Prefacio
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Dos mil siete fue un año bisagra, si acaso esa expresión tiene algún sentido. Con el país creciendo al 9%, el pago al Fondo Monetario Internacional en enero de 2006 se sintió no tanto como una sobreactuación de soberanía sino como el final feliz de una crisis que en 2002 se anticipaba eterna. En este contexto, el período que comienza en 2007 no formaba parte del guión. Era la secuela, todo estaba por escribirse.

Esta historia pudo haber sido una de las más breves entre las tantas historias de gobiernos breves que ha tenido la Argentina. Es un hecho que en julio de 2008, en las postrimerías de la crisis del campo y a poco más de seis meses de asumir, por impulso de su marido y ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) estuvo muy cerca de renunciar. Abandonar entonces la presidencia habría implicado sin duda el fin de su vida política. Es más, la habría condenado al escarnio público y al juicio lapidario de la historia, en lo que podría sin excesos describirse como la coronación de un sorprendente proceso de autodestrucción.

Pero pudo ser también muy prolongada, tan exitosa y prolongada que hoy no pudiéramos imaginar siquiera su conclusión: al menos así llegaron a verse las cosas a fines de 2011, cuando Cristina pareció tocar el cielo con las manos, reuniendo en ella un grado de adhesión popular y de control de los resortes del poder político y económico del país que nadie había alcanzado en décadas. Un poder, en suma, que pareció autorizarla a hacer planes más allá de cualquier límite u obstáculo, para perpetuarse y moldear el país a voluntad, modificar el régimen político y también el económico en forma tal vez irreversible.

Así, yendo del cielo al infierno, han transcurrido los años del segundo kirchnerismo. Esta historia que contamos a continuación es, por ello, una que dice mucho no sólo de la personalidad, las ideas y la fuerza política de CFK —y de Néstor Kirchner, protagonista hegemónico hasta su temprana muerte—, sino de los argentinos en general, tan inclinados a la épica como a la flagelación y al patetismo. Y para comprenderla conviene analizar en detalle cada una de las críticas decisiones que Cristina como presidente, su marido y sus colaboradores adoptaron tanto en el terreno de la política como en el de la economía, porque fueron ellas las que dieron finalmente forma a su tiempo.

Se han tejido todo tipo de especulaciones respecto de la relación entre Néstor y Cristina Kirchner y entre el “kirchnerismo clásico”, el que se desarrolló entre 2003 y 2007, y su etapa radicalizada, “cristinista” —para algunos iniciada a fines de 2007, para otros recién plenamente en acto con la muerte de Néstor, en octubre de 2010—. Mucho se escribió, por ejemplo, sobre el doble comando y la “presidente vicaria”, con una visión en general crítica que sostenía que ella era apenas una criatura de él y que nunca tomó decisiones de gobierno hasta la muerte de su marido. Y también mucho se ha dicho sobre el cristinismo como etapa superior del kirchnerismo y de Cristina como una versión mejorada y reforzada del proyecto apenas coyunturalista e hiperpragmático de su marido: un kirchnerismo con “rostro humano” y “vocación programática”.

Más allá de todo lo dicho y escrito, algunas cosas han quedado claras a partir de la experiencia. Por un lado, la superioridad electoral de CFK respecto de su marido: mientras que él no logró triunfar en ninguna de las dos elecciones nacionales en que ocupó las principales candidaturas (2003 y 2009), Cristina triunfó y por amplio margen en las tres suyas: 2005, 2007 y 2011. La experiencia también ha dejado en claro los rasgos que diferencian a CFK de Néstor: éste solía acompañar discursos duros con negociaciones tendientes a algún tipo de acuerdo, mientras que ella tendió a encadenar discursos aun más duros con decisiones unilaterales innegociables. Esto le dio un cariz particular a su primer mandato, así como a lo que conocemos del segundo: inflexibilidad.

¿Fue esa inflexibilidad una receta para el éxito? En ocasiones le permitió alinear a los dubitativos, abroquelar a sus aliados y debilitar a los adversarios, convenciendo a todos de que era mejor no enfrentarla para evitarse problemas. Pero no siempre logró ese resultado. Aquí consideraremos algunas de las muchas ocasiones en que su forma de gobernar contribuyó a cometer errores de gestión, a la postre muy costosos y difíciles de corregir. Y destacaremos también cómo, aun en algunos casos en que decisiones inflexibles ofrecieron soluciones a problemas inmediatos, significaron la pérdida de oportunidades para tomar otros caminos más consistentes y provechosos a mediano y largo plazo, y explican la reemergencia agravada de esos problemas supuestamente resueltos o la generación de otros nuevos y más serios.

Con todo, cabe preguntarse: ¿no estaba ya presente esta inclinación en el primer kirchnerismo? ¿No debería considerárselas entonces, más que como dos etapas distintas, como momentos de un mismo proceso, uno relativamente moderado y el otro maduro y radicalizado por un contexto económico menos generoso? En buena medida la concentración de la suma del poder, una intervención extensa en la vida económica, la eliminación de las disidencias y la limitación del pluralismo político y mediático estaban ya ahí como metas del primer kirchnerismo. Habían sido ésas sus recetas para el éxito en Santa Cruz y tenían evidente afinidad con los gustos ideológicos del matrimonio: no sorprende que intentaran trasladarlas a la nación.

