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Nota de la autora
Han pasado 11 años desde la aparición de Los cómplices del presidente. Durante ese tiempo esta investigación periodística ha adquirido una profunda relevancia y demanda una nueva lectura. Hoy más que nunca sus líneas se vuelven vigentes para comprender la convulsiva época en la que vivimos. Un tiempo de retos como seres humanos y colectividad en una nación ensangrentada, violenta y corrompida a consecuencia de malas decisiones tomadas por malos funcionarios que estaban en el poder cuando escribí este libro. Estoy convencida de que sin entendimiento del pasado y su contexto es imposible comprender el presente.
En septiembre de 2008, cuando le puse punto final a esta obra, tuve la certeza de que ninguno de los tres personajes principales: Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México; Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación; y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, terminarían bien el sexenio. El tiempo me ha dado la razón no porque lo haya dicho yo sino porque la verdad se abre paso por sí misma.
El primero en desgracia fue Mouriño. El 4 de noviembre de 2008 se produjo el trágico avionazo en el que falleció. Hasta ahora la versión oficial, avalada en público por Calderón, es que se trató de un “accidente” provocado por la “impericia” de los pilotos; sin embargo, la familia del joven campechano se ha negado a aceptar esa explicación. De acuerdo con la versión que me dio un familiar de Juan Camilo, su familia está convencida de que fueron narcotraficantes quienes tiraron el avión en el que viajaba el hombre más cercano al presidente, el propio Calderón se los habría dejado entrever en el funeral. La muerte del secretario de Gobernación lo convirtió en mártir y no en el político que tenía que rendir cuentas sobre abusos y excesos.
De la triada fatal, el que consiguió más relevancia es sin duda Genaro García Luna, quien se volvió más influyente y más impune. A donde quiera que iban él y su temible ejército negro de la Policía Federal llevaban desgracia, porque en vez de hacer valer la legalidad y el orden, eran los que promovían el crimen, el caos y la violencia
En el mes de marzo de 2009 publiqué en la revista electrónica Reporte Índigo un reportaje que ahora es referencia obligada para entender el destino actual de García Luna. Expuse a través de documentos la excesiva riqueza del jefe policíaco; en él se mostraba que sus propiedades y ritmo de vida no correspondían a su salario como servidor público; ni con sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Como prueba di a conocer la existencia de una ostentosa residencia en el fraccionamiento Jardines en la Montaña, al sur de la Ciudad de México, con un costo real de 20 millones de pesos, según información de las personas que le vendieron el terreno y construyeron la mansión.
Ese elemental ejercicio periodístico de rendición de cuentas de un funcionario público fue causa de un ataque desmedido contra mi persona de parte del propio García Luna, y de una defensa vergonzosa de periodistas que intentaron desmentir la información para protegerlo y victimizarlo pese a la contundencia de los diversos documentos que probaban la existencia de la propiedad y la identidad del propietario. En un acto rabioso, García Luna ordenó el arresto arbitrario de periodistas del canal TVC que dieron seguimiento a mi reportaje y despidieron al director de noticias de esa empresa, Miguel Ángel Camino. La reacción de García Luna delataba un punto débil que al final sería el principio del fin: no tenía cómo justificar legalmente el origen de los recursos con los que compró esa residencia ni con los que construyó otra de similar valor en Jiutepec, Morelos, cuya existencia revelé en 2010.
Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de 2006 a 2012, dejó una huella de muerte indeleble en la historia de México. Perseguido por el fraude electoral del 2006 que arrebató el triunfo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Calderón Hinojosa se convirtió en el presidente de la falsa llamada “guerra contra el narcotráfico”. El presidente de la muerte, en cuyo mandato más de 130 mil hombres, mujeres, jóvenes y niños fueron ejecutados a causa de la guerra entre los cárteles de la droga de la que su gobierno fue parte activa apoyando al Cártel de Sinaloa, cabeza de la llamada Federación. El presidente de más de 26 mil desaparecidos.
Ahora Calderón Hinojosa pretende formar un nuevo partido político, irónicamente llamado México Libre, para seguir enquistado en la vida pública y política de México. Le apuesta a la desmemoria y el olvido. Pero aquí están estos trabajos periodísticos para recordar.
El ex presidente afirma que no tenía conocimiento de las irregularidades de Genaro García Luna aunque había documentos públicos como este libro y decenas de reportajes que publiqué mientras él era presidente sobre García Luna y su equipo corrupto de policías cuyas historias están aquí narradas a fondo. Ahora elude que se convirtió en su hombre más cercano, su confidente, con quien se divertía en la boscosa residencia oficial de Los Pinos jugando juegos de guerra, cuando el mandatario no estaba en el bar que mandó a construir en la casa presidencial.
Las revelaciones que hice en este libro en 2008 y las inconsistencias en el patrimonio de Genaro García Luna demostradas en mis reportajes posteriores son el punto de lanza del proceso que hoy enfrenta Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York acusado de narcotráfico y de haber trabajado para el Cártel de Sinaloa.
El 11 de diciembre de 2019, el Fiscal de Estados Unidos Richard P. Donoghue señaló textualmente:
Entre 2001 y 2012, el acusado fue un funcionario público del gobierno de México. Específicamente de 2001 a 2006 fue el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). De 2006 a 2012 el acusado sirvió como secretario de Seguridad Pública de México, y con este cargo controlaba a la Policía Federal. Mientras tenía estas posiciones de servidor público en México, el acusado usó su cargo para ayudar al Cártel de Sinaloa, un importante cártel de drogas mexicano, a cambio de recibir sobornos de varios millones de dólares.
