Prólogo

Esta no es una historia más de narcotráfico. Se trata de la más vergonzosa de las historias de corrupción nacidas en el seno del Estado mexicano, que terminó asentada en el fondo del mundo del narcotráfico. Es la historia contemporánea delictiva que más ha dolido a toda la nación mexicana, por la forma abyecta en que el interés particular de un hombre, el del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se antepuso al interés nacional y terminó por colocar al Estado mexicano como custodio, garante y protector de los principales grupos del narcotráfico.

Esta es la historia de Genaro García Luna y su desmedida ambición de dinero y poder, la que surgió al codearse con la clase política, la clase empresarial y la clase delictiva, los tres poderes fácticos que nunca deberían siquiera rozarse en el ámbito nacional. Esta historia desentraña la forma en que García Luna conjugó los intereses de esos tres sectores de poder, a sabiendas que del mínimo contacto de dos o más de estas clases siempre, innegablemente, resulta un ente que termina por arrodillar al Estado, en cualquiera de sus tres representaciones básicas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Por atender solo a su desmedida ambición, García Luna quebró al Estado mexicano. Eso se explica en este texto. Aquí se exponen elementos de prueba para entender cómo la proximidad y conexión de Genaro García Luna con la clase política, la clase empresarial y la clase delictiva finalmente sirvieron a sus causas personales y pudo tomar como rehén al régimen político en turno. Un régimen que no hizo otra cosa que entregar toda la fuerza del Estado al servicio de protección de los grupos delictivos. Esta es una historia de la más vulgar de las ambiciones de Genaro García Luna, pero también es una revisión histórica del papel de cómplice o pelele que jugó el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien aún no ha sido tocado por la justicia mexicana o estadounidense, pero que tarde o temprano llegará a rendir cuentas sobre su participación en la relación de hechos que —desde el punto de vista periodístico— aquí se explican y se acreditan.

La corrupción de Genaro García Luna no puede entenderse sin la complicidad del entonces presidente Felipe Calderón y de algunos círculos de mando dentro de las fuerzas federales de seguridad, incrustados dentro de la Secretaría de Marina (Semar) o dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De eso trata este trabajo de investigación. Aquí se exponen datos fríos, testimonios criminales, documentos de archivos sepultados en los anales del burocratismo, versiones contenidas en carpetas de investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero sobre todo la clarificación de la historia, lograda con la versión de criminales desde el interior de algunas cárceles mexicanas, o a través de versiones emitidas por agentes en retiro y en activo del que fue y es el alma del espionaje mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ahora convertido en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por el solo hecho de ser un texto periodístico, a lo largo de las narraciones aquí contenidas no se da cabida a la suposición ni se le da rienda suelta a la imaginación. A lo largo del texto hay una sólida responsabilidad con la historia y con el lector. Cada oración, cada idea, cada exposición lógica construida a lo largo de este trabajo se encuentran sustentadas en documentos y/o pruebas testimoniales. Esa es la esencia del periodismo. Esa es la base de este trabajo informativo que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad sobre García Luna, Calderón y el narco. Aquí —en forma lineal—, a manera de crónica, a veces de gran reportaje, se escudriña en el pasado inmediato y tan remoto como sea necesario para, junto al lector, construir el andamiaje histórico que permita comprender de manera más precisa esta historia de corrupción, narrada de principio a fin. Pocas veces, en el mundo del narcotráfico, observado desde el plano periodístico, se puede dar cuenta de historias concluidas y cerradas de cabo a rabo. Esta, la historia de García Luna plasmada en este texto, que se puede sorber de un solo jalón, es una de esas historias, raras por lo voluntarioso del destino pero diáfanas por la contemporaneidad de los hechos, que se pueden considerar como historias que se leen de principio a fin en una sola revisión.

Sí. La historia de corrupción y narcotráfico que ahora está en tus manos, amable lector, es una historia que no deja nada a dudas. Aquí comienza y aquí termina todo lo que se narra. Es un paso a paso por la vida pública del que fuera secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Es un post mortem del desempeño oficial de Genaro García Luna, que inició en su no lejana juventud como inexperto agente del Cisen y estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México, infiltrando la génesis del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hasta convertirse, en días recientes, en un burdo narcotraficante sentenciado a 460 meses de prisión.