La diferencia esencial fue, a nuestro juicio, de grado y no de forma. El primer kirchnerismo heredó un esquema político y una política económica ajenos, que los Kirchner no habían ayudado mayormente a delinear ni a poner en marcha, pero que adoptaron primero para facilitarse el acceso al poder y luego, en la bonanza de la recuperación económica, para incrementarlo. En tanto el segundo kirchnerismo, el de Cristina presidente, se benefició de un mayor margen de libertad política para tomar decisiones y elegir funcionarios y políticas, amigos y enemigos —pero, agotada la bonanza, fueron desafiados por un margen económico menor y menguante—.

En esta progresiva liberación de los Kirchner respecto de la herencia política y económica recibida, la que los llevó a la Rosada y les permitió consolidar su poder pero que también los limitaba para gobernar según el “modelo santacruceño”, hubo mucho de “regreso a las fuentes”, de regresión a las pautas más tradicionales, folclóricas, de la política y la economía del peronismo.

La tendencia nostálgica hacia el populismo mágico, es importante destacarlo, no fue patrimonio de los Kirchner: había estado presente desde un comienzo en el debate que enfrentó a distintos sectores del peronismo respecto de cómo encarar la salida de la crisis de 2001. Ese debate fue de alguna manera saldado por Eduardo Duhalde y los gobernadores peronistas a comienzos de 2002, con un criterio en cierto modo innovador y, en todo caso, más desarrollista que populista. Aunque no puede decirse que la cuestión estuviera del todo resuelta, lo sorprendente del caso es que, más allá del éxito que la solución duhaldista tuvo y del enorme provecho que de ella sacaron los Kirchner en los primeros años de gobierno, en su segunda época no optaron por consolidar esa alternativa sino más bien por desmontarla pieza por pieza para instaurar una opción que en 2002 se había descartado.

Reconstruir este proceso nos servirá para poner en perspectiva la discusión sobre el kirchnerismo y el cristinismo, y entender tanto las continuidades como los desplazamientos entre ellos y con quienes los precedieron.

I N T R O D U C C I Ó N
Del kirchnerismo al cristinismo¹

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“La Argentina está quebrada pero tiene futuro”, decía Duhalde en su discurso de asunción el 1° de enero de 2002, en un Congreso completamente vallado. Sus objetivos: consolidar la paz social, avanzar hacia un nuevo modelo económico y legitimar su accidentado acceso al poder. Observadores y analistas le daban poco crédito. En un informe de principios de 2002, el economista Miguel Ángel Broda decía de Duhalde: “No es un verdadero líder y estratega dentro del PJ como lo fue Menem”, y advertía que “la combinación de factores está conduciendo al colapso de la actividad económica y a una situación de desintegración social”.² Ni el papa Juan Pablo II era generoso con la dirigencia argentina: durante una visita que le hicieron los obispos argentinos advertía que en el país peligraban “la estabilidad democrática y la solidez de las instituciones públicas”, responsabilizando de la “profunda crisis moral” en primer término al “egoísmo y corrupción de la dirigencia”.³

“El que depositó dólares recibirá dólares”, aseguraba Duhalde ese mismo 1° de enero en una combinación de improvisación y voluntarismo. El día 6 el ministro Jorge Remes Lenicov anunciaba un régimen dual: dólar oficial a 1,4 pesos para las operaciones de comercio exterior y dólar flotante para el resto. “No debería alejarse demasiado del oficial”, alentaba Remes en un fallido intento de intervención verbal. El régimen debutaba el viernes 11; el martes 16 el dólar libre quebraba la barrera de los 2 pesos, dejando atrás al oficial y gatillando la intervención cambiaria del Banco Central.

El martes 9, el mismo día en que entraba en vigencia la Ley de Emergencia Económica, se anunciaba la reprogramación de depósitos (el “corralón”). El 17, anticipando lo que vendría, se ofreció desprogramar hasta 5.000 dólares, nuevamente al cambio oficial. El 1° de febrero la Corte Suprema declaraba inconstitucional el corralón, en respuesta al “cacerolazo” del 26 de enero, señalando que “la modificación en el régimen cambiario provoca un generalizado menoscabo en la situación patrimonial del conjunto social”. El 3 de febrero el ministro Remes disponía un nuevo feriado bancario y cambiario hasta el día 5 (se extendería luego hasta el lunes 10) y anunciaba la unificación del mercado cambiario, la flexibilización del corralito con la libre disponibilidad para las cuentas sueldo y la pesificación —un verdadero jubileo de acreedores (algunos de ellos, como YPF-Repsol, con ingresos en dólares)—.

El 4 de marzo se anunciaban las retenciones a las exportaciones. Los argumentos eran varios, incluyendo la inflación (amortiguar el efecto de la devaluación sobre los alimentos que tomaban su valor del mercado internacional) y la justicia social (redistribuir el ingreso extraordinario de exportadores beneficiados por la devaluación en un marco de pobreza y desempleo récords). Pero el motivo principal era fiscal: había que recaudar fuera como fuera para cerrar el déficit e incluso generar un superávit, para fondear las necesidades urgentes de protección social.

