INTRODUCCIÓN

El segundo semestre de 2021 regresé al salón de clases luego de más de un año de virtualidad. La relación con los estudiantes era muy distante cuando estaba mediada por la pantalla de un computador, generalmente con cámaras y micrófonos apagados. En las clases presenciales volví a disfrutar de una interacción mucho más espontánea y participativa con los estudiantes. Pude, de nuevo, indagar acerca de sus percepciones sobre distintos temas.

En una de las clases mencioné las “pescas milagrosas” de la década de los noventa y principios del 2000. Me sorprendió que solo una de las estudiantes sabía de qué se trataba. Luego me enteré de que su familia había sido víctima de dos secuestros. Indagué en otras dos clases. La respuesta fue la misma, no tenían ni idea de qué fueron las pescas milagrosas. Intuí que su edad, entre los dieciocho y los veintidós años, explicaba su desconocimiento de la ola de secuestros masivos. Cuando ocurrieron, los estudiantes eran muy niños o ni siquiera habían nacido. Al mismo tiempo, noté que entre los estudiantes era generalizado el sentimiento de indignación por los falsos positivos cometidos por las fuerzas militares durante el gobierno de Uribe. Era inconcebible para ellos que miembros del ejército nacional hubieran asesinado inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros.

No es un asunto puramente anecdótico que la mayoría de los estudiantes de una universidad privada en Medellín tengan muy presente el daño causado por los falsos positivos y sean casi inconscientes de que existieron pescas milagrosas. Es síntoma de los cambios en la agenda política ocurridos en las últimas décadas en el país.

A principios del 2000 el debate político giraba en torno a la grave crisis de seguridad: las Farc habían logrado infligir graves derrotas en combates abiertos al ejército colombiano; el secuestro y la extorsión estaban disparados; el proceso de paz en el Caguán no avanzaba, a la vez que era evidente que las Farc se rearmaban para escalar la guerra; los paramilitares avanzaban en medio país mediante atroces masacres; los campos y selvas estaban llenos de coca, etc. El debate político, además, ocurría en el momento definitivo de implosión de los dos partidos tradicionales. Álvaro Uribe fue elegido presidente en 2002 por abrumadora mayoría. Aunque de origen liberal, Uribe se presentó por Primero Colombia, un partido de fachada. No importó. Su éxito en las encuestas y en las urnas le permitió aglutinar a la mayor parte de la clase política de los partidos tradicionales, ahora alineada en un sinnúmero de partidos y movimientos, para implementar su agenda de gobierno. Con esta coalición Uribe pudo articular suficiente capital político para reelegirse en 2006 e, incluso, tantear la posibilidad de una nueva elección en 2010.

Pero ya en ese año la discusión era menos acerca de seguridad —las Farc habían sido replegadas hacia sus zonas de retaguardia y los paramilitares desmovilizados—, y más sobre el riesgo de la concentración de poder por la reelección y los escándalos por vínculos de la clase política con el paramilitarismo, así como las violaciones a los derechos humanos por el Estado, entre ellas los falsos positivos. En 2012 la agenda política se volcó hacia el proceso de paz entre el gobierno de Santos y las Farc. En 2016 se firmó el acuerdo y, con las Farc por fuera de la guerra, la competencia por las narrativas del conflicto como un medio para deslegitimar a los rivales políticos adquirió un papel protagónico.

Uribe, en principio, obtuvo una enorme victoria cuando ganó el referendo en contra de los términos del acuerdo de La Habana y llevó a Iván Duque a la presidencia. No obstante, el trabajo de la oposición política, el desgaste natural de su protagonismo durante dos décadas y la mediocre percepción de la gestión de Duque lo llevaron a una situación de irrelevancia en las elecciones de 2022. Él mismo habló de hacerse a un costado para no estorbar.¹ La derrota electoral no fue solo de Uribe y la derecha. La gran perdedora fue la clase política del establecimiento, incapaz de ofrecer un candidato lo suficientemente sólido para competir con las propuestas populistas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. La gente quería cambio, y el cambio empezaba por cambiarlos a ellos en la presidencia.

