Una ascendiente trayectoria

Previo a conocer sus actuaciones como presidente de la República y el antagonismo que ganó de parte importante de la clase política, conozcamos brevemente la trayectoria de José Manuel Balmaceda Fernández, hasta llegar a La Moneda.

Al igual que sus padres y hermanos, fue un aristócrata agricultor que desarrolló una intensa vida política desde su juventud, siendo alto funcionario y ministro de sus dos antecesores, Aníbal Pinto y Domingo Santa María.

Nació el 19 de julio de 1840 en Bucalemu, hijo de Manuel José de Balmaceda Ballesteros, acaudalado hacendado, y María Encarnación Fernández Salas, perteneciente a la alta clase criolla. Fue el primogénito de doce hijos.

En 1849 ingresó como interno al colegio de los Sagrados Corazones de los Padres Franceses, ubicado en Alameda, y en 1860, siguiendo una vocación sacerdotal, cursó tres años de teología en el Seminario Conciliar de Santiago, en ese entonces ubicado en la actual calle Seminario, en Providencia.

Aunque poseía, según su maestro Mariano Casanova, una firme vocación sacerdotal muy orientada a ser misionero, abandonó esos estudios en 1863.

En 1864, con 24 años, por recomendación del presidente José Joaquín Pérez asumió como secretario del parlamentario y expresidente de la República, Manuel Montt, con ocasión del Congreso Americano que se efectuó en Lima.

A su regreso de Perú, junto con dedicarse a trabajar en las empresas agrícolas de su padre, se inició como periodista de la Revista de Santiago, donde publicó sus estudios y puntos de vista liberales relativos a los problemas políticos sobre la libertad electoral, la Iglesia y el Estado.

Se casó con Emilia Toro Herrera, bisnieta del conde Mateo de Toro y Zambrano, con quien tuvo seis hijos: José Manuel, Pedro, Enrique, Elisa, Julia y María.

En 1869 se asoció al recién creado Club de la Reforma, donde se dio a conocer como un extraordinario orador. Fue miembro del Partido Nacional, cuyo programa apoyaba la libertad religiosa, las garantías individuales, la eliminación de la influencia del Gobierno en las elecciones y la reforma de la Constitución de 1833. Estos puntos fueron la base de su gran triunfo electoral que lo hizo diputado por Carelmapu en 1870, siendo posteriormente reelegido por un nuevo período.

Sus ideas libertarias se mostraron desde sus primeros días como diputado y están asentadas en los registros de sesiones del parlamento. A continuación, una de sus serenas y potentes intervenciones, en que habla de la separación de poderes:

Si separamos los poderes públicos, al legislador lo desinteresamos en la administración de justicia que no puede hacer, y al juez lo desinteresamos en la aplicación de leyes que no ha hecho ni puede ejecutar, y al ejecutivo le impedimos que incline la balanza al peso de la ley y de la justicia, tendremos la expansión de la soberanía que garantiza por un admirable mecanismo el derecho de todos, la fiscalización recíproca, el equilibrio legal y político del Estado, el gobierno representativo, la libertad.

Confundid las funciones de los poderes públicos y conservaremos vicios profundos o retrocederemos hacia el gobierno absoluto. Separadlos en sus funciones y conseguiremos las prácticas que el progreso ha destituido de las monarquías constitucionales y todas las repúblicas civilizadas.

Cuestión de libertad, se dice. Cierto: cuestión de libertad. Mas no de esa libertad que permite al pueblo dar sus votos a los funcionarios del Poder Ejecutivo con menoscabo de las garantías que la organización de poderes establece en la Constitución del Estado.

Se trata, señores, de una libertad más general, más fecunda, de esa libertad que emana de la independencia de poderes, que se perfecciona con las limitaciones puestas a una autoridad razonable, y que adquiere su complemento por la expansión del derecho sobre bases que excluyen la concentración de funciones que vician la libertad misma, que la ponen en peligro, que la hacen dependiente del poder y de la fuerza, cuando es y debe ser garantía de acción para el goce pleno de la iniciativa popular.

Se nos habla y se nos pide una libertad aparente, completamente ficticia, al precio de una libertad positiva, fundamental.

Si la cámara quiere discutir la base constitucional, relajar los resortes del progreso liberal, confundir los poderes en beneficio del autoritarismo, que se atreva a herir con su propia mano, con su voto, la existencia de las instituciones.

Si, por el contrario, eleva la discusión al terreno de los principios; si dejando el honor y la respetabilidad de los servidores del país quiere asegurar por todos y en beneficio de todos, la libertad y el derecho, que apruebe el principio que consagra la libertad e independencia de los poderes públicos.

En 1874, también en la Cámara de Diputados, inició la discusión de separación de poderes entre la Iglesia católica y el Estado, cuestión que le correspondió materializar una década más tarde como ministro del Interior.

