Narcojet

Martha Soto

Fragmento

Traquetos de palustre y tijeras

Un agente del servicio secreto británico, identificado con el código oficial 22, se encargó de notificarle a Colombia que un puñado de albañiles y peluqueros europeos, sin empleo, acababan de burlarse de todas las autoridades aeroportuarias de Colombia y habían sacado en sus narices media tonelada de cocaína de alta pureza en un lujoso jet que venía del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Según le informó al capitán Juan Sebastián Murcia Garay, jefe de Policía Judicial de la Unidad Investigativa del aeropuerto, bitácoras y radares indicaban que los “traquetos de palustre y tijeras” habían despegado a las 22:30 de la noche del viernes 26 de enero de 2018 y, después de atravesar el océano Atlántico con el monumental alijo, aterrizaron en el aeropuerto Farnborough, en el sur de Inglaterra.

Aunque el tono usado por el agente británico fue diplomático, era evidente que estaba conminando a Colombia a que explicara cómo la mafia había podido evadir al menos cinco controles aeroportuarios para introducir cocaína en un avión de 60 millones de dólares, sin que nadie lo hubiera detectado. La banda detrás del envío fue tan temeraria que aterrizó el jet en el Farnborough, una vieja base militar inglesa, que sirvió a la resistencia durante la Primera Guerra Mundial y que se había convertido con el tiempo en el aeropuerto ejecutivo más importante de la región.

La bitácora señalaba que la compañía que operó el vuelo, tipo chárter, era Tyrolean Jet Services, que cobró 200 mil euros por poner a volar hacia Sudamérica su moderno Bombardier Global Express, BD700, de matrícula OE-IEL. El alquiler incluía a la tripulación, compuesta por una piloto, un copiloto y una linda sobrecargo austriaca, que sirvió un inflight catering con vino y abundante comida de mar.

El informe que le llegó a la Policía Antinarcóticos, con el visto bueno de la embajada británica en Bogotá, también aseguraba que la compañía que había prestado sus hangares para que el narcovuelo se recargara de combustible y pernoctara en Bogotá era Central Chárter de Colombia SAS, un dato que desconcertó a las autoridades locales e incluso a agentes de la DEA apostados en Bogotá. Hacía apenas cinco meses, esa misma empresa, de propiedad del millonario y reputado industrial paisa Gabriel Echavarría, había participado en un operativo secreto, clasificado como humanitario y de alta prioridad: mover a la fiscal venezolana Luisa Ortega, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, esa misma empresa, reconocida en Norteamérica por sus talleres especializados y laboratorios de aviónica, era la piedra angular de la investigación del narcojet, bautizada Bilker, que asumieron cinco agencias de tres países: Scotland Yard y la National Crime Agency (NCA), por el lado de Gran Bretaña; la DEA gringa, y por Colombia, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez Neira.

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Jefferson Montealegre, un curtido investigador judicial, fue comisionado para liderar una inspección de rutina a Central Chárter el mismo día en que llegó la alerta de los británicos: 30 de enero de 2018. La prioridad fue establecer quiénes habían contratado el vuelo, clasificado como Fixed Base Operator (FBO), o de Base de Operación Fija. Pero se pidió, de paso, el listado de los empleados que habían estado esa noche en los hangares y se estableció un primer indicio. La persona que aparecía permitiendo el ingreso de los cinco pasajeros del lujoso Bombardier que habían sido detenidos en Londres era la jefe de operaciones o despachadora de la empresa, Luz Dary Espitia Garzón.

La mujer, madre soltera de 35 años, se mostró muy segura en la entrevista con los investigadores e incluso ayudó a elaborar un par de retratos hablados de los sujetos que llevaron hasta la empresa el estupefaciente junto con los pasajeros del jet. Además, su hoja de vida era impecable: ingresó a la empresa de vuelos chárter en 2004, tras hacer un par de semestres de Hotelería y Turismo y un curso de despachadora en una escuela de aviación. Ganaba algo más de dos millones y medio de pesos (unos 1.000 dólares), que redondeaba a tres millones con las horas extras. Con ese salario, vivía en el barrio el Tintal, sur de Bogotá. Y si bien registraba dos viajes al exterior, eran desplazamientos cortos a Fort Lauderdale, Miami y Ciudad de Panamá. No registraba llamados de atención, tan solo un par de deudas que demostraban que era una trabajadora normal y cumplidora. Una de ellas, con una entidad que le hizo un préstamo para adquirir el apartamento, y con el concesionario en el que sacó a plazos su carro Logan rojo, de gama media. Sobre su expareja solo se decía que era un supuesto y apuesto piloto venezolano del que nunca se volvió a saber.

A pesar de la seguridad de Luz Dary cuando la fueron a interrogar y de la reputación que la precedía, la fiscal 42 especializada contra el lavado, Ángela Lorena Daza Díaz, pidió una orden judicial para interceptar su celular y empezó a encontrar información que inquietó a los investigadores. La empleada sostenía conversaciones con un hombre identificado como Alexánder Arias Arango y en una de ellas, del 20 de enero de 2018, era evidente que estaban hablando de negocios.

“Se llevaron a cabo actividades de recuperación de información en las que fue encontrado un chat de WhatsApp del celular de Luz Dary Espitia, entre la precitada y quien al parecer sería el señor Alexánder Arias Arango, en el cual se evidencia una comunicación que indicaría actuar delictivo referente al envío de estupefacientes al Reino Unido”, señaló el investigador Montealegre en uno de sus informes.1

Luz Dary Espitia tenía registrado en su teléfono Huawei a Alexánder Arias, a quien llamaba “Alesito”, y a través de un análisis forense, los investigadores comenzaron a recuperar conversaciones sostenidas desde el 8 de diciembre de 2017.

Eduardo Escobar, del Homeland Security de la embajada americana en Bogotá, asumió el caso y también empezó a avanzar con velocidad en la investigación. A él se le unieron otros miembros del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), y Daniel Dyer, de la DEA. Este último es el mismo agente especial que, en 2004, armó el expediente en contra de los capos del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, presentado por el fiscal federal delegado para el distrito de Nueva York, Boyd Johnson.

Todas las agencias se toparon con el nombre de Luz Dary Espitia en el entramado que estaban siguiendo. Pero encontraron un dato aún más relevante. Descubrieron que el 8, 9 y 10 de diciembre de 2017, tres de los europeos que acababan de ser capturados en el Reino Unido —el inglés Martin Neil, el español Víctor Franco-Lorenzo y el italiano Alessandro Iembo— ya habían estado en Bogotá. En esa ocasión, los tres sacaron doce maletas desde Central Chárter, en un jet Bombardier 50

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