En este trabajo informativo se expone de cuerpo completo a Genaro García Luna, un hombre —así calificado por el juez estadounidense Brian M. Cogan— que en nada es distinto a lo criminal que en su momento fue Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, solo que su nivel de criminalidad lo pudo disimular, lo que lo convirtió en un personaje doblemente peligroso. García Luna pudo engañar a todos, narcotraficó mientras fingía proteger a la sociedad, solo por atender el llamado interno de su ambición por el dinero. Se hizo pasar por policía, cuando era no uno más, sino cabeza de grupos de narcotraficantes, y dispuso de la fuerza del Estado mexicano para ponerla al servicio de la protección de los grupos delictivos que desde hace ya más de 40 años mantienen como rehén a toda la sociedad mexicana.

El Licenciado, el nombre clave que se le asignó a García Luna desde que inició su sociedad con los principales grupos del narcotráfico, integrados dentro del Cártel de Sinaloa, logró una gran responsabilidad histórica en la evolución y crecimiento de los grupos delictivos y sus cabezas más visibles. Sin su colaboración, nunca se habrían empoderado criminales de la talla de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; Ismael Zambada García, el Mayo; Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey; Nazario Moreno González, el Chayo; Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho; Servando Gómez Martínez, la Tuta; Arturo Beltrán Leyva, el Barbas; Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo; Héctor Beltrán Leyva, el H; entre otro medio centenar de narcotraficantes que durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se convirtieron en los amos de México, por el solo hecho de haber estado bajo la protección del hombre fuerte de la seguridad, Genaro García Luna, un hombre que más pronto que tarde cerró su ciclo delictivo como efecto de la acción de la justicia estadounidense.

La historia del Licenciado Genaro García Luna, ya está concluida. Esta historia no puede tener un final alternativo a lo que ya se ha visto tras la sentencia dictada y las rejas metálicas cerrándose a las espaldas de este narcotraficante. García Luna terminará los días de su vida en una celda de dos metros de ancho por tres metros de largo, con luz artificial las 24 horas del día. Disciplinado por sus custodios. Despertándose y levantándose del camastro a la hora que se lo indiquen. Comiendo lo que sea que le vacíen sobre la metálica charola. Bañándose en cinco minutos, bajo la mirada de un custodio, en una regadera que en tiempo de frío dará agua helada y en época de calor servirá agua hirviendo, igual que muchos inocentes que fueron encarcelados en México por su instrucción, solo para elevar las cifras de presos y pretender fundamentar su mentira llamada la guerra contra el narco.

A García Luna le puede esperar cualquier tipo de suerte a lo largo de los próximos más de 38 años de prisión que se le han dictado. Puede resistir y salir de la cárcel convertido en un anciano o puede optar por la salida fácil, y no precisamente la que significa ser un testigo protegido del gobierno estadounidense para indiciar a otros miembros de la delincuencia institucional mexicana, de aquellos que amparados en el poder político se han tirado a los brazos de la delincuencia solo para satisfacer sus ambiciones vulgares del amasamiento del dinero. Cualquiera de esas dos opciones puede ser la conclusión de García Luna. Pero su historia criminal ya está sellada. Pasó de ser uno de los hombres más poderosos de la seguridad nacional y pública de México a convertirse en un convicto que ahora llora al término de sus llamadas telefónicas.

El cierre de ciclo de García Luna, del que solo él era el único que pensaba que no podría terminar como ahora es: en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, llegó tras casi cinco años de prisión. El gobierno estadounidense fue el que lo encontró culpable de narcotráfico. Una acusación que en México, por lo corrupto del régimen y la impunidad que brinda el sistema a los suyos, nunca se pudo siquiera contener dentro de una carpeta de investigación. La sentencia con la que se selló el destino de García Luna llegó luego de que su juicio fue pospuesto tres veces para su desarrollo y cinco veces para su sentencia.

