de género.

El objetivo 5 establece que los Estados firmantes deberán aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración. Se propone elaborar o aprovechar prácticas que permitan la admisión y una estancia de duración apropiada por razones humanitarias para migrantes que se vean obligados a abandonar su país mediante visados humanitarios.

El objetivo 13 dispone que la detención de migrantes se debe utilizar solo como último recurso e insta a buscar otras alternativas. Los países firmantes se comprometieron a velar por que las personas migrantes no sean detenidas arbitrariamente y por que cuenten con acceso a asistencia jurídica gratuita, tengan información sobre los motivos de la detención y se les respete su derecho a comunicarse con sus representantes legales y sus familiares. En este punto resulta importante hacer notar que las autoridades encargadas de administrar los centros de detención deben actuar de manera compatible con los derechos humanos y la no discriminación; asimismo, deben rendir cuentas de las violaciones y abusos que cometan. En este sentido, se deben respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, y asegurar la disponibilidad de alternativas viables a la detención, sin privarlos de la libertad.

El objetivo 17 señala que se deben eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Los países se comprometieron a eliminar todas las formas de discriminación y las manifestaciones de racismo y xenofobia. También existe un compromiso para empoderar a las personas migrantes y a sus comunidades con el fin de que denuncien cualquier acto de incitación a la violencia contra ellas, informándoles de los mecanismos disponibles para defenderse y denunciar los delitos cometidos en su contra, respetar su libertad de expresión y establecer mecanismos para prevenir y detectar la utilización de perfiles raciales, étnicos y religiosos de los migrantes por las autoridades públicas.

En realidad se trata de una buena hoja de ruta, pero, como hemos podido constatar con tragedias como las de los tráileres en Chiapa de Corzo, Chiapas, y San Antonio, Texas, en las que perdieron la vida cientos de migrantes, y ahora con la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez operada por el Instituto Nacional de Migración, queda claro que aún estamos muy lejos de cumplir con los objetivos del pacto.

Desde la sociedad civil organizada, en los últimos años se ha documentado que no hay esfuerzos para informar, que se agrede y reprime a las personas que entran a nuestro país, que no hay acceso a vías de regularización ni suficientes visados por razones humanitarias. Durante 2019 se detuvo en estaciones migratorias a más de 180,000 personas, de las cuales 10,000 eran niños, niñas y adolescentes. Se han denunciado distintas formas de perfilamiento racial y discriminación por parte de las autoridades migratorias. Existe una práctica sistemática de deportaciones exprés sin respetar el debido proceso, el derecho al asilo y sin verificar si la vida de estas personas devueltas corre peligro al ser regresadas a sus países de origen.

Según el propio pacto, los avances en el cumplimiento e implementación serán evaluados mediante exámenes periódicos y se presentarán en el Foro de Examen de la Migración Internacional de la ONU, en donde México tendrá que explicar las acciones emprendidas, y seguramente no recibirá los mismos aplausos que en su momento ofreció el presidente Donald Trump desde nuestro vecino país.

No se puede negar que la situación es compleja. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, la visión para abordar la migración cambió: se volvió un asunto de seguridad nacional. Con la justificación de proteger de amenazas externas, las fronteras se convirtieron en zonas en las que se despliega todo el poder de un Estado.

Cuando se tiene la fortuna de poder cruzar una frontera internacional con documentos, se acepta el riesgo de sufrir cualquier tipo de humillación; utilizo el término fortuna porque hoy cruzar una frontera legalmente es un privilegio de muy pocas personas. Existe un entendimiento común: estar sometidos a un poder superior que nos puede imponer todo tipo de instrucciones y hacer una amplia serie de cuestionamientos, como “¿Cuánto dinero tiene?”, “¿Por qué le gusta hacer tal cosa?”, “¿Qué tipo de relación tiene con la persona a la que visita?”, “Quítese los zapatos”, “¿Qué trae debajo de la camisa?”, “Abra su maleta y desenrolle su ropa interior”.

A pesar de someternos a humillaciones verbales o físicas, nos pueden rechazar habiendo pagado un vuelo y un hotel. Estamos dispuestos a ceder datos biométricos, información confidencial e incluso la dignidad con tal de satisfacer la curiosidad de conocer un lugar, cerrar un negocio, aprender algo nuevo o visitar a una persona querida.

