Prólogo

Es para mí un honor poder escribir el prólogo de este nuevo libro de Manuel Medina, en esta ocasión sobre banca y abogacía, que conmemora el cuarenta aniversario del Grupo Medina Cuadros, sabiamente pilotado por el autor, su esposa Amelia Cuadros y sus cinco hijos, junto a un extraordinario equipo de profesionales.

Aquellas personas o empresas que han triunfado normalmente no lo han hecho por casualidad. Cuando el lector se adentre en la obra, podrá comprobar de primera mano que el éxito de Medina Cuadros se basa en un profundo conocimiento de la profesión de la abogacía, así como en una incomparable experiencia en banca, y el sector financiero en general, de más de cuatro décadas.

En el año 1994 tuve el gusto de conocer personalmente al autor. Fue ese el año de mi incorporación como consejero delegado al Banco Central Hispano, que atravesaba unos momentos muy difíciles. Un entorno económico adverso, la súbita intervención de Banesto por insolvencia y una compleja fusión de los dos grandes bancos, el Central y el Hispano, hacían necesario, a juicio de los reguladores y del propio Consejo de Administración, un cambio de rumbo en la gestión de ese gran banco.

A propuesta del presidente del Consejo de Administración, y con el apoyo unánime de este, del Banco de España y del Ministerio de Economía, me hice cargo con cuarenta y dos años de la gestión de la entidad. Tuve la enorme suerte de encontrarme con un extraordinario equipo humano que, deseoso de salir de la difícil situación en la que nos hallábamos, mostraba una fuerza y una voluntad que eran capaces de mover montañas si hubiera hecho falta. Conté con el apoyo incondicional de todos ellos, y todos ellos contaron con mi confianza, desde el primer momento de aquel veraniego día de junio de 1994 en el que tomé posesión del cargo.

Entre las más de treinta mil personas que trabajaban en el banco, pronto conocí al autor del libro y a su esposa, que formaban parte del equipo de recuperaciones de créditos en dificultades, en estado precontencioso y contencioso. Con una morosidad galopante y generalizada que no cesaba de crecer en toda España, destacaba Andalucía por la intensidad con la que se cebó la crisis económica en dicha región. El equipo de recuperaciones de la entidad era extraordinario y jugó un papel muy destacado en asegurar el éxito que conseguimos en el saneamiento y el relanzamiento del Central Hispano. Tal fue el resultado, que los beneficios y el valor del banco en la Bolsa se multiplicaron por cinco en los casi cuatro años que duró el trabajo de reconstrucción del banco.

Como digo, dentro de las territoriales del área de recuperaciones, una de mis mayores preocupaciones era Andalucía, por su tamaño y su elevada morosidad crediticia. Por ello, necesitábamos un equipo que, sin desfallecer, fuera capaz de recuperar al máximo todas las situaciones de activos en dificultades. En este punto, Manuel Medina tuvo una actuación destacadísima como responsable territorial del recobro de activos dañados. Desde entonces somos compañeros y amigos.

Manuel analiza con valentía, usando ejemplos muy detallados y completos, las verdaderas causas de la profunda crisis bancaria en nuestro país. Sus cuarenta años de experiencia le avalan para poder dar una visión práctica y certera de la realidad de los últimos años en el sector de cajas de ahorros y bancos, desde el privilegio de la cercanía personal de la que ha disfrutado con muchos de sus principales actores. Desgrana en el libro, con fina pluma y gran conocimiento técnico, los usos y costumbres de nuestras cajas y bancos en las últimas décadas. Como buen observador, se adentra en la vida de estas instituciones con el mismo estilo costumbrista con el que nos relataba en libros anteriores las costumbres andaluzas a través de sus incomparables vivencias de niñez en la gran villa que es su Villanueva del Arzobispo y sus extraordinarios campos donde crecen con orgullo los mejores olivos de Europa (o del mundo).