Hoy no hay duda. Primero —durante los últimos años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari— siendo agente de campo del Cisen, después —en el sexenio de Ernesto Zedillo— estando a cargo de la dirección del Cisen, luego —en el gobierno de Vicente Fox— como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR), y ya en la cúspide del poder —durante el sexenio de Felipe Calderón— siendo secretario de Seguridad Pública, siempre García Luna estuvo en el desempeño de sus encargos públicos bajo el principio de un beneficio personal. Al menos la evidencia indica que a García Luna nunca le interesó el servicio a los demás, mucho menos trabajar para ese ente etéreo que muchos le llaman patria.

La génesis del mal de García Luna no fue fortuita. No fue por generación espontánea. Para entender su historia tenemos que revisar el pasado inmediato, no el pasado de la vida de Genaro García Luna, sino más bien el pasado de los intereses y las ambiciones de los grupos del narco que terminaron siendo los aliados del Licenciado. El origen del mal que terminó engendrándose en la persona de Genaro García Luna fue alentado por un factor y tres actores. El factor fue la corrupción. Los actores fueron los narcotraficantes Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, así como el que fuera presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a quien desde este texto se considera el factor principal para la creación del animal del narco en que se convirtió a Genaro García Luna.

Cuando el que esto escribe estuvo en prisión, en la cárcel federal de Puente Grande, a donde fue llevado como parte de una venganza del presidente Felipe Calderón, por los cuestionamientos que públicamente, desde el periodismo, se le hicieron sobre la relación de su hermana Luisa María Calderón Hinojosa con el narcotraficante jefe del Cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, la Tuta allí en prisión, de voz de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, supo sobre las relaciones que Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, mantenía con los diversos grupos del narcotráfico.

Los testimonios de diversos narcotraficantes, entre ellos también Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, deposados en pláticas informales en los pasillos de la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, dan soporte al hilvanado de la historia criminal de García Luna que se expone en este trabajo. Uno de esos testimonios vertido por el Grande refiere cómo influyó el narco para que Genaro García Luna fuera designado por Felipe Calderón, entonces presidente electo, como secretario de Seguridad Pública. Aquí la versión narrada en prisión:

El sol ya se había ocultado. El aire fresco de mediados de septiembre comenzaba a soplar sobre las casas de la colonia Las Quintas. Un convoy, rechinando a toda velocidad, desperezó la mansa calma de esa tarde de Culiacán. El primero en descender de una camioneta fue Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias el Grande, jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leyva, el Barbas. Después, rodeado de media docena de hombres armados, el Barbas se apeó.

Era 2006. La alianza entre los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva vivía sus mejores momentos. Ninguna de las cúpulas de estas dos organizaciones criminales hacía movimientos de importancia sin antes consultarlos con la otra parte. Esa era la fórmula que hasta ese momento les había dado la posibilidad de mantener la preponderancia en el tráfico de drogas. Era la base que había permitido que La Gerencia —como se conocía a la alianza de estos dos cárteles— fuera la organización criminal más importante de México.

El Barbas —según contó en prisión Sergio Enrique Villarreal—, viendo a todos lados, cruzó de prisa la calle. No hubo necesidad de tocar. La puerta de la casa donde sería la reunión estaba abierta. Dentro, como si fuera el cliché de una película de narcos que tanto gustan a Hollywood, Ismael Zambada García, el Mayo, esperaba sentado sobre un mullido sofá de piel, rodeado por tres de sus escoltas. Una sonrisa, un apretón de manos y la entrega de una botella de Buchanan’s y un vaso para que se sirviera fue el saludo con que recibió al Barbas.

La reunión entre ambos había sido convocada por Ismael Zambada. El objetivo, que hizo desplazar a Arturo Beltrán Leyva desde Cuernavaca hasta Culiacán en un vuelo en avioneta de más de tres horas, era establecer el acuerdo y las formas en que La Gerencia impulsaría la postulación de Genaro García Luna para ser el nuevo secretario de Seguridad Pública en la administración del presidente Felipe Calderón, que estaba por comenzar.

