8. La caída del sistema (1982-1988)

HUEVOS DE PALOMA

En diciembre de 1982 México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia. Todo el país efervescía a causa de la sorpresiva y noqueadora nacionalización de la banca y el control de cambios. Las cosas no se pusieron peores, y más cardiacas, porque el sexenio estaba a punto de concluir, pero, eso sí, la iniciativa privada se vistió con su casaca anticomunista y se desgañitó insultando al presidente José López Portillo, quien de Don Pepe pasó a López Porpillo, Jolopo o El Perro, y fue tema de incontables chistes y burlas. En tanto, todo el mundo esperaba el fin del sexenio. Sin duda, se pensaba, las cosas tendrían que mejorar a partir del primero de diciembre. Oh, ilusos.

Finalmente llegó el día esperado y, como de costumbre, la atención se concentró en la toma de posesión del presidente, a saber, Miguel de la Madrid Hurtado. López Portillo entregó la banda presidencial y todos respiraron, aliviados. Tan pronto como pudo se fue a Roma con su hijo José Ramón, a quien le había arreglado un alto puesto en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

En su discurso de toma de posesión, De la Madrid se engolosinó pintando un panorama desolador como astringente para el rigidísimo plan de austeridad que recetó después. “Vivimos una situación de emergencia”, dijo, con tono dramático. “No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos”, añadió. Desde su punto de vista, la situación era tan grave que estaba en entredicho la continuidad del proceso de desarrollo e incluso “la viabilidad del país como nación independiente”. Desde 1932 no se vivían condiciones semejantes. Además, la crisis no era circunstancial ni meramente financiera, ni la capacidad productiva se mantenía sana (como aducía López Portillo) sino que era profundísima; se debía a graves problemas estructurales surgidos desde antes y era parte de una gran crisis internacional, de la que ningún país se salvaba. “La crisis se manifiesta”, precisó, “en expresiones de desconfianza y pesimismo en las capacidades del país para solventar sus requerimientos inmediatos, en el surgimiento de la discordia entre clases y grupos, en la enconada búsqueda de culpables y crecientes recriminaciones, en sentimientos de abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individuales o sectarios… Éste es el panorama nacional”, asestó.

A fines de 1982 las cifras eran desoladoras: el producto interno bruto (PIB) se había desplomado a 0.5, la inflación subió a un inconcebible 100 por ciento; la deuda externa rebasó la cifra escalofriante de los 100 mil millones de dólares, sin contar intereses y servicio a tasas elevadas. Los precios del petróleo seguían a la baja y ya no ofrecían esperanzas de salvación, como seis años antes. Por otra parte, a cambio de cinco mil millones de dólares el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos impuso condiciones draconianas que De la Madrid presentó como mal menor y medicina dolorosa pero necesaria que requería el sacrificio de todo el pueblo.

Las recetas del FMI dieron cuerpo a un Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que supuestamente contendría la inflación y reduciría el déficit público y el externo. Para empezar, el peso se devaluó en más de 100 por ciento y de 70 pasó a 150 por un dólar; además, entró en flotación, con un “desliz”, o microdevaluación, de 13 centavos diarios. A partir de esta devaluación el pobre pesito ya no dejó de hundirse. Además, las tasas de interés se dispararon a más de 100 por ciento, con lo que se arruinaron quienes debían a los bancos.

La nueva administración inició una severa reducción del gasto público, que dejó a muchos burócratas en el desempleo; eliminó programas como el SAM, Coplamar, Fonapas y Pronaf; y contuvo férreamente los salarios, aunque no precisamente los de los altos funcionarios, quienes, a la voz de “¿crisis?, ¿cuál crisis?”, se sirvieron los sueldos con pala mecánica, según ellos para “evitar la corrupción”. En diciembre los secretarios de Estado ganaban 500 mil pesos (33 mil dólares) al mes; y los subsecretarios, 250 mil, pero a los cuatro meses volvieron a atacarse con otros 200 mil, retroactivos además. También aumentaron los salarios de oficiales mayores, secretarios particulares, directores y coordinadores generales hasta en 160 por ciento. En cambio, los obreros pidieron 100 por ciento de aumento salarial y se les concedió 15, al igual que a las infanterías de la burocracia. Los precios subieron sin piedad, y el gobierno mismo puso el ejemplo al elevar sus tarifas de gasolina, electricidad, teléfono, agua y de todos sus demás servicios. Como era de esperarse, los precios de los productos también se elevaron al instante en la proporción de la devaluación del peso, o más, pues se adujo que los insumos se habían encarecido terriblemente. Por si fuera poco, muchos productos escasearon y otros de plano desaparecieron, como la pasta de dientes, así es que a principios de 1983 mucha gente tuvo que lavarse la boca con jabón, bicarbonato o ceniza de tortilla. También subieron los impuestos, y el del valor agregado (IVA) engordó del 10 al 15 por ciento. Además, al ponerse en efecto las nuevas tasas, se le dio otro empujón a los precios.

El nuevo gobierno estaba bien consciente de los estragos que causaría su programa de shock para contener la crisis. Un periodista ingenioso plantó una grabadora en una reunión privada del flamante secretario de Comercio Héctor Hernández en la que éste, fría, casi orgullosamente, informó a un grupo de diputados que 1983 se caracterizaría por el nulo crecimiento del PIB y el estancamiento de la industria, debido al alza de las tasas de interés, la devaluación y los aumentos fiscales. Además, dijo, era una ilusión pensar en un control de precios.

