Los cárteles no existen

Oswaldo Zavala

Fragmento

Índice

Índice

No existen, pero seguimos hablando de ellos. Prefacio sobre una guerra permanente

Introducción. La invención de un enemigo formidable

PRIMERA PARTE.

La despolitización de la narcocultura

Cadáveres sin historia. La novela negra y el inexistente reino del “narco”

Crónicas neutralizadas. Los imaginarios periodísticos sobre el tráfico de drogas

De Narcos a Emilia Pérez. El discurso de “seguridad nacional” en el cine y la televisión global

SEGUNDA PARTE

Los cárteles no existen (pero la violencia de Estado sí)

Las razones de Estado sobre el tráfico de drogas. Soberanía y biopolítica en la narconarrativa mexicana contemporánea

La recaptura de “El Chapo”, el “juicio del siglo” y la conquista mediática del Estado

Trump llegó tarde al fin del mundo. Estados Unidos, el “narco” y la disputa por los recursos energéticos de México

TERCERA PARTE

Cuatro escritores contra el “narco”

César López Cuadras y la precariedad del “negocio”

Daniel Sada y el retorno de lo político

Roberto Bolaño y el rostro del supuesto narcotraficante

Juan Villoro y el país demasiado parecido a sí mismo

CUARTA PARTE

Traficantes, soldados y policías en la frontera

Líneas imaginarias del poder. Política y mitología en la literatura sobre Ciudad Juárez

Julián Cardona y Charles Bowden, herejes predicando en el infierno

¿Quién controla la “plaza”? La ciudad, el Estado y el crimen organizado

Epílogo. La nueva “guerra de cárteles”: ni es nueva, ni es guerra, ni es entre cárteles

De Gaza a Ciudad Juárez. Posfacio en tiempos de exterminio global

Agradecimientos

Nota editorial

NO EXISTEN, PERO SEGUIMOS HABLANDO DE ELLOS Prefacio sobre una guerra permanente

El 20 de junio de 2018, durante una presentación de la primera edición de Los cárteles no existen en mi natal Ciudad Juárez, se dio una situación irónica a través de la aplicación de WhatsApp. Un mensaje anunciando una “limpia total del territorio” advirtió que cualquier persona que después de las 11 de la noche fuera vista “caminando, en moto, coches, camionetas con polarizado o sin él” sería “levantada y torturada” hasta que hablara o muriera. El siniestro mensaje fue firmado por los supuestos “grupos operativos” “Corporación Ántrax y Gente Nueva”, además de alguien llamado “Compa Pollo del merito Sinaloa”.

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Publicación en la red social X de México Web Cast sobre un mensaje que circuló por WhatsApp, el cual alertaba sobre un ataque armado entre traficantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de junio de 2018.

Los autores del mensaje decían estar trabajando para los capos de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exjefe del “Cártel de Sinaloa” (que ya había sido detenido y extraditado a Estados Unidos en 2017), y Rafael Caro Quintero, el notorio traficante del llamado “Cártel de Guadalajara” encarcelado en 1985 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, pero liberado desde 2013 por un tecnicismo legal.1 Esa noche, se prometía liberar a Juárez de los traficantes de las organizaciones rivales de “Los Zetas”, el “Cártel del Golfo” y el “Cártel Jalisco Nueva Generación”. Hay que decir que no quedaba claro en ese momento qué organización criminal se suponía que tenía el control de la ciudad, ya que en 2016 la Fiscalía del estado de Chihuahua había dicho a los medios que Caro Quintero planeaba atacar al “Cártel de Sinaloa” para apoderarse de la “plaza” fronteriza, una de las principales sedes del narcotráfico del país. Pero esa noche de verano de 2018, según el mensaje de WhatsApp, Caro Quintero ya había formado una alianza con el “Cártel de Sinaloa” para sacar de Juárez a los “cárteles” que nadie sabía que gobernaban junto al río Bravo.