Es necesario recordar los desmanes producidos en el crédito por el lado de la oferta y la demanda, con los reguladores mirando hacia otro lado, a pesar de que veían aumentar las carteras de préstamos a ritmos superiores al 20 % anual. Pero la economía crece, se crea empleo, «if it works, don’t fix it», etcétera, me decía alguien importante entonces en este país, cuando yo le alertaba del excesivo y desbocado crecimiento del crédito al sector privado, y al inmobiliario en particular. No parecía importar la pobre calidad del crecimiento de nuestro PIB; tampoco la del empleo, que era en gran medida el resultado del espejismo de una ficción o burbuja inmobiliaria. Se construía cerca de un millón de nuevas viviendas al año en España, casi tanto como en toda Europa junta. Algo estaba fallando…

Como bien explica el autor, la crisis financiera mundial estalló violentamente al caer Lehman Brothers en septiembre de 2008, momento este en el que nuestro sistema financiero se encontraba con una enorme debilidad, pues la estructura económica era extremadamente frágil, basada en una actividad inmobiliaria exagerada y con grandes desequilibrios exteriores por la falta de productividad. Sin embargo, tuvimos una enorme suerte, ya que, a diferencia del Crack de 1929, los responsables de los bancos centrales de Estados Unidos, la zona euro, Japón, Reino Unido, etcétera, actuaron con rapidez y eficacia inusitadas inyectando ingentes cantidades de liquidez al sistema financiero mundial para evitar el irremediable colapso al que estábamos abocados.

A pesar de ello, por entonces el sistema financiero español tuvo que enfrentarse a una economía doméstica sumida en una profunda recesión y con unos niveles de endeudamiento privado difícilmente soportables, lo que provocó grandes quiebras empresariales y personales, con los consiguientes impagos a las entidades financieras o, al menos, dolorosas reestructuraciones crediticias. De ello sabe mucho Manuel Medina, pues, como comentaba antes, desde 1994 ha estado en el corazón de las recuperaciones de activos dañados de la banca y de las necesidades de ingentes provisiones que se originan en tales circunstancias.

Con la visión y la experiencia de quien conoce bien de lo que escribe, el autor relata en estas páginas de qué manera los inevitables procesos de consolidación han propiciado que los famosos «siete grandes» bancos de los ochenta hoy se hayan convertido en dos sólidos grupos financieros internacionales. Es destacable cómo, tras la inolvidable crisis de la pasada década, nuestro país tiene sus dos principales grupos bancarios —Santander y BBVA— establecidos en el primer nivel internacional, ocupando destacadísimos lugares en el ranking global de solvencia, liquidez y rentabilidad. En definitiva, gracias a una buena gestión. Algo similar ocurre con el sector de las cajas de ahorros, donde finalmente destacan solo dos de ellas: La Caixa y Bankia.

No puedo dejar de mencionar aquí la gran labor realizada por el ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, para resolver la complicada y profunda crisis del sector financiero en nuestro país, sobre todo de las cajas de ahorros, que fueron las entidades más castigadas por la crisis.

El autor, asimismo, analiza aspectos relacionados con su labor propia de la abogacía y la procuraduría de tribunales, que conoce y domina como nadie. Estoy seguro de que un mundo cada vez más global, más digital, más difícil y dominado por el inglés hará cambiar los usos y costumbres también de los letrados. No tengo duda de que Medina Cuadros se mantendrá en la vanguardia de todos estos cambios que ya se han instalado en nuestra sociedad.

Termino este prólogo agradeciendo a Manuel Medina esta oportunidad que me ha brindado para poder expresar públicamente mi afecto y consideración profesional a Medina Cuadros, así como para desear a toda la familia que continúe con su buen hacer en lo técnico y en lo humano, por lo menos otros cuarenta años más. Así podré seguir disfrutando siempre de todos ellos como amigo y cliente.