Genaro García Luna, el Licenciado, como se le llamaba dentro de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, era un viejo conocido del Barbas y del Mayo. Desde que fue coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox, García Luna había prestado ya algunos servicios a La Gerencia. El más importante había sido facilitar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, de la prisión federal de Puente Grande, en Jalisco.

El Barbas se acomodó frente a Zambada. Transcurrieron unos minutos antes de que comenzara el diálogo. En la antesala de cualquier negociación de importancia era costumbre de Arturo Beltrán, casi una especie de mantra o superstición, primero beber unos tragos en silencio. El Barbas paladeó el whisky con hielo, que miró abstraído en el fondo del vaso que sostenía entre las manos. Con la mirada —contó el Grande—, el Barbas ordenó a sus hombres que lo dejaran solo. Únicamente, como también era su costumbre, le pidió a su jefe de escoltas permanecer en la sala. Ismael Zambada hizo lo propio. Solo se quedó su jefe de seguridad, Manuel Tafolla, el Meño.

De los cuatro, nada más los dos principales tenían derecho a la palabra. “Los escoltas éramos de palo; solo estábamos para servir de meseros y confidentes”, referiría el Grande años después, hacia finales del 2010, dentro de las mazmorras de la cárcel de Puente Grande, donde deleitaba a la concurrencia de presos que escuchábamos desde nuestras celdas sus historias nutridas de detalles, y donde desgranó la historia —entre otras— de cómo operó La Gerencia para colocar a García Luna como secretario de Seguridad Pública.

Tras terminar su primer vaso de whisky, el Barbas centró su atención en su interlocutor. No hubo necesidad de antecedentes, ya habían sido hablados por teléfono. Fue directo al grano. Le preguntó a Ismael Zambada cuál sería la estrategia para influir en el entonces presidente electo Felipe Calderón, con el fin de que se decidiera por el Licenciado para dejarlo al frente de la seguridad pública del país, tal como convenía a La Gerencia. Ismael sonrió y le contestó: “El dinero”.

El soborno era un camino que ya tenía bien andado el jefe conjunto del Cártel de Sinaloa. Y el antecedente con García Luna ya lo había establecido Jesús Zambada García, alias el Rey, hermano del Mayo, quien por instrucciones de este había contactado al Licenciado para pagar varios millones de dólares a cambio de posibilitar la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera.

El Barbas también sabía de la proclividad de Genaro García Luna al soborno. Él mismo había hecho llegar algunos pagos al Licenciado, con la ayuda del abogado Óscar Paredes, para obtener información sobre las averiguaciones previas que se emitían desde la entonces Procuraduría General de la República y que involucraban a miembros de su cártel.

Sin embargo, ahora no se trataba de sobornar a García Luna, sino al propio presidente de la República, para que accediera a las ambiciosas intenciones de La Gerencia de tener un secretario de Seguridad Pública a modo. El Barbas y el Mayo estaban tocando a la puerta de la historia, intentando llegar hasta donde ningún otro narcotraficante en México había podido: corromper el poder presidencial.

—¿Y cómo vamos hacer para llegar hasta el presidente? —inquirió el Barbas, consciente de que el dinero necesario para la encomienda era lo de menos.

El Mayo no borraba la sonrisa de su rostro. Se dio tiempo de servirse otro trago antes de contestar.

—Allí está la respuesta —dijo, mirando fijamente a Sergio Enrique Villarreal, que permanecía sentado en una esquina de la sala y que fue sorprendido mientras encendía un cigarro Marlboro.

El Barbas volteó a ver a su jefe de escoltas y también se le iluminó el rostro. Eso le daba confianza. Si de algo presumía Arturo Beltrán, era de su desconfianza. En todos los acuerdos que estableció con el Cártel de Sinaloa siempre buscó mantener el control de las operaciones, y para ello invariablemente exigía la intervención del hombre en quien depositaba toda su escasa confianza, incluso su misma vida. Por eso se sintió tranquilo ante aquella posibilidad.

—Él nos va acercar con el presidente Calderón —sentenció el Mayo—. En nuestro amigo va a recaer la responsabilidad para que el Licenciado sea el secretario de Seguridad Pública, cueste lo que cueste.

