PRÓLOGO

¿Quién es José Manuel Villarejo, el hombre de la intriga española del momento, nacido el 3 de agosto de 1951 en El Carpio, donde vivió hasta el traslado de su familia de la comarca a la capital, a finales de esa década, y que entre otras actividades presumió de criador de caballos?

El pueblo de El Carpio, ¿es el mismo que en su remoto origen, la Onvba (Onuba) de la comarca del Alto Guadalquivir, describió el caballero de la orden ecuestre de Roma, el escritor y militar romano Cayo Plinio Segundo o Plinio el Viejo (siglo I d. C.), allí donde se acuñaron, a veintiocho kilómetros al este de la provincia de Córdoba, las monedas con su nombre en medio de dos espigas de trigo?

El antiguo comisario, según el fiscal Miguel Serrano, es un hombre que practica un continuo «juego de espejos donde nada es lo que parece». En palabras de Serrano: «Un funcionario policial corrupto envuelto en la bandera del patriota que busca un ánimo de lucro permanente».

¿Un «comerciante» nato, como lo describe su compañero de la prisión de Estremera, el abogado y presuntamente socio Alfonso Pazos en un proyecto empresarial de monetización de informes reservados y clasificados, así como del ofrecimiento a cambio de dinero de su declaración judicial a favor de algunas de las antiguas víctimas de su espionaje, con el objetivo de conseguir la nulidad judicial de pruebas reunidas contra ellas?

«Creo que estamos perdiendo de vista el tema Villarejo. Todo lo que hizo Villarejo fue un montaje para ganar muchísimo dinero. El negocio de Villarejo era la pasta, la suya».

¿Quién afirma esto?

¿Acaso Ignacio Stampa, el fiscal que inició las diligencias de investigación en marzo de 2017 desde la Fiscalía Anticorrupción?

No. Stampa fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción el 27 de octubre de 2020 por la entonces fiscal general del Estado, Dolores «Lola» Delgado, mediante el simple expediente de denegarle una plaza fija, a horcajadas de un ficticio «StampaGate» con la inestimable colaboración de los enemigos de la investigación. No pudo Stampa, por tanto, subir al estrado del juicio oral de las piezas Iron, Land y Pintor para decir las palabras que hemos citado.

Quien lo afirma es un hombre que ha estado cuarenta y seis años en el servicio activo de la Policía Nacional.

«Yo no estoy en condiciones de valorar si Villarejo ha hecho mucho bien al Estado español. O [si] ha dejado de hacerlo. Es que no me consta». Es el comisario José García Losada, a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial por primera vez en 2000 y una segunda entre julio de 2012 y octubre de 2013. Conoció a Villarejo en 1974; García Losada estaba destinado en esas fechas como policía a la actividad del cuerpo en Guipúzcoa, en concreto en San Sebastián, donde Villarejo ya llevaba un año. Tenían veintidós o veintitrés años.

En esta casa de los espejos, a modo de espectáculo de parque de atracciones, José Manuel Villarejo se mueve a sus anchas. El comisario García Losada ha narrado que Villarejo, después de muchos años, le visitó en 2000, cuando era por primera vez comisario general de la Policía Judicial, para decirle que era «un agente encubierto». He aquí el relato de García Losada en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. «Decirle a un comisario general de Policía Judicial que un policía es agente encubierto, manda..., conociendo la regulación del agente encubierto en España» [algo que requiere autorización de un juez].

García Losada es un apasionado de las estafas. «A mí me gusta mucho el mundo de las estafas y del timador español de toda la vida. Había una forma que se llama “cuento largo”. Es el timador que enrolla a las personas, a base de darle vueltas, con circunloquios, como por ejemplo en la estampita, el tocomocho, y están hasta que convencen a la víctima. Este señor [Villarejo], el tema de agente encubierto lo utiliza como cuento largo para los clientes que tiene. Todo esto lo hace para ganar dinero, él no lo hace por el bien del Estado, ni por la sociedad española. Es para llenarse bien de pastita. Todo el mundo sabía que este hombre tenía un negocio, entre comillas de detective privado, de agencia de información. Una incompatibilidad absoluta».

Los fiscales Serrano y César de Rivas han sostenido que el negocio al que se refiere García Losada es el negocio de la «extorsión». Que el trabajo de Villarejo era en gran parte, por no decir su actividad mollar, la extorsión y la creación de las condiciones para que sus clientes se vieran necesitados de información para ejercitarla.

El espejo varía la percepción de las cosas. El espejo engaña.

Villarejo rechaza tajantemente las versiones que hemos reflejado. Sostiene que ha sido víctima de una conjura contra él por ser un policía independiente con un conglomerado de empresas que hacían de tapadera. Se ha colocado a sí mismo en el centro de todos los escenarios de aquellas operaciones de guerra sucia contra adversarios políticos y de cover-up, encubrimiento, practicadas desde la cúpula policial y la cúpula del Ministerio del Interior. No desde las cloacas mediante acciones parapoliciales. Desde la cabeza misma.

Y sobre García Losada, nuestro entonces comisario sostenía el 6 de diciembre de 2012, en la punta del ovillo de la llamada Operación Cataluña —el célebre borrador ficticio para frenar al independentismo catalán publicado por El Mundo al que Villarejo llamaba su «cañón Bertha»—, según una nota que cursaba a «Chisco», uno de los sobrenombres, junto con «Choco», que utilizaba para referirse Francisco Martínez, entonces director de gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y poco después su número dos con el cargo de secretario de Estado de Seguridad, que era «muy flojo». Esto es: no toleraba iniciativas irregulares, por no decir abiertamente ilegales, ni miraba para otro lado. García Losada demostró que lo que Villarejo considera su obra maestra para cortar las alas del independentismo —el borrador fabricado y atribuido a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en noviembre de 2012, en plenas elecciones autonómicas catalanas— era una manipulación deliberada.