ÁNGEL CORCÓSTEGUI GURAYA

Introducción

Escribir este libro no ha sido una tarea fácil. Entrar a valorar la banca española y las cajas de ahorros en sus últimos cuarenta años es arriesgado y difícil. Tanto la dedicación de muchos meses para recopilar la regulación más importante en este último cuarto de siglo, como el hecho de haber trabajado en banca más de cuatro décadas, han hecho posible reunir en un texto la esencia de disposiciones y expresiones ajenas, pero con sentimiento y conocimiento propio, dentro de unas limitaciones lógicas.

El contenido hace referencia a lo más notable en materia bancaria, incluyendo costumbres e historias que ya navegan en el tiempo. Sin embargo, lo más importante, además de plasmar la nostalgia por los tiempos que fueron (y que difícilmente volverán a ser), ha consistido en aportar una sencilla idea de la vida y las costumbres de la banca y las cajas de ahorros en el último cuarto del siglo XX y casi dos décadas del XXI.

La solvencia y la seriedad de ambas durante todo este período nunca se pusieron en duda, y tan solo hubo una alerta, posiblemente injusta, por parte de la autoridad europea sobre los últimos acontecimientos; una valoración asimismo dudosa que igualmente pone en tela de juicio la eficacia de los sistemas de control del Banco Central Europeo (BCE) de la que ya se encargan de estudiar y valorar los especialistas y los Estados. Con todo, el dictamen de la Junta Única de Resolución (JUR) no ha dejado a nadie indiferente y, por tanto, su problemática traerá consecuencias de todo tipo en el BCE, pues los afectados del Banco Popular, por ejemplo, seguirán luchando por sus derechos. Serán el tiempo y los tribunales quienes den o quiten la razón a la JUR por su resolución del 7 de junio de 2017 motivada por la falta de liquidez de la entidad, si bien tanto el BCE como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificaron dicha decisión el mes de agosto de 2017, y de la misma manera la Audiencia Nacional rechazó a finales de septiembre las reclamaciones ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), alegando que este organismo es instrumental y, en consecuencia, no puede entrar en las medidas cautelares solicitadas por parte de los reclamantes.

Gran parte de este libro se centra en los cambios normativos de los años ochenta del siglo pasado, concretamente la Ley 31/1985, que «democratizó» el funcionamiento y la composición de los consejos y asambleas de las cajas de ahorros, dando entrada a los entes locales y Comunidades Autónomas en dichas asambleas y consejos de las cajas de ahorros confederadas, donde ejercieron su control de la manera que han reflejado sus resultados en el siglo XXI y que casi han llegado a desaparecer por su mala gestión y el descontrol político. Las leyes de 2013 y 2014 trataron de corregir esto último al modificar toda la normativa bancaria y de las cajas de ahorros, obligando a que se transformasen en entidades bancarias y reduciendo su labor de cajas, dependiendo de sus fundaciones y modificando considerablemente la composición de sus consejos, así como la forma de actuar, y todo ello cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea (UE) y por el conjunto normativo que se ha desarrollado en los últimos años en España.

En todo este tiempo, incluida la última crisis iniciada —y aún no resuelta— en 2008, se han producido numerosos casos de falta de liquidez y, por encima de todo, han proliferado abundantes activos tóxicos en todas las entidades de crédito. Para afrontar esta circunstancia, se valieron de una masiva provisión y dieron entrada a organismos concretos especializados en sanear y ejecutar estos activos tóxicos con el fin de saber realmente a cuánto ascendía el total aplicado del rescate bancario, lo cual, como todos sabemos, fue autorizado en el año 2012 en una cantidad máxima de 100.000 millones de euros por parte del BCE y el FMI.

La crisis de las hipotecas subprime ya es historia pasada, lo mismo que la explosión de la burbuja inmobiliaria. Con el tiempo, esto se ha ido desvaneciendo en el olvido, pero trajo consigo una devastación que ha dejado sobre España, principalmente, la huella de un gran huracán de proporciones insospechadas. No será fácil resolver las consecuencias funestas derivadas, y muy difícil reconstruir lo destruido debido a la confusión y la desconfianza que han generado en el sistema financiero español, así como los daños sociales que ha provocado dentro de todas las familias, muy especialmente en las menos favorecidas.

