Prólogo

RICARDO RAPHAEL

¡Detenga sus pasos por favor! Regrese si cree que los actos corruptos se quedaron atrás. Aún está a tiempo de posar su mirada en la isla de la ingenuidad; la decisión es suya. Si usted prefiere vivir en la ignorancia prohíba, antes de que sea irreversible, que las garras del periodismo riguroso y bien documentado hinquen el filo sobre su corazón creyente.

Las páginas que siguen contienen un relato que destrona al mito de la honestidad de la llamada Cuarta Transformación. Al recorrerlas queda claro que el caso Segalmex no fue un hecho aislado y también que Ignacio Ovalle, cabeza de una red organizada de criminales, fue protegido por Andrés Manuel López Obrador, fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y expresidente de México.

Este texto no es un panfleto ni un artículo propagandístico, tampoco fue redactado para alterar los ánimos fácilmente inf lamables. El trabajo de Zedryk Raziel y Georgina Zerega abreva del mejor método investigativo: ofrece fuentes confiables, presenta contexto, compara, contrasta y establece patrones de comportamiento lógicamente defendibles.

La solvencia de la información y el análisis descartan intencionalidades ocultas o móviles vergonzantes. La razón por la que se realiza y publica esta investigación es la más genuina: porque nos merecemos saber, porque el pueblo tiene derecho a conocer qué se hace con su dinero y también con las instituciones edificadas para su beneficio. Cuando los fondos públicos van a dar a los bolsillos de unos cuantos vivales, cuando eso sucede gracias a la impunidad proporcionada por el poder arbitrario y cuando las víctimas de la inmoralidad son los más pobres, el buen periodismo es el último recurso del que podemos echar mano.

Antes de abandonar el cargo como primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador dijo que el quebranto de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) rondaría los 2 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, dos años atrás, la Auditoría Superior de la Federación señaló que, considerando únicamente el año 2019, el desfalco ascendería a 3 mil 300. Según la misma fuente, sumados los faltantes de 2020 y 2021, la sangría de recursos públicos habría rozado los 15 mil millones de pesos.

En Licencia para robar no se comete el error de fijar una cifra definitiva porque, como bien se advierte, el rompecabezas no está concluido. A las autoridades les faltan piezas, lo mismo que al trabajo periodístico. Las grandes operaciones de corrupción están más o menos claras, no así el tamaño del hoyo provocado por lo que Raziel y Zerega llaman “el robo hormiga en montañas de dinero”.

Esta investigación permite poner en perspectiva la responsabilidad detrás de esta inmensa estafa. Debe rendir cuentas el expresidente López Obrador, también Ignacio Ovalle y su círculo inmediato de colaboradores y socios, así como otras funcionarias y funcionarios públicos que se beneficiaron de la rapiña; también los ministerios públicos y fiscales que dando la espalda a la ley decidieron proteger a la cabeza de la organización criminal.

¿Por qué se afirma que Andrés Manuel López Obrador tiene responsabilidad sobre el fraude inmenso cometido contra Segalmex? Porque él giró las órdenes que abrieron la puerta para el desfalco, sin contemplar las consecuencias que estas iban a provocar, ni aportar seguimiento a su puesta en marcha. Al origen, el voluntarioso exmandatario quería revivir Conasupo, una institución que habría muerto casi 30 años atrás, y que previo a su desaparición tuvo dos misiones: distribuir bienes de consumo para las poblaciones geográficamente más rezagadas y apuntalar la soberanía alimentaria del país.

Decidió para ello crear una empresa matriz (holding) bajo la cual se colocarían como filiales a Diconsa y Liconsa, unidades dedicadas a la distribución de productos a bajo costo. Esta fusión se celebró a toda prisa y por tanto no se cuidó el marco legal que debía velar por el buen funcionamiento de la institución naciente. Raziel y Zerega razonan que fue esta prisa la que llevó a menospreciar las prácticas corruptas, el conflicto de interés y las sanciones contra los actos irregulares. Afirman que, desde el origen, “la estructura de Segalmex fue porosa y eso posibilitó que los robos ocurriesen en todos los niveles y que participasen múltiples actores”.

El segundo error presidencial fue el nombramiento de Ignacio Ovalle al frente de la nueva dependencia. Si bien es cierto que este sujeto fue padrino político de López Obrador desde muy temprano, y también fue su mentor cuando debió tomar decisiones complicadas de su biografía, igual lo es que su trayectoria en la administración pública no fue honesta.

No podía haber sorpresa sobre la reciente corrupción cometida en Segalmex cuando 30 años antes —en la época en que Ignacio Ovalle dirigió Conasupo— ocurrieron hechos similares, los cuales, por cierto, dieron motivo para la extinción de aquella otra dependencia.

