INTRODUCCIÓN

La triple epidemia de México

Los servicios de salud colapsaron. Cada hora 23 mexicanos fallecían a causa de la epidemia y el problema, en vez de contenerse, seguía evolucionando, imparable. El presupuesto disponible era insuficiente para atender a tantos enfermos, que al año sumaban millones. La declaratoria de emergencia de salud no había servido de nada. Ni pacientes ni autoridades respetaban las medidas de contención y la enfermedad se propagaba, incontenible. El escenario era devastador y ya afectaba a uno de cada tres niños y a siete de cada 10 adultos. Los decesos sumaban 200 mil al año y el gasto en atención médica superaba los 150 mil millones de pesos. El problema de salud también impactaba a la economía, con el equivalente a la pérdida de 400 millones de horas laborales o 184 mil empleos. La epidemia se había expandido, silenciosa pero constante, hasta aquejar a la mayoría de los mexicanos. Había alternativas para frenar su avance y revertir paulatinamente el daño, principalmente para la población infantil. Las autoridades habían ordenado alertar de la fuente de “contagio”, para evitar que la enfermedad siguiera propagándose. Pero grandes corporaciones intentaban, por todos los medios legales, frenar el acceso a ese remedio simple y barato. Aplicar medidas preventivas les implicaba pérdidas millonarias. Privilegiaban sus utilidades por encima de la salud pública. Finalmente, eran ellas las que —de alguna forma— habían contribuido a la multiplicación de casos mediante una engañosa estrategia publicitaria y la comercialización, durante décadas, de productos altamente nocivos.

La epidemia de la que hablo no es la del covid-19. Es una más funesta y de mayor expansión que fue declarada cuatro años antes, mediante la emergencia epidemiológica EE-4-2016. El motivo de esa alerta fue la inquietante expansión del sobrepeso y la obesidad que, en ese momento, aquejaba a 70% de la población adulta y que, junto con enfermedades asociadas como la diabetes e insuficiencia renal, absorbía el equivalente a 34% del gasto público en salud. México ocupa desde entonces el deshonroso primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. La curva de crecimiento de casos no logró frenarse, lo que obligó a las autoridades a ratificar la emergencia en febrero de 2018 y, dada la gravedad, tiene plena vigencia actual.

Así que cuando en marzo de 2020 se declaró la contingencia sanitaria por el covid-19, confluyeron en México dos epidemias. Lo peor: esa confluencia provocaba el riesgo de que se multiplicara el número de decesos porque las personas obesas o con sobrepeso son más susceptibles a padecer enfermedades respiratorias y los diabéticos tiene un sistema inmunitario debilitado.

Las dos epidemias se han agravado con una peste que, desde hace décadas, ha infestado todos los ámbitos de nuestra sociedad: la de la corrupción. La complicidad del poder político y económico facilitó el saqueo de fondos públicos. Los sobrecostos, que se han vuelto costumbre en prácticamente todos los contratos gubernamentales, han encubierto con frecuencia el pago de propinas, dádivas o sobornos a funcionarios. Y cada vez que un gobierno paga productos a precios inflados, quita dinero a servicios públicos, como la atención a la salud.

Cuando una proveedora de medicinas paga una propina para obtener un contrato en un hospital, suele incrementar el precio del producto para poder cubrir el costo del soborno. El gobierno, a su vez, debe pagar más por cada fármaco y su presupuesto se reduce para adquirir otros bienes o para atender a más enfermos. Y la desatención a pacientes graves puede derivar en la muerte.

Para ilustrar lo anterior de manera simple, va el siguiente ejemplo hipotético: la administración de un hospital tiene un presupuesto mensual de un millón de pesos para atender a pacientes con cáncer; un directivo contacta a una farmacéutica y le pide una propina de 100 mil pesos al mes para darle el contrato de los medicamentos; el proveedor acepta, pero a sus productos les debe aplicar un incremento de 10% para cubrir el soborno. Cada medicina, que solía venderla en mil pesos, ahora la vende en mil 100 pesos. Al precio original, al hospital le alcanzaba para comprar mil dosis para igual número de pacientes, pero con el sobreprecio sólo puede comprar 900. Habrá 100 enfermos que se quedarán sin tratamiento, y eso seguramente les ocasionará el deterioro de su salud o la muerte.