En la última entrega de la Trilogía Americana, Sangre vagabunda, James Ellroy escribe en las primeras páginas:

América:

Espié cuatro años de nuestra historia. Fue una larga vigilancia móvil y un chantaje de patada en la puerta. Tenía licencia para robar y libertad de acción.

Seguí a gente. Pinché teléfonos, grabé conversaciones y recorrí en elipse los grandes acontecimientos. Me mantuve en la sombra. Mi vigilancia enlaza el Entonces y con el Ahora de una manera nunca antes revelada. Yo estuve allí. Mi reportaje se basa en rumores creíbles y en información privilegiada. Un enorme rastro de documentos permite su verificación. Este libro recoge expedientes públicos robados y diarios personales usurpados. Es una suma de aventura personal y cuarenta años de aprendizaje. Soy un albacea literario y un agente provocador. Hice lo que hice y vi lo que vi y de lo demás me fui enterando a lo largo de la historia.

Veracidad de escritura pura y contenido de revista de escándalos: es esta conjunción lo que le da la chispa. Lleváis dentro la semilla de la credulidad. Recordáis el tiempo que abarca esta narración y captáis la conspiración. Estoy aquí para deciros que todo es verdad y que no es en absoluto como pensáis.

Leeréis con cierta reticencia y al final capitularéis. Las páginas siguientes os obligarán a sucumbir.

Voy a contároslo todo.

No sé si las páginas siguientes, como escribió Ellroy, os obligarán a sucumbir. Pero apuesto a que, una vez más, la realidad vuelve a superar a la ficción.

Orejanilla, Segovia, 27 de marzo de 2023

PRIMERA PARTE

CÓDIGO ROJO

1

El juicio terminó pocas horas antes de empezar a escribir este libro: el miércoles 28 de septiembre de 2022. La presidenta del tribunal que le enjuició a él, su esposa y otros veinticinco acusados fue también la encargada de la ponencia. Es decir, el borrador de sentencia que anulaba o justificaba la validez del material probatorio relataba los hechos probados y dictaba el veredicto. Su despacho en la Audiencia Nacional está frente a la salida del ascensor y da a la calle Génova de Madrid. Pero cuando por las tardes levantas la vista y escudriñas su ventanal, las cortinas están bajadas y no hay luz. Aunque allí, en su amplio lugar de trabajo, iba a decidirse el desenlace, Ángela Murillo (Almendralejo, Extremadura, 1953) trabaja —hasta después de las Navidades de 2022— en su domicilio particular por las mañanas y desde primeros de 2023, en su despacho. Fermín Echarri, trabaja por su cuenta, pero codo a codo con Ángela. Es un magistrado entusiasta, trabajador. Está en comisión de servicios en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 2014. Trata de discernir si existe base para condenar a Villarejo por el delito de cohecho, el más relevante de todos que se ha enjuiciado. A primeros de 2023, Echarri creía que marzo era el mes en que se podía deliberar y votar. Carmen Paloma es la discreta magistrada del tribunal. Ángela revisa cada prueba y examina su validez. En su casa no ha tenido, como le ha ocurrido alguna vez en la Casa de Campo, que quitar el polvo de las cajas de documentos para zambullirse en los papeles. Desde el 27 de septiembre a las 18.32, cuando acabó su alegato José Manuel Villarejo, Ángela empezó a respirar, aunque le quedasen todavía para el miércoles 28 dos acusados por hablar, porque habían sido nueve meses en los que había tenido que imponerse en no pocas ocasiones. Y se había hecho pesado. «Cállese, por favor». «No me interrumpa». «¡Señor acusado, cállese!». «¿Quiere callarse, por favor?». «Aquí en esta sede usted no puede decir lo que le dé la gana. Ya está, se acabó, vamos a hacer un descanso». Ángela es una ácrata, no se cree a nada ni a nadie. Ni Dios ni Amo. Va por libre. Es muy conservadora. Cree en el orden y en las instituciones. Ha fumado. Puros y puritos. Disfruta de un gin-tonic después de la cena. Es historia misma del tribunal de la Audiencia Nacional. Para bien y para mal. Y su manera de actuar a veces evoca el lenguaje y el tono de los mercados. Da voces, su intervención se sobrepone a la de los letrados. Aquel martes 27 de septiembre el tribunal escuchó a José Manuel Villarejo no sin expectativas. No era el tradicional uso de la última palabra. Ángela no tuvo que preguntar, como manda el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el acusado tenía algo que manifestar al tribunal para concederle así el turno de última palabra. Porque ya sabía que el acusado actuaba a su vez, en su calidad de abogado, como codefensor junto con su letrado, Antonio Cabrera, tal como lo había hecho a lo largo del juicio oral.

Villarejo había soñado antes y durante todo el juicio, iniciado en el mes de octubre de 2021, con su turno mixto de última palabra y alegato defensivo. En su estilo conspiratorio normal había advertido a amigos y periodistas de que tenía dudas de que Ángela fuese a «aguantar» lo que pensaba decir y que iba a cortarle e, incluso, quizá se atrevería a quitarle o limitar considerablemente el uso de la palabra. Se equivocó. Ángela resistió estoica.

Entonces él contó su película. Con título y todo.

El código rojo.

2

Con el nombre de El código rojo rebautizó aquella película de 1992 del director norteamericano Rob Reiner, Algunos hombres buenos, donde se narra la búsqueda de justicia por parte de un abogado de la Marina de Estados Unidos en el caso del asesinato de un soldado en la base naval de Guantánamo, Cuba, un crimen del cual son acusados dos suboficiales. La pregunta de la película: ¿actuaron los suboficiales por su cuenta o cumplieron una misión en la que acataban órdenes de sus superiores?