Basta recorrer la prensa entre 1988 y 1990 para confirmar que Ovalle ya había sido acusado previamente por corrupto y también por haberse enriquecido con recursos que originalmente tendrían que haber sido destinados a las personas más pobres del país. ¿Por qué López Obrador eligió a un personaje como Ovalle para que encabezara Segalmex? Esta es la interrogante que la historia continuará haciendo al legado de este mandatario preocupado, supuestamente, por quienes menos tienen.

Una tercera responsabilidad pesa sobre López Obrador: la arbitrariedad de algunas de sus instrucciones. Por ejemplo, haber ordenado que Segalmex comprara leche producida únicamente en México, sin saber que tal cosa sería imposible, por lo menos en el corto plazo, ya que el país no es autosuficiente respecto de este insumo. Por tanto, para agradar al presidente —como si se tratara de un emperador— se compró leche fuera del país que se hizo pasar como nacional.

Son este tipo de cosas las que suelen suceder cuando el voluntarismo no es razonable. Algo similar ocurrió cuando el exmandatario ordenó a Ovalle que se deshiciera de los proveedores, presuntamente corruptos, que vendían su mercancía en Liconsa y Diconsa. Antes de averiguar si, en efecto, eran o no gente honesta, Ovalle tomó distancia de los proveedores regulares de azúcar o leche para firmar nuevos contratos con otras empresas que se improvisaron de la noche a la mañana y que, casualmente, resultaron patrocinadas por los amigos y socios de Ignacio Ovalle.

¿Quiénes son esas personas pertenecientes al círculo de relaciones de Ovalle? Antes de incorporarse al gobierno de López Obrador, el extitular de Segalmex vivía paradójicamente de dar conferencias sobre la conciencia humana y el actuar ético de las personas. Hubo amigos que por años le echaron la mano consiguiéndole quién pagara por sus pláticas; por ejemplo, René Gavira y Fernando Zurita. Años más tarde, estas personas vieron retribuida la solidaridad ofrecida en las épocas difíciles. No sería posible reconstruir el rompecabezas de esta estafa sin ubicar bien a estos personajes dentro del tablero.

El primer círculo del exdirector de la dependencia se ocupó de que la maquinaria dispuesta para el hurto estuviera lista y bien aceitada. Leche, azúcar y agua son tres palabras relevantes en esta intriga. Tres productos que debían ser entregados a bajo costo y con buena calidad en las poblaciones más desposeídas y que, sin embargo, fueron utilizados para enriquecer a los criminales de Segalmex.

En México no se produce leche suficiente, por eso hay que importarla. La instrucción fallida del exmandatario López Obrador permitió que el gobierno mexicano diera un portazo a los proveedores tradicionales para abrirles paso a los piratas amigos del director de Segalmex. Refieren Raziel y Zerega que, durante la administración de Ovalle, Liconsa habría dado más de mil 700 millones de pesos a una serie de empresas sin que estas hayan entregado a cambio el insumo solicitado. En efecto, los nuevos proveedores debían distribuir leche en polvo, previamente descremada y fortificada, pero ese producto jamás llegó a las tiendas de la paraestatal.

Con el agua sucedió algo similar. Un grupo de empresarios organizados por un intermediario bajo las órdenes de Ovalle prometió montar plantas potabilizadoras. Este proyecto tampoco pudo concluirse. A propósito del azúcar, Segalmex también invirtió para llenar los anaqueles, pero estos permanecieron vacíos. Los funcionarios utilizaron de manera reiterada una figura administrativa que llaman “recepción jurídica”, y que quiere decir que la dependencia pagaba por adelantado las compras y luego olvidaba exigir la entrega de los bienes adquiridos.

Otro fraude cometido por la tesorería de Segalmex fue invertir recursos públicos en instrumentos financieros que implicaban riesgo, algo que está prohibido por la ley. Este tipo de operaciones ilícitas ya habían ocurrido cuando Ovalle fue director de Conasupo y volvió a celebrarlas apenas se hizo titular de Segalmex. Destacan también Raziel y Zerega el papel jugado por esta dependencia en la distribución de desayunos escolares en la Ciudad de México, la cual cumplió sin queja su cometido, aunque a la hora de colocar esta operación bajo la lupa, los periodistas descubrieron un relevante y enredado conflicto de interés.

En tanto que director de Administración y Finanzas, René Gavira aparece como el principal operador de la red criminal, por debajo de Ignacio Ovalle. El extitular de Segalmex se refería a esta persona como el primer ministro de la paraestatal, considerándose Ovalle a sí mismo como rey. Gavira está ligado a los temas de la leche, el azúcar y el agua. También a los bonos basura. Por este último motivo fue destituido en 2020, más tarde se entregó a las autoridades y hoy se encuentra tras las rejas mientras es procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De su lado, Fernando Zurita no trabajó oficialmente dentro de Segalmex, pero es uno de los protagonistas de esta historia, ya que, desde afuera, orquestó los fraudes del agua y del azúcar. Se trata de un antiguo amigo de Ovalle que, previo a que este se incorporara al gobierno de López Obrador, organizó reuniones con empresarios y proveedores para anunciarles que él sería un puente para hacer negocios con Segalmex.