¿Qué tipo de cambio quería la gente exactamente? Había muchos reclamos de justicia social. El paro de abril de 2021 expuso la indignación ante la situación de pobreza que dejó la pandemia. La desigualdad se convirtió en un motivo central del debate político. La gente quería más del Estado: más educación, salud, infraestructura, bienestar, etc. También había temas muy propios de la nueva agenda global como la ampliación de los derechos, las reivindicaciones de géneros, identidades, colectivos y minorías, la crisis medioambiental, entre otros. En el fondo eran peticiones muy generales que resumían un sentimiento colectivo definitivo en las elecciones: el ansia de cambio era, ante todo, un cambio de quienes dirigían el país. El problema era, en sí, el establecimiento político. Durante las jornadas del paro de abril y mayo de 2021 quedó patente que el país que ellos interpretaban había cambiado por completo y, luego, no hicieron ningún intento serio por asumir sus responsabilidades y proponer algo diferente. La clase política continuó actuando igual que siempre, con el mismo discurso y la misma corrupción, a la vez que la sociedad sentía mayor indignación.

En las urnas el castigo fue implacable. Un populista de izquierda, férreo opositor a Uribe y crítico del establecimiento político ganó la elección presidencial. La llegada de Petro al poder marcó el fin de una era en que la influencia de Uribe y su interacción con la clase política, mediante alianzas y confrontaciones, decidieron la mayor parte del ejercicio del poder en Colombia. El país que asoma va a ser muy distinto. En lo político, en lo económico, en la situación social, en la dinámica de la violencia y el narcotráfico se avizoran cambios sustanciales. Por supuesto, no sabemos qué va a ocurrir, es parte del futuro. Pero es posible analizar la situación actual en varios temas trascendentales para el futuro inmediato de Colombia que son el punto de partida del país que asoma.

Este libro es un análisis, a manera de una larga columna de opinión, del proceso de transición de una era de la política colombiana que arrancó con Uribe en 2002 y que terminó con la elección de Gustavo Petro en 2022. La nueva era de la política colombiana arranca con el surgimiento de una alternativa populista que se impuso en las elecciones, no solo contra el establecimiento político, sino contra los proyectos moderados de cambio político. Supone enormes tensiones políticas entre el populismo y la democracia, las políticas contra la pobreza y la desigualdad y el tratamiento a la violencia luego del acuerdo de paz con las Farc. El debate político está cargado de profundos contenidos ideológicos y de diversas interpretaciones del país. No es algo tan simple como arreglos entre élites de diferentes facciones para repartirse el poder, y las prerrogativas y recursos que se desprenden del ejercicio del poder. Eso sin duda va a existir. Pero lo interesante es que detrás de las fuerzas políticas existen diversos proyectos que señalan trayectorias muy distintas del futuro de Colombia.

¿De qué fuerzas políticas hablo? Las fuerzas políticas en Colombia se han caracterizado en las últimas dos décadas por su fragmentación en facciones:² uribistas, santistas, vargaslleristas, charistas, etc.; incluso, la lucha entre facciones ha marcado la historia de las fuerzas de izquierda. Más recientemente, la coalición Centro Esperanza nos dio una lección de fragmentación de la política entre quienes se suponía estaban más preparados para llegar a consensos programáticos. Si bien cada uno de estos bandos representa una fuerza política en sí, con distintas posturas, mi interés está no solo en las divisiones ideológicas, sino también en sus formas de hacer la política y en cómo conciben las instituciones de la democracia. Por eso, propongo que a lo largo de las dos últimas décadas la política colombiana ha girado alrededor de tres fuerzas muy distintas entre sí, por sus concepciones ideológicas y métodos de hacer política: la clase política profesional, los proyectos liberales de izquierda y los proyectos populistas.³

