Nuestros muertos

Américo Zambrano

Fragmento

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Índice

Prólogo

Capítulo 1. Ayacucho: las pruebas que faltaban

Capítulo 2. Puno: un testigo clave

Capítulo 3. Balazos en la tierra de la presidenta

Capítulo 4. Cómo arreglar un interrogatorio

Capítulo 5. Crisis en Palacio de Gobierno

Capítulo 6. Autoría mediata

Dosier: imágenes y documentos

Agradecimientos

Notas

Legal

Sobre el autor

Sobre este libro

A mi familia.

Y a Gianina.

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Prólogo

Durante más de dos meses, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023, la violencia se extendió como un reguero de pólvora por todo el país: se registraron 1327 protestas y 882 movilizaciones contra el flamante Gobierno de Dina Boluarte, 240 bloqueos de carreteras y 195 concentraciones y plantones en diversas regiones del país. Así lo señala un informe de la Defensoría del Pueblo.

Grupos de manifestantes incendiaron locales del Poder Judicial y de la Fiscalía, atacaron comisarías, propiedades públicas y privadas, y quisieron tomar cinco aeropuertos. Según el Ministerio del Interior, 944 policías resultaron heridos, treinta fueron retenidos por los manifestantes y uno fue asesinado en la ciudad de Juliaca, en la región Puno.

El Gobierno de Boluarte, una exaliada de Pedro Castillo y la primera presidenta en la historia del Perú, decretó estados de emergencia, envió a las Fuerzas Armadas a las calles y etiquetó a los manifestantes —como se lee en las actas de los Consejos de Ministros— como «delincuentes terroristas» o integrantes de supuestas economías ilegales vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al contrabando. Las fuerzas de seguridad utilizaron fusiles y pistolas para recuperar el orden interno y, en varios casos, dispararon municiones letales contra manifestantes y transeúntes que no suponían una amenaza aparente para los agentes del Estado. El desenlace: cincuenta civiles muertos, entre los que figuraban adolescentes y estudiantes que no participaban en las protestas. La gran mayoría de ellos falleció por disparos de armas de fuego, compatibles con los pertrechos empleados por los efectivos del Ejército y de la Policía. A esta cifra hay que sumarle dieciocho personas más, para un total de sesenta y ocho víctimas, incluidos el policía que fue victimado en Juliaca, seis militares ahogados en el río Ilave, en Puno, que escapaban de una turba, y personas que perdieron la vida en los bloqueos de carreteras.1

En sus primeros nueve meses de gobierno, la presidenta Dina Boluarte acudió tres veces a la Fiscalía para declarar como investigada por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La primera diligencia, ocurrida el 7 de marzo de 2023, se suspendió porque el Poder Judicial todavía no había resuelto si la Procuraduría —que defiende los intereses jurídicos del Estado— podía participar o no en la toma de declaración a la presidenta. Tres meses después, el 6 de junio, Boluarte respondió veinticuatro preguntas de la Fiscalía de la Nación, pero se negó a contestar las interrogantes de la defensa del Estado y de los abogados de los fallecidos durante las protestas que se desencadenaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien había intentado disolver el Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022. Boluarte volvería a ser citada por la Fiscalía de la Nación el miércoles 27 de setiembre de 2023. Los abogados se prepararon durante varios días para ese interrogatorio. A la tercera es la vencida, debieron pensar.

Omar Rojas y Joel Córdova, de la Unidad Funcional para Casos de Altos Funcionarios de la Procuraduría, elaboraron cuarenta y siete preguntas relacionadas con hechos que la presidenta no había respondido durante el interrogatorio del 6 de junio. Los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representan a los familiares de las víctimas, tenían su propia batería de interrogantes. Todo estaba listo. Lo último que esperaban que pasara era que la presidenta volviera a guardar silencio.

Pasadas las nueve de la mañana, Boluarte llegó sonriente al auditorio del piso once del edificio del Ministerio Público, en el centro de Lima, acompañada por su abogado defensor, Joseph Campos Torres, y un asistente legal. Vestía un traje de color palo rosa. Adentro, la esperaban la fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, y los fiscales adjuntos del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La presidenta saludó con cortesía y tomó asiento, de espaldas a los dos representantes de la Procuraduría y a los abogados Johanna Rodríguez, de Aprodeh, y Juan José Quispe, del IDL.