Así, a principios de marzo de 2002, estaban ya dispuestos los pilares de lo que, años más tarde, el revisionismo kirchnerista bautizaría como “el modelo”: tipo de cambio competitivo (dólar alto), solvencia fiscal (gracias a las nuevas retenciones y al impuesto al cheque introducido por Cavallo en 2001), autonomía externa (gracias a la pesificación de la deuda doméstica, al default de deuda externa y, de nuevo, a las retenciones que generaron recaudación adicional en dólares), y protección social mediante transferencias de ingresos con sesgo discrecional y clientelar.⁴

Prehistoria del modelo: entre los 10 y los 14 puntos

¿Estaba tomando forma un “modelo productivo”? ¿O es más realista decir que se trató de medidas aisladas nacidas de los escombros de la convertibilidad, editadas a posteriori por el relato oficial? El identikit de la economía poscrisis no se aleja mucho de los lineamientos defensivos de febrero de 2002 —por cierto, similares a las salidas de crisis cambiarias del pasado—. Y pueden verse como una versión pragmática del esquema propuesto por el Grupo Productivo, liderado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, que pedía devaluación con seguro de cambio y shock de gasto. Remes se encargó de adecuarlo a los modestos recursos fiscales, y Mario Blejer y su equipo en el BCRA lo sometieron a las restricciones monetarias (esencialmente, la necesidad de detener la hemorragia de reservas evitando la espiral del dólar y los precios y un cierre de bancos que paralizara la economía). El combo iría dando sus frutos: en el tercer trimestre crecía levemente el producto, la inflación bajaba a un promedio de 2% mensual y el Banco Central, para apuntalar el dólar alto, compraba reservas con pesos que, con el tiempo, serían una de las semillas del renacimiento de la inflación.

Pero entre marzo y abril de 2002 la situación no era para nada clara. Pocos creían aún que ese esquema fuera a funcionar. Y Duhalde no se contaba entre los convencidos. Dejaba a Remes timonear el barco, pero prestaba oídos también a la heterodoxia más radical, incluidos algunos economistas exóticos, como Daniel Carbonetto (de efímera fama como asesor del presidente de Perú, Alan García, en los años ochenta), que sugería salir de la crisis con un masivo “shock productivo”. ¿En qué consistía en concreto esta dieta? Básicamente, en un aumento del gasto público (más en línea con lo sugerido por el Grupo Productivo) y en la fijación de precios y salarios de modo de incrementar el poder de compra reprimiendo a la vez la inflación.

Resumido, el plan de Carbonetto proponía:⁵

1. No acordar con el FMI.
2. Actualizar las tarifas de todos los componentes del costo de la producción (incluidos los servicios, combustibles y salarios).
3. Recuperar los salarios al menos un 7% anual por sobre inflación, empezando con una recomposición general del 25%.
4. Aumentar también los salarios del sector público.
5. Fijar precios máximos para que la inflación no superara el 40%.
6. Establecer retenciones móviles a las exportaciones poniendo un precio fijo para el dólar de exportación.
7. Renacionalizar YPF con nuevo endeudamiento.
8. Reestatizar el sistema previsional.
9. Poner en marcha un programa intensivo de obras públicas.
10. Flotación sucia para que el dólar no superara los 3 pesos; caso contrario, control de cambios y prohibición de venta de dólares en el país.

La mención a estas ideas tiene un interés más anticipatorio que cronológico: muchos de estos puntos verían la luz, más o menos secuencial y solapadamente, en el segundo kirchnerismo, a medida que los márgenes fiscales y políticos se fueron reduciendo. Y serían reivindicados diez años más tarde de conocida la propuesta de Carbonetto con el agregado de una ligera pátina teórico-académica.

Allá por 2002, afortunadamente, la heterodoxia alucinada tuvo límites políticos precisos: cuando Duhalde, con Remes ya renunciado, mostró a los gobernadores ese diseño, ellos se opusieron. La consecuencia de este intercambio decisivo fueron “los 14 puntos”, elaborados en tres días de reuniones, que los gobernadores demandaron al presidente como condición para seguir apoyándolo. Llevaron la batuta Juan Carlos Romero (Salta), José Manuel de la Sota (Córdoba) y Felipe Solá (Buenos Aires). Néstor Kirchner casi no participó del asunto.

En las antípodas de los 10 puntos de Carbonetto, los 14 puntos firmados por los gobernadores el 24 de abril de 2002 insinúan una receta orientada a la búsqueda de un acuerdo con el FMI. Pero el significado de este documento va más allá de su efecto circunstancial: los 14 puntos, por oposición a las propuestas maximalistas de heterodoxos improvisados, proponían una salida constructiva de la crisis.