Al recordar este incidente, inicié una búsqueda en línea y me topé con un hecho no del todo sorprendente: el mismo mensaje reapareció en las redes sociales unos días después, el 26 de junio de 2018, pero también lo había hecho dos años antes, el 20 de abril de 2016, aunque entonces amenazando a varios pueblos del estado de Chihuahua y con la diferencia de que el “Compa Pollo” ya no firmó el comunicado.2

Reapareció también el 11 de octubre de 2016, en los estados de Coahuila y Nuevo León, y al día siguiente en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, pero esta vez un sitio de noticias local notó que el mismo mensaje de hecho circulaba con variaciones por lo menos desde 2014 en otros estados del país: Michoacán, San Luis Potosí, Puebla y Nayarit.3

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A la izquierda, mensaje de WhatsApp con una nueva amenaza de violencia por parte de supuestos traficantes el 26 de junio de 2018. A la derecha, noticia del 20 de abril de 2016 sobre una investigación oficial de la Fiscalía General de Chihuahua sobre los mismos mensajes de violencia que circularon por WhatsApp.

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Noticia del sitio El Informador del Rincón, de Guanajuato, sobre la “psicosis” colectiva que detonó otra amenaza de violencia circulada por WhatsApp en nombre de la “Corporación Ántrax y el Pollo de Sinaloa”, el 11 de octubre de 2016.

El mensaje inicialmente me hizo sentir incómodo, pero su contenido fue rebajado por mis amigos, periodistas con décadas de experiencia, como un engaño absurdo. Recordé mi propio trabajo como reportero en Juárez en los conflictivos años noventa. El mensaje no solo era ridículo: tenía suficientes precedentes como para ser objeto de estudio. A finales de 2018, un artículo académico ya analizaba la naturaleza ficticia de tales mensajes en las ciudades del norte de México. “La ambigüedad, el anonimato y la indeterminación permite a los rumores de pánico ser mensajes exitosos en términos de su propagación y aceptación”, reflexionó el autor, profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia.4

Considerando de entrada esta sintomática anécdota, quisiera retomar las reacciones que suscitó aquella primera edición del presente libro en 2018, cuando escuché con frecuencia una pregunta y que acaso pasó por la mente de quienes fueron a la presentación del libro en Ciudad Juárez: ¿de verdad no existen los cárteles? A esta pregunta le seguían otras: ¿tampoco existen las drogas?, ¿ni la violencia?, ¿ni los cientos de miles de asesinatos y desapariciones forzadas? Es comprensible que el título, por sí solo, parezca una simple provocación. Quienes se aventuren en la lectura de estas páginas, como ocurre con cualquier otro libro, asumen el reto de acompañarme para explorar esa afirmación en todas sus implicaciones.

La primera opera, desde luego, a un nivel simbólico y discursivo. Cuando me refiero a los “cárteles” no me refiero a cualquier grupo de traficantes interesados en el trasiego de droga, sino al concepto que las instituciones oficiales en Estados Unidos y después en México han utilizado por más de cuatro décadas para imponer una narrativa que legitima la violenta política policial y militarista que ha costado la vida de casi medio millón de personas y la desaparición forzada de más de 100 mil desde que, en 2006, comenzó el despliegue militar conocido como “guerra contra el narco”. La narrativa precede la violencia porque fue instrumental para validar esa agenda de “seguridad nacional”, para darle un sentido político, para neutralizar el disenso que la ha intentado desafiar desde el inicio. Dicha narrativa, que prevalece hasta hoy, consiste en tres enunciados fundamentales repetidos hasta el vértigo por oficiales de gobierno y sus voceros, por los medios de comunicación y a un nivel generalizado por numerosas producciones culturales dentro y fuera de México. Todos, al unísono, dicen: “Los ‘cárteles’ son más poderosos que el Estado y sus instituciones de seguridad”; “los ‘cárteles’ son los principales generadores de violencia”; “todos aquellos que trabajen para los ‘cárteles’ deben ser combatidos, encarcelados o asesinados”.