La desproporción de ese poder superior la explica Nanjala Nyabola, una escritora de Kenia que considera que en una frontera se despliega el máximo poder de un país. Un inmenso poder frente a las personas, muchas veces frente a las más desprotegidas y necesitadas. Ella ha hecho el ejercicio de situarse en ese lugar y ha transmitido lo que se siente incluso siendo privilegiada (Nyabola, 2020).

Tratando de seguir sus argumentos, imagino que voy en un tráiler de metal que parece un sarcófago, sin agua, con mis tres hijos apretados contra mí; que me subí a ese tráiler porque a mi marido lo mataron y estoy aterrada. Mi casa es peor que este infierno, por eso resisto la sed, el calor y el miedo que les tengo a los que nos llevan. Les entregué todo lo que teníamos a quienes nos transportan, incluso prometí seguirles pagando una vez que consiga trabajo. No sé muy bien a dónde vamos a llegar, pero por lo menos tengo la esperanza de llegar, pronto, a un lugar mejor que mi casa, porque, como dice Nanjala citando el poema de Warsan Shire, “mi casa es una boca de tiburón”.

Al ver rostros, saber nombres y conocer las historias entendemos la situación de una manera diferente. Las personas que mueren tratando de cruzar la frontera van saliendo de una “boca de tiburón” que puede ser la violencia, el miedo, la desesperación, la desesperanza o la enfermedad.

Al llegar a una frontera se siente ese despliegue de poder desproporcionado que se impone sobre estas necesidades. Las personas saben que es imposible obtener una visa, a veces incluso un pasaporte. Están obligadas a esquivar escondidas esas fronteras, pagando sumas millonarias a delincuentes, y seguro en sus cálculos no solo vale la pena, sino que es la única opción.

La realidad es que la mayoría de las personas pobres no tienen la posibilidad de obtener una visa o un permiso de trabajo. Las personas refugiadas se enfrentan a sistemas de asilo desbordados y paralizados que funcionan como muros burocráticos. Y no solo sucede en esta región; desafortunadamente es la realidad entre el Sur y el Norte globales: como ejemplo basta ver lo que sucede en Marruecos, Turquía y Libia (Saiz, 2022, 9 de julio).

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu­giados (ACNUR), hay 89.3 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, de las cuales 53.2 millones se encuentran dentro de su mismo país. La mayoría de las personas que cruzan una frontera internacional para poner a salvo su vida, su salud o su integridad se encuentran en un país vecino y 83% de ellas son acogidas en países de renta media y baja; los países que más reciben personas desplazadas internacionalmente son Turquía, Colombia, Uganda y Pakistán (ACNUR, 2021).

En América, el desplazamiento forzoso ha impactado a muchas personas desde hace décadas. Los exilios latinoamericano y centroamericano que iniciaron en la década de los cincuenta obligaron a salir de sus países en busca de asilo a personas que huyeron de las dictaduras en Guatemala, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Pero, sin duda, el desplazamiento que han sufrido las personas venezolanas ha sido de una magnitud nunca antes vista en este continente. Desde 2018 se ha registrado un aumento sostenido que no ha parado, y hasta el mes de marzo de 2023 se registraban más de 7.2 millones de personas que habían salido de Venezuela, la gran mayoría hacia Colombia y Brasil, 2.4 y 1.5 millones, respectivamente (R4V, 2023, 28 de marzo).

Para las personas oriundas de Venezuela, como para muchas personas desplazadas o migrantes por razones económicas de este continente, e incluso de otros lugares lejanos, llegar a Estados Unidos sigue siendo una aspiración. Para algunas lo es por razones de unidad familiar; para otras por ser una de las economías más fuertes del mundo o simplemente porque ha sido considerado por décadas como la tierra de las oportunidades.

Por lo anterior, el papel que desempeña México, de manera voluntaria u obligado por Estados Unidos, es el de país tapón, muro vertical o filtro migratorio. Si bien la migración en nuestra región ha sido una constante, podemos afirmar que las condiciones han cambiado en los últimos 20 años. Un parteaguas fue el Plan Frontera Sur, acordado por México y Estados Unidos a partir de 2015. Durante su implementación, por primera vez se invirtieron las cifras y México deportó más personas que Estados Unidos (Frank-Vitale, 2023).