A través de este libro el lector podrá revisar de nuevo la historia de Genaro García Luna y su equipo: Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Ramón Pequeño García, Armando Espinosa de Benito, José Patricio Patiño Arias, Francisco Javier Garza Palacios, su propia hermana Esperanza García Luna, y otros.
Aquí están los orígenes de García Luna, de dónde viene su sobrenombre La metralleta, y cómo fue escalando posiciones en el gobierno de México desde los sótanos más turbios del viejo sistema del Partido Revolucionario Institucional. Hoy este hombre, cómplice de Calderón Hinojosa, es el primer ex secretario de estado mexicano juzgado en una corte de Estados Unidos por narcotráfico.
Ciudad de México, diciembre de 2019
A Emiliano Hernández, mi padre. Porque cuando fue secuestrado y asesinado en 2000 comprendí que la corrupción y la impunidad no es cuestión de números sino de víctimas con nombre y apellido.
A Ramón Alberto Garza porque al invitarme a trabajar en Reporte Índigo me devolvió la ilusión de hacer periodismo.
A Penguin Random House por todo.
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Presentación
Mientras Felipe Calderón se entretiene aprendiendo a navegar un lujoso velero en las aguas turbias de la bahía de Acapulco, México empieza a naufragar en una crisis de ineficacia, corrupción y simulación por parte de quienes encabezan áreas vitales del gobierno federal. El viento del Pacífico mueve con facilidad la blanca embarcación de unos siete metros de longitud, pero el país luce estancado. Pareciera, desde la cubierta del velero y la majestuosa vista de la residencia que el presidente visita en el puerto, que día tras día se le desdibujan los problemas del país.
A casi dos años de gobierno, el jefe del Ejecutivo aún no aprende a controlar el timón de la embarcación, ni el del país. Con los meses su equipo se convierte en equipaje. Dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, pero en la tripulación del gobierno de Calderón aparentemente la cosa es al revés. Hay dos marineros que tienen una gran influencia en el presidente y éste los ha puesto al mando de áreas neurálgicas del país: la política interna y la seguridad pública. Hasta ahora los dos han fracasado.
Uno intenta llevar la política interna alternándola con los negocios de su familia en Pemex, el ISSSTE, el IMSS y donde se pueda. Tiene como pasatiempo mandar a espiar a los líderes de la oposición y a los del propio equipo del presidente. Visita entre semana los antros de moda hasta altas horas de la madrugada (ver capítulo 3). Planea relevar a su jefe en 2012.
El otro se supone que debe frenar a los narcotraficantes y secuestradores, aunque él y sus muchachos son acusados de ser parte de esa misma delincuencia. En sus ratos libres se dedica al espionaje y se va de cacería con un integrante de la familia Slim, a quien ha adjudicado sin licitación pública importantes contratos (ver capítulo 8).
Ellos son Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Los dos son, hasta hoy, los intocables del sexenio. En el gabinete de Calderón, estos dos personajes acaparan los reflectores por su incompetencia y corrupción. Sin embargo, no importa qué tan fuertes sean las críticas ni qué tan contundentes sean las denuncias en su contra, hasta ahora siguen contando con el favor del presidente.
No es fortuito que hoy por hoy uno sea el pilar en el que se sostiene el otro. En las reuniones de gabinete, Genaro y Juan Camilo se apoyan mutuamente y neutralizan los comentarios críticos de los demás. Se solapan, se protegen, se ayudan. La mancuerna que han conformado luce irrompible. Mientras tanto Calderón, hasta ahora alejado del equipo que durante años lo acompañó en su carrera política, se ha entregado a las decisiones de los dos con las consecuencias que todos padecemos.
En los tiempos de la transición del gobierno de Vicente Fox al de Felipe Calderón, Genaro García Luna fue puesto en una lista negra elaborada por altos mandos militares. En ella advirtieron su sombrío historial y el de su equipo, señalando incluso presuntos vínculos con el narcotráfico. La información se envió por distintas vías al presidente, una de ellas Juan Camilo Mouriño. Los militares presumen, por la llegada de Genaro a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que en realidad el mensaje nunca llegó al presidente. Si llegó es peor. Lo que es un hecho es que Juan Camilo, encargado de armar el gabinete, lo aceptó como titular de la SSP pese a los malos antecedentes.
Genaro ya tenía boleto asegurado en la administración de Calderón. En el segundo semestre de 2006 le tocó descubrir una casa en la que se hicieron intervenciones telefónicas ilegales a Manuel Espino, entonces líder del Partido Acción Nacional (PAN). El espionaje, hasta donde tiene conocimiento Espino, actual líder de la Organización Demócrata Cristiana, había sido orquestado por Juan Camilo desde sus oficinas en la etapa de transición. ¿Pagadas con recursos públicos? Genaro guardó celosamente el secreto. El expediente de la investigación que tendría consecuencias penales para el primer hombre del presidente ahora está extraviado y García Luna sigue inamovible de su cargo, tan inamovible como Juan Camilo.