La expresión “los cárteles no existen” propone una interrupción esencial de estos tres enunciados. En primera instancia, es una crítica al centro del lenguaje de la agenda de “seguridad nacional” —el lenguaje securitario— que fue concibiendo al narcotráfico como amenaza desde la década de 1970. Ese lenguaje es la plataforma epistemológica que sustenta décadas de políticas antidrogas y sus políticas de representación. Al nombrar como “cárteles” a los grupos de traficantes, se construye un enemigo externo que se puede moldear a voluntad, de poder insondable, que está en todas partes y en ninguna, y que abre un horizonte permanente de supuesta guerra. No hay información empírica, periodística o académica que corrobore el fantasioso poder criminal de las llamadas transnational criminal organizations (como ahora también las nombran las instituciones estadounidenses). Pero la constante repetición, al modo de una campaña publicitaria, de los dichos de agencias como la Drug Enforcement Agency (DEA), las cifras disparatadas de los supuestos ingresos del narcotráfico que se escuchan en boca de congresistas con aspiraciones intervencionistas, los datos inverificables de la “presencia” de “cárteles” en 80, 90, 100 o 120 países del mundo, dependiendo del experto en seguridad al que se le pregunte, las afirmaciones de agentes federales, militares, voceros, fiscales, sheriffs, que recogen periodistas sin cuestionarse, prevalecen, se validan entre sí y edifican un muro cuyo espesor simbólico es virtualmente impenetrable.

En segunda instancia, “los cárteles no existen” nos permite otra operación intelectual necesaria: desplazar el mito del “narco” para localizar en su lugar la violencia capitalista neoliberal y su Estado de seguridad. La frase produce para algunos un incómodo desfondamiento de su comprensión del fenómeno de la violencia. Si no hay cárteles, ¿quién está matando a tanta gente?, ¿quiénes son aquellos que vemos en videos y que leen comunicados o colocan mantas amenazantes no siempre del todo legibles? Eliminar la noción falaz de “cártel” conduce a otras preguntas: ¿quiénes son y por qué están ahí los más de 230 mil soldados y agentes de la Guardia Nacional5 que controlan las fronteras norte y sur de México, sus aduanas marítimas y terrestres, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la constante ocupación de numerosas regiones del país, la militarización de policías estatales y municipales, con decenas de miles de soldados y policías entrenados en Estados Unidos, secuestrando, torturando, asesinando extrajudicialmente con equipo y armas de proveniencia estadounidense? ¿Por qué, mientras se dice que los “sicarios del narco” son los principales generadores de violencia, un número desproporcionado de víctimas son jóvenes pobres, morenos y de escasa educación? ¿Quiénes son realmente esos grupos armados que se filman a sí mismos y que actúan más como mercenarios que como traficantes de droga?

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Nota del periódico español El País que recoge opiniones divididas sobre la autenticidad del video en el que un grupo armado que se identifica como parte del llamado “Cártel Jalisco Nueva Generación” refuta haber forzado el reclutamiento de nuevos miembros y desacredita a los grupos de madres buscadoras que acudieron al rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos en marzo de 2025.

En tercera instancia, “los cárteles no existen” se propone desnaturalizar el lenguaje securitario en general que tiene una compleja, contradictoria y discontinua historia en la vida política, económica y cultural de México y Estados Unidos. Pienso primero en 1947, cuando el gobierno estadounidense llevó a cabo una de sus más significativas transformaciones simbólicas que habría de tener repercusiones globales: la configuración de su política de “seguridad nacional” para reorganizar sus intervenciones militares en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y en aparente paz. Ese año se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, que facultaría al gobierno estadounidense a avanzar su proyecto militarista planetario. Entre otras instituciones, en 1947 se creó la Central Intelligence Agency (CIA), su agencia de espionaje, pero también transformó su Departamento de Guerra, de modo que para 1949 fue renombrado Departamento de Defensa.