«La causa Villarejo es un código rojo. Sí, sí, es un código rojo. Recuerden esa famosa película, Algunos hombres buenos, donde un militar ordena eliminar a uno de sus hombres por considerar que ponía en peligro al resto. Pero como era ilegal aplicar el código rojo, todos lo negaron hasta que, en un juicio, se descubrió que lo había ordenado un alto mando. No puede haber más coincidencias con esta causa, donde otro militar, Félix Sanz Roldán [exdirector del CNI, equivalente en la película al comandante de la base de los marines de Guantánamo, el coronel Nathan Jessup, interpretado por el actor Jack Nicholson], decidió eliminar un peligro para el que, atribuyéndose el conocimiento de que así salvaría al Estado, aplicó el código rojo. Al igual que en la película, de no haber sido por este juicio, no se habrían delatado. Se ha visto que, siguiendo órdenes del jefe del CNI, aplicaron el código rojo a uno de los suyos porque creían que con su conducta ponía en peligro los pactos y componendas con que se mantenía el equilibrio de las instituciones. «Así de claro, señoría», comenzó su alocución José Manuel Villarejo en el juicio en su contra.

3

Villarejo explicó que lo que Sanz Roldán buscaba con la operación de encarcelarle era hacerse con los cientos de audios que había almacenado a lo largo de los años y que al hacerse finalmente públicos habían salpicado a empresas del IBEX 35, a partidos políticos y al rey emérito.

Aunque Villarejo no lo apuntó, fue el mismo Sanz Roldán quien, el 25 de julio de 2018, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, explicó a puerta cerrada la importancia del material. «Se trata de un volumen de 32 terabytes. No creo que alcancen ustedes a dimensionar la cantidad de información que supone. Se lo diré de forma más gráfica: equivale a doce tráileres llenos a rebosar de papel».

¿Y qué tenía que ver esta película de 1992 con los hechos por los cuales el tribunal estaba a punto de declarar este 27 de septiembre el «visto para sentencia» al finalizar el juicio oral?

Villarejo vino a decir que no era un estafador vulgar y corriente, contra todas las evidencias, y que estas no eran más que apariencias para camuflar su actividad de agente secreto. Unas apariencias que ahora se utilizaban para acabar con él, un objetivo que se encubría acusándole de operaciones delictivas que todo el mundo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y en el Ministerio del Interior conocía como la tapadera de su actividad de agente de la Policía y del servicio de inteligencia. Tres directores adjuntos de la Policía así lo habían reconocido por escrito —y así consta en el sumario— a petición de su abogado. Esos negocios, arguyó Villarejo, eran la tapadera a través de la cual servía mejor a sus superiores y a España.

Sin embargo, los tres directores citados (Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino) explicaron en el juicio que no tenían un conocimiento exhaustivo de su actividad empresarial y rechazaron haber autorizado la trama de compañías que formaban el grupo del comisario.

4

La principal crítica de Villarejo se dirigió a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, a los que acusó de plegarse a los deseos de los servicios secretos.

Y los servicios secretos, o, mejor dicho, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), más allá de sus deseos y de la enemistad de Sanz Roldán con Villarejo, no estaban por la labor de aplicar el código rojo que denunciaba Villarejo, aunque ya en 2015 habían manejado información procedente de Guinea Ecuatorial que podía afectar al por entonces comisario. A primeros de agosto de 2016, Villarejo ya estaba jubilado, después de pasar por el susto de un intento de detención ordenado por el juez de Madrid Arturo Zamarriego en un caso en el que Villarejo grabó la conversación entre dos policías de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía y dos agentes del CNI (el llamado «caso Nicolay», referido al Pequeño Nicolás, en el que el comisario fue finalmente absuelto el 12 de enero de 2023). La operación había tenido lugar el 14 de junio de 2016. Seis agentes del grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se distribuyeron en las inmediaciones de su casa y en el garaje de su despacho. Una llamada telefónica a las 9.38 de esa mañana frenó la operación. El fiscal del Juzgado N.º 2 de Madrid, Alfonso San Román paralizó la acción policial.

Unos meses después, el jueves 3 de noviembre de 2016, tuvo lugar una comida entre altos funcionarios del CNI, encabezados por Esperanza Casteleiro, entonces secretaria general y número dos de Sanz Roldán, el ya excomisario Villarejo y el comisario José Luis Olivera, amigo personal de este último y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde también participaba Casteleiro, en representación del servicio de inteligencia. Era una comida, según se puede escuchar en el audio de la misma, que Villarejo hizo difundir, de reconciliación. La secretaria general, hoy directora del CNI, condenó el intento de arresto y el registro del domicilio y las oficinas de Villarejo del 14 de junio. Se abría así una nueva fase en las relaciones entre el ahora excomisario y el CNI.

En el audio, Casteleiro da luz verde a que Villarejo aproveche su acceso a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante de Juan Carlos I —a quien él había visitado por iniciativa propia en Londres el 16 de abril de 2015, en Mónaco el 16 de junio de 2015 y otra vez en Londres hacía un mes, el 7 de octubre de 2016—, para así evitar que hiciera uso de datos comprometedores para Juan Carlos I.

El comisario José Luis Olivera le explicó a Casteleiro en la comida que había que dejar tranquila a Corinna.

5

Gabriel Mbega Obiang Lima (nacido en Guinea Ecuatorial en 1975) asumió el 21 de mayo de 2012 el cargo de ministro de Minas e Hidrocarburos, después de trabajar desde 1997 como secretario de Estado de Minas e Hidrocarburos y asesor presidencial de Hidrocarburos, y ser miembro de la junta directiva de Sonagas, Segesa y Gepetrol, las empresas estatales de Guinea Ecuatorial.