Cuando el secretario de Gobernación naufragaba por el escándalo de sus negocios familiares con Pemex, el primero que le lanzó un salvavidas, después del presidente, fue García Luna, quien lo invitaba a eventos de seguridad pública en calidad de jefe del gabinete de seguridad mientras en el PAN al “churumbel” —como llaman a Mouriño— ya lo daban por muerto.
En 15 años de ejercer el periodismo en medios de comunicación nacionales como Reforma, Milenio, El Universal y hoy en Reporte Índigo, me he dedicado a investigar la corrupción, los excesos y el abuso de poder que hay en la clase política del país. Historias interminables que no por eso deben dejar de ser contadas. Cuando uno pierde la capacidad de indignarse ante el abuso de poder, la frivolidad, la ilegalidad y la ineficacia, pierde la esencia de periodista y ciudadano.
En los inicios del siglo XX, cuando una corriente de periodistas estadounidenses comenzó a investigar las profundidades de la política encontrando y denunciando corrupción y excesos, el presidente Theodore Roosevelt los llamó muckrakers (rastrilladores de estiércol) en un vano intento por desprestigiarlos. Roosevelt se quejaba de que los periodistas se dedicaban a buscar “basura política” en lugar de informar sobre los logros de su gobierno.
Gracias a la tarea realizada por esos periodistas, actualmente en Estados Unidos y en muchos otros países existe una verdadera cultura de rendición de cuentas. Esto no significa que ya no haya actos de corrupción y abusos, pero en su gran mayoría son sucesos que no quedan impunes, porque hay una prensa y una sociedad que cumplen con sus funciones: la primera informa, la segunda participa al tomar decisiones que sancionan esas conductas.
El trabajo de periodismo de investigación que he realizado ha sido a contracorriente, sobre todo porque lo he hecho sobre personajes que en su momento tuvieron el poder del poder. El sexenio pasado investigué el caso de Vicente Fox, Marta Sahagún —junto con sus hijos y hermanos— y empresarios consentidos de la autodenominada “pareja presidencial”, cuya corrupción y excesos expuse y documenté en los libros La familia presidencial y Fin de fiesta en Los Pinos.
Revelé la transformación milagrosa del desvencijado rancho San Cristóbal, pagada por Cosme Mares, el empresario carretero del sexenio, ya que Fox y su familia estaban en bancarrota. Asimismo di a conocer la existencia del rancho secreto La Estancia, construido por Fox a inicios de su administración con recursos inexplicables a espaldas del escrutinio de la Secretaría de la Función Pública y de la sociedad; los indicios de la protección del gobierno foxista al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y la aerolínea que los hijos de Marta Sahagún constituyeron. Padecí el espionaje y la censura soterrada de la entonces familia presidencial. Después la verdad se abrió paso por sí misma. Las fotografías del interior del rancho San Cristóbal, publicadas por la revista de sociales Quién en marzo de 2007, confirmaron lo que yo había difundido dos años antes.
Gracias a las componendas en el poder, los Fox y los Sahagún siguen impunes. El gobierno anterior y el actual bloquearon las investigaciones abiertas en la Cámara de Diputados para indagar sobre el tráfico de influencias y el enriquecimiento inexplicable. Se asfixió a las comisiones especiales al no darles la información que solicitaban. Así, el caso Fox-Sahagún es todavía una asignatura pendiente. La sociedad merece una explicación a fondo: ¿realmente la Procuraduría General de la República (PGR) investigó a los hijos de Marta Sahagún? ¿Cuál fue el curso de la investigación que se realizó y por qué fueron exonerados antes de que terminara el sexenio de Fox? Hasta ahora el acceso a dicho expediente ha sido negado.
Ryszard Kapuściński dice que los cínicos no sirven para el oficio periodístico. Yo añadiría que tampoco sirven para ser servidores públicos. Cuando investigué al clan Fox-Sahagún señalé lo que señalo ahora. El ejercicio del periodismo de investigación no se basa en simpatías o antipatías personales. Su objetivo es revisar todo aquello que hacen quienes están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía sobre todos sus actos, sean del partido que sean, estén en el cargo que estén.
El papel de los periodistas en esa rendición de cuentas debe ser más agudo cuando las instituciones del Estado, creadas para hacer esa labor, no cumplen imparcialmente con su trabajo y sirven más a los intereses políticos que a los intereses ciudadanos. Para mí, ser periodista no es ser juez, pero tampoco significa convertirse en un testigo mudo que con su silencio se vuelve cómplice.
Durante la campaña presidencial, en más de una ocasión Calderón se ufanó con picardía de que sus hijos no tenían edad para firmar cheques ni para abrir cuentas de banco, en alusión a los hijos de Marta Sahagún. Lo malo es que Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna sí. Conforme avanza el sexenio, resulta inevitable investigar a profundidad quiénes son esos dos personajes y por qué han ganado tanto poder ante el presidente de la República. La tarea ha sido descubrir detrás de los hechos a los seres humanos, personas de carne y hueso afectadas por sus propias historias y debilidades. Hombres cuyos errores o aciertos, por el cargo público que ocupan, impactan en la vida de más de 100 millones de mexicanos.