A partir de ese hecho notorio hemos visto claramente cómo la frontera de los Estados Unidos se ha externalizado y México funciona como una barrera para muchas personas que buscan llegar a aquel país. Estos viajes nunca fueron sencillos, pero sin duda se han complejizado enormemente y la migración circular que existía entre ambas naciones se interrumpió.

México se concebía como un país de migrantes. Esta es la imagen icónica que hasta ahora sigue repitiendo el presidente López Obrador en la mañanera haciendo referencia a esos héroes nacionales, los migrantes que mandan remesas aportando de manera importante tanto a la economía nacional como a la de miles de familias que dependen de ellas para sobrevivir o, en el mejor de los casos, para no caer en la pobreza (Li Ng, 2021, 2 de febrero). De acuerdo con lo que dijo el propio presidente el 9 de noviembre de 2021, fueron 40,600 millones de dólares para 10 millones de familias (Gobierno de México, s. f.).

Paradójicamente, aunque los migrantes mexicanos en Estados Unidos son héroes que merecen consideración, admiración y respeto, las personas migrantes en México son discriminadas, maltratadas y están expuestas a múltiples vejaciones y violencias. Muchas de ellas huyen de contextos violentos y buscando protección encuentran en México más riesgos. Basta recordar el secuestro masivo de personas reportado a principios de abril de 2023, del cual las autoridades dan cuenta de una centena de personas migrantes mexicanas e internacionales privadas de la libertad en San Luis Potosí, México (Infobae, 2023, 7 de abril).

Esta situación no es novedosa: ya había sido documentada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2011 en un informe especial (CNDH, 2011), así como en el informe Sin salida de la organización internacional Médicos Sin Fronteras publicado en 2020 (MSF, 2020).

Desde 2011, en la Constitución mexicana se reconoce el asilo como un derecho humano. Cabe resaltar que la Declaración de Cartagena, cuyos preceptos se encuentran incorporados a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, reconoce la necesidad de protección internacional a aquellas personas que se encuentren huyendo de situaciones de violaciones generalizadas a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela.

Por esta circunstancia es que las personas se ven obligadas a hacer viajes peligrosos y casi imposibles de creer, como cruzar por la selva del Darién, poniendo en peligro su salud e integridad por salvar la vida. Es así como recientemente han tenido que llegar las personas venezolanas a nuestro país. Es tan clara la necesidad de protección internacional que la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registra una tasa de reconocimiento de 94% para personas de esa nacionalidad.

Además de lo anterior, es importante destacar que una persona indocumentada en México padece múltiples violencias, las cuales han sido ampliamente registradas en distintos informes de la CNDH, el relator especial de los derechos de las personas migrantes y sus familias de la ONU, el ACNUR y la OIM. Las situaciones que atraviesan van desde la extorsión y los secuestros (CNDH, 2011) hasta la discriminación constante al tratar de hacer efectivos sus derechos humanos, como la salud, la vida libre de violencia, el trabajo, la educación y muchas veces la libertad.

La política migratoria en México se caracteriza por la violencia institucional. Hay una práctica constante del Instituto Nacional de Migración por detener y deportar a las personas sin respetar sus derechos. Desbordan casos documentados de detenciones irregulares durante las cuales las personas migrantes son violentadas y extorsionadas, incluso cuando cuentan con algún documento válido y vigente.

Uno de los mecanismos de contención migratoria es la detención. En México existen más de 50 estaciones migratorias y estancias provisionales en las que se han documentado múltiples violaciones a los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ellas. Son frecuentes la incomunicación, la falta de alimentos o incluso la existencia de alimentos en descomposición; no hay suficiente agua ni para beber, no hay productos sanitarios y con frecuencia las personas son incomunicadas, se les impide hablar con sus seres queridos o consultar a un abogado. Es una situación permanente de riesgo. Las condiciones que prevalecen en las estaciones migratorias en México han llamado la atención de defensores de derechos humanos, de la CNDH y de las agencias internacionales y comités de la ONU (ONU, 2020, 23 de diciembre).