Con el control de una producción de medio millón de barriles diarios de petróleo, Gabriel, formado como economista en el Alma College de Michigan, Estados Unidos, representaba el poder detrás del trono de su padre, Teodoro Obiang Nguema (1942). Gabriel era hijo del segundo matrimonio del dictador con Celestina Lima, mientras que Teodoro (Teodorín) Nguema Obiang lo era de su primera pareja, Constancia Mangué, y ocupaba el cargo de vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Un sector de la familia liderado por su hermanastro se convirtió en una facción para desestabilizar la posición de Gabriel en la sucesión política del dictador ecuatoguineano.

En 2012 Villarejo fue fichado para hacer una serie de informes. Un empresario y abogado hispanoecuatoguineano llamado Francisco Menéndez se aproximó al entonces comisario a través de un amigo común que ya trabajaba para aquel: el comisario Carlos Salamanca, el responsable del aeropuerto de Barajas.

El contrato estipulaba, según el documento aportado a las diligencias, un pago de 1,7 millones de euros iniciales por la elaboración de un informe que debía ser actualizado anualmente y que se facturaría por otros 3,6 millones de euros. El objetivo principal era Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente Teodoro Obiang, a quien era necesario desacreditar en la batalla familiar de sucesión mediante la reunión de toda la basura posible sobre él.

El Centro Nacional de Inteligencia, por su parte, según se ha apuntado, conocía algunos de los pasos de Villarejo en Guinea Ecuatorial, pero no tenía ningún plan de actuación contra el policía. Ya le iba bien con que este conociera que sabían algunas cosas como advertencia de que debía controlar su locuacidad con los medios de comunicación y abstenerse de criticar o realizar presuntas revelaciones.

6

Pero, como en la película de John Ford de 1962 sobre el Oeste norteamericano El hombre que mató a Liberty Valance, las apariencias en el desenlace de la operación contra Villarejo eran engañosas. Si allí, en el duelo entre el joven abogado Ransom Stoddard, interpretado por James Stewart, y Liberty Valance, el despiadado y enloquecido forajido al que da vida Lee Marvin, las cosas no son lo que parecen, aquí, en la caza de Villarejo, puede que tampoco.

En la película se ve primero la escena recortada en la que Stoddard/Stewart mata a Valance/Marvin. Pero, al recordar el ahora senador Stoddard los hechos años después, la cámara amplía el foco de la escena y aparece en un callejón perpendicular a la calle del duelo Tom Doniphon/John Wayne, quien es el que realmente dispara con su rifle en el momento preciso y acaba con Valance.

En El hombre que cazó a Villarejo, ¿fue un exagente del CNI, completamente independiente del servicio de inteligencia, el que fuerza la denuncia de sus actividades delictivas, es decir, Stoddard/Stewart, por cuenta propia?

¿O detrás del exagente estaba el CNI? ¿Fue el general Sanz Roldán, desde la calle perpendicular que en la película se omite al ocurrir los hechos, el Tom Doniphon de esta historia?

7

En 2016 el exagente del CNI y colaborador del Cuerpo Nacional de Policía, que había estado en nómina en las dos instituciones, David Rodríguez Vidal apareció en escena. O en uno de los callejones, como Tom Doniphon/John Wayne.

Rodríguez Vidal (Ferrol, Galicia, 1966), informático de profesión, es un gallego de piel blanca y acento suave de su tierra, gordo, ojos color aguamarina, sin pelo, cabeza grande y ovalada, con barba de tres días y de verbo fácil, de una campechanía natural y sonrisa franca. Viste camisas de color celeste y cuello redondo blanco «club» para corbata, o con traje gris con jersey o suéter negro con una cadena que luce un pequeño crucifijo. Su imagen proyecta el fotograma de una película de espías de Europa del Este durante la Guerra Fría e, incluso sin el clásico sombrero fedora, uno se dice: este es un espía. Nada que ver con Tom Doniphon/John Wayne. Pero podría ser también un detective de novela negra de los norteamericanos Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Entre 2000 y 2002 estuvo en nómina primero del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y, a partir de 2002, de su sucesor, el CNI, y fue él quien, como agente «John Osaro», «David R. Vidal» o simplemente «Juan», había tejido una red de informadores en veinticinco países, sobre todo en el África subsahariana, durante sus años oficiales en el servicio de inteligencia. En 2016 comenzó a recibir datos sobre la ruta del dinero para llegar a los comisarios Salamanca y Villarejo, en paralelo y aparentemente sin tocarse con la investigación que desarrollaba en 2015 el CNI. Fue aproximadamente en abril de 2016 cuando nuestro detective-espía, que hasta diciembre de ese año, cobró del Cuerpo Nacional de Policía, conoció, a través de un amigo suyo, a quien iba a ser su confidente en este caso.

Se trata Francisco «Paco» Menéndez (Fernando Poo, Guinea Ecuatorial, 1960), abogado español de origen ecuatoguineano.

Y ¿quién era este? Nada menos que el abogado que representaba a la empresa estatal ecuatoguineana Gepetrol.

Francisco «Paco» Menéndez lavaba dinero de la empresa pública Gepetrol. Había empezado a hacerlo con la ayuda del comisario Carlos Salamanca, cuyo puesto de jefe del aeropuerto de Barajas era crucial.

Y el primero amigo y luego socio en algunas de las empresas de Rodríguez Vidal, gracias al cual este conocía a Menéndez, era el abogado Luis Miguel Rubí Blanc, quien antaño había formado parte del equipo de dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco de España. Rubí Blanc y su despacho de abogados asesoraba a Menéndez en relación con una deuda con Hacienda de cuatro millones de euros (había blanqueado alrededor de cincuenta millones de euros). Y Rubí Blanc era quien se había personado en la causa de Menéndez en el juzgado de Madrid. Una causa impulsada por la Agencia Tributaria a través de una exhaustiva investigación sobre lavado de dinero.