La crisis del año 2006, aunque se expandió por todo el mundo, afectó profundamente a España a partir de 2008, como acabo de explicar, por la comercialización de una gran cantidad de productos opacos relacionados con las hipotecas subprime, así como por la suscripción de preferentes, bonos subordinados y acciones desconocidas, todo ello con la intención de dar la máxima rentabilidad al cliente o al fondo que ayudaba a suscribir la oferta. La promoción inmobiliaria fue otro factor igualmente clave, cuando todo se construía y todo se vendía sin más limitación que apuntarse a una lista de espera, cediendo la posición a los treinta días a un tercero y de este modo obtener un beneficio sin apenas hacer nada. Así era la España de comienzos del siglo XXI. Aquí estalló la burbuja inmobiliaria un poco más tarde que en el resto del mundo y, por supuesto, duró (y dura) bastante más que en otros países que la padecieron antes que nosotros. La primera década de este siglo tuvo esplendor en los años iniciales y decadencia en los finales, y como consecuencia afloró un brote de pobreza social y financiera que llevó directamente a la deflación o crisis sistémica que, diez años después de haberse producido, aún perdura.

En el período estudiado se sucedieron las fusiones bancarias. Nadie podría haber pensado en tiempos de los «siete grandes» (Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Popular y Banco Santander) que, pasadas pocas décadas, los tres primeros serían absorbidos por el último, el Banco Santander, cambiando el panorama financiero en nuestro país. Don Emilio Botín, de quien es preciso destacar su capacidad de estrategia y talento financiero, llevó a cabo esta gran fusión mediante la absorción de las tres entidades más poderosas del sistema bancario español.

Las cajas de ahorros afrontaron la implantación de la Ley 31/1985, que amplío en el apartado correspondiente, y sus consecuencias se padecieron principalmente en el siglo XXI. Hubo una gran transformación con la aparición del SIP (Sistema Institucional de Protección) o «fusión fría» al que se acogieron la mayor parte de las cajas de ahorros. Como ejemplo, baste mencionar el Banco Financiero y de Ahorros, compuesto por siete cajas de ahorros —Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja—, participando con el 45 % en el capital de Bankia y dejando el restante 55 % para su salida y cotización en Bolsa.

En esta situación de principios de siglo, donde todo producto financiero, por opaco que resultara, siempre tenía comprador porque se apostaba más por la rentabilidad que por la calidad del producto, incluso el sistema financiero de nuestro país desplegó todos sus medios para aumentar promociones, suscribir productos de gran rentabilidad, paralela a los objetivos de las sucursales, e imponer la constitución de nuevas sociedades para promocionar el mundo inmobiliario que crecía y crecía, hasta llegar a la ya mencionada crisis del 15 de septiembre de 2008, fecha en la que se produjo la quiebra de Lehman Brothers.

En el caso concreto de España, 2008 fue el año en que estalló la burbuja inmobiliaria y, con ella, la gran crisis en la que todavía estamos inmersos, empeñados en ver la luz que levemente aparece al final de este largo túnel del siglo XXI. Los abusos de todas las partes, unos por dar en demasía y otros por recibir sin tener la capacidad de devolver, consiguieron que durante muchos años solo se mencionara la palabra «crisis». El sistema financiero español tuvo que valerse de numerosos instrumentos para hacer frente a una situación tan trágica y acoplar la estructura bancaria bajo el control de organismos y limitaciones lo suficientemente fuertes para contener los efectos devastadores del estallido de la burbuja del ladrillo. Además de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD), se crearon el SIP, el FROB, los EPA (esquemas de protección de activos) y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), la intervención de la cual logró hacer frente a los resultados del gran estallido financiero y social que supuso la crisis iniciada a principios de 2006 y que aún hoy, en 2017, no ha concluido.