La sesión empezó con la lectura de los cargos formulados en contra de la investigada y de los derechos que la asistían. Luego, cuando los fiscales le preguntaron a la mandataria si respondería al interrogatorio que estaba por empezar, Boluarte reveló la carta que tenía bajo la manga: aseguró que ya había manifestado todo lo que le correspondía decir sobre este caso. Por lo tanto —dijo— se remitiría a la declaración que ofreció en la diligencia del 6 de junio. Fue entonces cuando su abogado intervino para subrayar que la presidenta se acogería a su derecho a guardar silencio. Los defensores de la parte agraviada se quedaron boquiabiertos.

Sorprendidos, los procuradores tomaron la palabra para señalar que respetaban la decisión de la presidenta, pero pidieron que en el acta fiscal se dejara constancia de cada una de las preguntas que Boluarte no había querido responder. El abogado de la mandataria estalló en furia. Campos, un litigante especializado en derecho constitucional y con estudios en Derechos Humanos, aseguró que este pedido transgredía el derecho de su patrocinada a guardar silencio y exigió acabar con el interrogatorio fiscal de inmediato.

Los representantes de la Procuraduría General del Estado replicaron. «Un rasgo esencial de los Estados constitucionales, como el que nos rige, es que no existen derechos fundamentales absolutos. El derecho a guardar silencio se respeta. Pero no se puede desaparecer el ejercicio de otros derechos de igual o mayor relevancia constitucional, como el derecho del agraviado a formular preguntas», esgrimió el procurador Omar Rojas. Luego de un debate tirante, que se prolongó durante algunos minutos, la fiscal de la nación aceptó, finalmente, la petición de la defensa del Estado, a la que se plegaron los abogados de los deudos. La presidenta Boluarte no pudo ocultar su incomodidad.

Para ese entonces, faltaba apenas un mes para que finalizara el plazo ampliatorio de la investigación preliminar. Los abogados de la Procuraduría sabían muy bien que, al menos en esta etapa del caso, no volverían a tener otra oportunidad para interrogar a la mandataria. Y la defensa de Boluarte, de hecho, quería asegurarse de que nunca más la tuvieran. El 24 de agosto, dicha defensa solicitó a la fiscal de la nación que archivara —de manera anticipada— la investigación que se le abrió en relación con las decenas de muertes ocurridas durante las protestas en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa, Ayacucho y Puno.

El requerimiento tiene veintiuna páginas. En el documento, la presidenta —que ostenta constitucionalmente el título de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional— señala, a través de su abogado, que no intervino —«ni por autoría directa, ni por autoría mediata, ni por omisión»— en los graves hechos imputados. Además, reitera que no tuvo conocimiento de los planes estratégicos y tácticos de las fuerzas de seguridad durante el control de los disturbios civiles. Por el contrario, pide a la Fiscalía poner el foco sobre los militares y policías de «rangos jerárquicos menores» que ejecutaron las operaciones. «Corresponderá que se determinen las circunstancias de las lamentables pérdidas humanas y se determinen las responsabilidades de quienes no hubieran seguido los protocolos», se lee en el documento.

El 28 de agosto de 2023, el premier Luis Alberto Otárola —quien era el ministro de Defensa cuando se produjeron las muertes en Ayacucho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego calificaría como «masacre» y «ejecuciones extrajudiciales»— realizó el mismo pedido. En este escrito, de cuarenta y cuatro páginas, la defensa del primer ministro demanda a la fiscal de la nación que lo excluya «de la presente investigación» por supuesta falta de evidencias y que, «en consecuencia, [dicte] el archivo definitivo» de los delitos que se le atribuían.

La principal función del ministro de Defensa es evaluar, coordinar, dirigir y supervisar la Política de Seguridad y Defensa Nacional del país. Sin embargo, Otárola aseguraba que no había tenido nada que ver con la elaboración de las operaciones tácticas ni con la actuación de los militares, que corrió a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, una entidad adscrita al Ministerio de Defen

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