Para Rodríguez Vidal, el asunto era sencillo. «A ver, si hay un alto cargo de la Policía que está en activo y que hace trabajos de inteligencia que utilice las bases de datos policiales, para mí, es blanco y en botella. No sé qué quiere que le diga», replicó en el primer juicio oral del caso Tándem-Villarejo al abogado de Villarejo, Antonio Cabrera. Y más tarde, el 2 de junio de 2022, al prestar declaración en el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional.

Para conocer cómo es Rodríguez Vidal cabe recordar que al llegar al pasillo por el que se accede a la sala de declaraciones, le cedió a Villarejo el lugar para que se sentara mientras esperaban. Y cuando terminó de declarar salió junto con el juez García-Castellón y le preguntó si podía aclararle un problema. El juez le preguntó de que se trataba. Pues de la factura de gastos de traslado desde A Coruña. El juez dijo que por supuesto y le pidió a una secretaria que lo tramitase. «La próxima vez nos avisa y lo hacemos por videoconferencia», le dijo al juez.

Por su parte, Menéndez, un hombre rechoncho de anchas espaldas, frente enorme despejada y patillas entrecanas que le caen hasta el lóbulo de la oreja, suele vestir formalmente y en traje con camisa sin corbata, y en una de sus pantagruélicas comidas en un reservado del comedor de la vinoteca Lavinia, en la madrileña calle de Ortega y Gasset, se desahogaba en la primavera de 2016 con Rodríguez Vidal, no sin antes encargar una botella de vino de quinientos euros que acababa de llegar a la tienda: «Villarejo es violento. Me ha cogido por las solapas de la chaqueta y me ha amenazado si no le pago el millón y medio de euros que debía entregarle». Esto consta en el sumario.

Ese millón y medio de euros que, en efecto, estaba destinado al por entonces comisario, se lo quedó para sí mismo otro miembro de la banda, Crispín Edu Tomo Maye, director comercial y de marketing de Gepetrol, según aclaró Menéndez. Ocurre hasta en las mejores familias.

8

El creciente temor de Menéndez, y su expectativa de que una colaboración suya con la Policía le pudiera exonerar de la deuda de cuatro millones de euros con la Agencia Tributaria española, desembocó en lo que iba a ser el pistoletazo de salida de la operación. ¿Quién apretó el gatillo? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como quien no quiera la cosa... ¿Quién lo autorizó? El mismísimo coronel jefe a cargo de dicho departamento entre 2016 y 2018, Manuel Sánchez Corbí.

He aquí la secuencia. David Rodríguez Vidal afirma que necesitaba apoyarse en algún servicio de información o inteligencia relevante. Sus contactos con el Cuerpo Nacional de Policía, para quien seguía trabajando hasta finales de 2016, resultaron frustrantes. Mantuvo un encuentro con el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, «El Chati», jefe de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), en una cafetería próxima a la sede de Canillas. Le entregó un papel con las cuentas bancarias de Villarejo en Panamá y Uruguay; el comisario le aseguró antes de despedirse que esa misma semana entregaría los datos a la Fiscalía. Rodríguez Vidal no tendrá más noticias sobre el asunto.

Pero el azar quiso que su reunión con Sánchez Aparicio tuviera lugar en uno de los recurrentes «momentos Villarejo».

En febrero de 2016, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía recibió un escrito de la Comisaría General de Policía Judicial en el que se vinculaba a Villarejo con posibles operaciones de blanqueo de capitales de varias de sus sociedades. La fuente era el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la llamada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España. El comisario jefe de la UAI, Javier Migueláñez, encargó el asunto al inspector jefe con carnet 111.460: Gonzalo Fraga. Un hombre joven, delgado, con barba oscura y voz más bien aguda. Entre febrero y abril de 2016, Fraga trabajó haciendo comprobaciones. Se dirigió a los registros mercantiles de Madrid, Sevilla y Málaga, y pidió copia de los datos registrales de la estructura societaria de Villarejo. Fraga, en efecto, detectó indicios de blanqueo de capitales. El capital social de esa estructura era de una cantidad respetable, más de veinte millones de euros. Pero los movimientos sospechosos no desvelaban todavía el requisito del blanqueo: el delito subyacente o el origen delictivo de los fondos movilizados. Fraga finalizó su informe el 7 de abril de 2016. Él y Migueláñez concluían que era necesario profundizar la investigación y, en lugar de presentar una denuncia ante un juzgado, enviaron su informe a la Fiscalía Anticorrupción. Fraga se disponía a ir a la Fiscalía, como solía hacer cuando estaba a cargo de un asunto. Pero su jefe Migueláñez le frenó: el comisario a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial, «El Chati» Sánchez Aparicio, tenía un especial interés en acudir personalmente. Fue él quien llamó al por entonces fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para concertar una reunión. El 8 de abril, sin perder tiempo, Sánchez Aparicio, otro inspector jefe de la Comisaría General y Fraga se presentaron en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en la calle de Manuel Silvela de Madrid. El comisario dejó a Fraga fuera del despacho de Salinas y fue él mismo quien entregó en mano el escrito al fiscal jefe.

El destino del informe es tortuoso: al entrar en el despacho de Salinas ingresará, como en el cuento de Borges, en «el jardín de los senderos que se bifurcan».

A mediados de mayo de 2016, el comisario Migueláñez llamó a Fraga:

—El escrito sobre Villarejo va a ir a la Fiscalía de Madrid, parece ser que mejor allí. Dicen que lo devuelven y que lo enviamos allí.

—Hombre, no es el procedimiento más normal —repuso Fraga—. Anticorrupción debería enviarlo a Madrid. Pero, bueno, si hay que hacerlo...

—Sí, hay que presentarlo al fiscal jefe de Madrid, a [José Javier] Polo.