A la luz de los años que pasaron desde aquel momento, el Grande comentaría dentro de la cárcel de Puente Grande que en un principio se sintió desconcertado por la encomienda. “Ni puta idea tenía cómo era que el Mayo quería que yo me acercara al presidente de la República, para llevarlo a designar a uno de los miembros más importantes del gabinete”. Luego todo cobró sentido. El Mayo siempre ha sido de pocas palabras, pero de ideas concretas.

Con la atención del Barbas y del Grande puesta en él, el Mayo expuso su plan. Fue directo. Les explicó que el círculo del presidente Calderón era reducido, pero que quienes estaban dentro de él ejercían un alto grado de influencia sobre sus decisiones políticas. Después mencionó a uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón: Guillermo Anaya Llamas.

“Cuando el Mayo mencionó el nombre de mi pariente —narraría en prisión Sergio Villarreal—, todo tuvo sentido; Guillermo Anaya era cuñado de mi hermano Adolfo [Hernán]. Desde que él fue presidente municipal de Torreón trabamos buena amistad, por eso nos decíamos parientes”. Fue entonces cuando el Grande se dio cuenta de que la encomienda de llegar al presidente de México sería algo menos que fácil, con toda la posibilidad de éxito.

Ni Arturo Beltrán ni mucho menos Sergio Villarreal pusieron objeción a la propuesta del Mayo. Menos aun cuando Ismael Zambada dijo que no escatimarían en dinero y que el Grande contaba con todo el apoyo de recursos y logística para abocarse a esa tarea. Sugirió que el contacto con el presidente Calderón se diera a la mayor brevedad.

La reunión de Culiacán entre Arturo Beltrán e Ismael Zambada, de la cual Sergio Enrique Villarreal salió con la mayor encomienda criminal que hubiera recibido hasta entonces, no duró más de media hora. Como colofón del encuentro, el Barbas sirvió un vaso de whisky y lo llevó hasta la esquina donde estaba el Grande. Se lo entregó en la mano. Los tres brindaron por el éxito del proyecto y la segura posibilidad de llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La despedida fue efusiva, relató el Grande. Arturo Beltrán e Ismael Zambada se abrazaron. Se desearon suerte. En un acto que el Grande nunca había visto en la parca personalidad de Ismael Zambada, este lo abrazó también. Le encargó resultados lo más antes posible y signó su confianza con dos manotazos suaves que le dio a Sergio Villarreal sobre el cachete izquierdo.

Con la misma fiereza con que había llegado, el convoy de Arturo Beltrán se retiró de la casa de seguridad del Mayo, en la colonia Las Quintas. Enfiló hacia el aeropuerto de Culiacán. No hubo diálogos dentro de la camioneta en la que viajaban el Grande y su patrón. Todo estaba dicho. Desde ese momento, ayudar a Genaro García Luna a escalar en su carrera política fue la prioridad de Sergio Enrique Villarreal Barragán, como emisario de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Sinaloa.

Esa misma noche, el Grande planeó el acercamiento formal con Felipe Calderón. Mientras el convoy circulaba a gran velocidad sobre el bulevar Emiliano Zapata, con dirección al aeropuerto de Culiacán, el Grande llamó a su pariente Guillermo Anaya, que entonces ya era senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN). Le dijo que necesitaba reunirse con el presidente Calderón. La llamada no pudo ser más oportuna: Guillermo Anaya y su esposa, María Teresa Aguirre Gaytán, estaban organizando la fiesta de bautizo de su hija, cuyos padrinos serían Felipe Calderón y Margarita Zavala.

El evento tendría lugar en menos de 10 días, el 25 de septiembre, en la parroquia de la Encarnación, en la ciudad de Torreón. En esa llamada, Guillermo Anaya invitó al Grande a la recepción que se ofrecería después del acto sacramental. Ahí tendría la posibilidad de hablar con el entonces presidente electo Felipe Calderón y con ello cambiar la historia de la relación del narco con el gobierno federal.