Las políticas migratorias que se ejecutan conjuntamente entre México y Estados Unidos, como la lista de espera o Metering, los llamados Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como Quédate en México, son inhumanas, crueles y despiadadas. Van en contra de los acuerdos internacionales firmados por ambos países, en contra de nuestras propias leyes y colocan a las personas ante múltiples peligros.

Durante la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, la migración fue un punto central de la agenda. No parece haber sorpresas, pues vemos delineado el escenario entre nuestro país y el vecino del norte.

El presidente Biden calificó la situación como una crisis en su fron­tera sur y aceptó que el sistema de asilo está quebrado, y que, en tanto no haya posibilidades políticas y presupuestarias para cambiar la situación, continuará limitando la llegada de personas a su frontera sur con las medidas a su alcance. Así, se seguirá aplicando el Título 42, una vieja norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de las personas que crucen la frontera, y se ampliará el programa de procesamiento para personas venezolanas implementado apenas hace unos meses, ahora para personas haitianas, nicaragüenses y cubanas.

Las expectativas del plan para manejar los flujos migratorios parecen estar claras para Estados Unidos; saben a cuántas personas aceptarán: 30,000 al mes. Claro, condicionadas a que tengan un patrocinador y a que esperen su turno virtualmente desde donde se encuentren.

Sin embargo, de este lado las cosas se ven diferentes. Recibir a 30,000 personas por mes no será un reto distinto al que venimos enfrentando, pero sí será de mayores dimensiones. Este tipo de acuerdos que ya se aplicaba en varios puntos fronterizos y el acuerdo negociado para personas venezolanas y de otras nacionalidades reflejan el poco espacio que se deja para acceder al sistema de asilo.

No dudo que para muchas personas que buscan mejores oportunidades económicas y cumplen con la condición de contar con un patrocinador, tener recursos para viajar por avión, un pasaporte vigente y, sobre todo, tener tiempo, pueda ser una opción, pero estos acuerdos tratan a las personas refugiadas como si no estuvieran frente a situaciones de vida o muerte. Son como pedirle a alguien que espere pacientemente su turno para respirar estando debajo del agua. Ese no es el espíritu del derecho al asilo, ni lo que dicen las leyes de México ni las de Estados Unidos.

Vivimos en un mundo desigual y tenemos que aceptar que si se trata de desplazamientos forzosos, de personas sin opciones para sobrevivir en sus lugares de origen, este acuerdo bilateral no es la solución, y que al tener las vías regulares bloqueadas las personas seguirán recurriendo a los traficantes de personas e irremediablemente seguiremos viendo tragedias que cobran vidas.

Con el fin de tener una visión más integral y completa de las dimensiones, complejidades y retos que trae la movilidad humana, se reúnen en esta obra expertas y expertos que comparten sus saberes acumulados por años para entender la migración abordando temas puntuales desde su experiencia profesional.

Con esta obra se presenta un mosaico que ayuda a esclarecer la dinámica migratoria partiendo de una visión global, enfatizando la dinámica regional y poniendo el reflector sobre México como país de origen, tránsito, destino y retorno. Los artículos que integran el libro analizan cuestiones específicas que brindan una radiografía de las fallas y oportunidades que tiene nuestro sistema de gestión de los movimientos de población y que impactan en los aspectos más cotidianos y básicos de la vida de las personas migrantes y refugiadas.

A partir de estos textos podemos comprender que las políticas migratorias no obedecen a la realidad de un mundo globalizado ni a las necesidades de los mercados laborales o a la economía, ni tampoco a la realidad demográfica del Norte Global. Se contraponen, incluso, al sentido común, y se basan en el miedo, la discriminación y los prejuicios. Así, esta obra es una oportunidad para mirar de manera diferente las migraciones, que deben ser gestionadas de una manera más humana y aprovechadas como motor de desarrollo.

No puedo terminar sin agradecer la confianza de todas y todos los autores, la generosidad de Penguin Random House, la paciencia infinita de nuestro editor David Velázquez y la constancia y el trabajo de Jamile Esquivel, ya que sin esa combinación esta publicación no hubiera sido posible.

REFERENCIAS

ACNUR (2021), Datos básicos. Consultado en https://www.acnur.org/mx/acnur/quienes-somos/datos-basicos.