El 19 de mayo de 2016, Fraga, tras cambiar la portada del informe sobre la estructura societaria de Villarejo 1983-1993, volvió a enviarlo con esa nueva fecha a la Fiscalía de Madrid.

Y unas semanas después, el director adjunto operativo, el número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino, a punto de jubilarse, envió a la UAI una denuncia preventiva presentada por Villarejo, quien estaba al corriente de todos los pasos seguidos. Es evidente: le habían ido contando lo que se cocía. Según afirmaba en el escrito, Villarejo reprochaba que se había iniciado una investigación sobre él, el comisario Sánchez Aparicio había acudido a la Fiscalía Anticorrupción y ahora se dirigía a la Fiscalía de Madrid acompañado de más gente.

Fraga se dio cuenta entonces de que había habido un chivatazo sobre unas actuaciones reservadas, así se lo comunicó a la fiscal de Madrid encargada del caso, Ana Isabel Vargas, y lo puso por escrito en un oficio. Pero los tentáculos del comisario eran largos y no menos eficaces. En octubre, la fiscal Vargas, sin hacer diligencia alguna, propuso cerrar el asunto: archivó la denuncia contra Villarejo sin llevarla ante un juzgado por considerar que se trataba de una «investigación prospectiva y desproporcionada». Un argumento muy socorrido. Pero no se notificó el archivo a la UAI. En enero de 2017, Fraga preguntó a la Fiscalía de Madrid qué pasaba con las diligencias.

—Nada... Se ha decretado el archivo... —fue la respuesta.

9

La cúpula policial, representada por Eugenio Pino hasta su jubilación en junio de 2016, era el escudo de Villarejo. Pero ello no quería decir ausencia de rivalidad o de desconfianza hacia el comisario. Tras la salida de Pino, se abrió un interregno hasta la designación del comisario Florentino Villabona en enero de 2017.

Rodríguez Vidal acudió a ver a primeros de marzo de 2017 al capitán de la UCO, Borja Pastor de la Morena, responsable de la Unidad de Blanqueo de Capitales y a punto de ser ascendido a comandante antes de ser destinado en Europol. Tomaron unas cervezas en un bar de la madrileña calle de Arturo Soria, a unos quince minutos de la sede de la UCO, próxima a Barajas.

Jordi Pujol i Soley exclamó el 11 de enero de 2013, al conocer un falso borrador de informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, lo siguiente: «Todo eso de la UDEF qué coño es la UDEF. Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador, si ese borrador se hizo de una forma subprepticia, clandestina o ilegal, o bien el Ministerio del Interior lo autorizó o lo hizo hacer o bien no existe, pero la relación que tiene un banco con su cliente es su cuenta corriente. No tengo ninguna y además lo dice el banco [Lombard Odier, Ginebra]». Pues: ¿Y la UCO? ¿Qué es la UCO?».

La Unidad Central Operativa (UCO) es el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil española, cuya misión es investigar y perseguir las formas más graves y sofisticadas de delincuencia y crimen organizado nacional o internacional, así como el apoyo a unidades territoriales de la Policía Judicial que, por falta de personal o de medios, o porque el ámbito delincuencial sea interprovincial, requieran de su apoyo. Está formada por quinientos agentes.

Rodríguez Vidal quería «medir la temperatura». Y llamó al responsable de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UCO: le conocía de invitarle a dar un par de conferencias, en 2011, en un curso organizado por Global Chase, una de sus empresas de inteligencia, que imparte cursos sobre cómo funciona el espionaje y se presenta como la primera academia en España para formar agentes de inteligencia con profesorado procedente de los servicios secretos.

Y en ese encuentro, durante un aperitivo de cañas y torreznos, según declaró en sede judicial Rodríguez Vidal, el capitán Borja Pastor de la Morena le soltó un «sermón sobre el bien y el mal».

La realidad: Rodríguez Vidal llamó a la puerta de la UCO e informó al capitán de que tenía información relevante sobre actividades delictivas de dos peces gordos de la Policía Nacional: los comisarios Carlos Salamanca y José Manuel Villarejo. Le explicó que era información de primera mano, hasta el punto de que el empresario Francisco Menéndez, quien les había pagado, estaba dispuesto a cantar la gallina a cambio de un pacto que le permitiera recibir un tratamiento favorable en una deuda por la cual la Agencia Tributaria le acusaba de delito fiscal en un juzgado de Madrid.

Al capitán Borja le faltó tiempo nada más llegar a su cuartel general en la UCO para informar a su superior y departir con el coronel jefe a cargo, el coronel Manuel Sánchez Corbí, sobre los comisarios presuntamente implicados en lo que, según había transmitido Rodríguez Vidal, se llamó «operación King»: el Tándem Salamanca-Villarejo. Según le explicó el oficial a cargo de la Unidad de Blanqueo de Capitales, Rodríguez Vidal era un intermediario del empresario Francisco Menéndez, que tenía problemas con una deuda con la Agencia Tributaria y quería negociar un acuerdo por el cual, a cambio de dar información, obtendría algún beneficio para su caso. Sánchez Corbí y su equipo consideraron, después de realizar un «pequeño análisis somero», que los datos facilitados sobre Salamanca y Villarejo podían tener «cierta consistencia». Rodríguez Vidal les había dado información sobre un automóvil Porsche Panamera que el comisario Salamanca habría recibido como regalo de Menéndez, además de datos sobre cuentas de Villarejo en Panamá y Uruguay.

Rodríguez Vidal había comprobado el primer dato: el coche pasó de una empresa de Menéndez a la posesión de un ciudadano chino, Yongping Wu Liu, mano derecha de Gao Ping, líder de una organización criminal investigada y condenada en la Audiencia Nacional. Pero quien gestionaba el seguro del vehículo era el comisario Salamanca, a la sazón el conductor del potente deportivo color blanco.