Sergio Villarreal relataría más adelante que, tras la llamada con su pariente, no pudo menos que sentir una gran satisfacción. Apenas cortó la comunicación, con la certeza de que nunca había fallado en ninguna de sus encomiendas, buscó la mirada de Arturo Beltrán para hacerlo partícipe de su logro.

—Ya estuvo, jefe —le dijo para su propia tranquilidad—. Voy a ver al presidente en unos días. Ya puede dar por un hecho que el Licenciado será nuestro secretario de Seguridad Pública.

El Barbas se limitó a sonreír. La rueda de la historia había comenzado a rodar.

Ese fue el origen del mal. Así fue como, aun sin saberlo García Luna, el narco lo recomendó para el cargo de secretario de Seguridad Pública, un cargo en el que pagaría con favores cada uno de los millones de dólares que en sobornos se le entregaron a Felipe Calderón para que designara a un viejo amigo del narco en el máximo cargo de vigilancia y custodia de la seguridad pública. Con esa designación también se esclarecería la historia nacional de complicidades entre el Estado mexicano y el narco.

Antes de que Genaro García Luna fuera detenido en diciembre de 2019 por el gobierno de Estados Unidos, las historias en torno a la colusión del gobierno federal de México con los cárteles de las drogas para permitir el libre trasiego se consideraban mitos e incluso conspiraciones. Ni la detención ni el encarcelamiento de cinco gobernadores vinculados al narcotráfico, ni el procesamiento de otros 12 en los últimos siete años anterior a la detención, daban la certeza de que existiera una federación que agrupaba a los señores de las drogas: una hipótesis que plantearon, a costa de su integridad física, algunos periodistas.

Sin embargo, la captura de García Luna, el otrora poderoso subdirector del Cisen en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y titular de la SSP en el de Felipe Calderón Hinojosa, habla de otra realidad: una verdad que, aunque ya se sospechaba, es difícil de entender por su crueldad. Su detención corrió el telón del teatro político de lo absurdo: dejó al descubierto el surrealismo mexicano, propio de una novela negra donde el culpable del asesinato es el mayordomo, la figura apacible y silenciosa que se mueve en el escenario del crimen sin ninguna sospecha, porque es el encargado de cuidar la casa.

El señalamiento formal del gobierno estadounidense, fincado en la declaración del narcotraficante Jesús Zambada García, alias el Rey, revela que el Licenciado —conocido de esa manera García Luna entre diversos jefes de los cárteles de las drogas— recibió entre 2005 y 2007 sobornos por al menos ocho millones de dólares a cambio de permitir la libre operación de los cárteles de Sinaloa, de los Dámaso y de los hermanos Beltrán Leyva. Esto no solo sacudió al sistema político mexicano, sino también acrecentó la animadversión hacia la clase gobernante, un sentimiento cada vez más arraigado en la hastiada sociedad mexicana, que dejó de confiar en la clase política.

La duda fundada de los mexicanos acerca del comportamiento privado de sus gobernantes, principalmente por sus nexos con grupos del narcotráfico, no ha sido fortuita. Los casos de procesamiento judicial de los exgobernadores —Jorge Torres López, de Coahuila; Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas; Jesús Reyna García, de Michoacán, y Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo—, todos acusados de permitir la operación de cárteles en sus estados durante sus gobiernos, ya apuntaba hacia la insolvencia moral del sistema político. Aun así, todavía se dudaba, en un dejo de esperanza ciega, de la infiltración del narco en las estructuras del gobierno federal.

La sociedad mexicana tampoco terminó por convencerse del grado de infiltración del crimen organizado pese a las sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que llevaron al encarcelamiento de una larga lista de otros exgobernadores, señalados de alta corrupción: Roberto Borges Angulo, de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado, de Veracruz; Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Andrés Granier Melo, de Tabasco, o de Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes. O bien, los procesos penales iniciados contra Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz; Miguel Alejandro Alonso Reyes, de Zacatecas, o Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán.