Por otro lado, los movimientos sociales se agruparon y la reacción no fue otra que culpar de todo lo acontecido a la banca y las cajas de ahorros por sus conocidas ventas de preferentes, cláusulas suelo, desahucios… De todo este ruido nacieron las asociaciones de perjudicados por un producto opaco o tóxico, por la pérdida de la vivienda o por la ejecución del crédito. La rebelión social creció de tal forma que la mayor parte de los días de la semana se empleaban para convocar manifestaciones que reclamaban algún derecho perdido en esta avalancha de acontecimientos a la que el pueblo no estaba acostumbrado y que siempre había conocido como un derecho conseguido del Estado del bienestar, que jamás había de sufrir alteración o menoscabo. Difícil fue acostumbrarse a volver a ser pobres, a valorar el precio de las cosas y la dificultad para conseguirlas. Ha sido una de las peores décadas de crisis en España, pues ni la recesión de 1929 en Estados Unidos influyó tanto como el estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2008, en la convivencia y la situación de un gran número de personas que se quedaron sin trabajo, sin casa y sin futuro.

Posiblemente desde 1985, año de la promulgación de la ley de «democratización de las cajas de ahorros», nació una causa de sosegado avance donde se dio entrada en los consejos y asambleas de estas entidades a un 40 % de la representación de los entes locales y control a las Comunidades Autónomas. Después de más de un cuarto de siglo, las leyes de 2013 (Ley 26/2013) y 2014 (Ley 10/2014) vinieron a corregir esto último. Además, sobre ellas influye el control por todos conocido del BCE junto con el del Banco de España, y hemos comprobado, no sin sorpresa, cómo han desaparecido las cajas de ahorros, que se han transformado en fundaciones y la mayor parte de ellas se han convertido en bancos, según la Ley 26/2013.

De la crisis bancaria se está saliendo —eso sí, despacio—, y en cuanto dejemos de repetir dicha palabra, poco a poco desaparecerá de los informativos y se acomodará en el olvido del tiempo, ocupando el lugar que le corresponde en el silencio, y dentro de pocos años nos parecerá un mal sueño que también habrá pasado. Como ejemplo tenemos, en el otoño de 2017, la crisis catalana, que copa todos los informativos, tertulias y preocupaciones. En esta situación nadie menciona la consabida «crisis económica», porque la única que cuenta es la crisis política y el avance del nacionalismo, pues no olvidemos que estos sucesos dejan huella durante mucho tiempo y el único beneficio para el consumidor y la sociedad en general es valorar las cosas pequeñas, remodelando el esfuerzo y volviendo a la realidad.

Esta realidad, por dura que sea, siempre ampara una nueva forma de ver el futuro con esperanza, donde abundan de manera prioritaria las cosas más simples y sencillas, y en la que los lazos familiares se refuerzan para hacer frente a una situación difícil como la que nos ha tocado vivir y de la que no es fácil salir si no existe una profunda reflexión y una gran confianza en el futuro. El futuro solo nos corresponderá si ponemos en marcha el sentido común y amparamos el afán dentro de una de las mayores esperanzas del ser humano, que no es otra que la eficacia, siempre ayudada por la constancia, observando los movimientos sociales que habían estado en completo silencio y que han empezado a despertar, desplegando banderas y elevando la voz en la calle con la reivindicación del inconformismo de todas las tendencias y los gritos incontrolados que suelen resurgir cuando nadie sabe ni adónde ni a quién van dirigidos.

Igualmente, en la segunda parte de este libro describo de forma resumida la condición de abogado y todo cuanto conlleva la defensa de los intereses ajenos, defendidos como propios. En los últimos cuarenta años, la abogacía ha pasado por distintos escenarios, y actualmente se encuentra en una situación también de avalancha, donde los despachos de nuevas generaciones se abren camino con las reformas del siglo XXI. Las preferentes, las cláusulas suelo y los gastos que repercuten al banco han dado suficiente trabajo para que los despachos acumulen enormes cantidades de demandas a éxito; han desaparecido las normas mínimas y las asociaciones de profesionales se han potenciado y unido, creando una nueva forma colectiva y especializada para resolver, a partir de sus conocimientos y experiencia, cualquier problema, también el de las nuevas tendencias financieras, donde los sistemas informáticos y los avances tecnológicos son imprescindibles para el desarrollo de la profesión, sin olvidar las normas y las costumbres que la regulan.