A fines de diciembre de 1982 el gobierno devolvió 34 por ciento de las acciones de la banca nacionalizada a sus antiguos propietarios, además de que les dio prioridad en el establecimiento de casas de cambio en la frontera mexicana, en las grandes ciudades y en los centros turísticos. Estas casas de cambio resultaron minas de oro. Por si fuera poco, en agosto de 1983, el gobierno los indemnizó, a través de bonos pagaderos a partir de 1986, con casi 100 mil millones de pesos, que se convirtieron mágicamente en 140 mil con unos intereses que se sacaron de la manga. Además, el gobierno absorbió la deuda de ocho mil millones de dólares de los bancos privados con el extranjero. La iniciativa privada (IP) declaró que todo eso era insuficiente: “Es apenas una cuarta parte del valor comercial de los bancos”, se quejó José María Basagoiti, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los cúpulos de la iniciativa privada no sólo estaban fuertes sino engallados. Se habían quedado picados y con ganas de seguir las guerras de conquista. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las cámaras patronales dieron la bienvenida al nuevo gobierno con frialdad. El mensaje era: sigue la desconfianza. Después, la IP lo caló mediante duras críticas a los planes de reordenación económica y de plano preguntó airada si el partido en el poder pretendía “llevar a México al totalitarismo”. De la Madrid amenazó entonces con la disolución de las cámaras patronales “porque no cumplen con los requisitos que fija la ley”. Los patrones bajaron el volumen de sus quejas, pero unos meses después organizaron las reuniones “México en la libertad”, en las que muchos grandes empresarios se manifestaron en contra de “la conspiración estatal para imponer el socialismo”.

Mientras tanto, a partir de diciembre de 1982, en el estado de ánimo de la población avanzaba una visión desoladora del futuro inmediato, aderezada con la frustración, ya que la promesa de un progreso material debido al auge petrolero se convirtió, para las clases populares, en una carestía despiadada, en falta de trabajo y en la imposibilidad de acceder a los paisajes idílicos que presentaba la televisión. Para las capas medias, la crisis representó el fin del sueño de ser un nuevo rico y la realidad aterradora de ser un nuevo pobre.

Pero esto no parecía preocupar demasiado al presidente, quien vivía su propio sueño y formó un gabinete con los políticos jóvenes de su propio equipo, aunque incluyó algunos nombres significativos. En la Secretaría de Educación, por ejemplo, puso a Jesús Reyes Heroles para distanciarse del ex presidente López Portillo. En Hacienda siguió Jesús Silva Herzog, quien se había encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, la Procuraduría General de la República fue para Sergio García Ramírez, destinado a dar alguna credibilidad a los planes anticorrupción de la “renovación moral”, al igual que la Contraloría General de la República, que no existía en México desde la época de Álvaro Obregón; teóricamente ésta sería un mecanismo de auditoría para cazar funcionarios corruptos, y fue encomendada a Francisco Rojas, uno de los jóvenes tecnócratas del equipo de De la Madrid en Programación y Presupuesto (SPP).

A la cabeza de éstos estaba Carlos Salinas de Gortari, quien saltó de la Dirección Política, Económica y Social de la SPP al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI, y de ahí a la estratégica Secretaría de Programación y Presupuesto, que había desplazado a Gobernación como gran trampolín para llegar a la presidencia. Los demás miembros del equipo eran Emilio Gamboa Patrón, que siguió siendo secretario particular de De la Madrid y con el tiempo se volvió un personaje clave del sexenio; Ramón Aguirre Velázquez, Ramoncito, quien se quedó a cargo del Departamento del Distrito Federal; Eduardo Pesqueira, que dirigió el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural); y Manuel Alonso, director de Comunicación de la Presidencia. Todos ellos constituían la Familia Feliz. Pronto se vería que en ésta predominaba el grupo de Carlos Salinas de Gortari, que tenía una gran influencia sobre el presidentito y en el cual participaban activamente Emilio Gamboa, Manuel Camacho Solís y el silencioso francés, hijo de españoles, Joseph-Marie Córdoba Montoya, quien en 1985 mágicamente se convirtió en mexicano.

Se trataba de un gabinete de jóvenes que no había pasado por puestos de elección popular ni por las posiciones políticas en el partido oficial. En el acto fueron diagnosticados como una casta de tecnócratas que sin hacer la habitual talacha política se coló hasta lo más alto de la élite gobernante. Esto preocupó a los políticos, quienes se quejaron de que los tecnos los desplazaban y de que ya se habían metido hasta la recámara, lo cual implicaba que la base de reclutamiento del gobierno se había desplazado del PRI hacia el sector financiero de la alta burocracia, con un correspondiente estrecha miento de las carreteras de acceso al poder. Perdió importancia “el camino electoral”, es decir, los puestos en los gobiernos municipales, en la burocracia de los estados, los sectores del partido, la Cámara de Diputados, el Senado y las gubernaturas. En el gabinete de Miguel de la Madrid 60 por ciento de los secretarios ascendió por la vía burocrática y sólo 30 por ciento, por la electoral.