Otro caso, pero éste real: en un contrato asignado en abril de 2020 en la emergencia sanitaria por covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 20 ventiladores respiratorios con el dinero que alcanzaba para adquirir 40. Los sobrecostos pusieron en peligro la vida de pacientes que requerían con urgencia el equipo de respiración asistida.

Ésta es la realidad cotidiana que se vive en México. Durante décadas, los hospitales públicos, en particular los del IMSS, han disminuido la calidad de sus servicios o han dejado de atender a sus enfermos a causa de la corrupción. Grandes multinacionales han inflado el precio de sus medicamentos, implantes y equipos médicos para cubrir el costo de los sobornos. Historias de corrupción corporativa, en complicidad con el poder político, son las que nutren este libro.

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La noche del miércoles 18 de marzo de 2020 un hombre de 41 años, originario del Estado de México, falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por una neumonía provocada por el coronavirus. México estaba en la fase 1 de la emergencia sanitaria, en la que los contagios eran importados, es decir, provenían de otros países; sin embargo, aquella que fue la primera víctima mortal de la epidemia no había viajado al extranjero. Su esposa sospecha que la infección ocurrió en un concierto al que acudieron dos semanas antes, en el Palacio de los Deportes, de la banda sueca de heavy metal Ghost. Al día siguiente de ese primer deceso, un hombre que había llegado procedente de California falleció tras acudir a recibir atención médica de urgencia en la clínica 46 del IMSS, en Gómez Palacio, Durango. La tercera y cuarta muerte de la epidemia del covid-19 ocurrieron el 23 de marzo; un caso se registró en la clínica 11 del IMSS en Jalisco y el otro, en la Ciudad de México. Contra la creencia popular de que el virus no afectaba a los jóvenes, el 30 de marzo un joven de 29 años de edad, originario de Bahía de Kino, murió en una clínica del IMSS en Nogales, Sonora. En las siguientes semanas los casos se multiplicaron hasta sumar cientos por día. Colima, que fue la última entidad mexicana en ser afectada por el coronavirus, reportó la noche del 16 de abril de 2020 su primer deceso: una mujer de 52 años de edad.

Todas las muertes anteriores tuvieron una característica en común: ocurrieron por insuficiencia respiratoria complicada por enfermedades vinculadas con el sobrepeso. Las primeras víctimas del covid-19 fueron, a la vez, víctimas de la epidemia de obesidad y diabetes.

Este patrón de confluencia de las dos epidemias se ha mantenido a lo largo de la emergencia sanitaria. El 44% de los decesos atribuidos en México al coronavirus han sido de personas que padecían hipertensión; 43%, diabetes; y 40%, obesidad. La suma supera el 100% porque, con frecuencia, un mismo paciente padecía dos o más enfermedades.¹

Las autoridades de salud habían identificado, desde hacía una década, una correlación entre la obesidad y el agravamiento de enfermedades respiratorias. El 95% de las defunciones atribuibles a la influenza H1N1, en 2009, se habían registrado en pacientes que presentaban una o varias enfermedades crónicas, como sobrepeso, obesidad y diabetes.

Las personas con diabetes enferman gravemente con el covid-19 porque tienen un sistema inmunitario débil y, por tanto, cualquier complicación pulmonar puede convertirse en una neumonía mortal.