La frontera entre lo público y lo privado termina con la toma de decisiones y la rendición de cuentas. El silencio es el mejor amigo del abuso de poder, los excesos y la corrupción en los asuntos del Estado. En búsqueda de la verdad, durante la investigación se revelaron las circunstancias en las que el jefe del Ejecutivo gobierna el país. Se trata de secretos a voces reservados para el postre y el café en las comidas de la clase política y empresarial, pero que hasta ahora no han sido difundidos abiertamente a la sociedad en general, que tiene derecho a conocer quiénes y cómo son los que nos gobiernan.
Los servidores públicos usan cada vez más artimañas para los manejos discrecionales de la administración. Eso nos obliga a los periodistas a tener que romper barreras para poder llegar al núcleo de la verdad. La aureola de poder que envuelve a los funcionarios estorba la visibilidad de lo que realmente son, sobre todo cuando se trata de secretarios de Estado, primeras damas o del mismísimo presidente. No es posible entender la actuación pública de las autoridades sin conocer lo que hacen en privado, porque es ahí, justamente ahí, donde se dan las componendas. Para tener mejores gobernantes debemos conocerlos mejor.
El propósito de esta investigación es anteponer ante todo el derecho a la información que tiene la sociedad, romper el cómodo silencio de los que ya ni se inmutan ante la corrupción. La crisis política y de inseguridad pública que atraviesa el país obliga a indagar sobre los tres principales causantes de este conflicto: Mouriño Terrazo, García Luna y Calderón Hinojosa. Los cómplices.
No se puede pensar en la crisis de ingobernabilidad, inseguridad, impunidad, hijos que son secuestrados, niños traficados, cuerpos sin cabeza, cabezas rodando sin cuerpo, personas mutiladas por granadas, sin entender que la corrupción está directamente ligada con ella.
Durante mucho tiempo la sociedad se volvió inmune a la corrupción, dejó de ser afectada, sintió que era parte de la cotidianidad. Denuncia tras denuncia se pensaba que la corrupción de Fox y Sahagún entraba en los parámetros de lo normal.
Es hasta ahora que se puede ver que la corrupción arrastrada por años y que explotó el sexenio pasado comprometió a las instituciones del país, su paz y la vida de los ciudadanos.
La corrupción tiene víctimas. No se trata sólo de los millones que se pagan en sobornos para conseguir contratos o para que los narcotraficantes tengan la protección de las policías, se trata de algo más. Se trata de víctimas de carne y hueso secuestradas, chantajeadas o asesinadas, niños, mujeres y hombres.
Los Fernando Martí, las Silvia Vargas y muchos más que aunque no salgan en primera plana igualmente son víctimas. La impunidad es el alimento de la corrupción, y la corrupción es el alimento principal de la violencia que hoy vivimos. Si los funcionarios públicos ponen el mal ejemplo, ¿qué sigue? Por eso dediqué meses a esta investigación, para encontrar respuestas a tantas preguntas. Si todo comenzó mal desde el principio, ¿cómo corregir el rumbo?
Toda historia tiene interrogantes y en este caso sí hay respuestas.
¿Bajo qué circunstancias llegó Calderón a la Presidencia? ¿Quiénes se reunían en Los Pinos durante el proceso electoral de 2006? ¿Qué grupo tuvo coptado al Instituto Federal Electoral (IFE)? ¿Dónde están ahora? ¿Qué hay detrás del secretario de Gobernación, quien se promociona como el más guapo del gabinete? ¿Por qué espió a sus propios compañeros de equipo? ¿Cuáles son los contratos y franquicias que ha obtenido su familia al amparo de sus cargos públicos? ¿Cuál es el compromiso de Calderón con los Mouriño? ¿Por qué al interior del equipo más cercano de Calderón se dice que hay una “guerracivil”?
¿Es Genaro García Luna el hombre apacible e inmutable que aparenta ser? ¿Por qué lo acusan de proteger a bandas de secuestradores y narcotraficantes? ¿Por qué los operativos contra la inseguridad no funcionan? ¿Por qué sus colaboradores más cercanos están involucrados con el homicidio de Enrique Salinas de Gortari? ¿Por qué se comienza a decir que en la SSP opera un megacártel?
¿De quién es el velero en el que se pasea el presidente? ¿De quién es la casa donde Calderón se hospeda cuando va a Acapulco y donde dicen que Arturo Montiel y Maude Versini pasaban ratos inolvidables? ¿Cuáles son las complicidades de Calderón? ¿Cuál fue el financiamiento paralelo en su campaña que nadie ha investigado? ¿Por qué la mayoría de las veces, en lo que va de su sexenio, sus eventos públicos terminan después de la hora de la comida? ¿Dónde está la casa secreta de la Presidencia de la República?
Mientras me adentraba en el caso, me encontré con una realidad mucho más grave que la hipótesis que la originó. Ante la gravedad de los hechos fui más meticulosa, crucé datos, hablé con protagonistas de esta historia, rescaté documentos internos, documentos oficiales, expedientes enterrados, grabaciones desconocidas.
El 2 de octubre de 2008 presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH/5/2008/4678/Q) por las amenazas que recibí por parte del coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito, Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos a García Luna, a raíz de las investigaciones que he publicado sobre su grupo.
Entre 2007 y 2008 el Instituto Internacional de Prensa, con sede en Viena, ha declarado que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Irak, que está en guerra.