Eran los tecnócratas, que estaban orgullosos de sus maestrías y doctorados en universidades estadunidenses, el circuito Ivy League de Harvard, Yale y Princeton; varios de ellos eran economistas que habían pasado por el sector financiero y favorecían el libre mercado, el adelgazamiento del Estado, las privatizaciones y la globalización. Le tenían fobia al populismo y al estatismo, que era lo anticuado, lo out, lo démodé.

Esta casta de tecnócratas hizo cierta la deprimente profecía de Richard Lansing, un secretario de Estado de Estados Unidos que a fines de la década de 1910 recomendó: “Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que nos llevaría otra vez a la guerra. La solución es abrirles a los jóvenes mexicanos las puertas de nuestras universidades y educarlos en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes se adueñarán de la presidencia”.

A principios de sexenio los tecnócratas aún hablaban de economía mixta, rectoría del Estado y nacionalismo revolucionario, pero, aunque no lo proclamaban orgullosamente, como lo harían poco después, se proponían cambiar al país e integrarlo a la mística neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sin embargo, en lo más mínimo pretendían cambiar el sistema político, ya que el presidencialismo autoritario les facilitaba sus proyectos, aunque, claro, solían decir lo contrario. Varios de ellos eran juniors, hijos de altos funcionarios (Salinas, Silva Herzog, Beteta, Bartlett), y conocían bien las leyes no escritas del régimen, sus pasadizos y mazmorras más pestilentes; estaban dispuestos no sólo a preservar sino a fortalecer los rasgos más atrasados del sistema político mexicano: la simulación de la democracia y el correspondiente culto a las formas; el autoritarismo y el paternalismo, la cooptación y la represión, y por supuesto la corrupción generalizada con discretos toques de gangsterismo.

Miguel de la Madrid Hurtado, el capitán de la nave monetarista, se abrió paso en la política un poco porque las circunstancias lo pusieron en los sitios correctos. Nació en Colima, en una familia de clase media; siempre fue un estudiante modelo, de cuadro de honor, y naturalmente se graduó como licenciado en Derecho en la UNAM. Sin embargo, gracias a su tío Ernesto Fernández Hurtado, entró a trabajar en el Banco de México y obtuvo una beca para estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Al regresar consiguió empleo en la Secretaría de Hacienda, y ahí estaba, haciendo talacha, hasta que José López Portillo, su viejo maestro de la Facultad de Derecho, fue nombrado titular de la secretaría.

Tenía 48 años de edad cuando tomó el poder, después de vencer en la lucha por la sucesión presidencial gracias a su capacidad de darle por su lado y de “adivinarle el pensamiento” a López Portillo, pero días antes de la toma de posesión mandó a Carlos Salinas de Gortari, eminencia gris del nuevo presidente y flamante secretario de Programación y Presupuesto, a hablar con el hijo de López Portillo: “En lo personal, amistad”, le dijo. “Pero en lo político, tendremos que fregar a tu padre.” Después, De la Madrid solapó y promovió las virulentas campañas contra López Portillo, a quien no se bajó de populista, estatista y paradigma de la corrupción. La ira contra López Portillo fue nacional: en Campeche derribaron su estatua y en otras partes retiraron su nombre de las calles que lo tenían. Si lo veía en la calle con su nueva esposa Sasha, Montenegro, la gente lo abucheaba.

Sin embargo, en lo esencial De la Madrid protegió y cuidó las propiedades de su ex jefe. En febrero de 1983 el abogado Ignacio Burgoa promovió un juicio por peculado en contra del ex, pero fue detenido en seco. Además, la Procuraduría General de la República le negó al Partido Acción Nacional (PAN) las declaraciones de bienes de López Portillo, de su hijo y de algunos de sus ministros. Igualmente, cuando el mismo PAN pidió en el Congreso una comisión que investigara las casas de la Colina del Perro, la aplanadora priísta ejerció el mayoriteo para desechar la propuesta.

De la Madrid era un hombre de serenidad aparente que a veces parecía inducida artificialmente. En un principio, para contrastar las extravagancias echeverristas y lópezportillistas, quería dar la imagen de sobriedad, austeridad y cierta modestia. Por ejemplo, pidió que no se le aplaudiera cada dos minutos durante su toma de posesión y en los informes de septiembre, como solían hacer los respetables lambiscones que se hallaban presentes. Esta “sugerencia” se cumplió hasta 1988, cuando se rompieron todos los usos. También prohibió que le pusieran su nombre, o el de su esposa, a las calles de cualquier población mexicana. Pero esto sólo se observó un tiempo, ya que después abundaban las calles, avenidas, colonias, escuelas y hospitales Miguel de la Madrid en todo México. Julio Scherer García decía que era inteligente, claro, de buenas maneras, “la corrección no lo abandonaba ni un minuto”, aunque también un “señor de lejanías en su trato con las señoras”. Eso sí, como su esposa se llamaba Paloma Cordero, se decía que don Miguel sería un presidente débil, porque tenía huevos de paloma.