Durante la presidencia de Aníbal Pinto fue nombrado ministro plenipotenciario en Argentina, con el propósito de obtener una declaración de neutralidad de ese país en la guerra del Pacífico, cometido que logró con éxito absoluto.

En la presidencia de Domingo Santa María se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, desde el 18 de septiembre de 1881 al 19 de abril de 1882. En forma paralela, fue ministro de Guerra y Marina subrogante, entre el 9 de febrero y el 8 de marzo de 1882. Posteriormente, fue ministro del Interior, entre el 12 de abril de 1882 y el 3 de septiembre de 1885 y, simultáneamente, fue ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización subrogante el primer semestre de 1885.

Por su buena gestión en los diversos ministerios que encabezó, su prestigio alcanzó un alto nivel, por lo que pronto se le empezó a mencionar como el único sucesor posible del presidente Santa María.

Balmaceda no tenía a su favor más que los elementos oficiales de que dispone todo gobierno para apoyar a quien pudiese ser su sucesor y un reducido número de liberales que lo seguía. Su candidatura pareció inevitablemente perdida en agosto de 1885, y se habría desmoronado si, por un error político que nunca ha sido suficientemente explicado, el Partido Nacional no se hubiese puesto al servicio de ella. La actitud de los nacionales aseguró la mayoría al gobierno en la Cámara de Diputados y consiguió fortalecer la alicaída candidatura de José Manuel Balmaceda.

De este modo, el 17 de enero de 1886, en un gran acto organizado por los partidos Nacional, Liberal y Radical en el teatro Odeón de Valparaíso, fue proclamado candidato a la presidencia.

A la presidencia

Triunfó con un amplio margen en los comicios desarrollados en junio de ese año, siendo proclamado presidente electo por el Congreso Pleno en la sesión del 30 de agosto. Asumió el mando el 18 de septiembre de 1886.

Uno de los principales focos de su gobierno sería el mejoramiento de la educación, salud y el desarrollo de una gran infraestructura pública —puentes, caminos, ferrocarriles, puertos—, recurriendo a la buena situación financiera del Estado por los tributos de la industria salitrera.

Los ingresos fiscales, por las ventas del salitre, se triplicaron entre 1880 y 1886. En este período la economía nacional adquirió una dependencia casi absoluta de las ventas de nitrato, controlado en un 68 por ciento por empresarios extranjeros, en su gran mayoría ingleses.

La actividad minera se transformó en una de las principales fuentes de empleo y el país inició una etapa de bonanza económica.

En cuanto a lo netamente político, en sus dos primeros años de gobierno dirigió sus esfuerzos a desarticular la oposición en la Cámara de Diputados y el Senado, porque, si como candidato había tenido que aceptar la lucha parlamentaria, como jefe del Estado necesitaba evitarla para ejercer el gobierno con tranquilidad.

En el contexto de esta estrategia, designó como ministro del Interior a Eusebio Lillo, reconocido por todos los sectores por su carácter moderado, sin militancia partidista, alabado por su probidad y espíritu de servicio público. La presencia de Lillo como jefe del gabinete indudablemente fue muy bien recibida por todos los sectores y se creó un ambiente propicio para que Balmaceda ejecutara su plan de modernización de Chile, con un gabinete de consenso, conformado por Joaquín Godoy, en Relaciones Exteriores; Pedro Montt, en Justicia; Agustín Edwards Ross, en Hacienda; y Evaristo Sánchez, en Guerra y Marina.

Iglesia lo crucifica antes que asuma

Aún en plena guerra del Pacífico, el presidente Santa María inició importantes cambios de índole político, que podrían calificarse hoy como tendientes a buscar una democracia más efectiva que la predominante en la época.

Es así como entre 1883 y 1884 se promulgaron varias leyes destinadas a hacer más laico al Estado, entre otras la creación del Registro Civil, con la correspondiente obligatoriedad de inscripción civil de nacimientos, matrimonios y defunciones y la legalización de cementerios laicos.

En la creación y tramitación de estas leyes, tuvo un rol fundamental el entonces ministro José Manuel Balmaceda, quien pasó a convertirse en un demonio para la Iglesia católica, ya que la jerarquía eclesiástica vio reducidas sus influencias e ingresos financieros. Inmediatamente la Iglesia recibió un cerrado apoyo del conservadurismo.

Es necesario recordar que la constitución política de 1833 consagraba la unión entre el Estado de Chile y la Iglesia católica apostólica romana. En el artículo 5° de la carta magna se reconocía a esta religión como la oficial y se excluía el ejercicio público de cualquier otro credo. Además, el juramento de asunción presidencial contenía el compromiso de fomentar y defender la religión oficial, quedando también el gobierno sometido al llamado derecho de patronato, o sea la facultad de enviar al Vaticano los nombres de los candidatos a obispos, para que el papa lo refrendara.