Ese poco sutil desplazamiento semántico, de la guerra a la defensa, habría de impactar profundamente en el modo en que percibimos la violencia bélica estadounidense. El periodista y activista antiguerra Norman Solomon nota cómo esa transformación intenta legitimar toda una nueva era de agresiones militares transformadas súbitamente en “defensa”: “Pero el nombre oficial de una agencia no lo convierte en verdad. El uso omnipresente de frases como ‘presupuesto de defensa’ y ‘gasto de defensa’ —casi siempre escritas con una ‘d’ minúscula— equipara las operaciones militares de Estados Unidos con la defensa”.6

El 8 de junio de 1949, unos meses antes de que el flamante Departamento de Defensa fuera oficialmente creado, George Orwell publicó su celebrada novela 1984. El relato distópico de un Estado totalitario, en buena medida basado en operaciones simbólicas coercitivas, narra la aparición de un newspeak, un nuevo lenguaje que trastoca el sentido de conceptos fundamentales de la sociedad hasta llevarlos a su extremo opuesto. Así, como anticipando el cambio histórico del Departamento de Guerra al de Defensa, Orwell imagina un “Ministerio de la Verdad” que produce una afirmación: “La guerra es la paz”.7

Si bien la creación del Departamento de Defensa funcionó como un perverso mecanismo de ocultamiento de la guerra, el presidente Donald Trump ordenó en 2025 retomar el nombre oficial de Departamento de Guerra. Algunos se apresuraron a señalar que por lo menos así Trump admitía una descripción cínica y transparente de su violenta política exterior, pero me temo que estamos ante un nuevo giro orwelliano: hablar de “guerra” en la actualidad es llevar a cabo otro acto de ocultamiento discursivo, porque los conflictos globales ya no son entre dos países con dos ejércitos enemigos combatiéndose entre sí. Detrás de la guerra, detrás de la falsa idea de una guerra, transcurren matanzas colectivas, crueles e impunes que las potencias perpetran en contra de países y comunidades que apenas pueden defenderse. Como preludio de una nueva era de hostilidad en Latinoamérica, Trump ha ordenado asesinatos extrajudiciales de presuntos “narcoterroristas” venezolanos en lanchas en las costas del caribe hasta llegar a las costas mexicanas del Pacífico. Sin evidencia alguna, Trump designa quién debe morir y su obediente personal militar lanza a las pequeñas embarcaciones misiles y artillería diseñados para destruir tanques y fortificaciones militares.8 Escapar a la trampa del lenguaje orwelliano del gobierno de Trump requiere comprender que no existe el Departamento de Defensa, pero tampoco el de Guerra: el nombre correcto de esa institución es Departamento de Exterminio que, según el secretario de defensa (o de exterminio) Pete Hegseth, ahora da prioridad a la “máxima letalidad” del gobierno estadounidense ante el mundo.9

Así, Estados Unidos y los países colaboracionistas, aliados, sometidos o subalternizados han cometido, solapado y promovido, directa o indirectamente, crímenes de lesa humanidad al combatir supuestas amenazas a la “seguridad nacional”. Son las llamadas guerras contra el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo, la migración indocumentada, los pandilleros, el “narcoterrorismo” y los bad hombres que en su momento Donald Trump (como tantos corresponsales extranjeros en México) imaginó como si toda Latinoamérica fuera un dilatado western. En esa región poblada por forajidos, el presidente estadounidense, los voceros del Departamento de Estado, los agentes de la DEA, el FBI o la CIA, junto con los corresponsales del New York Times o del Washington Post y demás medios, se autoproclaman como los únicos capaces de proteger las fronteras del mundo civilizado de los poderosos “cárteles” y los “narcogobiernos” latinoamericanos corrompidos. Para ello han puesto en circulación lo que la criminóloga Diana Gordon llamó drugspeak, retomando el lenguaje orwelliano, para conducir la opinión pública en el supuesto combate al narcotráfico nacional e internacional. Es un lenguaje que designa a “las clases peligrosas” —un concepto originado en el siglo XIX para criminalizar la pobreza y facilitar el control social— que amenazan la seguridad de Estados Unidos y que deben ser erradicadas por cualquier medio:

El éxito del drugspeak se basa en su habilidad para hacer que las élites y el público en general sientan que están apoyando —y a veces participando activamente en— un movimiento social de gran importancia. Imágenes de lucha y unidad se combinan con descripciones de enemigos y aliados para ritualizar el discurso público sobre el tema.10

Lo extraordinario de este ritual discursivo es que lleva a cabo un borramiento de las numerosas y constantes invasiones militares, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, tortura y acoso que las instituciones estadounidenses realizan cotidianamente en decenas de países del mundo. Como apunta Solomon, el colectivo Costs of War (Costos de la Guerra) de la Universidad de Brown contabilizó cientos de acciones militares estadounidenses posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluyen ataques con drones, combate terrestre, entrenamiento y operaciones conjuntas con fuerzas armadas extranjeras en países como Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y Yemen.

Como resultado directo de estas acciones militares, se estima el asesinato de entre 905 mil y 940 mil personas, además de causar indirectamente la muerte de entre 4.5 y 4.7 millones de personas. En su conjunto, el militarismo estadounidense desde 2001 ha desplazado a unos 38 millones de personas y ha tenido un costo económico de 8 billones de dólares.11 Este proceso, lejos de atenuarse, se exacerba: solamente entre 2018 y 2020, el colectivo de Brown ha registrado acciones militares estadounidenses —supuestamente contra el terrorismo— en 85 países del mundo. Lo paradójico de este estremecedor recuento del militarismo que encabeza Estados Unidos a nivel planetario es que con frecuencia queda inadvertido. Las pocas acciones militares que sí llegan a los medios de comunicación se narran como parte de los objetivos de “seguridad nacional” de Estados Unidos y de sus países aliados.

Hagamos ahora un deslinde conceptual para atajar esa pregunta recurrente sobre el presente libro: al decir “los cárteles no existen”, no quiero decir al mismo tiempo que el tráfico de drogas no sea real o que la violencia atribuida a ese fenómeno no sea preocupante. Me interesa, más bien, suspender el nexo entre la narrativa dominante en torno al narcotráfico y la experiencia de la violencia sin precedentes que actualmente lastima a la sociedad mexicana. Por ello, deliberadamente, considero como secundario el esfuerzo por comprender la vida, trayectoria, familias y genealogías de los traficantes. Conocer la biografía de un traficante es importante para entender la producción y contrabando de narcóticos, pero para entender la violencia estatal de la “guerra contra el narco” hay que investigar los alcances discursivos del lenguaje securitario porque en esas narrativas se configura la lógica de exterminio que luego se despliega en el país como “guerra”, pero que las más de las veces opera como desaparición forzada, juvenicidio, feminicidio y limpieza social.

Vale la pena detenerse en el trabajo del politólogo Andreas Schedler:

Hemos movilizado muchos recursos lingüísticos para convertir el horror extraordinario en un hecho trivial. […] Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperado. La categoría amplia de “los narcos” y el uso extensivo del prefijo correspondiente (la narcoviolencia, la narcofosa, la narcomanta, el narcopolicía, el narcopolítico, la narcofiesta, la narcovivienda) sirven el mismo propósito: crean una distancia simbólica entre nuestro mundo civilizado y el mundo de barbarie donde la violencia es normal.12