De 2000 a 2008 la CNDH ha abierto expedientes relacionados con la muerte de 41 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación. Y de 2005 a 2008 ha documentado la desaparición de ocho periodistas. La mayoría de esos homicidios han quedado impunes y no sólo eso, sino que muchas veces para minimizar los crímenes se ha dicho que las víctimas estaban involucradas en actividades ilícitas. Muchos de esos rumores son originados principalmente por servidores públicos.
La CNDH ha dicho que es alarmante la indiferencia y omisión de las autoridades para investigar los asesinatos y desapariciones de los periodistas. No seré una más. Seguiré con mis investigaciones a fondo para revelar la corrupción y el abuso de poder.
Dicen que la prensa de los países es el reflejo de su democracia. Yo quiero contribuir a que el periodismo en México sea el reflejo de lo que los mexicanos merecemos y queremos: un país libre de impunidad, en el que la corrupción ya no sea más una conducta institucionalizada del Estado.
Cuando uno inicia una investigación, no encuentra las respuestas que quiere, sino las que hay. La simulación y la corrupción son la amalgama que une a los cómplices. Sólo la denuncia y el reclamo social pueden romperla.
CAPÍTULO 1
Operaciones previas
El pacto
—¡Tú no tienes autoridad moral, ni la tendrás, para pedirnos que hagamos algo a favor del partido! —sentenció el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, trabado del coraje— ¡Tú no me conoces, Felipe!
—¡Pues ya te estoy conociendo! —le respondió Felipe Calderón colérico, retándolo.
La noche del lunes 10 de octubre de 2005 hubo una cena en el tercer piso de la sede nacional del PAN, en la colonia del Valle. Se supone que era para limar asperezas entre los aspirantes del PAN a la candidatura presidencial, pero al terminar, la relación quedó más áspera que nunca. Los integrantes del Consejo Político y la Comisión de Elecciones de Acción Nacional fueron testigos de un intenso agarrón entre los tres precandidatos: Calderón, Cárdenas y el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El líder nacional del PAN, Manuel Espino, evitaba a toda costa que las intensas discusiones por las “marranadas” cometidas en la contienda interna no transcendieran a la opinión pública. Todos tenían reproches que hacerse: Yucatán, Veracruz, Jalisco. Creel permaneció moderado en la reunión, su carácter lánguido e indeciso le impedía tomar partido hasta por sí mismo. Pero su equipo, encabezado por Luis Correa, de espíritu mucho más aguerrido que el de su candidato, preparaba una auténtica bomba yucateca en caso de que la Comisión de Elecciones actuara parcialmente respecto al caso Yucatán. Según las pruebas a las que tuve acceso, en la segunda etapa de la elección interna realizada el 2 de octubre en esa entidad habían votado hasta panistas muertos el año anterior.
El cónclave comenzó a las 20:30 y se prolongó hasta la media- noche. Entre el vino tinto, las empanadas, la carne y el tequila, la discusión se hizo cada vez más ríspida. Como testigos estuvieron: Espino, el líder nacional; José Espina, secretario general; José González Morfín, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados; Carlos Angulo; Luis H. Álvarez, quien no abrió la boca en toda la noche; Ricardo García Cervantes; Pedro Cerisola, el secretario de Comunicaciones y Transportes; y Francisco Salazar, el secretario del Trabajo.
A la reunión no asistió la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. Hubiera ido porque sus muchachos eran en buena parte causa de la discusión. Algunos funcionarios, como el entonces oficial mayor de la Sedesol, Julio Castellanos, causaron molestia en los equipos de campaña de Cárdenas y Creel por usar recursos públicos para presionar el voto a favor de Calderón.
También estuvieron los integrantes de la Comisión de Elecciones: Rogelio Carvajal, María Elena Álvarez, Héctor Larios, Gabriel Llamas Mojardín y Maricarmen Corral, así como el secretario técnico José Loyola.
Cuando inició el encuentro, Espino hizo un llamado para evitar que saliera a la luz pública lo ocurrido el 2 de octubre en Yucatán y Veracruz. Demasiado tarde. En declaraciones y pruebas que me fueron entregadas entonces por integrantes de los tres equipos, quedaron delatadas todas las prácticas irregulares que el PAN tanto criticaba en el PRI: compra de votos, acarreo, uso de la fuerza pública, condicionamiento del voto, suplantación de electores y hasta la operación “cochinita”.
Cárdenas y Creel exigían la anulación de la elección en Yucatán por las irregularidades ocurridas en la gran mayoría de las 99 casillas instaladas. Sin embargo, el PAN prefirió guardar su “cochinero” debajo del tapete en vez de ventilarlo públicamente. No se anuló la elección en ese estado, y el 24 de octubre se cerró la tercera y última fase de la contienda interna.
Velorio en Los Pinos
El día después de que Felipe Calderón fue declarado oficialmente candidato del PAN a la Presidencia de la República, Los Pinos parecía un cementerio. Ese lunes 25 de octubre de 2005 el aire en las oficinas de la Presidencia era tan pesado como la contundente derrota de Santiago Creel, “haiga sido como haiga sido”.
El ex secretario de Gobernación era el candidato que más a modo quedaba para Vicente Fox y Marta Sahagún. Su derrota hacía las cosas más difíciles para su incierto futuro después del 1º de diciembre de 2006. Las cuentas pendientes eran muchas. Marta por lo pronto comenzó a pedir la asesoría de abogados para ella y sus hijos. Tenía muchos flancos vulnerables. La corrupción había sido campal. Ahora, en conversaciones con sus amigos, se queja amargamente de que la productividad de los negocios de sus vástagos ya no es la misma.