Hay que tener en cuenta que Sánchez Corbí era por quien pasaba la relación entre la UCO y el CNI. Se trataba del único interlocutor de la UCO con el director del servicio de inteligencia, el general Félix Sanz Roldán. Y Sánchez Corbí conocía directamente por boca de Villarejo, durante un encuentro de cuarenta minutos que había mantenido con el comisario hacía alrededor de diez meses, el 11 de mayo de 2016, la guerra con el general Sanz Roldán.

Esta fue una cita en la cafetería situada debajo de la madrileña Torre Picasso, edificio donde estaban, en la novena planta, las amplias oficinas del Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), como debe ser para el Madrid pijo y adinerado, en el paseo de la Castellana. En la City madrileña, vamos. Sánchez Corbí había acudido para agradecer al comisario que se hubiera interesado por su hija enferma y que le hubiera puesto en contacto con un laboratorio que estaba experimentando con un medicamento nuevo, que a la postre no resultó eficaz. Su hija había fallecido unos meses antes de la cita. Villarejo había gestionado la prueba de ese medicamento a través de una empresa donde era socio con una conquista del comisario de primeros de 2014: Adrián de la Joya. Este era un empresario-intermediario que vivía en lo que se conocía como el último paraíso en un mundo loco (the last paradise in a crazy world), tal como inmortalizó la actriz norteamericana Julie Andrews a la ciudad y estación invernal suiza de Gstaad, en el cantón de Berna. Villarejo creyó que haber dado con el hombre que tenía los mejores contactos y relaciones en todo el mundo.

En este encuentro, Villarejo le explicó a Corbí que estaba esperando jubilarse a primeros del siguiente agosto, 2016. En el audio, que Villarejo hizo difundir, se habla de su situación.

MANUEL SÁNCHEZ CORBÍ: Yo creo que haces bien en retirarte.

JOSÉ MANUEL VILLAREJO: Satisfecho con lo que he hecho, pero muy desencantado. Al final, macho, imagínate que me hubieran pillado como al [fiscal de la Fiscalía Anticorrupción José] Grinda con niños... Lo único es que se inventaron el apuñalamiento de la dermatóloga [la dermatóloga Elisa Pinto denunció al empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, el exministro franquista y presidente de la constructora OHL, por acosarla y por contratar a Villarejo en 2013, quien en abril de 2014 se bajó de un vehículo y le dijo: «López Madrid quiere que cierres la boca» y le hizo un tajo sobre el abdomen por encima de la ropa. La juez ha abierto juicio oral contra López Madrid y Villarejo por delito de acoso, amenazas y lesiones con instrumento peligroso. La fecha todavía está por determinar]. Ahí tu segundo, aprovecho para decírtelo [Fernando Almansa], junto con este comandante Basilio [el coronel Basilio Sánchez Rufo], que le limpia los ordenadores al fiscal. [Villarejo denunció al fiscal Grinda por presunto delito de pederastia y sostuvo que la Guardia Civil borró imágenes comprometedoras de su ordenador sin dejar rastros, una denuncia que fue desestimada]. Él dijo que este tema de la dermatóloga no estaba claro...

SÁNCHEZ CORBÍ: [Francisco] Almansa no viene de este mundo.

VILLAREJO: Ya, es de otro mundo.

SÁNCHEZ CORBÍ: Es demasiado pardillete. Eso está encarrilado... Nos lo plantearon y nos mantuvimos al margen.

VILLAREJO: Está muy encarrilado porque es evidente. No la conozco, no la he visto en mi puta vida y, como comprenderás, no me dedico a apuñalar a nadie, es de lo más zafio. Es todo muy siciliano.

En ese momento, a mediados de marzo de 2017, el coronel jefe Sánchez Corbí, tras conocer los indicios contra Salamanca y Villarejo, se puso en contacto con el nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

10

Manuel Moix (Madrid, 1958) asumió el 8 de marzo de 2017 el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy a iniciativa del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y a propuesta del Consejo Fiscal.

La fama de Moix venía precedida por su cercanía al Partido Popular. Se trataba de un fiscal conservador, próximo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la presidenta Esperanza Aguirre, que había escalado en su carrera durante los gobiernos del PP: desde su nombramiento a propuesta del ministro de Justicia Ángel Acebes como fiscal en la secretaría técnica del fiscal general del Estado Jesús Cardenal, en 2001, y su posterior designación en julio de 2003 como fiscal superior del TSJM, en sustitución de Mariano Fernández Bermejo, a iniciativa del ministro de Justicia José María Michavila. Había dejado pasar muchos asuntos justificándolos (firmó tres decretos de archivo en el caso campo de golf del Canal de Isabel II de Madrid, en 2009; o en el espionaje dentro del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid; Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid; juez Elpidio Silva; Madrid Arena; pre-Lezo; incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en Madrid; Rato y otros.

Pero, aparte de esa fama, a Moix también le precedía el morbo. Porque había sido protagonista en el mes de noviembre de 2016 en los medios de comunicación por la filtración de unas intervenciones telefónicas realizadas por la UCO, debidamente autorizadas por la Audiencia Nacional para el caso de corrupción Lezo. En ellas, los amigos del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado en varias causas, mencionaban que sería bueno su nombramiento como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción ante la jubilación de su jefe de entonces, Antonio Salinas. Y esas grabaciones estaban frescas todavía.

Había que remontarse a esos meses, al 3 de noviembre de 2016. Ignacio González, preocupado por las investigaciones de las que era objeto —entre otras, la compra de un ático, con piscina y vistas al mar, en la urbanización Alhambra Golf de Guadalmina, en Estepona, por valor de 770.000 euros—, mantuvo una conversación con Enrique Arnaldo, actual magistrado del Tribunal Constitucional, un hombre que solía estar presente en las consultas para nombramientos en las principales instituciones. Se estaba preparando por entonces el relevo de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a quien el ministro de Justicia Rafael Catalá había prometido en principio renovar en su cargo, pero con la condición de que fuera ella misma quien moviese el banquillo en las jefaturas de las principales fiscalías.