Asimismo, la actividad profesional de los procuradores de los tribunales ha cambiado en cuanto al trabajo individual, y con la Ley Ómnibus (25/2009), que se explica más adelante, se ha consagrado la profesión también en avances colectivos, donde solamente con pertenecer a un colegio profesional se puede ejercer en todo el país, como sucede con los abogados.

Estas regulaciones han supuesto un gran avance para ambas profesiones liberales iguales, a las que por fin se aplica una legislación en consonancia con la influencia y el criterio de Europa y que, con cierta lentitud, se ha ido implantando en todos los colegios profesionales a pesar de la gran oposición que en un principio ejercieron en su contra, pero que a estas fechas se cumple con gran agilidad y orden, aprovechando la digitalización de los juzgados en beneficio sobre todo del consumidor y del prestigio de los profesionales de este gremio.

En resumen, las páginas que siguen tratan de recoger los ciclos reguladores, tanto en la actividad financiera como en la profesional y la humana.

No deseo acabar esta introducción sin agradecer a Ángel Corcóstegui Guraya, artífice de tres importantes fusiones en la banca española, su aportación a la presente obra, además de reconocerle sus méritos y, por encima de todo, su condición humana y su amistad cercana, sincera y familiar.

PRIMERA PARTE

La crisis bancaria

1

Esplendor, crisis, evolución y sostenibilidad de las entidades financieras en España

Se ha escrito mucho sobre la actividad de la banca en España, numerosas opiniones muy fundamentadas por grandes financieros con una excelente preparación y una profesionalidad y trayectoria demostradas, que han ejercido su labor en bancos y cajas de ahorros con cargos de responsabilidad durante la última mitad del pasado siglo hasta nuestros días. Debe considerar el lector que el libro que tiene entre sus manos lo ha escrito alguien al que solo le avalan más de cuarenta años dentro de la banca y que ha ejercido en este sector desde la escala de subalternos hasta los puestos de máxima categoría. Los conocimientos de que dispongo los fui adquiriendo gracias al trabajo diario desde los puestos más básicos en un banco a finales de 1969 hasta alcanzar la categoría de Jefe de Primera A en menos de veinte años.

El escalafón de la banca en las décadas de 1970 y 1980 se iniciaba desde botones y se acababa en dicha categoría de Jefe de Primera A, donde siempre se ejercía el mando de una jefatura; en mi caso, la Jefatura del Área Jurídica Territorial de Andalucía Oriental. La clasificación de las escalas de jefes en la banca estaba regulada por la categoría de la ciudad; existían, por tanto, plazas de clase A, de clase B y de clase C. Sin embargo, mientras que Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, por ejemplo, donde operaba el Banco de España principalmente, eran consideradas como plazas de Primera A y un Jefe de Primera A era la máxima autoridad administrativa para adoptar y ejecutar decisiones sometidas a las Subdirecciones y Direcciones Generales, como responsable de una jefatura, sin tener que depender de nadie de inferior categoría, otras plazas, en cambio, según la población, la actividad financiera y el núcleo de negocio podían ser consideradas, además de clase A, también como clases B y C, pues solo se daban esas tres categorías en el concepto de jefes, donde el tipo A dominaba al resto de los empleados y del negocio, y dependían directamente de las Direcciones Generales.

La Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 posiblemente facultaba al Banco de España para ejercer su control y el rigor de la época, pero en la escala de mandos el control lo ejercía directamente la banca privada, incluso bajo la dependencia del Consejo Superior Bancario. El Banco de España, además de ser un órgano regulador, tenía como función más específica la de emitir billetes de curso legal, desarrollando las misiones de descuentos y depósitos, y aunque su personalidad jurídica era independiente y contaba con plena capacidad, tanto el control como la fiscalidad los ejercía casi siempre de manera compartida o guiada por el Ministerio de Hacienda, el cual respondía a su vez ante el Consejo de Ministros.

