Introducción

Le dicen El Padrino

Recibí un breve mensaje de texto en mi teléfono que me llenó de ansiedad. Tenía que ser algo importante y muy delicado, de eso no tenía la menor duda.

“¿Podemos vernos en 90 minutos en la Freedom Plaza? No lleves tu teléfono celular.” Quien me escribía era un fiscal federal de distrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a quien conocí en noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, al inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán.

La Freedom Plaza (Plaza de la Libertad) se encuentra a media cuadra de la oficina de la revista Proceso en el National Press Building (Edificio Nacional de la Prensa), sobre la calle 14, entre la avenida Pensilvania y la calle E, y a tres cuadras de la Casa Blanca. Desde la Plaza se puede ver el Capitolio, y sobre esa misma vena vehicular se encuentra también la sede del Departamento de Justicia.

Era el martes 7 de abril de 2020. Llegué 20 minutos antes de la hora convenida, estaba ansioso. A los pocos meses de concluidos el juicio y la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión al Chapo, me encontré con el fiscal en Washington durante el receso de una audiencia del juicio en contra de un capo importante del narcotráfico en México. El fiscal me había pedido en otra ocasión que le diera mi número de teléfono. “Sólo te buscaré el día que tenga algo importante e interesante que contarte.” Él no me dio el suyo. “Tengo varios, yo te buscaré”, se justificó.

Tras 20 minutos de esperar absorto en mis pensamientos, me sorprendió el fiscal cuando se puso frente a mí para saludarme. Me preguntó si llevaba conmigo el celular, le contesté que no, y enseguida cuestionó si llevaba una grabadora. Se la mostré, me la pidió y se cercioró de que estuviera apagada.

“Todo lo que te voy a contar es off the record, dejé mis teléfonos en la oficina”, comentó y se tocó los bolsillos del pantalón y del saco como para demostrármelo.

Comenzó por exigirme garantías de que nada de lo que me narraría se publicara, pues se trataba de una investigación federal en curso: “eso podría entorpecer la pesquisa y acarrearme una acusación en Estados Unidos por el delito de obstrucción de justicia”. Asentí con la cabeza, todo eso lo sabía muy bien tras varios años de cubrir como reportero casos criminales de alcance federal de la Unión Americana. Comenzamos a caminar sobre la explanada.

—Hay en Nueva York, en la Corte del Distrito Este, un caso muy delicado que tiene que ver con tu país. Se trata de un general de las Fuerzas Armadas metido con el narcotráfico. Un general muy importante. La DEA lo ha investigado y tiene pruebas en su contra —me explicó, palabras más, palabras menos. No grabé ni tomé notas, el fiscal no me lo permitió. De modo que no puedo citarlo, pero sí intentar recrear el diálogo.

Quise saber el nombre del general bajo investigación, pero se negó a develarlo. Me aclaró que se trataba de un militar que fue muy importante durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El pitazo me lo daba, como lo planteó él, para que con mis “fuentes mexicanas” intentara descubrir si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba enterado del caso.

Entonces me aclaró que si lograba conseguir información del lado mexicano sobre este asunto, podría publicarla en Proceso. Por su supuesto que quedaba vetado mencionar alguna fuente estadounidense: la omisión podría ser la salida para un reportero mexicano que provocara un escándalo al anticiparse a la exposición pública no autorizada por una corte federal sobre un caso criminal extraterritorial. Su consejo como abogado no me convenció del todo. Yo sabía que, en caso de publicar la nota, si lograba obtener alguna corroboración del lado mexicano, no precisamente quedaría invulnerable a un pleito con las agencias federales u otras instancias del gobierno de Estados Unidos, aun cuando no mencionara fuentes de ese país.

El fiscal estaba a punto de despedirse cuando le pregunté lo siguiente —esto sí lo cito en forma textual—:

—¿Algo más?

—Creo que al general le dicen El Padrino —me respondió y emprendió la caminata hacia el Departamento de Justicia.

Me quedé mirándolo unos instantes en su recorrido por la avenida Pensilvania. Las calles de la ciudad estaban desiertas, habían pasado unas semanas desde que se había declarado la pandemia por covid-19.

En las horas siguientes hice conjeturas sobre lo que me había dicho el fiscal. Barajaba nombres de mis contactos mexicanos de más alto nivel, a quienes intentaría recurrir para cotejar la información. Sin duda, se trataba de una bomba periodística. Lo he dicho en muchas ocasiones: no hay reportero sin suerte. Así que me sentí afortunado.

Comencé cuidadosamente mis indagaciones. Un par de días después del encuentro con el fiscal, llamé por teléfono a mis superiores en Proceso: primero, a Jorge Carrasco Araizaga, director, y posteriormente a José Gil Olmos, jefe de información. Ambos, por separado, compartieron mi opinión de que se trataba de información extremadamente delicada e importante. Concluimos que el caso del Padrino era señal de que el gobierno de Estados Unidos había decidido ir con todo y contra todos los exfuncionarios de presidencias anteriores a la de López Obrador que pudieran estar coludidos con los cárteles del narcotráfico de México.