CNDH (2011), Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Consultado en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2011_secmigrantes.pdf.

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Li Ng, J. (2021, 2 de febrero), “México. En 202 crecieron las remesas 11.4%, pese a la crisis mundial por la pandemia”, BBVA Research. Consultado en https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-en-2020-crecieron-las-remesas-114-pese-a-la-crisis-mundial-por-la-pandemia/.

McAuliffe, M., y A. Triandafyllidou (eds.) (2021), Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, Ginebra, OIM.

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El creciente malestar con el sistema migratorio internacional

LETICIA CALDERÓN CHELIUS

Para que pueda ser he de ser otro,

salir de mí, buscarme entre los otros,

los otros que no son si yo no existo,

los otros que me dan plena existencia.

OCTAVIO PAZ

No hay un solo país en el mundo donde la política migratoria se considere ejemplar. Ningún lugar en el planeta que se reconozca como el parámetro de las buenas prácticas a seguir. Por supuesto que hay experiencias memorables, episodios históricos emblemáticos y lugares de hospitalidad y solidaridad que merecen preservarse en la memoria de cada sociedad, pero en ningún caso estas circunstancias han provocado un giro radical de la política migratoria, al contrario, lo que vemos es que en cada país hay cada vez una mayor tensión sobre quién puede entrar a un territorio, quién sale, quién transita, quién puede establecerse y quién puede llegar a acreditarse, probablemente, en alguna ocasión, como un miembro más de un colectivo nacional distinto al del lugar donde nació. Es en este contexto en que, a pesar del avance en la creación de instrumentos legales de alcance internacional para atender el proceso migratorio, la realidad es que son cada vez más recurrentes las situaciones y experiencias que demuestran que el sistema migratorio internacional está en un serio desgaste.

En este texto artículo estableceremos algunas coordenadas que ubican los puntos más débiles del modelo migratorio vigente y, sobre todo, algunas ideas que podrían reconvertir al propio sistema migratorio internacional. Si bien reconocemos el escenario pragmático y realista en que se desarrollan las políticas migratorias, creemos que estamos viviendo una etapa de la humanidad en que, luego del punto más álgido de la pandemia por el covid-19 que representó un tiempo de gran dolor y angustia para el mundo entero, quedó claro para la inmensa mayoría que las fronteras solo deberían de ser una referencia, ya que frente a los problemas que aquejan a la humanidad solo podemos reaccionar de manera planetaria.

LAS CARAS DE LAS MIGRACIONES QUE NO VEMOS

El escenario migratorio internacional suele verse de manera compartimentada y aislada del resto de las sociedades, cuando en realidad estamos ante un proceso transversal que atraviesa gran cantidad de experiencias sociales contemporáneas. Cuestiones que demuestran que la “era de las migraciones” no es una simple manera de evocar la movilidad humana contemporánea, sino una experiencia a la que muy pocos lugares del mundo son ajenos.

De los puntos que dificultan esta comprensión más panorámica sobresale el hecho de que la mayoría de los gobiernos siguen considerando que se trata de un asunto que debe atenderse de manera nacional, cuando, como pocos, este es un proceso que no solo no es nacional, sino que por lo menos es regional y, en realidad, ocurre entrelazado de manera planetaria (Pradilla, 2020). Podemos constatarlo cuando se hace evidente que lo que pasa en un lado del mundo se repite de manera casi idéntica en otras geografías, y hay momentos en que las circunstancias suelen ser prácticamente calca una de la otra. Uno de los puntos que hace visible esta circunstancia son las consecuencias de crímenes dantescos que develan, cada tanto y nuevamente, la situación de explotación y esclavitud a la que son sometidas las personas más pobres de la cadena migratoria (Alonso, 2015). Solo por mencionar ejemplos, se puede recordar cómo ocurrieron, en tiempos casi simultáneos, tragedias como la que sucedió en 2020, cuando 55 migrantes murieron al volcar un camión que transportaba más de 100 personas en Chiapas, al sur de México. En 2022, 53 personas fallecieron en San Antonio, Texas, al ser abandonadas al interior de un tráiler que las transportaba de manera clandestina. Un par de años antes y a miles de kilómetros, en 2019 en Gran Bretaña, 39 personas de nacionalidad china fueron encontradas muertas al interior de un frigorífico que transportaba migrantes, mientras que en 2022 en Melilla, España, 18 marroquíes murieron como resultado de una acción policial que llevó a la muerte por aplastamiento y asfixia a quienes buscaban llegar a Europa. Cada uno de estos casos develó un modus operandi de gran similitud que muestra la mercantilización de los migrantes como parte del crimen organizado, y sobre todo cómo la migración más precaria es víctima de situaciones que se repiten en distintas geografías más allá de estructura nacional (Triandafyllidou y McAuliffe, 2018).