En particular, se centraban en la necesidad de respetar los acuerdos con la comunidad internacional (punto 1) y establecer políticas monetarias y fiscales que preservaran la estabilidad cambiaria y de precios (punto 4). Los temas referidos a la relación nación-provincias incluían firmar, dentro de los quince días, acuerdos fiscales bilaterales (punto 2), presentar un nuevo proyecto de coparticipación dentro de un plazo de sesenta días (punto 3) y establecer un sistema de premios y castigos de responsabilidad fiscal (punto 7). (En un dato que puede tomarse a la vez como muestra de las contradicciones que caracterizan el sistema político argentino, y como ejemplo de las virtudes del consenso por sobre los intereses individuales, los gobernadores luego firmarían a regañadientes los acuerdos fiscales que ellos mismos habían impulsado de manera conjunta.) En el frente financiero, se propiciaba la reconstrucción del sistema (punto 6) garantizando la liquidez de los ahorristas (punto 5). En el ámbito sociopolítico, se impulsaba una reforma (punto 13) y se enfatizaba la asignación de planes de empleo con fines productivos en reemplazo de los subsidios (punto 14). Finalmente, para las empresas privadas adelantaba una reforma tributaria que estimulara la inversión (punto 8), el compromiso de sancionar la reforma de la Ley de Quiebras (punto 9) y de derogar la Ley de Subversión Económica (punto 10), ambas dentro de un plazo de quince días, además de promover la repatriación de capitales (punto 11) y de alentar las inversiones en sectores exportadores y sustitutivos de importaciones (punto 12).

Los 14 puntos son el último legado de Remes, en su rol de asesor privilegiado. La designación de Roberto Lavagna se oficializa el viernes 26 al mediodía. Ya al bajar del avión en Ezeiza Lavagna da una señal: “Hay una forma de discusión un poco primaria en el país, porque se discute en los extremos”, dice. Al asumir destaca el consenso alcanzado por los gobernadores: los 14 puntos se habían impuesto sobre los 10 del populismo telúrico.

Tasas chinas

En julio de 2002 todavía el mundo veía a la Argentina con desconfianza: el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul O’Neill, advertía que no se le podía seguir prestando al país para que la plata de los organismos (y de sus países accionistas) terminara en bancos del exterior. “No hay pistola que les venga bien”, respondía, diplomático, Duhalde.

Las crisis tienden a generar extrapolaciones erróneas. Y la foto de mediados de 2002 mostraba un panorama desolador: debacle histórica en materia socioeconómica, crisis de legitimidad del sistema político, rebelión cívica (el “que se vayan todos”) y una intensa protesta social en la calle (11.000 manifestaciones con más de 600.000 participantes en sólo seis meses). El sentimiento generalizado era de naufragio, reflejando el vértigo y las consecuencias de la caída, que empujaba a muchas familias de clase media hacia Ezeiza y a millones de hogares de bajos recursos a la pobreza y la indigencia.

El producto interno bruto del primer trimestre de 2002 estuvo 15% por debajo de igual período de 2001, y el desempleo trepó a un récord de 21,5% en la medición de mayo de 2002. El subempleo (formalmente, gente que “trabajaba” menos de 35 horas; en la práctica, personas que se las rebuscaban con changas, concurriendo a clubes de trueque, cartoneando o viviendo de planes sociales) se situaba en 18,6%. La informalidad laboral superaba el rango de 30%-40% de los noventa para ubicarse en 45%.⁶ Así, sin empleo ni ingresos, muchos argentinos quedaron con su salud desprotegida al crecer la población sin cobertura (obra social, mutual o medicina privada), saturando la capacidad de los hospitales públicos.

Para colmo, cuando en abril los precios acusaron recibo de la devaluación y subieron 10,4%, llevando la inflación en lo que iba del año a 21%, el acumulado para la canasta básica (el umbral de pobreza) era ya 29,8% y la variación de la canasta básica alimentaria (el umbral de indigencia) superaba el 35%. En ese mismo período, los salarios, que venían de caer en 2001, apenas se mantenían constantes o, en el caso de los trabajadores informales, se recortaban un 2% adicional. Así, cinco millones de personas cayeron en la pobreza entre octubre de 2001 y junio de 2002 debido a la combinación de los menores ingresos laborales y el aumento en los precios. Un 53% de la población era pobre en mayo de 2002, con picos de 63,5% en el noroeste del país y de 69,8% en el nordeste. En el GBA2 (el “segundo cordón” bonaerense) en 2002 era indigente el 38,9% de la población.

Cuando Duhalde pronosticó la reactivación de la economía para julio, en coincidencia con la fecha patria del día 9, todos se le rieron. “Vamos a tener que demorar los festejos”, admitía apenas un mes más tarde él mismo, mientras se consolidaba la sensación de estar viviendo la peor crisis de la historia argentina. Sin embargo, mayo fue un punto de inflexión en los ingresos fiscales, lo que permitió fondear la rápida expansión de los planes sociales, los salarios públicos y, finalmente, el resto. Y ya en junio en el Banco Central empezaban a observar que la crisis pegaba la vuelta: se detenía la sangría de depósitos, el dólar se estabilizaba en 3,50 y se frenaba la caída de reserva.

El rebote

El 29 de julio, el flamante presidente del Banco Central Aldo Pignanelli relataba en Todo Noticias (TN) un diálogo con Duhalde: “Le dije que esto es casi una fiesta: el dólar está estable desde hace setenta días y los bancos están ganando depósitos”. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, tuvo que salir a poner paños fríos en una conferencia de prensa: lo de la fiesta, aclaró, era sólo “una metáfora”.

Pero lo cierto es que la Argentina se veía mucho mejor a fines de julio que apenas un mes antes. La crisis se había estabilizado con un traslado a precios menor que en otras devaluaciones y sin el cierre masivo de bancos que muchos anticipaban —o incluso recomendaban—, algo que habría lanzado a la economía real en picada. De alguna manera, el dilema entre inflación y cierre de bancos (entre inestabilidad nominal y contracción real) había sido resuelto sin costos exorbitantes en ninguno de los dos frentes.