Esta unión funcionó de hecho en forma muy fluida, en tanto los gobiernos fueron ejercidos por los conservadores, pero se deterioró abruptamente cuando los liberales llegaron al poder. Esta situación hizo crisis durante el gobierno de Aníbal Pinto, a causa de la sucesión del arzobispo de Santiago, luego de la muerte de monseñor Rafael Valdivieso Zañartu en 1878.

Pinto, conforme al derecho de patronato, envió al Congreso una terna de candidatos a este cargo, siendo refrendado el favorito de La Moneda, monseñor Francisco de Paula Taforó, que quedó a la espera de la confirmación vaticana.

Sin embargo, el Cabildo de la Iglesia de Santiago, que despreciaba a Taforó por sus orígenes, eligió a monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, un reconocido vaticanista, rompiendo así un mecanismo que se venía aplicando desde los tiempos de la monarquía española y que continuó con la república.

Monseñor Taforó tampoco fue aceptado por el papa León XIII, esgrimiendo la causal de que «era un hijo natural». Sin embargo, el gobierno decidió responder con fuerza y vetó el nombramiento de Joaquín Larraín, quedando vacante el cargo de arzobispo de Santiago. Pinto encomendó a Alberto Blest Gana, embajador de Chile en París y ministro plenipotenciario en Europa, realizar las gestiones para cambiar la postura vaticana, pero se inició la guerra del Pacífico y la situación quedó en statu quo.

Ya durante el gobierno de Santa María, a este impasse se agregó la llegada a Santiago, el 22 de mayo de 1882, de monseñor Celestino del Frate como delegado apostólico en Chile, quien insistió en forma reiterada para que se nombrara al obispo Larraín. Además, permanentemente presionó al gobierno para que aumentara su aporte financiero a la Iglesia, y orquestó una dura campaña contra las autoridades buscando conservar el monopolio de los registros ciudadanos y la propiedad de los cementerios, que excluía los restos de quienes no profesaran la religión católica.

Monseñor Celestino del Frate, refiriéndose públicamente a la Ley de Matrimonio Civil, llegó incluso a decir que «al despojarlo de su forma sacramental, quedaría a la altura de un concubinato, lo que constituiría una imborrable afrenta a la fe católica de los chilenos».

Todo ello llevó a que Frate fuera expulsado del país el 15 de enero de 1883, lo que culminó con el rompimiento de relaciones entre Chile y la Santa Sede a mediados de ese año.

Ese fue el momento aprovechado por el gobierno liberal para promulgar las llamadas leyes laicas, de las que el ministro Balmaceda fue uno de los principales promotores.

Estas leyes no eran un mero capricho de Santa María o Balmaceda. En lo que se refiere a Registro Civil, hasta ese momento toda la información era manejada por la Iglesia y era la única fuente para los censos oficiales de población. Sin embargo, estos registros eran bastante sesgados, ya que no consideraban nacimientos, matrimonios ni defunciones de quienes no profesaran el catolicismo, justamente en una época en que se producía una notoria disminución de fieles católicos y un aumento sostenido de individuos de otros credos, especialmente protestantes.

El establecimiento del Registro Civil significaba además para los liberales terminar con el monopolio del otorgamiento de permisos eclesiásticos para matrimonios e inhumaciones, ya que ahora serían los oficiales de este servicio los encargados de administrar la celebración de los contratos matrimoniales y el otorgamiento de pases de defunción sin ningún tipo de impedimentos religiosos, sino solamente los que pudiese establecer la ley.

La Iglesia chilena manipuló esta crisis, desconoció sus propias culpas —intromisión clerical en la política nacional y las intervenciones vaticanistas—, generó una larga y virulenta campaña, acusó a los liberales de anticlericales y llamó a los católicos a sumarse a los conservadores, por ser este sector político el único que podría defender la religión... Casi una nueva cruzada. El principal medio de comunicación empleado contra los liberales y en particular contra Santa María y Balmaceda era el periódico Estandarte Católico.

En esta tensa situación, en la cual la Iglesia católica se empeñaba a fondo por tratar de recuperar el poder perdido, además de intensas luchas parlamentarias, llegó el 18 de septiembre de 1886, cuando José Manuel Balmaceda asumió la presidencia de la República.

Sin embargo, católicos y conservadores llevaban casi dos años atacándolo, satirizándolo y presentándolo ante la opinión pública como un hereje y hasta un demonio. Es decir, ya había sido crucificado antes de llegar a La Moneda.