Visto desde una perspectiva distinta a la parte más trágica y criminal que experimentan los migrantes en todo el planeta, debemos reconocer que este proceso ha generado ya un bagaje simbólico y emocional compartido como humanidad independientemente de la geografía donde ocurren los hechos, produciendo escenas que se traducen en imágenes de gran potencia que marcan a toda una generación, como el niño sirio en la playa (2015), que se consideró en su momento la máxima expresión del drama migratorio (Lucas, 2015); la celebración de la hospitalidad con el recibimiento espontáneo de casi un millón de sirios en Alemania (2014); la evidencia del racismo que evocó al esclavismo estadounidense con el ataque de policías montados a caballo persiguiendo a migrantes haitianos en la frontera con México (2021); o la experiencia de los ucranianos huyendo de la guerra en su propio país, recibiendo un trato ágil y flexible, por lo menos al inicio de la guerra, de parte de distintos gobiernos para hacer los trámites de solicitudes de refugio (2022). Estas imágenes con que se identifica a la migración y cientos más se han vuelto universales y casi cualquiera podría reconocerlas o, en todo caso, buscarlas en la web y encontrarlas de inmediato. Son ya referentes visuales de lo que entendemos como migración contemporánea del siglo XXI, a la que se pueden sumar cientos más de fla­shazos. Así, estas y tantas más imágenes que dan la vuelta al mundo prácticamente en minutos muestran que el proceso migratorio no es ajeno a nadie, pero que, sobre todo, tampoco ocurre exclusivamente en una geografía. La paradoja es que mientras somos más conscientes de esta planetarización de la migración, al mismo tiempo los Estados se atrincheran en la idea misma de querer abordar el proceso desde una lógica nacional y asumiendo que es derecho exclusivo de cada país la forma como aborda este proceso.

Gran parte de la resistencia de los propios gobiernos a reconocer que la migración es un proceso más regional que acotado a cada país, y que cada quien lo resuelva como pueda, se debe al hecho de que de alguna manera la movilidad humana a través de las fronteras internacionales pone contra la pared conceptos jurídico-políticos clásicos como la soberanía. Aunque esta noción se ha ajustado a los tiempos contemporáneos al aceptarse la existencia de poderes supranacionales, mercados internacionales y circuitos financieros que de facto merman las soberanías, la movilidad humana permanece como el control que guardan para sí los aparatos de poder de cada Estado al vigilar, decidir y monitorear todas las etapas que se expresan es esta experiencia humana tan amplia —salida, retorno, llegada, tránsito, establecimiento de las personas en diversas geografías—. Lo que vemos entonces es que, si por un lado en términos del derecho internacional los Estados reconocen que la migración es un derecho humano, los mismos Estados, aludiendo a su propia soberanía, conservan un férreo control sobre sus nacionales para regular quién, cómo y cuándo alguien puede salir de un territorio nacional y, a su vez, ellos mismos tienen la atribución exclusiva de imponer criterios sobre quiénes pueden entrar y bajo qué requisitos y condiciones. Lo que vemos entonces es que esta situación expresa una confrontación no solo conceptual, sino de poder, entre la idea de soberanía que cada Estado resguarda como último reducto de control y los derechos humanos de cada persona en el planeta. Así, la disputa sobre la autonomía personal y la regulación que impone el Estado como ente jurídico a través de mecanismos de control y seguimiento es tan obvia como el hecho de que, por ejemplo, pese a que la identidad jurídica de las personas es un derecho humano fundamental, un gran número de individuos en el mundo carece de dicho reconocimiento jurídico, e incluso se llega al extremo de Estados que niegan ese derecho al preservar la condición de apátridas a millones de personas que quedan atrapadas en un limbo jurídico que las invisibiliza (Muñoz, 2017; Guerrero, 2013).1 Condicionar el derecho a migrar a través de mecanismos legales como visas, permisos e incluso formas complementarias de libre circulación a algunos, mientras que la inmensa mayoría queda incapacitada, sobre todo por su condición socioeconómica, genera un tipo de movilidad sin papeles y, por tanto, fuera del control del propio Estado o incluso en abierto desafío a su control soberano.