Si julio marca el fin de la pulseada financiera, el segundo semestre de 2002 inicia la reversión del colapso de la actividad productiva. Con los valores de dólar e inflación sobre la mesa, el país parecía repentinamente barato y lleno de posibilidades.

La economía real no tardó en responder. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, una aproximación temprana del PBI, ya en mayo había comenzado a levantar y cerraba el año levemente por encima de sus niveles de diciembre de 2001. Más importante aún, el vapuleado sector industrial daba señales de vida: el Estimador Mensual Industrial (EMI), también del INDEC, se ubicaba en noviembre por primera vez por encima del mismo mes de 2001, y cerraría el año un 10,8% sobre la marca del último diciembre.

La construcción, termómetro de la demanda doméstica y locomotora de la poscrisis, iniciaba su camino ascendente (el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción, ISAC, elaborado por el INDEC, crecía 20% de julio a diciembre), el empleo reaccionaba (la medición de desempleo arrojaba en octubre un 17,8%, casi 4 puntos por debajo del 21,5% de mayo), levantando la esperanza de la gente (a diciembre el índice de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella acumulaba una suba de 40% desde su mínimo histórico de junio).

Y el sector externo presentaba ya el patrón dual de la poscrisis: exportaciones subiendo en dólares gracias al aumento del precio de los bienes primarios que representaban la mayor parte de nuestras ventas al exterior —y mucho más en pesos, fruto de la depreciación—. Exportaciones en alza e importaciones en caída libre daban como resultado un balance comercial que pasó de 6.289 en 2001 a 16.415 millones de dólares en 2002, contribuyendo a las arcas públicas con 5.000 millones de pesos en concepto de retenciones (11% del ingreso tributario).

¿Los argentinos no piensan en dólares?

“La gente piensa en dólares”, se decía en la calle y en los círculos académicos y políticos locales como una verdad absoluta e irrefutable. “Un peso es un dólar es un peso ”, solía decir el ex viceministro de Economía de Menem Carlos Rodríguez parafraseando al Bardo, sugiriendo que la demanda de pesos desaparecería con el uno a uno.⁷ Sin embargo, el dicho no se fundamentaba en ninguna evidencia práctica; por el contrario, los datos indicaban que la gente, más allá de lo que pensara para sus adentros, pagaba en pesos. Y eso es todo lo que se necesita para tener una moneda propia.

La experiencia de 2002 ofrece claros indicios en este sentido. Si la característica principal de un episodio hiperinflacionario es el repudio generalizado de la moneda como medio de pago, los datos de principios de ese año podían considerarse esperanzadores: en los primeros tres meses, mientras el tipo de cambio se triplicaba y la gente hacía cola para redolarizar sus ahorros, la demanda real de billetes y monedas para transacciones cotidianas subió. La gente quería dólares en el colchón y pesos en el bolsillo, en una economía que, gracias al corralito y la crisis bancaria, había vuelto a operar “en efectivo” —un patrón que, como varios otros de aquellos días aciagos, veríamos resurgir diez años después—.

Si una ventaja había tenido la convertibilidad —en relación con su variante más extrema, la dolarización—, había sido la de preservar al peso como unidad de cuenta y medio de pago. Con la salvedad de unos pocos ítems de alto valor (fundamentalmente, inmuebles y bienes importados), los intercambios se pactaban y se pagaban en pesos. ¿Por qué estas prácticas habrían de cambiar tras la devaluación, si el gobierno daba señales de contención fiscal y monetaria y la inflación no se disparaba?

Para mediados de año ya se había instalado lo que podríamos llamar “el debate del modelo”, en el que el dólar ocupaba un lugar estelar, pero distinto del de años atrás. A comienzos de 2002 el imperativo en relación con el dólar era contenerlo para evitar una espiral inflacionaria; a partir del segundo semestre el desafío sería sostenerlo en el nivel al que lo había llevado la corrida, con el fin de preservar la competitividad. El dólar alto sería, junto al superávit fiscal, la autarquía financiera, las tasas de interés deprimidas y, más adelante, el gasto social, un pilar del breve decálogo económico del duhaldismo, y luego del primer kirchnerismo.

El presidente accidental

“Kirchner es un rebelde sano”, definió el presidente Eduardo Duhalde a su sucesor en un programa de Mirtha Legrand. A principios de 2003 reinaban la sorpresa y la incertidumbre porque llegaba a la presidencia, si se quiere, el candidato menos pensado. Con sólo 22,2% de los votos, y luego de la deserción del ballottage de Carlos Menem, el patagónico se preparaba para tomar la posta de un país que todavía estaba en ebullición. Sería el sexto presidente desde la recuperación democrática en 1983.