Paradójicamente, según una encuesta nacional de opinión que recoge Schedler en su libro, solo alrededor de una quinta parte de los encuestados recordó el nombre o incluso el sobrenombre de un asesino convicto durante la llamada “guerra contra el narco” en México. Los identificados eran en realidad un puñado de presuntos jefes de organizaciones criminales popularizadas por los medios de comunicación y los incontables productos culturales: Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, los hermanos Arellano Félix, entre otros. En general, señala Schedler, “los líderes y los asesinos de esta guerra han sido fantasmas, signos de interrogación, personajes abstractos. No tienen nombre, ni identidad, ni historia, ni lugar social. No son actores personales, son abstracciones”. El público cree en la guerra contra y entre criminales despiadados, pero sin nombre, que solo están presentes a través de la radicalidad de sus acciones descritas en los medios de comunicación, en películas y series de televisión, en la música popular y en el recurrente apodo que remite a una amenaza y no a una persona real.13 El consumidor individual de estos productos se conforma con una subjetividad basada en el miedo derivada de lo que llamo “narconarrativa”: el campo disperso pero correlacionado de productos culturales, representaciones mediáticas, discurso oficial, percepciones de organizaciones de la sociedad civil, enunciados y relatos fundados en torno al significante central del “narco” y su narrativa dominante.

El ciudadano consumidor está condicionado por este discurso tanto como los propios traficantes, pero ambos ocupan lados opuestos de la narconarrativa. El ciudadano consumidor puede asustarse por el “narco” imaginado, mientras que el traficante interioriza su supuesta relevancia, su agencia aspiracional. A veces se encuentran en la misma habitación, como durante el juicio en Nueva York a “El Chapo” Guzmán en 2018, cuando los miembros del jurado y hasta los guardias que lo custodiaban confesaron su miedo inducido por la serie de Netflix sobre él, al grado de que las medidas de seguridad consideraban el juzgado en Nueva York posible blanco de un ataque terrorista con bombas nucleares o biológicas.

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Nota del periódico Los Angeles Times sobre cómo el juicio al traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán fue planeado siguiendo protocolos de seguridad similares a los que se utilizan en Estados Unidos para prevenir un ataque terrorista con armas nucleares o biológicas.

El ciudadano y el traficante están atados por el miedo como mecanismo político desplegado por la narconarrativa. La académica Sara Ahmed estudia el lenguaje del miedo como un subproducto del proceso que separa “a los amenazados y a los que amenazan” en narrativas constituidas por relaciones de poder externas a ambos sujetos. El miedo moviliza a algunos cuerpos a la agencia, explica Ahmed, pero simultáneamente contiene el movimiento de otros porque no reside en ningún cuerpo en particular, sino en una plataforma epistémica que lo propaga. Ahmed analiza cómo este proceso hace que el cuerpo de aquellos externos al relato de nación sea una amenaza indistinguible. Las figuras del terrorista y el migrante refugiado, por ejemplo, a menudo se combinan con las narrativas criminalizadoras de la “seguridad nacional” en los Estados Unidos.14

En el mismo horizonte de expectativas, el “narco” mexicano provoca un temor similar entre quienes perciben al traficante como la máxima amenaza y el traficante que se cree protagonista de una gran epopeya criminal y que, en consecuencia, también teme por su propia vida. A medida que el miedo se narrativiza, se transfiere a la realidad simulada. Poco a poco, la política del miedo da paso a una política de normalización afectiva, de consumismo simbólico aceptable en ambos extremos. El terrorista, como el “narco”, puede ser percibido primero por un miedo incontrolable que rápidamente se convierte en miedo regulado, miedo predecible, incluso miedo entretenido y hasta deseable. Está en los cuerpos de los actores latinos (Diego Luna, Tenoch Huerta, Benicio del Toro, Wagner Moura, Javier Bardem, entre tantos otros, incluyendo al cantante puertorriqueño Bad Bunny) que se prestan para encarnar la fantasía del “narco” y confundirla con la fantasía sexual, con la rebeldía, con la masculinidad racializada, con lo estético como experiencia criminal al sur del río Bravo.