Un último punto para repensar el proceso migratorio desde una perspectiva más panorámica consiste en sobrepasar la idea misma de que la migración es un proceso ajeno a quienes no migran. El dato dice mucho: 4% de la población mundial vive en un país diferente del de su nacimiento, lo que equivale a poco más de 281 millones de personas desplegadas a lo largo del planeta, principalmente concentradas en algunos países (OIM, 2020). Por tanto, no es la cantidad de personas respecto al total mundial de casi 8,000 millones de habitantes en el planeta (Bricker e Ibbitson, 2019), sino la intensidad de este proceso y las implicaciones que representa, lo que le da la visibilidad que tiene sobre todo en las sociedades donde hay mayor concentración de extranjeros, sea en tránsito (corredores migratorios como México) o en países de mayor destino migratorio (como Estados Unidos).

A esto se suma el hecho de que, de manera generalizada, se concibe como migrante exclusivamente a la persona en movilidad. Es decir, se reduce la descripción a pensar que migrante es quien se traslada e introduce a una sociedad distinta a la de su lugar de origen. Sin embargo, la experiencia histórica y social muestra que la comprensión profunda de este proceso implica reconocer que la dinámica migratoria se genera no solo en la movilidad sino, sobre todo, en la interacción entre quienes están en movimiento y su contraparte, quienes en lo particular o como sociedades constituyen el escenario supuestamente estable por el que unos transitan e interactúan. Esto quiere decir que no basta con que las personas se trasladen o integren a una sociedad distinta a la de su lugar de origen para ser migrantes en un sentido sociológico, sino que la migración es y solo es el resultado de la interacción que se genera en los espacios sociales entre quienes se mueven y quienes establecen contacto y acogen o rechazan.

Esta idea implica que el proceso migratorio se explica no solo por las condiciones y características de las personas en sí mismas, sino sobre todo por la manera como las sociedades establecen criterios, referencias e imaginarios respecto al que consideran externo, ya que eso condiciona el lugar en que se les coloca en el imaginario colectivo, como miembros potenciales de la comunidad o como parias amenazantes. La construcción simbólica de la figura de quienes migran en cada contexto social/nacional es fundamental para entender el proceso migratorio como tal y no solo hablar de numeralia migratoria o momentos excepcionales que suelen ser tragedias como las que comentábamos unas páginas atrás.

Esta noción de entender la migración no solo por quien se desplaza, sino como la conjunción que provoca dicha movilidad al contacto con las sociedades en que ocurre, aplica también para las políticas migratorias, ya que si bien suele pensarse que se trata del entramado jurídico que establece la normatividad con que cada país permite o impide la movilidad de los extranjeros a través de un territorio, o las vías y medios para integrarse a su sociedad de manera más flexible o restrictiva, esto está lejos de ser una cuestión exclusiva de los gobiernos, sus funcionarios, congresos o diversos órganos de poder, sino que las sociedades, en la diversidad que cada una entraña, son parte sustancial de las políticas migratorias al generar las condiciones para que se desarrollen espacios de tolerancia y acogida o, por el contrario, dan lugar a formas de xenofobia abierta, velada o incluso legalmente aceptada (Calderón, 2021b). Por tanto, si bien el marco legal migratorio es central para entender la lógica con la que los gobiernos reaccionan y se guían ante los diversos procesos de movilidad, esto no es suficiente para definir la política migratoria de ningún país, sino que las políticas migratorias son siempre resultado de la tensión cotidiana entre la propia normatividad (leyes, códigos), las decisiones políticas coyunturales por parte de los gobernantes y la sociedad en su conjunto en la interacción con la otredad que genera el contacto con quienes se consideran ajenos, foráneos, extranjeros, sea de manera directa o como referencia incluso solo imaginada. De ahí que las representaciones sociales que se construyen en lo colectivo sean un componente fundamental del proceso migratorio en lo local, nacional y regional. Los medios de comunicación nacionales y extranjeros son un componente central en esta construcción del proceso migratorio, porque constituyen la pieza clave que generaliza estereotipos y lugares comunes de la idea de la otredad, y con esto recrean el escenario que define el tipo de proceso migratorio que se va hilvanando (Caggiano, 2019).