Kirchner llegó al gobierno tanto por su ambición de poder — tal vez el único atributo que genera consenso sobre un personaje tan polémico— como por una serie de eventos desafortunados. Primero, las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002 en la estación de tren de Avellaneda, luego de un intento de corte del Puente Pueyrredón y de una feroz cacería policial, que indujeron a Duhalde a anunciar elecciones tempranas para el 30 de marzo de 2003 y a autoexcluirse de la contienda. En segundo lugar, el accidentado congreso nacional del PJ del 24 de enero de 2003 en el microestadio de Lanús, donde el duhaldismo consiguió imponer la participación de varios candidatos justicialistas en la elección general, eludiendo una interna que habría ganado con seguridad Menem. A esto habría que sumarle la deserción del candidato preferido de Duhalde, Carlos Alberto Reutemann, y el fracaso en instalar la candidatura de De la Sota. Y el éxito del Banco Central en estabilizar el dólar libre, que sesgó la balanza en contra de las ideas menemistas de recrear la convertibilidad —lo que el riojano intentó editar demasiado tarde en la campaña—. Así, el uno a uno pasó de ser la solución a ser el origen de la crisis y del fracaso noventista para una porción creciente de la opinión pública.

Kirchner fue proclamado presidente de la nación el 14 de mayo, luego de la renuncia de Menem al ballottage. “¿Se viene el zurdaje?”, había preguntado Mirtha a la pareja presidencial en plena campaña. “No escucho eso desde los setenta”, respondió Cristina. Y Néstor aclaró: “Soy un militante de centro, peronista más que nada”.

En su plataforma, Kirchner proponía ahorro de recursos “eliminando las instancias de administración que agregan sobrecosto” en el Estado; una reforma impositiva progresiva (gravar rentas financieras, revisar exenciones al impuesto a las ganancias, promover una baja progresiva del IVA); un tipo de cambio “que incentivara las exportaciones y una adecuada sustitución de importaciones”; una reestructuración de la deuda pública “consensuada, con quita y período de gracia”; una negociación con el FMI “firme y precisa”, y poderes especiales para “los cien primeros días de gestión para actuar con amplia libertad para aplicar sus políticas”. Ratificaba como prioridades “la alianza estratégica con Brasil, la profundización del Mercosur y las relaciones con Chile y Bolivia”, sin descartar el ingreso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero negociado regionalmente. El plan de gobierno K promovía la publicación de gastos y liquidaciones públicas, el uso del egovernment, el fortalecimiento de los controles en la distribución de subsidios, la mejora en la transparencia y controles de los gastos reservados, una ley de acceso a la información pública, una ley de gestión de intereses (lobbies) y una ley de creación de entes de control con participación de usuarios y consumidores. Imaginaba para el país una “democracia pluralista, representativa, respetuosa de la división de poderes, garante de la seguridad jurídica y de los derechos humanos”.

Heredó del gabinete de Duhalde su compañero de fórmula, Daniel Scioli, y cuatro ministros: Roberto Lavagna (Economía), Aníbal Fernández (Interior), José Pampuro (Defensa) y Ginés González García (Salud). “Será el Cámpora de Duhalde”, disparaba desde su programa televisivo el periodista Mariano Grondona, errándole.

Asignatura pendiente

Aun antes de que el gobierno de Duhalde evaluara seriamente la posibilidad de negociar una salida del default —cuando la crisis interna era prioridad absoluta y eclipsaba toda otra consideración—, en el exterior los acreedores se preparaban para lo que todos consideraban la madre de todas las reestructuraciones de deuda.

El último default emergente de peso había sido el de Ecuador, en septiembre de 1999, que en agosto de 2002 concluyó con una oferta unilateral de canje aceptada por el 98% de los acreedores. El caso argentino era distinto. Estaba la cuestión del tamaño (el default afectaba a 152 títulos emitidos en siete monedas y ocho jurisdicciones legales) y se esperaba un alto grado de litigiosidad, dados la magnitud y diversidad de acreedores y los pronósticos encontrados sobre las chances que tendrían los holdouts (fondos buitre liderados por bufetes de abogados que compran bonos con fuerte descuento y apuestan a inducir al soberano a un pago sin quita bajo tabla): versiones no confirmadas sostenían que las autoridades ecuatorianas, presionadas por amenazas de embargos, habían negociado un arreglo por una suma no revelada con uno de ellos, Elliott Associates —que ya había logrado un acuerdo similar en el marco del default de Perú en los ochenta, y que tendría un rol muy visible en la saga argentina—.

El 22 de septiembre de 2003, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Dubai, Lavagna presentó los “Lineamientos de la reestructuración de la Deuda Soberana”, que indicaban, sin mayores precisiones, que “el menú de opciones que se diseñe deberá producir una reducción general del 75% del stock nominal de la deuda elegible” y que no se pagarían los intereses caídos desde diciembre de 2001 hasta la fecha del acuerdo. Así las cosas, las estimaciones iniciales llegaban a un alarmante 90% de quita medida en valor presente. La propuesta despertó la cólera de los acreedores.

El 1° de junio de 2004, el gobierno presentó finalmente en Buenos Aires una propuesta de reestructuración basada en los lineamientos de Dubai (rápidamente bautizada como “Dubai Plus”), con un menú de tres títulos: los bonos Par (35 años de plazo, baja tasa, sin quita nominal) y de Descuento (discount, 30 años, mayor tasa, 66,3% de quita nominal), emitidos en cuatro monedas (dólares, euros, yenes y pesos indexados), y un “cuasi par” en pesos indexados a la medida de las administradoras de fondos de pensión (AFJP). Los nuevos bonos pagarían en efectivo intereses impagos hasta el 31 de diciembre de 2001, y desde el 31 de diciembre de 2003 (que luego se reemplazaría por el 30 de junio de 2004), pero no los intereses vencidos entre esas dos fechas. Por último, todos los títulos incluían una “yapa”: un cupón que se gatillaba si el crecimiento del año superaba el 3,23%, y pagaba en base a la diferencia entre el PBI realizado y el que surgía de las estimaciones de Economía: si crecíamos más de lo previsto, se decía, compartiríamos la bonanza.