La mano de las corporaciones

¿Cómo es que la obesidad alcanzó niveles de epidemia en México? Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) atribuyen el fenómeno a los cambios en los hábitos alimenticios ocurridos a partir de la década de los ochenta, con una suma de factores que facilitaron el acceso a alimentos de alto contenido calórico: la popularización del horno de microondas, que permitía servir a la mesa, en pocos minutos, comida precocida o congelada; la sustitución de los envases de vidrio por los de plástico, que facilitó el acceso a volúmenes cada vez mayores de bebidas gaseosas y azucaradas; la costumbre de la población —alentada por las grandes embotelladoras— de saciar la sed con refrescos ante la carencia de fuentes confiables de agua potable en amplias regiones del país; la multiplicación de alimentos chatarra de bajo costo y el arribo al país de grandes cadenas de comida rápida (el primer McDonald’s, llegó en octubre de 1985; Domino’s, en 1989; Wendy’s, en 1990; Carl’s y Burger King, en 1991).

Desde finales de la década de los noventa, el INSP documentó el rápido aumento de la obesidad, con lo que se logró por primera vez incluir en el Plan Nacional de Salud estrategias para enfrentarla y combatirla. En 2006 los investigadores demostraron un preocupante incremento en el consumo de bebidas azucaradas y, con ello, del sobrepeso, que ya para entonces se había convertido en un problema de salud pública. La prevalencia de la epidemia en mujeres adultas (en el rango de 20 a 49 años) se duplicó en menos de dos décadas, al pasar de 34.6% en 1988 a 70.1% en 2006. En otros segmentos de edad también hubo un continuo incremento, lo que llevó a los especialistas a plantear políticas públicas encaminadas a contener la expansión de la obesidad. Una de esas acciones fue crear un Comité de Expertos —académicos, científicos— que analizó el problema y presentó, a mediados de 2008, una serie de recomendaciones a la Secretaría de Salud, entre ellas garantizar el acceso a agua potable en todas las escuelas para evitar el consumo de refrescos, intervenir en las cooperativas y tiendas escolares para restringir la disponibilidad de bebidas azucaradas, aplicar un gravamen al contenido de grasa saturada en la leche envasada e impuestos por cada gramo de azúcar agregado a todas las bebidas embotelladas, además de prohibir anuncios en radio, televisión e internet de productos azucarados.

Desde entonces, los expertos han recomendado colocar en las bebidas con alto contenido de azúcar etiquetas de advertencia de que su consumo aumentaba el riesgo de obesidad, diabetes y otros efectos adversos para la salud.

Pero todas esas recomendaciones se han topado con la feroz oposición de corporaciones multinacionales, en particular las refresqueras, que han cabildeado ante las autoridades para impedir su aplicación, porque van contra sus intereses económicos.

¿Las consecuencias? Que la obesidad se expandió sin control, hasta ser declarada oficialmente epidemia nacional en 2016. La diabetes —enfermedad asociada al sobrepeso— se volvió la primera causa de muerte en México y la segunda de ceguera, insuficiencia renal y amputación.

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El alto costo de atención de la diabetes ya ha puesto en aprietos financieros a las autoridades de salud. En 2019 el IMSS tuvo que desembolsar casi 49 mil millones de pesos para atender a 3 millones de derechohabientes diabéticos, y más de la mitad de ese monto fue por complicaciones como la insuficiencia renal crónica. Dicho gasto equivale al valor de al menos 60 mil ventiladores respiratorios como los que urgía adquirir al principio de la contingencia sanitaria por el covid-19. Con sólo una tercera parte del gasto del IMSS en enfermedades derivadas de la obesidad se podría haber cubierto la demanda de equipos para atender a enfermos graves de coronavirus.

El desembolso derivado de la obesidad y de la diabetes sería al menos del triple si se sumara a la población sin seguridad social o que no ha sido diagnosticada.

Para reducir el impacto a futuro, la Secretaría de Salud desarrolló, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, una estrategia para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad en la que —una vez más— apareció la mano de las multinacionales que buscan defender sus intereses.

El órgano que da seguimiento a esta estrategia es el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, en el que participa el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a algunas de las principales empresas fabricantes de alimentos y bebidas de alto contenido calórico, como Barcel, Bimbo, las refresqueras Pepsico, Coca-Cola, Peñafiel, GEPP, Arca Continental y Femsa (dueña además de la cadena Oxxo, una de las principales expendedoras de productos chatarra).