En una conversación con Eduardo Zaplana que captó la Guardia Civil, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid le dijo, en el reservado de un restaurante madrileño, que había hablado con Enrique Arnaldo sobre una persona para la Fiscalía General del Estado: «Y yo le digo a estos [a sus interlocutores]: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es mejor poner [al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel] Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: “Pues no estaría mal”».

Caliente, caliente.

En un diálogo con Arnaldo, el presidente de la Comunidad de Madrid ya sabía algo más.

ENRIQUE ARNALDO: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡Ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal.

IGNACIO GONZÁLEZ: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.

ARNALDO: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno.

El 3 de noviembre de 2016, Mariano Rajoy había confirmado como ministro de Justicia a Rafael Catalá al formar su nuevo gobierno, posterior a la primera repetición de elecciones de la democracia española en junio de 2016. Ignacio González envió un mensaje de felicitación al ministro, quien le contestó: «Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos».

Todo indicaba que el plan explicado por Arnaldo estaba funcionando.

Pero Ignacio González leyó en la prensa de entonces que el ministro Catalá continuaba pensando en Consuelo Madrigal para que siguiera en la Fiscalía General del Estado. Y el presidente de Madrid se lo contó a Zaplana: «El otro día me fui a hablar con Enrique López [exmagistrado, que luego sería consejero en los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y secretario de Justicia en la ejecutiva del PP]. Le dije que, según la prensa, Rafael Catalá prefiere que siga Consuelo Madrigal de fiscal general del Estado. Me tranquilizó. Dijo que eso lo había filtrao el jefe de prensa que tenía ella porque se la iban a follar. A Catalá le viene bien esto porque parece que no ha puesto al otro y fuera; este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer».

Madrigal había rechazado durante esos días las «sugerencias» de cambios de Catalá. Y el ministro de Justicia decidió romper su promesa. Aconsejado por el presidente de la Sala Segunda, la Sala Penal, del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y por el abogado del PP en varias causas judiciales, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, optó por nombrar el 16 de noviembre de 2016 al magistrado de la Sala Segunda del Supremo, José Manuel Maza.

González no apuntaba mal cuando pronunció el nombre de Manuel Marchena, porque Maza era el hombre a quien sugirió Marchena como nuevo fiscal general del Estado cuando Catalá se lo consultó. Marchena llamaba a Maza en los plenos de la Sala Segunda, la Sala Penal, «mi vicepresidente». Por su parte, Marchena apuntaba más alto. Ya había intentado sin éxito en 2013 que lo nombraran presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, más tarde, se había negado a ser fiscal general del Estado y quería conseguir la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ en la próxima renovación del Poder Judicial en 2018.

Tras el nombramiento de Maza, Arnaldo y González volvieron a comentar:

ARNALDO: ¡No me equivocaba mucho!

GONZÁLEZ: No, ¿no? Has acertado.

ARNALDO: Je, je, je. ¡He acertado!

GONZÁLEZ: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?

ARNALDO: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.

En las escuchas de la Guardia Civil, sale cómo el entonces presidente de la Comunidad también preguntó por la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional:

GONZÁLEZ: ¡Oye! ¡Y los de abajo!

ARNALDO: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente.

GONZÁLEZ: Porque es que si no...

ARNALDO: Hay que mover la pieza principal [la Fiscalía General del Estado con Maza]. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce.

11

Ignacio González (Madrid, 1960) estaba en una carrera contrarreloj. Porque ya no se trataba solo de la investigación sobre la compra de su ático en Estepona. A González lo nombró Esperanza Aguirre vicepresidente del Gobierno y presidente del Canal de Isabel II. Y no abandonó este último cargo hasta que sustituyó a Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, en septiembre de 2012. El juez Velasco empezó a investigar hacia mediados de diciembre de 2016 la enigmática adquisición que la empresa Inassa, filial del Canal de Isabel II, hizo de la brasileña Emissão Engenharia e Construções, por la que el ejecutivo que ya presidía González pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros), una compañía cuyo valor contable, un año más tarde, era cuatro veces inferior, es decir, 5 millones de euros.

12

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) quiso, durante estas investigaciones de corrupción del PP de Madrid, abandonar el juzgado de instrucción porque, según había declarado públicamente, la Audiencia Nacional no disponía de los medios para combatir la cantidad de casos en curso.

Y González aspiraba también a sacarse de encima a Velasco. Le habían contado que, después de que un juez del sector progresista, Miguel Carmona, se hizo cargo del Juzgado N.º 5 de la Audiencia Nacional, en el que se investigaba el caso Gürtel, entonces en manos del juez Pablo Ruz (en comisión de servicios), el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón le ofreció a Carmona la plaza de magistrado de enlace en Londres y el juez la aceptó. Eso ocurrió en diciembre de 2013. Carmona ni pisó el juzgado y se marchó a Londres. Ahora González pensaba en un enroque distinto con un método parecido: quería conseguir que Eloy Velasco dejase el juzgado donde estaba en comisión de servicios y traer a España al juez García-Castellón, a quien el ministro Catalá conocía muy bien, para que se hiciera cargo del juzgado del que era el titular. La UCO grabó a González y al exministro de los gobiernos de José María Aznar Eduardo Zaplana (que fue detenido más tarde, el 22 de mayo de 2018, acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal en el marco de la operación Erial. Está en libertad en espera de juicio a finales de 2023 o primeros de 2024 en la Audiencia de Valencia).

IGNACIO GONZÁLEZ: Vamos a ver, Eduardo. Tenemos al gobierno, al Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que e

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