El canje abrió el 12 de enero de 2005, y cerró el 25 de febrero. La participación final fue de 76,15%. La desagregación no deparó sorpresas. Aceptaron el 63% de los tenedores extranjeros, el 90% de las cuentas de residentes en el exterior, y el 98% de los tenedores residentes en la Argentina (100% en el caso de AFJP y bancos, 91% en el de bonistas particulares).

Se reestructuraron 62.300 millones del total de 81.800 millones elegible, y se emitieron 35.300 millones en nuevos papeles, 40% en pesos indexados. Para cuando el canje de títulos fue efectivizado, en junio de 2005, funcionaba un incipiente mercado secundario (el denominado when and if, en el que se transan anticipadamente los bonos antes de su emisión). En base a los precios de este mercado relativamente ilíquido, puede estimarse que la quita en valor presente implícita en el canje se situó entre 70% y 75%.⁸

La oferta terminó ubicándose aproximadamente a mitad de camino entre la propuesta maximalista del 75% nominal y las pretensiones de los acreedores. La quita nominal promedio fue un poco menor al 55%. La larga espera había rendido sus frutos.

Vacas gordas

Son pocos los mojones que marcan el recorrido de los primeros años de la poscrisis. Con la salvedad de la saga de la deuda, el deambular económico y político se sintetiza en la recurrente excedencia de los objetivos macroeconómicos. ¿Cuánto hubo de viento de cola, cuánto de repudio oportunista de promesas pasadas, cuánto de aciertos de política? No pretendemos en esta breve reseña introductoria llegar a una respuesta definitiva.

La recuperación de la economía argentina fue atribuida, sucesivamente y con fugacidad decreciente, al “veranito”, el “rebote” y el “viento de cola”. Cada uno de estos términos expresó versiones de un mismo escepticismo: ¿cómo una crisis tan profunda en un país tan aislado internacionalmente podía desandarse sin grandes reformas ni ayuda externa?

Tres factores influyeron en esta inesperadamente sólida evolución. Primero, la capacidad ociosa y el alto desempleo, herencia de una recesión que en 2002 acumulaba más de tres años, y una caída de 24% del producto real. Segundo, la pesificación de deudas dolarizadas, un rescate financiero que, junto a la caída del salario real y el congelamiento de tarifas, llevó la rentabilidad empresaria a niveles históricos liberando fondos internos de empresas privadas para inversión. Tercero, la inesperada persistencia de condiciones externas favorables (el “viento de cola”) que favoreció especialmente a países endeudados exportadores de commodities: mientras la liquidez mundial deprimía las tasas de interés internacional, alentando la búsqueda de retornos más atractivos en economías emergentes, el alto precio de nuestros productos exportables (granos, petróleo, acero) garantizaba la sobreoferta de dólares y el superávit fiscal.

En abril de 2004, Anne Krueger admitía que a la Argentina “le va mejor de lo que todos nosotros esperábamos, su economía crecerá 6% este año, luego del 8% el año pasado”, y reiteraba que era importante asegurarse una reestructuración exitosa de la deuda lo antes posible. Para cuando el canje de deuda se completó exitosamente, a principios de 2005, el debate ya había pasado al campo del desarrollo: ¿estaban dadas las condiciones para las grandes inversiones en infraestructura que hacían falta?, ¿se estaba favoreciendo el desarrollo de exportaciones de alto valor agregado?, ¿cuán consistente y sostenible era el nuevo modelo económico?

Libreto cambiado: el modelo exportador en reversa

Contradiciendo las expectativas de los promotores del dólar alto, no fueron la demanda externa ni la sustitución de importaciones las que fogonearon la actividad local, sino el consumo y la inversión doméstica. El sector externo (las exportaciones netas) restó al crecimiento, reflejando la modorra de las exportaciones y la aceleración de las importaciones en respuesta a la presión de la demanda doméstica.

Construcción primero, automóviles después, finalmente turismo y bienes suntuarios. ¿Cómo se explica semejante expansión del consumo? Por un lado, el efecto riqueza de la devaluación y la licuación de pasivos benefició a ahorristas dolarizados y a empresas pesificadas (a veces, de los mismos ahorristas). Por el otro —a contramano del modelo exportador asiático, de salarios bajos y priorización del mercado externo por sobre el consumo doméstico—, la postergación del ajuste de las tarifas a expensas del fisco y la política de tasas bajas (es decir, más bajas que la inflación), inaugurada en 2003 y profundizada a partir de 2007, crearon excedentes en una clase media que, desprovista de instrumentos de ahorro, se vio compelida a gastar —en el mejor de los casos, en ladrillos; en el peor, en electrodomésticos, automóviles, esparcimiento—. Y, por último, la suba de salarios. Al comienzo, de la mano del gobierno (por decreto); más adelante, con la caída del desempleo y el aumento del poder de negociación sindical, a través de paritarias.