Hasta entonces se suponía que el cáncer de la corrupción únicamente había tocado las estructuras de los gobiernos estatales y locales. Al menos así lo referían las detenciones de 16 alcaldes ocurridas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales fueron encarcelados por la presunción de sus nexos con células del crimen organizado y de los cárteles de las drogas: Érick Ulises Ramírez Crespo y César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula, Guerrero; Juan Mendoza Acosta, de San Miguel Totolapan, Guerrero; José Luis Abarca, de Iguala, Guerrero; Salma Karrum Cervantes, de Pátzcuaro (fallecida en prisión), Michoacán; Dalia Santana Pineda, de Huetamo, Michoacán; Arquímedes Oseguera, de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Jesús Cruz Valencia, de Aguililla, Michoacán; Enrique Alonso Plascencia, de Tlaquiltenango, Morelos; Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán, Michoacán; José Luis Madrigal, de Numarán, Michoacán; Juan Hernández Ramírez, de Aquila, Michoacán; Francisco Flores Mezano, de Tancoco, Veracruz; Feliciano Álvarez Mesino, de Cuetzala del Progreso, Guerrero; Ricardo Gallardo Cardona, de Soledad de Graciano Sánchez, hoy gobernador de San Luis Potosí, y Enoc Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

Con todo, quedaba el resquicio de la duda de que la estructura federal del gobierno no hubiese sido tocada por el perverso amo del dinero del crimen organizado. Pero la realidad salió a flote con las declaraciones de los narcotraficantes Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García, el Rey, y Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quienes deposaron en una corte de Nueva York durante el desahogo del juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo (que se llevó a cabo del 13 de noviembre de 2018 al 17 de julio de 2019 y en el cual se le condenó a cadena perpetua más 30 años adicionales). Con esto se confirmó la sospecha.

Durante el juicio del Chapo, los narcotraficantes Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García, el Rey, y Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, mencionaron los nombres de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa; del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; del subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Regino García; de un alto mando militar señalado como “un general de la nación”, refiriéndose al general Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y de los generales Roberto Miranda y Humberto Eduardo Antimo Miranda, así como el coronel Marco Antonio León Adams, también cercanos en su momento al presidente Enrique Peña Nieto.

A los ocho exfuncionarios mencionados por los narcotraficantes testigos en el juicio del Chapo, de los que seis eran del máximo rango gubernamental en el país, se les acusó —como se señala enseguida—, por parte de Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García y Vicente Zambada Niebla, de recibir millones de dólares para hacerse de la “vista gorda” ante las operaciones de los cárteles encabezados por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo; del penalista Gabriel Regino, un hombre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo —por parte de Jesús Zambada García, el Rey— que fue sobornado “con algunos millones de dólares” con el fin de permitir el libre trasiego de drogas en la Ciudad de México; del “general de la nación”, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, cuyo nombre no fue revelado púbicamente durante el juicio pero que sí está contenido en carpetas de investigación, se dijo que era atendido con fiestas particulares por la emisaria del Cártel de Sinaloa, Andrea Vélez Fernández, quien por instrucción del Chapo le ofreció 10 millones de dólares, versión que sostuvo el narcotraficante colombiano Alexander Hildebrando Cifuentes Villa.

Cifuentes Villa, que trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013, también manifestó en el juicio del Chapo que Peña Nieto, en su calidad de recién nombrado presidente electo en 2012, habría recibido al menos 100 millones de dólares de parte del Chapo en una negociación en la que pretendía un cobro de 250 millones de dólares. A cambio, agregó el colombiano, ofreció omitir durante su administración cualquier captura del capo sinaloense.

Esta versión, la de los sobornos entregados al candidato priista Enrique Peña Nieto por parte del Cártel de Sinaloa, es coyuntural. Sobre dichos sobornos Dámaso López Serrano, el Mini Lic, ha dicho en versiones testimoniales emitidas ante la Fiscalía General de Estados Unidos que la fracción del Cártel de Sinaloa a cargo de Joaquín Guzmán Loera y sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocidos como los Chapitos, no solo financiaron la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. En ese mismo año, por iniciativa de los Chapitos, esa fracción del Cártel de Sinaloa destinó también fondos a la campaña

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