LA RENOVACIÓN DEL MORRAL

En enero de 1983, para desolación de la izquierda del país, Sergio Méndez Arceo, que ya había cumplido 75 años de edad, tuvo que dejar el obispado de Cuernavaca, lo cual motivó el regocijo de mucha gente que lo detestaba (la escritora Margarita Michelena, quien lo bautizó como El Obispón Rojo, a la cabeza del hate club). Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, que también se adhería a la Teología de la Liberación, pasó a ocupar el influyente papel de don Sergio en la política nacional. Otros obispos afines eran Arturo Lona, de Tehuantepec; Hermenegildo Ramírez, de Huautla; Serafín Vázquez, de Ciudad Guzmán; y Sergio Obeso, de Jalapa.

Por su parte, Jesús Posadas Ocampo, hasta entonces obispo de Tijuana, fue enviado a Cuernavaca en calidad de terminator e impuso la línea dura para desmantelar la red de curas izquierdistas de Morelos, lo cual logró en una gran medida, aunque no pudo doblegar a algunos sacerdotes seguidores de don Sergio, como los padres José Luis Álvarez, José Luis Calvillo, Filiberto González, Rogelio Orozco y Baltazar López Bucio. Desde que el papa Juan Pablo II visitó México, y López Portillo lo invitó a Los Pinos, la curia católica cada vez intervenía más abiertamente en los asuntos políticos del país. ¿No lo hacía así la Iglesia en Polonia o Nicaragua? Era su deber “hacer oír nuestra voz de pastores en los momentos críticos”, aducía el Episcopado. Y sí que lo hicieron a partir de 1983.

A principios de año murió Miguel Alemán, a quien el nuevo gobierno santificó al instante. Se decretó duelo nacional el lunes 16 de marzo, con bandera a media asta y homenaje en el Senado. Tras un solemnísimo cortejo, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, pronunció un discurso fúnebre en nombre del gobierno. Hasta el más desatento podía ver que la nueva administración claramente se identificaba con Alemán, quien formó un gobierno de jóvenes universitarios que habló de modernizar al país, abrió las puertas al capital extranjero y favoreció a una casta de grandes empresarios. Era obvia la afinidad con el alemanismo, aunque mucha gente también identificaba a los tecnócratas con los positivistas de Porfirio Díaz.

El gobierno de De la Madrid aseguraba que una de las causas estructurales de la crisis era la corrupción, extendida por todo el país y en todas las clases sociales. El lema de campaña de De la Madrid fue “por la renovación moral de la sociedad”, y repetidas veces prometió que combatiría frontalmente la notoria corrupción mexicana. Desde que era candidato encargó a Francisco Rojas que elaborara estudios y después lo mandó a dirigir la Contraloría General de la Federación.

De la Madrid formó un nuevo equipo con Samuel del Villar a la cabeza de Sergio García Ramírez, Fernando Baeza y Victoria Adato. Ellos elaboraron la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que entró en vigor a principios de 1983 y que tipificaba las conductas corruptas y obligaba a los ofensores a resarcir hasta con dos terceras partes más el daño causado. También se prohibía nombrar o promover en áreas de influencia a parientes hasta en cuarto grado consanguíneo, civil o por afinidad. Pero en realidad esta disposición prácticamente nunca se aplicó, y más bien sirvió para asestarle otro piñazo al ex presidente López Portillo, quien durante su gestión repartió altos y jugosos puestos entre buena parte de su familia. “Respondo por los parientes míos que realizan una función pública”, dijo, eso sí, y después, picado por las críticas, llamó a su hijo “orgullo de mi nepotismo”. Otro que no cantaba mal las rancheras era Óscar Flores Tapia, quien aseguraba que para gobernar Coahuila sólo se requería “un buen presupuesto y una media docena de hijos como los míos”. Como complemento, se estableció que los funcionarios perderían el hueso si no declaraban sus bienes al tomar posesión de su cargo, anualmente y al concluirlo. Esta disposición se cumplió con más agujeros que una red, y las autoridades desde un principio se negaron a dar informes sobre los bienes de los funcionarios.

A fin de cuentas, a pesar de todo lo que dijo, y de los millones gastados en propaganda, De la Madrid no quiso combatir la corrupción a fondo, y ésta no se contuvo sino que creció hasta llegar a niveles inconcebibles durante el sexenio siguiente. Para no ir al fondo de las cosas, el presidente pretextaba que el problema principal de México era el económico, por lo que la política y la moral resultaban cuestiones de segundo orden, así es que éstas siempre quedaban para después y el célebre apotegma de Gonzalo N. Santos, “la moral es un árbol que da moras”, seguía en pie. O como dijo Gabriel Zaid: “En México, la honestidad es tragicómica. Hay que disimularla para no causar lástima”.

En cambio, la renovación moral sí resultó útil para la caída de varios chivos expiatorios que fueron a dar a la cárcel acusados de fraude, peculado o alguna otra forma de corrupción. Uno de los primeros en caer fue Miguel Lerma Candelaria, ex subdirector del Banrural, asesor de De la Madrid y diputado federal, quien fue acusado de fraude, defraudación fiscal y cohecho por casi 400 mil millones de pesos. Lerma, que tenía 24 cuentas bancarias en Estados Unidos, huyó a ese país, y las autoridades nunca hicieron un gran esfuerzo por arrestarlo. Otro caso, ligado con el anterior, fue el de Everardo Espino de la O, ex director de Banrural y de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, quien fue detenido en medio de un escándalo de los medios, bajo la acusación de peculado (“lavado o no lavado, huele a peculado”) por 38 millones de pesos que, se dijo, se desviaban de los fondos públicos. Pero esos fondos no eran para Espino, sino que correspondían a sobornos y regalos a periodistas, caricaturistas, columnistas, editorialistas, fotógrafos, reporteros, directores y dueños de periódicos; también para las campañas políticas del PRI y para los grupos paleros de la oposición. Banrural fue la “caja chica” del gobierno de López Portillo y también del de Miguel de la Madrid.