Era por tanto una ley que facultaba al gobierno para controlar todo el sistema financiero, y según lo que estimara la Jefatura del Estado, se emitían más o menos billetes. Suponía el control absoluto. Cierto es que dicho control se delegaba en los organismos competentes, pero al final estos tenían que rendir cuentas y recibir órdenes del Consejo de Ministros, fiscalizando a los bancos oficiales: de Exterior, Hipotecario, de Crédito Oficial y de Crédito Industrial.

Para la banca privada se dictaron muchas normas y todas ellas dependían del Ministerio de Hacienda, reconociendo incluso los derechos a los bancos que existieran antes del 18 de julio de 1936 si su comportamiento había sido correcto durante la Guerra Civil a juicio del Consejo Superior Bancario. Asimismo, la autorización de crédito, de tipo de interés para acciones activas o de descuentos y medidas similares debía contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, en muchos casos delegada al citado Consejo Superior Bancario. Esta ley fue derogada definitivamente el 28 de junio de 2014, después de más de cincuenta años en los que gozó de plena vigencia.

Actualmente, sin ser una de sus misiones primordiales, los bancos centrales siguen emitiendo billetes, eso sí, bajo la coordinación y el control del BCE. Al abandonar el patrón oro en 1931, los billetes dejaron de especificar el pago al portador, que no era más que un formulismo que representaba la cantidad de oro que podía percibir el tenedor del billete del banco emisor. Mientras que Estados Unidos se separa del patrón oro en 1971, España no había aceptado nunca este sistema. Cuentan los historiadores de la época que, a comienzos del siglo XX, en España el valor de la plata experimentó un gran crecimiento (aquí se había adoptado el patrón bimetálico) y quedó sujeta al patrón plata, ya que el patrón oro exigía una serie de medidas y circunstancias con las que nuestro país estaba lejos de contar.

En 1971, cuarenta años después de la quiebra del patrón oro, comenzaron a aparecer solo en los billetes leyendas como la siguiente: BANCO DE ESPAÑA CINCO PESETAS y debajo la numeración correspondiente, firmado por el gobernador del Banco de España, si bien hasta 1974 se emitieron billetes en los que se indicaba que el Banco de España PAGARÁ AL PORTADOR, por poner un ejemplo, 100 pesetas. Esto no tenía otro significado que el antiguo, es decir, que «el Banco de España pagaría al portador» el importe en reservas de oro o en cédulas.

Aunque España no se había acogido al patrón oro, se consideraba que era el valor más seguro, y siempre se pensó que nuestras reservas estaban amparadas en la existencia de tan cálido metal en las cajas fuertes del Banco de España, que nosotros considerábamos como nuestro tesoro, y que nunca se podrían emitir más billetes que el valor del oro existente en las cajas fuertes del banco emisor. La leyenda EL BANCO DE ESPAÑA PAGARÁ AL PORTADOR desapareció a finales del siglo XX. En el caso del euro, en los billetes tan solo se imprime en el anverso el número del valor (5, 10, 20, 50…) sin ninguna otra reseña que no sea un «BCE» seguido del año de emisión, sin la mención «al portador» y siempre con la firma del gobernador o presidente del banco emisor, mientras que en el reverso aparece el número de serie. Lo mismo ocurre con los billetes emitidos por el resto de los bancos del mundo: Banco de México, 50 pesos; Banco Central do Brasil, 50 reales; Bank of England, 50 pounds, o The United States of America, 20 dollars, y así en las diferentes cuantías, indicando cada uno el número de serie correspondiente y la firma del presidente, y siempre en el reverso la foto de algún personaje célebre o la sede del banco central de cada país y la del jefe o jefa del Estado, aunque en muchos casos también se consigna en el anverso junto a la firma del gobernador o presidente.