También participan en ese consejo las chocolateras Ferrero, Hershey y Mars (que comercializa las marcas M&M’s, Snickers, Milky Way, entre otros); Gruma, Kellogg’s, Sigma y Qualtia (fabricantes de jamones), Unilever (que entre sus productos tiene Hellmann’s, los helados Magnum y Holanda), Nestlé (con su línea de chocolates, helados y galletas), La Moderna (pastas), Bacardí, Sauza, Diageo (que comercializa vodka Smirnoff, whisky Johnnie Walker y J&B, ron Captain Morgan, entre otros) y la cervecera Heineken.

Para la mayoría de estas compañías, el combate a la obesidad equivale a sacrificar utilidades. Por ello, resulta absurda y contradictoria —y representa un conflicto de interés— su participación en el órgano que da seguimiento a las políticas públicas de prevención y control del sobrepeso.

Esta organización defiende los intereses de las corporaciones de alimentos “chatarra” y año con año ha cabildeado con legisladores para eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas, el cual se impuso en 2014, después de una larga batalla iniciada en 2008, para tratar de reducir su consumo y con ello contener la explosión de diabetes.

Las autoridades se habían comprometido a que el impuesto se destinaría a atender la enfermedad. Pero el problema de salud pública es tan grave que la recaudación apenas representa una sexta parte del costo anual de atención médica y pérdidas económicas que conlleva el padecimiento. En 2019 se captaron por ese gravamen 27 mil 401 millones de pesos, mientras que el costo estimado de la diabetes y otras enfermedades derivadas del sobrepeso supera con facilidad los 150 mil millones anualmente. El daño que han causado las multinacionales enfocadas al negocio de la obesidad no se compensa con sus contribuciones.

La más reciente cruzada de estas corporaciones fue contra el etiquetado frontal para alimentos y bebidas aprobado en 2019 por el Congreso mexicano. Esta medida obliga a los fabricantes a colocar en sus productos advertencias sobre el excesivo contenido calórico, de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Además, se debe alertar de la presencia de cafeína y edulcorantes en alimentos, para evitar que los consuman niños.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Panamericana de la Salud y el INSP impulsaron el etiquetado, el cual consideraron un paso fundamental en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, sobre todo porque protege a niñas, niños y adolescentes.

A contracorriente de las opiniones de los expertos, multinacionales de los alimentos, como Nestlé, han luchado por frenar la aplicación del nuevo etiquetado, porque les representará menos ventas.

“Se plantea calificar a distintos productos preenvasados como dañinos para la salud, al agregarles una advertencia de ‘exceso en’ como parte de su envoltura, con la intención de desincentivar su consumo”, alertó Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, en una carta enviada el 13 de noviembre de 2019 a sus proveedores, en la que los exhortaba a manifestarse contra el etiquetado frontal. “Esta disposición viola tratados internacionales en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial, ya que implica la modificación de los empaques de los propios productos.” En su carta anticipó lo que será la siguiente batalla de la multinacional para defender sus intereses: un litigio en tribunales internacionales.

A mediados de marzo de 2020, cuando el país entró en contingencia sanitaria por el covid-19, hubo una nueva acometida de las grandes corporaciones para frenar el etiquetado. A través de la Confederación de Cámaras Industriales solicitaron al gobierno federal aplazar por lo menos tres años la medida, como un apoyo a las empresas para enfrentar la inevitable crisis económica que ya se veía venir. Lo paradójico es que es precisamente la epidemia de obesidad —propiciada en gran medida por los alimentos y bebidas chatarra que producen— lo que ha agravado la emergencia sanitaria del covid-19.

Los intentos de frenar el etiquetado fracasaron, pues el 27 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051 que establece que a partir del 1 de octubre la industria está obligada a colocar sellos negros, en forma hexagonal, en los que advierta si los alimentos o bebidas exceden los límites saludables de azúcares, grasas, sales y calorías.