“El centro de la corrupción del sistema es la Presidencia de la República, la ocupe quien la ocupe”, afirmó, enfático, Espino de la O, quien obtenía el dinero de Banrural, pero pedía comprobantes para su contabilidad interna y tuvo mucho cuidado de guardar copias de todos los recibos y cheques nominales que cobraban los periodistas, entre los cuales se contaban Manuel Mejido, Miguel Reyes Razo, Mauricio González de la Garza y muchos más. Sin embargo, las desdichas de Espino de la O no sólo vinieron del manejo de esas partidas secretas, que estaban autorizadas por el presidente, sino del hecho de que, a fines del sexenio lópezportillista, Espino creó una oficina especial para investigar las denuncias de corrupción en la Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA), que con la mano derecha contrabandeaba al extranjero el azúcar producido en México y con la izquierda importaba el dulce para el país. Miguel de la Madrid y sus boys siempre dieron por sentado que esa oficina se había creado para promover la candidatura de Javier García Paniagua, en cuyo grupo político participaba Espino de la O, y para atizarles patadas por debajo de la mesa. Ya presidente, De la Madrid no quiso escuchar sus explicaciones y en vez de nombrarlo asesor, como se había mencionado, le envió auditores de la Contraloría General. En mayo, la PGR lo arrestó y lo mandó a la cárcel. Al cabo de cinco años, en junio de 1988, finalmente fue absuelto. Cuando salió, Everardo Espino de la O juntó todas las copias de recibos y de cheques que tenía, las metió en dos grandes cajas de cartón y se las llevó a Julio Scherer García, director de la influyente revista Proceso. “Haga con ellas lo que quiera”, le dijo, y Scherer elaboró un minilibro, El poder. Historias de familia.

Otros casos notorios de funcionarios sacrificados fueron el de la ex diputada Lidia Camarena, acusada de defraudar a Productos Pesqueros Mexicanos; Leopoldo Ramírez Limón, ex director del Monte de Piedad; y el del corruptísimo ex gobernador de Morelos, Armando León Bejarano, quien pudo huir a Costa Rica y ahí se quedó. Sin embargo, los casos de funcionarios encarcelados que causaron el máximo escándalo fueron los de Díaz Serrano y Arturo Durazo, ambos amigos cercanos de López Portillo, y los dos sumamente útiles para distraer la atención de los aumentos de precios, las privatizaciones que empezaban y la apertura cada vez más indiscriminada al capital extranjero.

Jorge Díaz Serrano adquirió tal relevancia como piloto del auge petrolero que pronto se perfiló como fuerte suspirante a la presidencia, por lo que automáticamente se volvió enemigo frontal de Miguel de la Madrid. Ambos se dedicaron jugadas duras. Una vez presidente, De la Madrid aprovechó la primera oportunidad que tuvo para quitárselo de encima. Enrique del Val Blanco desempolvó el caso de los barcos Abkatum y Cantarell, lo llevó a Francisco Rojas y éste a su vez corrió a presentarlo al presidente. En junio, la Contraloría presentó una denuncia ante la PGR en contra del senador por el fraude cometido en abril de 1980 al comprar esos buques gaseros a una firma fantasma y por un precio 34 millones más alto del fijado por los Astilleros Boelwart. Según la PGR, el director de Pemex había ordenado una investigación, pero después la suspendió y preparó documentos que justificaran la compra.

Díaz Serrano aseguraba que la operación fue legal: los astilleros habían vendido los barcos a una compañía facultada para revenderlos. No habría otros como ésos en dos años, así es que, en esas condiciones, habían salido baratos, 80 millones de dólares cada uno, y eran una chulada, calidad state-ofthe-art. Como era senador por Sonora, tenía inmunidad, así es que primero había que desaforarlo. La Sección Instructora del Congreso inició una investigación, y en vía de mientras el ingeniero ya no pudo salir del país ni “alterar su patrimonio” y fue sometido a una vigilancia hollywoodense a cargo de José Antonio Zorrilla, de la Temible Dirección Federal de Seguridad (TDFS), y Manuel Ibarra, de la Siniestra Policía Judicial Federal (SPJF), quienes instalaron reflectores de 15 mil watts para iluminar la casa del senador, helicópteros vigilantes y la tecnología más sofisticada para el bugging. Finalmente una sesión extraordinaria del Congreso le retiró el fuero. Como ya no tenía inmunidad, Díaz Serrano fue arrestado, enjuiciado y sentenciado a cinco años de prisión, más el pago de 54 millones de dólares. Él siempre se consideró un chivo expiatorio de la renovación moral de Miguel de la Madrid. “La inexperiencia política del presidente y la mala fe de algunos de sus colaboradores cercanos, ansiosos de saldar cuentas personales con el gobierno anterior, nos hizo precipitarnos y caer en la trampa”, explicaba.