Todas sus acciones para poner fin a este duro enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia fueron absolutamente tergiversadas por conservadores y gran parte del clero. Balmaceda, aunque liberal y antiguo colaborador de Santa María, deseaba reconciliar al gobierno y la iglesia. Esto lo logró, proponiendo como candidato de consenso a monseñor Mariano Casanova. El 3 de diciembre el sumo pontífice firmaba la preconización de Casanova, poniendo fin a una lucha de la que todo Chille estaba hastiado.

Los sectores más radicales del clero y los conservadores continuaron atacándolo sin pausa, calificándolo como un enemigo de la Iglesia.

Conectando el país

Desde el primer día de su mandato, Balmaceda dejó en evidencia su compromiso de aprovechar la bonanza económica que brindaba el salitre, ya que con esos mismos recursos su antecesor había saldado todas las deudas dejadas por la guerra del Pacífico y el país tenía una sana economía. Puso así en ejecución su programa de gobierno que, por primera vez, colocaba su foco central en la mayoría de la población.

Aún con la enconada guerrilla en su contra, liderada por el conservadurismo y la Iglesia católica, Balmaceda llevó a cabo en los tres primeros años de gobierno infinidad de obras que fueron en beneficio de toda la población, alcanzando a los más vastos sectores sociales, en especial a la gente que hoy podría denominarse de clase media y a los más desposeídos.

Tenía muy claro que el país debía invertir de la mejor forma los grandes recursos que proporcionaba la industria salitrera y su eje estaba puesto en la educación, la salud y las obras públicas. Constantemente señalaba a sus colaboradores que había que conectar el país, de modo que la gente del nivel social que fuese pudiera movilizar sus productos y comercializarlos donde les resultara más conveniente y pudiera moverse hacia aquellos lugares en que tuviera la oportunidad de mejores empleos. Por ello, dio una importancia nunca vista a las obras públicas, que además fueron generadoras de miles de empleos y con mejores salarios que los trabajos agrícolas.

Esto de inmediato despertó quejas y protestas de los agricultores, tratando a Balmaceda de desclasado, considerando que él pertenecía a una familia de hacendados.

En junio de 1887, durante la ceremonia de creación del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, Balmaceda y el flamante ministro Pedro Montt fueron increpados por el dirigente conservador y propietario de la viña Santa Teresa, Macario Ossa Cerda, quien les reprochó que con sus obras públicas estaba dejando al campo casi sin mano de obra. Balmaceda, con voz serena y firme, le respondió: «El remedio está en sus manos. Paguen a sus trabajadores lo mismo que les paga el fisco y tendrán brazos en abundancia».

Pese a todas las críticas de sus detractores, en el primer trienio del gobierno de Balmaceda se construyeron mil doscientos kilómetros de líneas férreas; mil cien kilómetros de caminos y más de trescientos puentes, entre ellos el viaducto del Malleco.

Estas cifras incluso hoy parecen muy importantes, pero para la época lo eran mucho más, si tomamos en cuenta que en ese tiempo —según el censo de 1885— la población del país alcanzaba solamente dos millones y medio de habitantes, es decir, un sexto de la población actual.

Siguiendo su programa de conectividad, se tendieron mil seiscientos cuarenta kilómetros de líneas telegráficas, se canalizó el río Mapocho, se habilitaron nueve puertos, se construyó el dique de Talcahuano, se levantaron diez faros marítimos para dar mayor seguridad a la navegación y se construyeron veinte cuarteles policiales y centros penales.

Fue también en esta administración cuando se inició la primera etapa de construcción del ferrocarril trasandino, que uniría Los Andes con Mendoza, que posteriormente se constituyó en un medio importantísimo para el intercambio comercial entre ambos países.

Énfasis en la educación

Balmaceda insistía en que, para que Chile surgiera, primero tenían que surgir los chilenos, y la mejor forma de que lo consiguieran era mediante empleos mejor remunerados y elevando sustancialmente su nivel educacional.

Este tremendo interés en mejorar y fomentar la educación queda perfectamente plasmado en 1886, en el discurso que pronunció en la Convención Liberal:

Es la instrucción, la luz y el espíritu de la moral, aplicada con discernimiento en las acciones de los hombres. Ella constituye el más seguro fundamento de los derechos individuales, y la más seria garantía de la prosperidad general. La influencia intelectual, los progresos del siglo, la experiencia y la previsión política señalan el campo de la instrucción pública como el punto cardinal en el que el liberalismo chileno habrá de probar su inteligencia, la superioridad de su doctrina, y su positivo anhelo por los intereses del pueblo.

Sin educación no hay superación era una de sus frases más recurrentes. Sin embargo, sus enemigos políticos lo criticaron ácidamente por este interés suyo en dar más y mejor educación, porque estimaban que mientras mayores fueran los conocimientos del pueblo, más costaría gobernarlo. Este tremendo desarrollo de la educación pública era

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