Zurita tenía antes fama de corrupto, porque habría tomado dinero que no era suyo cuando fue responsable de administrar la Caja de Prevención de la Policía Auxiliar del gobierno del Distrito Federal. Quien fuera entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, terminó distanciado de este sujeto, presumiblemente por su conducta censurable.

Manuel Lozano y Fernando Zurita sostuvieron una relación de amistad con Ignacio Ovalle que duró casi cinco décadas, hasta que los procesos relacionados con Segalmex los apartaron definitivamente. Lozano se encuentra actualmente en prisión domiciliaria en Buenos Aires. Hasta ese país del Cono Sur fue a dar huyendo de la justicia mexicana. Él fue director de comercialización de Segalmex y por tanto pasaron por sus manos varios de los expedientes radioactivos. A punto de cerrar la escritura de este libro, la periodista Georgina Zerega logró entrevistarlo sobre su participación en esta saga.

Se trata de una de las fuentes más importantes aportadas por el libro. En la conversación, Lozano confirma el rol jugado por Ovalle dentro de la red delictiva. Asegura que el extitular en todo momento estuvo enterado de las irregularidades y también que optó deliberadamente por no hacer nada. Recuerda Lozano que su exjefe pidió destruir un documento donde aparece su firma y que luego iba a servir a René Gavira para defenderse frente a Ovalle en la causa judicial en la que se investigó la inversión de dinero público en los bonos prohibidos.

Lozano no reconoce su participación en el crimen de la leche, pero corrobora que este fraude fue protagonizado por su antiguo yerno, Alejandro Puente. Aunque es poco creíble, el exdirector de Comercialización asegura que su hija, Pilar Lozano, lo saltó y presentó a su pareja con el amigo de su padre, Ovalle; también le pidió que lo tuviera en cuenta para sus negocios. Puente acabó beneficiándose económicamente del negocio de la leche y de otros acuerdos; aunque al final, el empresario no contó con la capacidad, tampoco con la experiencia, para cumplir con los convenios signados.

Lozano refiere también a Bernardo Fernández, director operativo de Liconsa, quien obtuvo el cargo gracias a la intervención de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2021. Asegura que tanto Ovalle como Fernández lo presionaron para que contratara a la empresa Kosmos. Esta firma, obtuvo pagos de parte de Segalmex y el Gobierno de la Ciudad de México —con Claudia Sheinbaum a la cabeza— por unos 2 mil 500 millones de pesos a cambio de que surtiera desayunos infantiles al DIF capitalino. Raziel y Zerega informan sobre un posible conflicto de interés sostenido por Bernardo Fernández, simultáneamente socio del conglomerado proveedor y funcionario que contrató los servicios; en este conflicto de interés estaría también involucrado Julio Scherer.

Actualmente existen 22 órdenes de aprehensión contra distintos individuos supuestamente participantes en la red criminal que defraudó a Segalmex. Llama sin embargo la atención el que la Fiscalía General de la República (FGR) haya dejado al margen de sus investigaciones a Ignacio Ovalle, el mentor y padrino político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando el escándalo de Segalmex fue descubierto, el exmandatario todavía estaba en funciones. La prensa le preguntó por lo ocurrido y este respondió sin ningún asomo de responsabilidad: “Lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta […] lo traicionaron, [la] gente que venía tiempo atrás con él”.

Se equivocó López Obrador: lo declarado no coincide con los documentos, ni con los testimonios, tampoco con la cadena de mando dentro de Segalmex. Sobre todo, no coincide con el hecho de que el único punto en común que comparten Gavira, Zurita y Lozano es la amistad de Ovalle. Sin el extitular de esta dependencia no podría explicarse la sociedad entre los operadores del fraude. Él es la glorieta donde confluye todo.

Gracias a que López Obrador defendió a Ignacio Ovalle en público, y probablemente también en privado, cuando llegó el momento para que la FGR realizara sus indagatorias, fincara responsabilidades y presentara ante un juez el caso, se desinfló la acción penal en contra de este sujeto. De toda evidencia la institución encargada de procurar justicia miró para otro lado porque recibió instrucciones políticas que no estuvo dispuesta a desafiar.

No es por la honestidad supuesta de Ovalle que no fue perseguido, sino por proteger a Andrés Manuel López Obrador, quien en todo momento puso el cuerpo para evitarle a su guía político un mal trago. No hay evidencia de que Ovalle haya repartido el botín obtenido más allá de su círculo inmediato. Sin embargo, hay instrucciones precisas del exmandatario que habrían estado en el origen de la tremenda corrupción y por este motivo López Obrador debería rendir cuentas.

El expresidente afirmó, antes de cerrar su administración, que la corrupción de Segalmex era un hecho único y aislado. Ninguna otra área de su gobierno habría exhibido síntomas así de e

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