Por su parte, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM) sentía calambres todos los días. Joaquín Hernández Galicia, la Quina, jefe absoluto y cacique paternalista, sabía muy bien que los nenes del nuevo gobierno la traían contra los líderes sindicales, un poco por chocantez clasista, pero especialmente porque requerían obreros dóciles para su proyecto. La Quina sabía que la renovación de las moras era una puerta magnífica para llegar a él, pues se había enriquecido más allá de toda proporción a través de convenios demenciales, como el famoso dos por ciento del monto total de cualquier inversión de Petróleos que recibía el sindicato “para obras sociales” y la autorización para contratar obras de Pemex.

Para curarse en salud, la Quina y su compa el senador Salvador Barragán Camacho decidieron adelantarse a la “renovación moral” y sacrificar a uno de sus hombres, Héctor García Hernández, mejor conocido como el Trampas, quien en el nombre llevaba la fama y ya había amasado una bonita fortuna personal de cinco millones de dólares. Cuando le expusieron la situación, al Trampas no le gustó nada tener que fletarse. Accedió, a regañadientes, pero, cuando vio que las cosas iban en serio al ser expulsado del SNTPRM y acusado ante la PGR por un fraude de 985 millones de pesos desviados de los fondos sindicales, se escapó y, escondido, le envió una carta al presidente en la que denunciaba a la Quina y a Barragán como los grandes corruptores de Pemex; él personalmente, aseguraba, había entregado a la Quina más de 20 mil millones de dólares en los últimos diez años, especialmente a partir de 1980, cuando se le comisionó para cobrar una parte del dos por ciento de todas las obras de Pemex. El Trampas se hallaba escondido en McAllen cuando, para su absoluta sorpresa, hasta allá fueron los hombres de la Quina, quienes lo secuestraron, lo regresaron a México y lo entregaron a la policía de Tampico, así es que García Hernández finalmente fue a dar a la cárcel, desde donde denunció cada vez que pudo a sus viejos compas Joaquín y Chava.

Sin embargo, los conflictos entre el sindicato y el gobierno distaban de haberse solucionado. Como era de esperarse, la Quina no se pudo entender con Mario Ramón Beteta, el director de Pemex, y los golpes mutuos se volvieron públicos a partir de la explosión de San Juanico a fines de 1984. Poco después el líder declaró que 40 por ciento de las refinerías del país peligraba por falta de mantenimiento y por la negligencia del director de Pemex. “No somos rateros ni sinvergüenzas. Tampoco estamos enojados”, añadió la Quina. Como respuesta, la SPP filtró que Sergio Bolaños, el socio y prestanombres de Joaquín Hernández Galicia, tenía tanto dinero que compró la casa de Carlos Trouyet en las Lomas de Chapultepec en 500 millones de pesos. Quiso entonces que sus hijos estudiaran en el Colegio Hamilton, pero no los admitieron, así que al instante Bolaños compró la escuela por 150 millones de pesos. En 1985 adquirió una casa en Vail, Colorado, y a la inauguración asistieron Gerald Ford y Frank Sinatra. A los paisanos que invitó, Bolaños les disparó el boleto en primera clase y todos los gastos en rigurosos hoteles de cinco estrellas. En 1986 se compró su château, ¡cómo chilangos no!, en las afueras de París, y también se hizo célebre porque para transportarse de su casa a su oficina, que estaba a unas cuantas cuadras, se iba en helicóptero.

Las revelaciones de las extravagancias multimillonarias de su socio pusieron frenético a la Quina, quien a finales de sexenio criticaba todo. De Pemex pasó al partido oficial (“si votaran los que ahora no votan, lo harían en contra del PRI”) y luego al gobierno en general. Decía que el país estaba mal administrado. “Nunca saldremos de la crisis”, rezongaba: “al contrario, nos metemos más en ella, aunque se quiera desviar la realidad con publicidad”. También se peleó con Carlos Salinas de Gortari, porque éste suprimió la capacidad de contratar obras de Pemex que tenía el STPRM. A fin de sexenio pidió que Mario Ramón Beteta, para entonces gobernador del Estado de México, fuera desaforado y sometido a juicio político por defraudar al gobierno, pero el PRI mayoriteó y el proyecto de dictamen fue rechazado.

Los golpes espectaculares de la dupla Contraloría-Procuraduría no lograban distraer a los trabajadores, que, noqueados por las incesantes alzas de precios, reclamaban aumentos salariales. La cúpula obrera se vio en una situación muy incómoda. Aunque se había sometido, como siempre, al tope salarial del plan de austeridad (“no nos queda más que aguantar”, suspiraba Napoleón Gómez Sada, presidente del Congreso del Trabajo), se veía obligada a protestar para no perder todo contacto con las bases obreras, que padecían los efectos más devastadores de la crisis, además de que los líderes tenían que protegerse de alguna manera de las posibilidades de desmantelamiento sindical.