Las tasas de interés por el piso para financiar la demanda (con préstamos personales o tarjetas de crédito), el aumento del mínimo no imponible de Ganancias para sostener el poder de compra de los asalariados más altos, la regulación de tarifas que benefició al sector domiciliario en zonas urbanas, en perjuicio de las zonas rurales y los usuarios industriales, y la recomposición salarial: todo contribuyó a llenarle el bolsillo a la clase media para alimentar la demanda de una cada vez más insuficiente producción local —y, con el tiempo, la demanda de bienes importados—.

La inflación reaparece

En 2003, el Banco Central volvió al ruedo con una consigna: orientar toda la política monetaria hacia un esquema de metas de inflación. En la práctica, el plan suponía un acercamiento tentativo a una versión lite del esquema de metas avalado por la ortodoxia del FMI como alternativa a la vieja y desprestigiada ancla cambiaria. Pero el contexto no daba para proyecciones finas: el BCRA proyectó (y anunció) una inflación de 21,3% para 2003, bajo el supuesto de que ese número absorbería la actualización de tarifas y el ajuste de precios relativos y salarios que la recesión de 2002 había postergado. Las tarifas siguieron dormidas, el gobierno mantuvo los salarios bajo control y, con un dólar cediendo por debajo de los 3 pesos, la inflación de 2003 fue de sólo 3,7%.

Desde el punto de vista del público, indiferente al programa del Banco Central, el imprevisto descenso de la inflación fue muy bienvenido. Pero el desvío sorpresa tuvo una consecuencia negativa para el manejo monetario. Desde un monetarismo estricto, el Central conjeturó que la inflación de 2003 había sido baja porque la demanda de dinero estaba en ascenso. La economía y el consumo crecían y la estabilidad llevaba a la gente a guardar más billetes en el bolsillo. En suma, se pensó que sería factible mantener el dólar por arriba de los 3 pesos —el compromiso mínimo con el gobierno— comprando los que ingresaban del comercio exterior con emisión monetaria. Asumió que los ajustes de tarifas serían nuevamente postergados en 2004, el dólar se sostendría a 3 pesos y la inflación se ubicaría cómodamente en el centro de la banda. Pero la inflación suele reaccionar con rezago. En 2005, a pesar de un dólar con sesgo a la baja y de ajustes de tarifas que aún dormían en algún cajón del Ministerio de Economía, la inflación trepó a 12,3%, perforando la barrera psicológica del dígito.

La discusión sobre las causas y consecuencias de la inflación de dos dígitos es uno de los temas que más controversias generaron a partir de principios de ese año, cuando una inflación acumulada de 4% en el primer trimestre hizo evidente el cambio de tendencia.

De un lado estaban quienes sostenían que la inflación reflejaba el traslado a precios de la devaluación, que había sido postergado por la profunda recesión, a lo que se sumaba la inflación importada: el aumento mundial del precio de los alimentos que, con una política de dólar alto que inhibía la apreciación cambiaria, se transmitía directamente a los precios. La implicación de esta versión era que el fenómeno inflacionario representaba un costo esperado, natural y transitorio de la devaluación y el boom de las commodities, al que no había manera ni necesidad de sustraerse. Previsiblemente, esta postura era la favorita del gobierno.

Del otro lado se ubicaban los que hablaban de “inflación de demanda”, el resultado de una demanda creciente, estimulada por las condiciones externas favorables y la recuperación del poder adquisitivo, y por una política monetaria generosa que desincentivaba el ahorro y facilitaba el financiamiento del consumo. Fuerte demanda, oferta insuficiente, aumento de precios. La implicación de esta hipótesis era clara: o la política fiscal se contraía aun más, reduciendo el consumo público para compensar el privado, o el Banco Central incrementaba las tasas de interés, reduciendo el consumo privado, en ambos casos desacelerando el ritmo de crecimiento. Dado que la política fiscal, con un superávit primario superior a 3,5% en 2004, era visiblemente contractiva, esta explicación ponía sobre todo el foco en la política monetaria, claramente expansiva.⁹

A mitad de camino se encontraba la visión que destacaba la recomposición salarial, atribuible tanto a la reversión de los efectos de la crisis como a la aparición de cuellos de botella en una economía crecientemente recalentada. A principios de 2005, Lavagna insinuaba que la Argentina podía crecer de manera sostenible al 6%. A mediados de año sugería la necesidad de reducir el gasto y relanzaba un fondo anticíclico según el modelo chileno: una excusa elegante para sacarle un poco de presión a la economía. Pero para un político en campaña constante el horizonte llega hasta la próxima elección: se creció un 9,2% y Lavagna ya no estaba en el gobierno al finalizar el recuento de los votos.

De este modo, enfrentado a la disyuntiva entre bajar el gasto o desactivar el consumo para descomprimir la inflación, el gobierno optó por fugar hacia adelante —de nuevo, un patrón que se profundizaría con el tiempo—. Más allá de cierto desdén por la inflación y de la resistencia a asumir costos, en la decisión oficial pudo haber mediado el hecho de que un dólar más bajo habría reducido los ingresos fiscales a través de dos