Por clase política profesional,⁴ me refiero a individuos especializados en la competencia electoral que acceden a cargos públicos respetando el sistema de pesos y contrapesos del Estado y que, desde allí, llegan a acuerdos para tomar las decisiones que afectan la organización y el funcionamiento de la sociedad. Son profesionales porque viven de hacer política. Ganar y perder elecciones es parte de su rutina. Disponen de maquinaria y logística para obtener votos y no es extraño que apelen al clientelismo y la corrupción. Con todos sus defectos, la clase política, compuesta por políticos profesionales de todas las vertientes ideológicas y partidistas, es la base del sistema democrático. Sus funciones de representación política permiten que las sociedades lleguen a acuerdos y se tomen decisiones que consideran los más diversos intereses bajo la premisa del respeto al Estado de derecho. Para algunos políticos profesionales, sobre todo para quienes aspiran a ocupar altos cargos del Estado, es importante respaldarse en una clase tecnocrática que diseña y evalúa las propuestas, los planes de gobierno y las ejecuciones de los políticos profesionales. Los tecnócratas legitiman las propuestas de gobierno de los políticos profesionales con un respaldo científico que, a la larga, se ajusta a determinadas tendencias ideológicas. Es decir, hay tecnócratas de derecha, de centro, de izquierda, etc. Básicamente, su objeto es demostrar por qué las soluciones de política pública de determinada ideología son sobresalientes y cuáles son las mejores soluciones dentro de esa ideología.

Hasta las elecciones de 2018 Uribe era capaz de aglutinar la mayor parte de la clase política para postular candidatos y construir coaliciones de gobierno. Actualmente ha perdido esa capacidad y la clase política se ha dispersado en otras asociaciones. La más importante en la pasada elección fue la de Equipo por Colombia que recogía la centro derecha liderada por Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Enrique Peñalosa, David Barguil, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry, entre otros. Era una mezcla de miembros de la clase política tradicional, mandatarios de grandes ciudades que habían hecho un esfuerzo por modernizar la gestión pública —con sus éxitos y fracasos— y tecnócratas conservadores. La coalición, sin embargo, no logró asegurar su paso a la segunda vuelta de la elección presidencial, un contundente aviso del desprestigio de la clase política.

Es importante apuntar que la primacía de Uribe y de la clase política de centro derecha y derecha durante las dos últimas décadas no implica que la clase política en Colombia esté conformada por un solo lado del espectro ideológico. Existen políticos profesionales de todas las vertientes ideológicas. El partido Liberal, el Verde, el Polo Democrático, y muchas otras organizaciones de centro y de izquierda, cuentan con maquinarias políticas, redes clientelistas y votos cautivos. Varios escándalos y reportes de prensa así lo demuestran. Insisto, al hablar de clase política, me refiero a un método de hacer política, no a ideologías en particular.

Por proyectos liberales de izquierda me refiero a una serie de movimientos e individualidades que han propuesto una alternativa a la clase política que ha dirigido el país en las últimas décadas. Esta alternativa ha estado compuesta por un sector defensor de los principios de la democracia liberal y otro de la izquierda que, aunque antiuribista y antiestablecimiento, ha sido contrario a rupturas extremas en la estructura del Estado y la sociedad. Los miembros del proyecto y sus orígenes son diversos. Algunos provienen de la academia, como Antanas Mockus y Sergio Fajardo; otros, de los partidos tradicionales, como Humberto de la Calle y los hermanos Galán; otros, de partidos y movimientos sociales de izquierda como Jorge Robledo y Carlos Amaya. El proyecto liberal de izquierda propone reformas graduales en temas como la ampliación de los derechos ciudadanos, la redistribución de la riqueza, la inclusión social, y también la ampliación del papel del Estado como regulador y corrector de las injusticias del mercado. Se diferencia de sectores más a la izquierda porque se apega a las instituciones liberales de la democracia. No cuestiona la existencia de la democracia liberal en Colombia; al contrario, la asume. Defiende la actual Constitución como la máxima referencia para el funcionamiento del Estado, desde la forma como se eligen los distintos cargos públicos, sea por elección popular u otras modalidades de nombramiento, hasta la forma como se gobierna bajo un sistema de pesos y contrapesos, libertades individuales y respeto al Estado de derecho, es decir, los principios liberales de la democracia.