En las calles de la ciudad de México se multiplicaban las manifestaciones de protesta e inconformidad, con el consiguiente congestionamiento del tránsito vehicular que tanto fastidiaba a Jacobo Zabludovsky en su noticiario 24 horas. Primero, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se lanzó a la huelga por un aumento de 100 por ciento, y fue seguido por el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al poco rato seis universidades, incluyendo la Pedagógica, el INBA y varias escuelas del interior, se declararon en huelga. El rector de la UNAM, Octavio Serrano, optó por la línea dura e ignoró las incontables marchas y el plantón que el STUNAM armó en el zócalo. En un principio propuso un aumento de 1 700 pesos mensuales, pero como fue rechazado, lo retiró en el acto, y después de hacerla de emoción ofreció 50 por ciento de los salarios caídos, pero ningún aumento. Indignado, el sindicato arreció las marchas, organizó una gran manifestación con un gran apoyo de toda la izquierda a fines de junio e hizo otro plantón, esa vez ante la Secretaría del Trabajo. El rector, monitoreado por el gobierno, no cedió, y en julio el STUNAM se vio precisado a levantar la huelga con cero aumento y 50 por ciento de los salarios caídos. Fue parecido el caso de la huelga del SUTIN (Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear). El mensaje era claro: no se tolerarían las inconformidades obreras y, si se iban a la huelga, el gobierno aprovecharía para requisar o privatizar las empresas. Los trabajadores se alineaban o se alineaban.

No eran tiempos para la izquierda. El flamante Partido Socialista Unificado de México (PSUM) se había quedado paralizado ante la crisis. Fue fundado en 1981 como un serio intento por lograr el sueño de una izquierda unificada y congregó al viejo Partido Comunista Mexicano (PCM), como tronco central; al Partido del Pueblo Mexicano (PPM), surgido de una escisión del Popular Socialista (PPS); al Movimiento de Acción Política (MAP), con sus afamados mapaches, los intelectuales por cuales Arnaldo Córdova, José Woldenberg, Rolando Cordera y Carlos Pereyra; al Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS); y al Partido Socialista Revolucionario (PSR). Ni el Mexicano de los Trabajadores (PMT) ni el Revolucionario de los Trabajadores (PRT), trotskista, quisieron integrarse en la “izquierda unificada”. Como los eurocomunistas, el PSUM había renunciado al dogma de la dictadura del proletariado en favor del “poder democrático obrero” y criticaba el socialismo real de la URSS y su bloque. Tampoco se consideraban ya la vanguardia de vanguardias o la conciencia esclarecida del proletariado. Al nuevo partido le tocó desarrollarse en el contexto de la crisis económica y buena parte del tiempo la ocuparon discutiendo cómo caracterizarla y enfrentarla. Un poco después, el PSUM entró en su propia crisis a causa de una pugna por la dirección entre Pablo Gómez, que venía del PCM, y Alejandro Gascón Mercado, del PPM, quien finalmente se salió del partido con sus seguidores.

A fin de año, el PSUM fue puesto a prueba en Juchitán, donde se había unido a la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) y juntos ganaron las elecciones municipales con Leopoldo de Gyves como candidato. El gobernador de Oaxaca Pedro Vázquez Colmenares y el Congreso local, que nunca aceptaron la victoria coceísta, declararon desaparecidos los poderes en Juchitán. Después, los soldados y la policía tomaron el pueblo por sorpresa, con el pretexto de que la COCEI almacenaba armas y explosivos, y desalojaron violentamente la presidencia municipal, ya que encontraron resistencia por parte de los coceístas. La represión fue feroz, pues el gobierno quería aprovechar el vuelo para aplastar a la COCEI de una vez por todas, y culminó con las órdenes de aprehensión de 41 coceístas, incluyendo a siete líderes. De Gyves tuvo que pasar a la clandestinidad durante un tiempo.

Por su parte, y para consternación de muchos, el Comité Nacional del PMT acusó de indisciplina, desvío de fondos, violación de estatutos y de anteponer sus intereses personales a Demetrio Vallejo, el gran héroe ferrocarrilero de 1958. Era un desmadre, decían sus compañeros, y finalmente no se tentaron el corazón para destituirlo del comité nacional. Con esto, Heberto Castillo, a su vez héroe del 68 y creador de la tridilosa (un invento que eliminaba el desperdicio del concreto), quedó como líder indiscutible. A la sombra de la reforma política, el PMT pidió su registro legal para participar en las elecciones de 1982, pero se le negó, porque era obvio que no iba a alinearse con el gobierno. Heberto Castillo contaba que en dos ocasiones Echeverría trató de cooptarlo: en 1972 lo invitó a ingresar en el PRI y le ofreció buenos huesos para él y su gente; al año siguiente lo mandó golpear (tres costillas rotas) e inmediatamente después lo sacó del hospital para invitarlo a cenar, “caray, ingeniero, mire cómo me lo dejaron”, y le propuso la compra de grandes cantidades de tridilosa para 100 mil casas del Infonavit, con lo que el ingeniero obtendría ganancias de 70 millones de pesos al año. El PMT obtuvo el registro legal en 1984, después de muchas jugarretas de la Secretaría de Gobernación, y compitió en las elecciones de 1985. Fue la única vez que lo hizo, pues en 1987 se integraría al Partido Mexicano Socialista (PMS), que a su vez formaría parte en 1988 del Frente Democrático Nacional (FDN), el cual se transformó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