Esta vez las corporaciones perdieron una batalla y prevaleció el interés colectivo de combate a la epidemia más letal que aqueja a México. Pronto, no lo dude, habrá una contraofensiva del poder económico.

El negocio de la sed

Antes de acostarse a dormir, Juana Cruz pone palanganas y cubetas bajo los grifos con la esperanza de que al despertar encuentre los recipientes llenos con el goteo que cada noche recibe en su vivienda en la calle Las Lajas, en Santa María Aztahuacan, un pueblo ubicado en la periferia de la Ciudad de México. El agua que logra captar la utiliza para trapear, lavar los trastes y asear el baño. Ella por lo menos recibe un chorrito todos los días, pero hay miles de familias que ni eso. En la alcaldía de Iztapalapa, donde vive, más de 400 mil personas carecen de agua. Como el chorrito nocturno no alcanza para todo, la familia de Juana ha tenido que tomar medidas extremas: todos evitan usar el escusado para no ensuciarlo; ella y su esposo, Pedro Jiménez, ya se han acostumbrado a hacer sus necesidades en su trabajo, antes de regresar a casa, y sus hijos también procuran hacer en su escuela. Para preparar la comida compra garrafones, y para bañarse y lavar la ropa paga cada semana a una pipa que le llena los tambos que tiene en el patio. Antes de morir de insuficiencia renal, su papá los había acostumbrado a que siempre debía haber en la mesa una botella grande de Coca-Cola. Una comida sin Coca no sabe buena y aparte hace falta para “repetir sabroso”, solía decir. Esa costumbre se arraigó y se volvió una forma de saciar la sed. “El agua de la llave no sirve para tomar, sale como café, y la de garrafón ni te quita la sed. Aparte pues la Coca te da energía para trabajar”, dice convencida Juana. Entre la pipa, garrafones y su dotación de refrescos, gasta cada semana hasta 600 pesos. Y más de la mitad es por sus cocas, porque compra al día al menos una botella de tres litros, que cuesta 40 pesos, y los domingos compra dos o hasta tres, porque “es día familiar” y recibe la visita de sus suegros.

El caso de Juana se replica en miles de familias en todo el país. Y ese patrón de consumo, tan típico, ha sido alentado y aprovechado por las grandes corporaciones refresqueras que han convertido a México en su principal mercado.

Un estudio de la Universidad de Yale estima que, en promedio, cada mexicano ingiere 163 litros de refresco al año, mientras que en Estados Unidos —el segundo lugar mundial— el consumo es de 118 litros por persona. Aunque los informes corporativos realizados por las propias refresqueras revelan que su mercado en México es todavía mayor. Al año, las embotelladoras de Pepsi y Coca-Cola venden cada año el equivalente a 93 mil millones de botellas o latas de refrescos de 235 mililitros que, divididos entre la población mexicana, da un promedio de 173.6 litros por persona al año. Tan elevado consumo explica, en parte, la epidemia de diabetes e insuficiencia renal que aqueja a nuestro país.

El refresco se ha vuelto tan adictivo que muchos mexicanos lo toman desde que despiertan. Una investigación de la consultora Kantar, con sede en Londres, reveló que 17% de los mexicanos incluye Coca-Cola en su desayuno y que sólo tres de cada 10 personas han conservado lo que era una sana tradición de consumir por la mañana los jugos naturales o licuados preparados en casa antes de salir al trabajo o a la escuela. Ahora, casi 70% prefiere comprar bebidas envasadas y preparadas, con altos niveles de azúcar, para desayunar. Y entre esas bebidas está, de nuevo, la mano de las multinacionales.²

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El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

En los hechos, este precepto constitucional no se respeta ni el Estado hace lo necesario para garantizarlo. De ahí que el agua insalubre haya sido un factor que permitió a las refresqueras catapultar su expansión hasta convertir a México en su principal mercado a nivel mundial.

En un informe rendido a sus inversionistas, Arca Continental, que integra a

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