Habían pasado cuatro meses desde que la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) había arrestado en Dallas, Texas, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y arquitecto de la guerra militarizada contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. La agencia acusó a su antiguo aliado de ser cómplice de una fracción del Cártel de Sinaloa para trasegar cocaína al mercado estadounidense.

Fuera quien fuera El Padrino, la pista que soltó el fiscal federal de distrito era una jugada diferente de Estados Unidos sobre el tablero de la cooperación bilateral en seguridad y combate al crimen organizado. La DEA había decidido actuar en contra de militares mexicanos de alto rango, justo cuando la estrategia de López Obrador de “abrazos, no balazos” se estaba colocando el uniforme color verde olivo, con el acto de refundir a la antigua Policía Federal en la recién creada Guardia Nacional, a la que comandaría justamente un jefe marcial y no uno civil.

Acordé con Carrasco Araizaga y con Gil Olmos que los tres buscaríamos a nuestras fuentes de información en México, tomando en cuenta la condición impuesta por el fiscal estadounidense. Carrasco Araizaga quiso saber si me mantendría en contacto con el fiscal, lo cual podría ser difícil en el contexto de la pandemia. Supuse que sí y así se lo hice saber. Tenía el presentimiento de que tarde o temprano el fiscal se volvería a comunicar conmigo para saber si mis fuentes en México sabían del caso.

Luego de hablar con el director de Proceso pasé unos minutos intentando atar cabos. ¡Eureka! El fiscal tal vez pensaba usarme como carnada para prevenir a sus colegas en Nueva York sobre su actuar contra el general y lo que esto provocaría en México, en caso de que al gobierno de López Obrador le hubiese llegado información de la averiguación.

La inocencia del fiscal, y también la mía, me dieron risa. Tantos años cubriendo temas de narcotráfico en México y Estados Unidos me hicieron entender que si él me utilizaba, también yo me aprovecharía de él. Estaba seguro de que el fiscal sabía muchos detalles del asunto, así que decidí hacer todo lo posible por sacarle la información.

Varias fuentes de información, de ambos lados del río Bravo, me han dado pitazos como ése, aunque de menor nivel. Por supuesto, la regla de confidencialidad en el periodismo me impide citar por su nombre a quienes me proporcionan estos datos. Varios de esos asuntos se me han quedado en el tintero por la misma razón, por lo que cuando los criminales en cuestión resultaron capturados o abatidos, sus historias quedaron lejos de ser primicia de este tecleador. De modo que me prometí investigar todo lo que estuviera a mi alcance sobre el caso del Padrino para no volver a quedarme con la tinta seca.

No sabía exactamente cómo presentar el tema a mis contactos en México. Temía hablar de más y que la información proporcionada por el fiscal llegase a manos equivocadas. Se me hacía difícil —dado el enorme poder e influencia que ejercen las fuerzas armadas de México sobre la presidencia del país— definir a quiénes podría confiar lo que estaba fraguando la DEA. Además, me ha ocurrido en ciertas ocasiones que, tras consultar con una fuente de información mexicana un caso específico, ésta le pasa los datos a otro colega y lo que habría sido exclusivo se transforma en primicia, pero de otro medio de comunicación.

Ése era el primero de mis dilemas: ¿a quién llamar?

Desde su nombramiento al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), mantuve una buena relación con Alejandro Gertz Manero, con quien pude hablar siempre sobre algunos casos que estaba investigando. Pensé en él como el primer contacto en México con quien intentaría abordar al asunto del Padrino.

Tal y como él me lo había instruido para cuando quisiera consultarlo por teléfono, llamé a la rectoría de la Universidad de las Américas, en donde su asistente, la señora Isa, tenía la encomienda de avisarle que yo lo estaba buscando. La misma persona se encargaba de triangular la llamada para reportarse conmigo. Pese a que el fiscal general de la República nunca quiso darme el número directo de su oficina, nunca fue necesario.

Una hora después de mi solicitud recibí la llamada en mi celular. Creo que en unos 10 minutos resumí al fiscal el contenido de la conversación que había tenido con mi fuente de información. No le revelé que esa fuente era un fiscal federal de distrito ni le mencioné el apodo con el que los investigadores estadounidenses identificaban al general.

—Es gravísimo lo que me cuenta —recuerdo que fue su primera reacción a lo que le transmití.

Gertz me preguntó si tenía el nombre del general; le contesté que no. Lo que añadí fue que había sido muy importante en la presidencia de Peña Nieto.

—¿Será el exsecretario de la Defensa Nacional?

—No lo sé, pero es posible. ¿Tiene conocimiento de alguna investigación de la DEA a generales mexicanos?

—Nada, voy a preguntar por ahí y me comunico con usted. Si se entera de algo más no dude en llamarme, y así podríamos avanzar.

La sorpresa y preocupación de Gertz Manero me parecieron genuinas, y no era para menos, de modo que me puse a buscar más fuentes de información. Por tratarse de un tema relacionado con Estados Unidos, se me vinieron a la mente dos personajes del gobierno de López Obrador con quienes mantengo una buena relación de trabajo: la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Esperé un poco antes de comunicarme con ellos, pues tenía la esperanza de que Gertz Manero descubriera algo pronto.