“Los ven en las actas constitutivas y ya nadie quiere hacer negocios con ellos”, comenta cambiando la “s” por “dz”. No entiende que su tiempo ya pasó y que hoy son otros los que hacen negocios desde el poder.
El presidente y la primera dama sabían que no contaban con la simpatía de los miembros del equipo de Calderón, que se pasó toda la campaña interna amenazándolos con el petate del muerto. Decían que no iban a ser como Fox. Ellos sí iban a gobernar. Ellos no iban a ser corruptos. Ellos los iban a encarcelar. Hasta ahora ninguna de las tres cosas las han cumplido.
Margarita Zavala del Campo, la esposa de Calderón, en más de una ocasión fue a Los Pinos para reclamarle a Marta Sahagún su apoyo a Creel. Aunque en el horizonte del clan Fox-Sahagún había alguien peor que Calderón: Andrés Manuel López Obrador. El pragmatismo en ambos bandos se impuso. Los Fox-Sahagún garantizaron su futuro. Calderón pasó de ser el “hijo desobediente” al hijo exigente. Su equipo recurrió a las mismas prácticas de las que echó mano en la polémica contienda interna —que los propios panistas describieron como una “marranada”.
La operación cochinita
La noche era plena y tranquila cuando Luis Correa Mena arribó al comité local del PAN en el municipio de Teabó, uno de los más pobres del estado de Yucatán. Pasaban 10 minutos después de las 8 de la noche del sábado 1º de octubre de 2005. De haber llegado unos minutos antes, todavía hubiera alcanzado a escuchar los chillidos de un puerco en agonía.
—¿Por qué no pasa? —dijo un lugareño a Correa, integrante del equipo de campaña de Santiago Creel, quien se acercó sorprendido a la escena.
Sobre una piedra ubicada en el terregoso patio central del comité panista —en cuyas paredes estaba escrito a mano el nombre “Felipe Calderón”— había un marrano blanco muerto. Ya le estaban echando agua caliente para comenzar a rasurarlo.
—¿Qué hacen? —preguntó Correa.
—Estamos beneficiando un puerquito, es para la taquiza de mañana.
Correa llamó al presidente estatal del PAN, Edgar Ramírez Pech, para quejarse de que el comité local, en donde al otro día se instalaría la casilla 55 de votación para elegir al candidato del Acción Nacional a la presidencia de la República, estaba tapizado de propaganda a favor de Calderón. También protestó por la operación cochinita para coaccionar el voto de los indígenas mayas.
En Yucatán 70 por ciento de los sufragios fueron a favor de Calderón.
“Fue una marranada”, me dijo Juan Camilo Mouriño, entonces coordinador de la campaña de Felipe Calderón, en una entrevista que le hice para La Revista del periódico El Universal. Pero no se refería a la operación cochinita, sino a la del alcalde panista Joaquín Guzmán a favor de Santiago Creel, en Veracruz.
En el municipio de Celestún, Yucatán, el entonces presidente municipal Antonio Solís “amenazó a militantes con quitarles el empleo, despensas del DIF y becas de Oportunidades si no votaban por Felipe Calderón”, se señaló en un escrito enviado por el equipo de Creel a la comisión electoral del PAN.
María Dass Tzuc y Lourdes Aguayo, presidenta y directora del DIF en Kinchil, “amenazaron a la militancia con quitarles sus despensas del DIF si no votaban por Calderón”. En Samahil, el señor Silvio de la Cruz Martín Martín, empleado del DIF estatal, hizo la misma operación.
—Tenemos vídeos que se tomaron —me dijo Correa visiblemente molesto en una entrevista—. Hay gente que se acredita con la credencial de elector, que aparece en el listado nominal, que entró a la mesa de votaciones y sin embargo no lo dejaron votar.
“Pedimos la apertura de paquetes para una verificación muestral. Ahí están palomeados los que votaron. Si hay personas que supuestamente votaron, que se les pregunte si efectivamente votaron. Estamos recabando casos de personas que dicen que no fueron a votar y sí aparecen como que acudieron a votar. Lo que nos dice la gente es que esto fue un fenómeno generalizado.”
—¿Por qué pasó esto en Yucatán? —le pregunté.
—No lo sé. Lo único que puedo decir es que las personalidades del partido, mayoritariamente, estaban con Felipe. Patricio nunca dijo abiertamente su preferencia, lo que es un hecho es que los funcionarios del gobierno del estado estaban con Felipe.
“Ésta parece una elección no organizada por el PAN. Queremos que se sancione a los responsables. Que se corrija todo porque durante muchos años el PAN señaló que la impunidad es la entrada a nuevos delitos.”
En la casilla donde se puso en marcha la operación cochinita, Calderón ganó con 172 votos, Alberto Cárdenas obtuvo 31 y Creel 21.
Ana Rosa
—¿Ana Rosa?
—Sí….
—Habla Anabel Hernández de El Universal. Gente del equipo de Creel me comentó que tú tenías más pruebas de cómo estuvo el cochinero en Yucatán; ¿puedo platicar contigo? Voy a Yucatán.