Los ejecutores de este discurso están en todas partes. Podemos encontrarlos en el cuerpo del político que defiende la violenta ocupación militar del territorio, en las decisiones de los legisladores que agrandan el aparato de seguridad del Estado, en la violencia extrajudicial perpetrada por soldados y policías, entrenados y armados con el explícito respaldo político y económico del gobierno de Estados Unidos, en buena medida como brazo armado al servicio de la razón de guerra estadounidense.

Y, en última instancia, en el consenso aprobatorio de los ciudadanos que legitiman la violencia estatal precisamente por su eficiencia: se cuentan 476 mil 481 asesinatos y 125 mil 287 desapariciones forzadas entre el comienzo del despliegue militar en 2006 y 2024, el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.15 El mayor riesgo de homicidio ha sido consistentemente para hombres entre 18 y 29 años de edad, mientras que la desaparición forzada se concentró en víctimas aún más jóvenes, entre 13 y 18 años, todos ellos con escasa educación, que nacieron pobres y que murieron pobres.16 Un estudio académico demostró cómo las Fuerzas Armadas mexicanas superaron el índice de letalidad de cualquier otra nación latinoamericana, con el mayor número de asesinatos en enfrentamientos con presuntos grupos criminales.17 Entre 2007 y 2011, el mismo estudio mostró que el 84% de esos enfrentamientos fueron provocados por agentes estatales. Solo el 7% se inició por ataques directos a las Fuerzas Armadas.18 La narconarrativa consolida la hegemonía securitaria, diseñada para internalizar la violencia como una expectativa común, incluso emocionante, que hace que la militarización del país y el asesinato de los jóvenes pobres sean reconocibles dentro del propósito mayor de la épica, de la causa justa, de la guerra. Mientras que la película de 1985 Invasion U.S.A. jugó con los temores de una invasión soviética a Estados Unidos, o la serie de televisión 24 con los terroristas islámicos, celebrando la masculinidad blanca, la “guerra contra las drogas” censura la masculinidad tóxica del traficante mexicano que, como propone la película Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024), solo puede redimirse si literalmente renuncia a su sexo y se transforma en mujer.

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Publicidad del estreno de la tercera temporada de la serie Narcos: México, con el cantante puertorriqueño Bad Bunny (a la derecha en la imagen) interpretando el papel del traficante Arturo “Kitty” Páez, miembro de la organización de los hermanos Arellano Félix en Tijuana. El anuncio apareció en la cuenta de fans @badbunny_global en X el 5 de noviembre de 2021.

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Pósteres publicitarios de la película Invasion U.S.A. (Joseph Zito, 1985), sobre una imaginada invasión soviética en Estados Unidos; la serie de televisión 24 (Robert Cochran y Joel Surnow, 2001-2010), sobre frenéticos ataques terroristas en territorio estadounidense que deben contrarrestarse en un plazo de 24 horas; y la película musical Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024), sobre un traficante que decide convertirse en mujer mediante una cirugía para cambiar de género que también transforma al personaje moralmente.

Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segundo periodo, en 2025, la narconarrativa ha vuelto con más fuerza que nunca. Es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consiguió imponer restricciones a los agentes de la DEA operando en México e incluso ridiculizó la desaseada investigación estadounidense que señalaba al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos como el “padrino” de un supuesto “cártel”.19 Al final de su gobierno, sin embargo, AMLO había prácticamente reactivado la lógica empleada por el presidente Felipe Calderón de la kingpin strategy para detener a líderes de grupos de traficantes, incluyendo al notorio hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capturado el 5 de enero de 2023, tres días antes de una visita a México del presidente estadounidense Joe Biden para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, durante la cual se discutiría el tráfico de fentanilo.20 (Como discutiré más adelante, el presidente Enrique Peña Nieto produjo la detención de “El Chapo” Guzmán el 22 de febrero de 2014, tres días después de la visita del presidente Obama a México para asistir a la misma cumbre).21 Pese a la defensa de la soberanía mexicana, la president

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