Una de las grandes diferencias con la clase política profesional es la escasa utilización de maquinarias electorales, a la que permanentemente descalifican por corrupta y clientelista. Tanta descalificación ha dado para que se interpele a los líderes liberales de izquierda como poseedores de un sentimiento de superioridad moral. Pero eso no es todo; además de proyectar un sentimiento de superioridad moral, proyectan un sentimiento de superioridad intelectual por las cualificaciones académicas de los líderes del proyecto y su círculo asesor. Varios de ellos poseen doctorados de universidades prestigiosas y gozan de reconocimiento académico. Es común encontrar a miembros de la tecnocracia nacional apoyando sus proyectos, e incluso liderándolos, como Alejandro Gaviria. En otras palabras, durante la pasada elección no solo reclamaban ser los más honestos, sino los más capacitados.

El primer indicio serio de que este proyecto alternativo de izquierda liberal tenía alcance para ganar una elección presidencial fue en 2010, cuando Mockus punteó en las encuestas presidenciales sobre el candidato de Uribe, Juan Manuel Santos. Era un momento en que la popularidad de Uribe estaba disparada y parecía que no había rival posible. Desafortunadamente para sus seguidores, Mockus cometió una serie de errores que llevaron a su derrota frente a Santos. No obstante, su liderazgo impulsó la proyección de candidatos alternativos a las siguientes elecciones. En 2018 Fajardo estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta, lo que probablemente hubiera significado ganar la presidencia. Los números en las encuestas mostraban que si hubiera sido el rival de Duque sus probabilidades de ganar eran altísimas. Por eso, la decepción ha sido grande en las pasadas elecciones, pues como líder de una coalición de políticos de Centro obtuvo menos del 5 % de los votos. Por comodidad, en adelante me referiré al proyecto liberal de izquierda como proyecto de centro, tal como se llamaron a sí mismos durante la última campaña.

Por proyectos populistas me refiero a las iniciativas de líderes políticos que: i) pretenden ser la encarnación ideal de un pueblo, en el sentido de representar sus verdaderos intereses, necesidades y sentimientos, en contraposición a los intereses de una élite antagónica al pueblo y ii) justifican la concentración de poder y el quiebre de las instituciones democráticas en la falta de legitimidad y la corrupción de sus contrincantes políticos, por representar intereses de las élites, contrarios a los del verdadero pueblo.⁵ Por supuesto, existen grandes diferencias de grado en los proyectos populistas. Mientras algunos líderes populistas logran solo objetivos parciales como Trump —quien afectó con sus discursos y decisiones de gobierno los sistemas de peso y contrapeso de Estados Unidos—, otros alcanzan a eliminar el Congreso, atornillarse indefinidamente al poder y convertirse en auténticos dictadores como Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.

Pese a una historia de pocas dictaduras durante el siglo XX, Colombia no dejó de tener varias intenciones populistas durante ese período. El caso del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el de Laureano Gómez con su proyecto de corporativismo católico para Colombia, y la corta dictadura militar de Rojas Pinilla y su posterior candidatura en 1970, que fracasó por el robo de las elecciones (Henderson, 1984), son prueba de que, aunque no pudieron consolidarse en el poder durante un largo período, existieron intentos populistas de consideración (Giraldo, 2018). Luego, hubo que esperar varias décadas para otro intento. Desde su primer gobierno, Uribe lideró una iniciativa populista que condujo a la implantación de la reelección en 2006. Bajo el argumento del “Estado de opinión”, en clara alegoría de representar las voluntades de la gran mayoría de colombianos en la lucha contra el terrorismo, se pretendía abrir la puerta a cambios institucionales que rompían la alternancia democrática. El intento de una segunda reelección de Uribe terminó con el rechazo de la Corte Constitucional. Una vez fuera del poder, las posibilidades del proyecto populista de Uribe se redujeron drásticamente. No obstante, el ambiente político quedó profundamente resquebrajado entre uribistas y antiuribistas. Una tercera parte del país estaba con él, una tercera parte en contra de él, y la otra tercera parte se consideraba de centro (Cyr y Meléndez 2017). De por sí, la polarización no es un problema para las instituciones democráticas; lo grave es cuando se llega al extremo de rechazar la legitimidad de los competidores políticos.

En un momento dado, cuando la imagen de Uribe sufrió el desgaste natural de dos décadas al frente de la política colombiana, la polarización se situó en un plano distint

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