—Mira, no puedo hablar contigo… son cosas internas del partido, discúlpame pero por ahora no puedo: estamos esperando a lo que resuelva el CEN del PAN.
—Tú siempre estuviste en contra de esas cosas…
—No puedo, otro día platicamos —dijo cortésmente con ese tono yucateco en el que hablan cantando.
Ana Rosa Payán era la líder moral histórica del PAN en Yucatán. Durante años hizo una lucha civil en contra de las prácticas electorales fraudulentas del PRI. Ella era del equipo de Alberto Cárdenas.
No pudimos platicar hasta el mes de mayo de 2008, en una reunión que organizó Manuel Espino Barrientos en las oficinas que la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) tiene en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
La menuda figura de Ana Rosa flotaba sobre el mármol blanco del salón en donde se llevó a cabo el coctel. Ya no estaba en el PAN. Había renunciado al partido después de 23 años de militancia, luego de que Patricio Patrón Laviada y operadores de la presidencia de Felipe Calderón le hicieran marranadas para que no quedara como candidata a la gubernatura de Yucatán. ¿Qué fue lo que no le perdonaron si su carrera política es prácticamente intachable? El hecho de haber preferido apoyar a un candidato diferente de Felipe Calderón.
En lugar de Payán quedó Xavier Abreu Sierra, quien en 2006 fue el coordinador de la campaña presidencial de Calderón en el estado. Como lo hicieron Creel y Cárdenas en su momento, Ana Rosa pidió que se anulara la elección de candidatos en Yucatán. Tampoco pasó nada y Abreu quedó como candidato. “Funcionarios de la Presidencia dieron la orden de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN desechara la impugnación y ratificara la elección”, diría la yucateca antes de renunciar al PAN. La salida de Ana Rosa tuvo un costo muy alto: fue nominada candidata a gobernadora por la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia). No ganó pero restó muchos votos a Abreu, y el PRI, a través de la candidata Ivonne Ortega, recuperó el gobierno del Estado.
—¿Te acuerdas que te llamé cuando pasó lo de la elección interna del PAN para elegir al candidato presidencial? —le pregunté en las oficinas de la ODCA, esa noche en la que varios panistas la saludaban con gusto.
—Sí…
—¿No crees que fue un error no haber denunciado todo lo que pasó ese 2 de octubre?
—Sí, fue un error —respondió serenamente con una sombra de tristeza en sus ojos. Después se retiró sola. El chofer de Manuel Espino la llevó a su hotel.
En la elección presidencial, Calderón ganó en Yucatán por un amplio margen de votos al PRI y a la Coalición. Obtuvo 164 mil votos más que el Revolucionario Institucional —que ocupó el segundo lugar con 260 mil votos—. No era una cifra despreciable a la hora de contar el escaso margen de 243 934 votos por encima de Andrés Manuel López Obrador con el que fue declarado presidente electo.
Cadena de favores
Patricio Patrón Laviada terminó la gubernatura de Yucatán el 31 de julio de 2007 en medio de una ola de señalamientos de corrupción contra él y su familia. Durante unos meses se quedó en la fría banca, pero el 18 de enero de 2008 fue rescatado por Felipe Calderón y lo nombró titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Gana 189 944 pesos al mes. También su hermano Carlos José está bien ubicado actualmente: es el delegado de la Comisión Nacional Forestal en Campeche. Todo parecía indicar que el momento del pago de facturas había llegado.
Ana Teresa Aranda, ex directora del DIF nacional, actualmente es subsecretaria de población, migración y asuntos religiosos. Trabaja con Juan Camilo en el palacio de Covián, con un sueldo de 194 708 pesos mensuales.
Edgar Ramírez Pech, entonces dirigente estatal del PAN en Yucatán, entró en la codiciada lista de candidatos a diputados federales, y hoy ocupa la curul E-120 del recinto de San Lázaro. Por cierto, Ramírez Pech fue uno de los más fervientes defensores del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo en el escabroso tema de los contratos que firmó con Pemex cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Xavier Abreu, después de su dolorosa derrota, fue nombrado jefe de la Unidad de Coordinación y Enlace de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). No es un puesto rimbombante, pero el sueldo sí. Percibe mensualmente 190 021 pesos al mes.
Hasta Alberto Cárdenas, con todo y las mentadas de madre del 10 de octubre de 2005, se llevó su parte y actualmente es secretario de Agricultura, a la fuerza, muy incómodo, pero ahí está. Lo ocurrido en la elección interna del PAN en 2005 quedó como ejemplo del estilo de operación política de Felipe Calderón y su equipo. Ya tenían sus planes para tener mayores seguridades de ganar la elección presidencial de 2006.
Su equipo, sobre todo Juan Camilo Mouriño Terrazo —el autor material de muchas de las acciones mas no el autor intelectual—, ha presumido de cómo de la nada se hicieron de la candidatura interna del PAN y de la Presidencia de la República. El mecanismo no fue muy distinto al del PRI en sus años dorados, y ésa es una historia que hay que contar. Tenía razón Luis Correa, también yucateco: las ilegalidades perpetradas en 2005 abrieron la puerta para las que cometerían después.
Los 60 instrumentos de la orquesta
“¡Es un delito electoral! ¿Qué no entienden que hay cosas que se hacen pero no se hacen?”, estalló ese día Ramón Muñoz Muñoz, jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.