En las antípodas, el Partido Acción Nacional (PAN) poco a poco aumentaba su fuerza, especialmente en las regiones del norte del país. Sus triunfos durante el sexenio empezaron en San Luis Potosí, donde se coaligó con el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y con el Frente Cívico Potosino, y obtuvo la presidencia municipal con la candidatura del popular oftalmólogo Salvador Nava. Éste ya había sido presidente municipal de San Luis Potosí en 1958, cuando arrasó como candidato independiente; después quiso ser gobernador: en un principio le dieron alas en el PRI, pero al final le dijeron que siempre no. Nava formó entonces el Partido Demócrata Potosino y se lanzó por su cuenta. No le dieron la menor oportunidad y el sistema le cargó la mano: urdió un grosero fraude electoral, se reprimieron violentamente las protestas navistas y, por si fuera poco, el doctor fue a dar a la cárcel. Por lo tanto, a partir de 1963, Nava mejor se olvidó de la política y se dedicó a su profesión, hasta que 20 años después volvió a ganar la presidencia municipal a pesar de que Carlos Jonguitud Barrios, cacique de los maestros del SNTE y gobernador de San Luis, trató de impedirlo por todos los medios y después no paró de hacerle la guerra sucia.

Al PAN le favoreció la impopularidad del régimen debida a la crisis, pero la verdad es que, a partir de 1983, este partido emergió cada vez con más fuerza, y no sólo “cachó votos” sino que empezó a cosechar los frutos de su trabajo como oposición que inició desde los años cuarenta. En todo caso, a mediados de 1983 el PAN sorpresivamente ganó las alcaldías de Durango, con Rodolfo Elizondo; de Ciudad Juárez, con Francisco Barrio; y de Chihuahua, con Luis H. Álvarez. También obtuvo otras seis ciudades chihuahuenses y Guanajuato, coaligado con el Partido Demócrata Mexicano (PDM). Después caerían Monclova y Hermosillo.

Era evidente que algo serio ocurría, y en el PRI todos se preocuparon, aunque Adolfo Lugo Verduzco iluminó al país con su afirmación: “En las elecciones se gana o se pierde”. Claramente, el avance panista los había agarrado como al Tigre de Santa Julia, a pesar de que era de esperarse que más temprano que tarde la crisis tenía que favorecer a la oposición. El presidente De la Madrid permitió que se respetase la mayor parte de los triunfos del PAN, pero sus ímpetus democratizadores, si deveras los tuvo, duraron poco, pues en septiembre ya se había echado para atrás en Baja California. Se decidió que, a como diera lugar, ahí no sucedería lo mismo que en Chihuahua y Durango. A pesar de que Acción Nacional aseguró que Héctor Terán había ganado la gubernatura, la primera del PAN, y Eugenio Elorduy la alcaldía de Mexicali, los alquimistas hicieron lo suyo y se impuso como gobernador a Xicoténcatl Leyva Mortera, otro amigo del presidente De la Madrid. Ah pa amiguitos, exclamaron en Baja California. El PAN protestó, pero el gobierno no cedió; para entonces ya estaba encarrerado en el arte de inventar su propia realidad y de esperar, además, que todos la aceptasen sin chistar, así es que el PRI también le trampeó al PAN las elecciones de Matamoros, Culiacán y Puebla.

Buena parte del éxito del PAN se debía al apoyo de la Iglesia católica. Los obispos Manuel Talamás, de Ciudad Juárez, y Adalberto Almeida, de Chihuahua, claramente criticaron al PRI y promovieron al PAN. A ellos se agregarían después Luis Reynoso Cervantes, obispo de Ciudad Obregón, y Carlos Quintero Arce, de Hermosillo, al igual que Genaro Alamilla, del Episcopado. También había contribuido el empresario Eloy Vallina, cabeza del grupo Chihuahua, que se hallaba furioso con el gobierno desde que le estatizaron su Multibanco Comermex, por lo que dio apoyo económico a los candidatos del PAN.

A pesar de que los triunfos panistas manifestaban serios descontentos de la población, el gobierno insistía en que estaba haciendo lo correcto; por dolorosa que fuera, ésa era la única ruta posible. Toda crítica al respecto era inútil; es más, quien indujera dudas sobre el destino nacional era un traidor a la patria, advirtió el presidente. Esta declaración no extrañaba porque Adolfo Lugo Verduzco, presidente del PRI, había dicho que las medidas económicas del gobierno eran “los Nuevos Sentimientos de la Nación”, con lo cual De la Madrid, que se decía fan de don Chema Morelos, quedó muy satisfecho. A mitad de año, el presidente presumía su gran logro y esperaba que todo el mundo lo felicitara: ¡había evitado la hiperinflación!

Sin embargo, la realidad se empeñaba en contradecir al buen don Miguel. En marzo habían vuelto a subir, en 100 por ciento, las tarifas de la gasolina. También hubo aumentos de 233 por ciento en telégrafos, de 120 por ciento en la electricidad y ¡de seis mil por ciento en correos! Poco después, el Departamento del Distrito Federal (“no podía rezagarse”) aumentó en un 100 por ciento el impuesto predial y en 60 por ciento los servicios de tránsito: tenencias, licencias, placas y demás. Consecuentemente, los agentes de tránsito también aumentaron la tarifa de las mordidas. Ante el ejemplo oficial, casi todos los productos volvieron a reetiquetarse, los aumentos de precios

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