LA MIGRACIÓN CONTEMPORÁNEA: NI SEGURA, NI ORDENADA, NI REGULAR

Para poder poner estas ideas en un contexto actual, ubiquemos un proceso que enmarca la manera como se está desarrollando la lógica de la migración más allá de las historias nacionales, como un esfuerzo por darle un sentido más planetario y de responsabilidad compartida. A finales de 2018 se dio un cambio histórico en la retórica internacional en torno a la migración internacional. El 10 de diciembre de ese año se firmó un pacto mundial que sentó nuevas bases de acuerdo entre los 152 países firmantes. Se trata del llamado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que se volvió desde entonces la base del entramado jurídico internacional que busca alinear las políticas migratorias de cada país firmante en una misma ruta, y de alguna manera se convirtió en un mantra que los distintos gobiernos repiten en sus discursos como la dirección y sentido que buscan darle al flujo migratorio en cada territorio nacional que se mantiene como la estructura de control de las personas que migran como lo dijimos antes. La oportunidad que ofrece este pacto es inmensa, porque está basado en los instrumentos jurídicos de los derechos humanos, vigentes prácticamente en todo el mundo, además de que es resultado de una larga trayectoria de acuerdos para hacer de la migración un escenario más certero, como se pensó que podría pasar con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, firmado desde 1990, la cual desafortunadamente es sobre todo una referencia y no tanto una práctica jurídica que marcó a las sociedades que hicieron suyo dicho documento. En el caso de México, la firma del Pacto Mundial para la Migración implicó un proceso interesante, porque quien participó activamente en la negociación y redacción de este instrumento jurídico fue un equipo del entonces presidente Peña Nieto (2012-2018), el cual, además, lideró de una forma muy decidida la búsqueda del consenso para alcanzar las firmas al documento final. Sin embargo, a quien le correspondió firmar y poner en práctica dicho pacto fue al gobierno del presidente López Obrador, lo cual ocurrió cuando tenía apenas unos cuantos días de haber asumido el poder (2018). No obstante las divergencias entre ambos proyectos políticos claramente opuestos —el del gobierno saliente y el del entonces nuevo gobierno—, la presidencia de López Obrador, en la representación del canciller Marcelo Ebrard, mantuvo su apoyo y el liderazgo respecto a este instrumento jurídico internacional.

A pesar de su alcance normativo, es decir, de su propuesta como instrumento jurídico, lo central es que un documento de este tipo solo tiene impacto por la utilidad que le dan los gobiernos que lo firman, pero, sobre todo, por los cambios que provoca en las sociedades donde se define la migración como proceso.

El Pacto Mundial para la Migración se sustenta en tres conceptos básicos que en sí mismos son factibles: hacer que la movilidad humana contemporánea sea segura, ordenada y regular, lo que, sin embargo, solo puede ser alcanzable si se construye una verdadera gobernanza mundial, es decir, “una colaboración internacional para las migraciones que ponga en marcha proyectos a largo plazo que vayan más allá de las emergencias individuales” (papa Francisco, 2020: 138). Desafortunadamente, el peso de este proceso depende del entramado jurídico internacional que hace de los migrantes los responsables del proceso en su conjunto, principalmente porque los encasilla y cataloga de acuerdo con el tipo de visado que portan. Esto es una parte sustancial de lo que hace del sistema migratorio internacional un proceso en crisis que provoca creciente malestar.

Revisemos los tres conceptos eje del Pacto Mundial para la Migración en el ánimo de replantearlos desde nuevas ópticas. El primer planteamiento, que la migración sea segura: ni duda queda de que más que un ideal debe ser un mandato, pero implica que, tal como el propio pacto lo plantea, se reduzca al máximo la participación del crimen organizado vía la trata de personas y los mecan

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