Era febrero de 2006 y Muñoz, el brazo derecho de Vicente Fox —su Joseph Marie Córdoba Montoya—, estaba que no lo calentaba ni el sol. No podía haber más estupidez en Los Pinos. Frente a él estaban Pedro Langre Rosado, secretario técnico del programa de Innovación Gubernamental de Presidencia de la República, y su jefe Juan Carlos Murillo Flores, director adjunto del programa de Innovación y Calidad del gobierno federal. Tenían cara de compungidos, la habían regado: no deberían haber dejado pruebas de la operación encubierta.
En vísperas de una reunión para ajustar la estrategia en el apoyo irrestricto que el gobierno federal iba a dar para la campaña de Felipe Calderón, Langre había impreso en el plotter de Los Pinos 60 mapas mentales de los servidores públicos que desde las secretarías de Estado ayudarían a Calderón y su equipo de campaña.
Quienes tuvieron en sus manos el documento señalan que el mapa mental era un inventario de las oficinas del gobierno federal en el que se identificaron a los funcionarios “panistas” de cada secretaría de Estado. Sesenta aparecían en el documento.
La operación que se orquestó entre Los Pinos y Calderón ante todo requería secrecía y servidores públicos con absoluta subordinación. Esos funcionarios eran los responsables de ejecutar desde sus puestos públicos una bien afinada sinfonía. La batuta la llevaban quienes tenían acceso directo a recursos públicos que iban directamente a la población: Progresa, Oportunidades, Diconsa, Liconsa, DIF, Fonaes, Procampo, etcétera. Iban a ofrecer recursos a organizaciones sociales a cambio de apoyos a la débil campaña de Felipe Calderón, que no despegaba. En Los Pinos los focos rojos estaban encendidos. Había que rescatar la candidatura presidencial que iba a pique.
Cada uno de esos 60 funcionarios era enlace entre la secretaría de Estado y el equipo de campaña de Felipe Calderón. Por parte de la Presidencia de la República, el director de orquesta era Ramón Muñoz Muñoz; por parte de Calderón, era Juan Camilo Mouriño Terrazo, hoy secretario de Gobernación. Los mapas mentales fueron distribuidos por el equipo de Ramón en una junta organizada en Los Pinos con los enlaces del gobierno. La instrucción que recibieron fue que desde sus oficinas apoyaran a Felipe Calderón en todo lo que les solicitara.
Las reuniones secretas
A los pocos días de que Felipe ganó la contienda interna en el PAN, él y su equipo, con la soberbia que da un triunfo inesperado, llegaron a Los Pinos a exigir. Desde ese momento hasta diciembre de 2006 las juntas se realizaban cuando menos una vez a la semana, corroboraron varias fuentes que fueron testigos de esas reuniones y de la forma en que se orquestaban.
Del lado del gobierno federal asistían: Vicente Fox; Ramón Muñoz; Emilio Goicoechea, secretario particular del presidente; y Rubén Aguilar, el vocero presidencial. Por parte del equipo de campaña panista iban: Felipe Calderón; Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social y coordinadora de la campaña presidencial; Max Cortázar, actual vocero de la Presidencia; César Nava, actual secretario particular de Calderón; y Juan Camilo Mouriño, quien fungía como una especie de subcoordinador de la campaña presidencial.
Cuando las reuniones eran en Los Pinos, se hacían en el salón Francisco I. Madero, ubicado en el sótano de la residencia Miguel Alemán, o en la “cabaña” que habitaban Vicente Fox y Marta Sahagún. El primero es una sala de juntas construida por la administración foxista equipada con los implementos tecnológicos más modernos, llamada la sala de “situación”.
También llegaron a realizar reuniones de esa índole en una casona blanca ubicada en Paseo de la Reforma 1030, esquina con Montes Pirineos. El inmueble es usado como oficina de la Presidencia de la República desde el inicio del sexenio de Fox. Ahí llegó a despachar Juan Hernández, el efímero jefe de la Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior, a quien entrevisté en el lugar en varias ocasiones.
En las reuniones entre la Presidencia y Calderón se llegaba a acuerdos concretos. De ahí salía una lista de tareas que el gobierno federal debía realizar. Las oficinas de Ramón Muñoz y Juan Camilo Mouriño les daban seguimiento hasta que se cumplieran plenamente. De las reuniones cupulares entre Fox y Calderón para diseñar y orquestar la estrategia de la campaña se derivaban otras con funcionarios de menor nivel.
Por ejemplo, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, tenía reuniones periódicas con Antonio Solá, el asesor español de Felipe Calderón. Como se sabe, Solá fue el creador de la campaña del miedo en donde acusaban a López Obrador de ser un peligro para México. A los encuentros también asistía, afirma uno de los testigos, Roberto Mourey Romero, encargado de la Oficina de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia. Gente del equipo de Mourey Romero que me brindó su testimonio aseguró que gran parte del presupuesto de 90 millones asignado al área de Opinión Pública fue destinado a la campaña de Calderón. La Presidencia pagaba las encuestas, y al final del sexenio se manipularon facturas y se llenaron formatos fantasma para justificar el gasto.
Con Mourey Romero trabajaba Mónica Zavala Gómez del Campo, la cuñada de Felipe Calderón. Según el di