En el caso de los billetes de euro es más frecuente que en el anverso aparezca siempre un monumento y en el reverso, un tanto difuminado, el mapa de los países que forman la UE. (Una curiosidad que merece destacarse: en el anverso del billete de 10 euros aparece la portada románica de la capilla de San Roque, situada en el precioso pueblo coruñés de Melide; esta capilla se construyó con restos de dos iglesias, la de Melide y la de San Pedro, de la que conserva intacta la portada, y también de la antigua capilla de San Roque, del siglo XIII, y a su lado queda el crucero más antiguo de Galicia, uno de los lugares más visitados del Camino de Santiago.)

No obstante, en las monedas es diferente; en ellas abundan las figuras de los jefes de Estado y los monumentos más importantes de cada país, aunque casi siempre aparece, en la cara, el mapa de la comunidad y, en la cruz, los personajes o los citados monumentos. (Lo de «cara y cruz» trae causa en las monedas que circulaban en la época colonial, de cuando el imperio español, que tenían la cara del emperador en el anverso y la cruz en el reverso. Por tradición, se sigue usando esta expresión en varios países de habla hispana, si bien en México, por ejemplo, a la cara de la moneda se la llama «águila» y al reverso, «sol».)

DESDE LOS AÑOS SESENTA HASTA LA ACTUALIDAD

No es mi propósito acentuar esta visión de la banca anterior a los años sesenta, donde los manguitos y la visera formaban parte de la indumentaria de todo el que tocara dinero y atendiera al público principalmente en ventanilla. Quiero referirme más bien a la banca de los años sesenta en adelante. Haré especial hincapié en las normas de cada época y sobre todo a partir de esta década, con unos órganos de gobierno más avanzados, integrados en un sistema financiero que estaba más en consonancia con los tiempos y que poco a poco se adaptaba al marco internacional y europeo, donde el control, las exigencias y las legislaciones fueron el caballo de batalla del bastante complicado mundo de la banca y las cajas de ahorros.

Eran, pues, tiempos de riqueza rural, donde la mula pisaba el trigo de las eras y los silos de ese trigo vertían negociables del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), dando a la banca la riqueza de su negociación, con los apoyos del Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA) en los pagos de los productos protegidos o subvencionados por el Estado a los agricultores de toda España, pero principalmente a los de las tierras del sur y Extremadura, que siempre canalizaban a través de algún banco de prestigio y primer nivel, sin olvidar la competencia asimismo feroz de las cajas de ahorros, cuya negociación también podían llevar a cabo. Pero hay que remontarse hasta 1995, cuando ambos servicios y fondos se integraron en el Fondo Español de Garantía Agraria, que realizó la misma función con la banca y las cajas de ahorros.

Los órganos estatales del desarrollo rural, principalmente, facilitaban a la banca, las cajas de ahorros y las cajas rurales la fuente esencial de sus ingresos, pues a través de los instrumentos financieros se canalizaba el dinero de los agricultores de todo el país. Esto suponía una riqueza segura que tenía el respaldo estatal y que a los bancos sobre todo, al inicio de las campañas, les permitía el descuento del precio del producto (de ahí el nombre conocido de «negociables»).

El sector agrario y su desarrollo contaban con un gran apoyo por parte del gobierno, pues a él se le trasladaba de forma indirecta la responsabilidad de atender y cuidar el empleo comunitario cuando en alguna región de España escaseaba el trabajo y había que preocuparse por las listas oficiales del desempleo. Un factor de negocio en la banca, durante y después de la posguerra, fueron estos pagos diferidos y con un plazo para hacerlos efectivos, a los que se les aplicaban los mínimos descuentos, ya que los importes sustanciosos de las grandes campañas pasaban por los bancos más colaboradores y experimentados en esta actividad temporal que tenía lugar todos los años y de las que se conseguían los grandes pasivos a nivel nacional. Se negociaba el importe del trigo, de las semillas, los garbanzos y otros productos agrarios

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