A la semana volví a llamar a la asistente del fiscal, y en pocos minutos me pusieron en la línea con él:

—Todavía nada, pero en eso ando. ¿Sabe usted algo más que me pueda ayudar?

—No, por ahora.

—Bueno, seguimos en contacto.

Fue en esta brevísima conversación telefónica que por vez primera se me vino a la cabeza la posibilidad de que el fiscal no me creyera lo que yo le contaba. De modo que eso mismo me podría ocurrir con la embajadora y con el canciller; se me reducía el campo de acción.

Reitero: vale más suerte que dinero.

Tras no avanzar prácticamente en nada más en el mes de abril, recibí otro mensaje de texto el 12 de mayo. Ahora era de Alan Feuer, reportero de The New York Times, a quien curiosamente conocí, como al fiscal federal estadounidense, durante la cobertura del juicio contra El Chapo Guzmán. Entonces apoyé a Feuer con una fuente de información mexicana para su libro sobre el capo sinaloense.

El reportero, que cubre para el rotativo estadounidense las cortes federales en Nueva York y diversos casos criminales, me pedía que cuando tuviera el tiempo me comunicara con él. Cuando por fin pudimos hablar, y tras los respectivos saludos y preguntas sobre cómo nos iba en la vida, Alan fue al grano. Me habló de una información delicada e importante que le había pasado una de sus fuentes. Se trataba de un asunto de corrupción por narcotráfico en México en un alto nivel gubernamental, que requería de comprobación por parte de autoridades del gobierno mexicano como condición para publicarse.

¿Dónde había escuchado eso antes?

Lo dejé seguir sin interrumpirlo. Habló de que ya había empezado con sus pesquisas del lado estadounidense, pero que por ahora no le habían rendido frutos. Entonces me preguntó si tendría interés en que trabajáramos juntos el caso, de modo que la noticia pudiera publicarse al mismo tiempo en The New York Times y en Proceso.

Paciente, seguí escuchando sin intervenir. Estaba seguro de que Alan ya sabía del caso del Padrino y yo no pretendía quemar mis naves.

—Mi fuente me dijo que investigan a un general: al secretario de la Defensa en la presidencia de Peña Nieto. Le dicen El Padrino —soltó Alan.

—Tu fuente es un fiscal federal.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque es posible que esa fuente sea la misma que vino a Washington a buscarme para contarme del asunto.

No percibí sorpresa en la voz de Alan. Imaginé que el fiscal federal de distrito estaba interesado en descubrir si el gobierno de México tenía información de lo que hacía la DEA o sobre si era de su conocimiento el posible lazo con el narcotráfico del general. Nuestras publicaciones podrían servirles a sus propósitos, y por eso nos habían dado el pitazo.

Dudo que el fiscal estadounidense se hubiese planteado la posibilidad de que Alan me buscara como compañero para investigar, aunque no lo descarto del todo. Intercambiamos ideas sobre cómo averiguar. Yo me abocaría a mis fuentes en México y Alan a las de su país. No creí pertinente decirle en ese momento que ya había hablado con Gertz Manero; lo haría más adelante. Por lo pronto acordamos que conversaríamos con nuestros jefes para saber si habría disposición para publicar al mismo tiempo la noticia si nuestro trabajo de investigación llegaba a buen recaudo. Esa noche me volví a comunicar con Carrasco Araizaga, quien estuvo de acuerdo con la colaboración, máxime porque yo contaba ya con la experiencia de haber trabajado en un reportaje de investigación con The New York Times.

Al día siguiente de hablar con Alan y ponernos de acuerdo, me comuniqué con la embajadora Bárcena. Unos meses antes había llegado a mi domicilio de manera anónima una caja con documentos, todos aparentemente oficiales, del gobierno de Felipe Calderón y de cuando Arturo Sarukhán era representante en Washington de nuestro país. Así que convoqué a la diplomática a un almuerzo un fin de semana para que revisara los papeles y me ayudara a determinar si eran auténticos todos esos folios que yo había recibido. Probablemente picada por la curiosidad, la embajadora aceptó visitarme junto a su marido, Agustín Gutiérrez Canet.

El mismo día busqué telefónicamente a Enrique Calderón Savona, mi editor en esta casa editorial. Le conté que había recibido información de un fiscal y que, junto con un reportero de The New York Times, intentaríamos desenredar una madeja muy complicada. En esa conversación no había atisbo de que dos años después el desarrollo del caso se concentraría en este trabajo.

A la mañana siguiente envié un mensaje de texto a Marcelo Ebrard en el que le solicitaba unos minutos de su tiempo para hacerle una consulta. Como siempre, la respuesta del canciller fue positiva. Como Alan me había contado que el fiscal de distrito de su país le dijo que El Padrino era nada más y nada menos que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en la presidencia de Peña Nieto, consideré que sería más sencillo conseguir algo con las fuentes gubernamentales mexicanas.

—Es muy delicado el asunto —fue la reacción inmediata del canciller.

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X