Prólogo

Salud: acumulación de agravios

ROBERTO ROCK

La crisis del sector salud marcará sin duda la historia de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y su promesa de impulsar una verdadera transformación del país.

No se trata de una crisis nueva, sino de un cáncer que se acumuló durante décadas por deficiencias sistémicas; es decir, las que crecieron a la sombra de los discursos, los programas gubernamentales y las ocurrencias de los políticos, hasta formar parte de nuestra esencia. Una costra que hoy se muestra purulenta.

La crisis que se aborda en el presente libro, desde el punto de vista del periodismo y el conocimiento de un grupo de expertos, tiene muchas de sus raíces en el enorme peso de la economía informal en México (de la que vive más de la mitad del país), así como en las condiciones laborales, fiscales, financieras y políticas que parecieran conjuradas para apretar un nudo gordiano que amenaza con asfixiar a la nación.

Lo que realmente se halla en quiebra es el proyecto de un sistema de seguridad social que a mediados del siglo pasado imaginó un modelo que sería capaz de afiliar a todos los trabajadores mexicanos, dotándolos de múltiples beneficios pues laborarían en empresas bien establecidas, productivas y competitivas, al corriente de sus obligaciones patronales, con estímulos fiscales que las alentaran a crear más empleos. Estos trabajadores dispondrían de estancias infantiles para sus hijos, entre otros beneficios, y al final de su vida productiva los estaría aguardando una jubilación digna.

Todo sería parte de un círculo virtuoso. Un sueño que nunca se cumplió y que devino en pesadilla, en un infierno cuyos círculos más profundos están hoy asignados a los vulnerables extremos, a las masas miserables. Los sobrevivientes, los invisibles.

En los casi 80 años que nos separan de la Ley del Seguro Social de 1943, el sueño parece cada vez más inalcanzable. En este 2020 apenas 40% de la fuerza laboral goza de alguna cobertura de salud estable, el sistema sanitario público está disperso y su grado de ineficacia se refleja cada vez que un paciente no puede recibir los medicamentos que indica la receta que le extiende su médico o debe esperar semanas para ser atendido por un especialista, o meses si necesita practicarse un estudio de relevancia como una tomografía o una resonancia magnética, ya no digamos una intervención quirúrgica.

Muchos enfermos ven su economía familiar entrar en quiebra por tener que pagar medicinas, médicos y tratamientos directamente, en lo que se llama “gasto de bolsillo”, que en México es proporcionalmente uno de los más altos del mundo. El largo fin del sueño se expresa en pacientes que entran vivos a los hospitales públicos y salen muertos, fallecen en casa o, aún peor, en plena calle en espera de un espacio en el sistema.

Existe un correlato de nuestro drama en la profunda tragedia económica que supone la economía informal, pues en ésta se encuentran los trabajadores que deberían aportar cotizaciones para sostener un sistema de salud eficaz.

En un reciente artículo, el economista Santiago Levy llamó la atención sobre el hecho de que en 2005 el porcentaje de la economía informal reportado por el Inegi fue de 59.1%. Catorce años después, en 2019, fue de 56.9%. En el mismo lapso, el porcentaje de trabajadores con seguridad social pasó de 36.4 a 37.6%, un avance anual de 0.085%, por lo que de acuerdo con el propio Levy, se requerirían ¡siete siglos! para que todos los trabajadores estuvieran cubiertos por la seguridad social.

En el arranque de su gobierno, el presidente López Obrador se comprometió a emprender un sistema único de salud sin una hoja de ruta ni los consensos básicos y, lo peor, sin disponer del dinero que permitiera niveles aceptables de atención y abasto de medicamentos para más de 60 millones de personas que hoy no tienen acceso a sistemas públicos como el IMSS o el ISSSTE.

Tras meses de escarceos con pacientes, fabricantes de medicinas, directivos de hospitales y gobiernos estatales, se decretó la desaparición del Seguro Popular (creado en 2003), y el primer día de 2020 surgió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con un modelo pésimamente comunicado y caóticamente aplicado.

De acuerdo con las reformas a la Ley General de Salud, en México sería atendido gratuitamente todo aquel que se presente en la red pública hospitalaria, pero sólo para atención de primer y segundo nivel. Los demás deberían esperar.

Con ello el gobierno federal buscó satisfacer un viejo mito: que el eje clave de la política pública debe concentrarse en la atención de las necesidades básicas de la población, la que encara el desafío de, por ejemplo, las enfermedades infecciosas o contagiosas, que en el pasado provocaban un alto índice de muertes infantiles.

Los defensores de la evolución que se observaba en el sistema de salud antes del gobierno de López Obrador se refieren a los avances que se habían conquistado ante ese tipo de padecimientos, el aumento en la expectativa de vida de la población o el número de hospitales públicos en el país.

Pero estos argumentos deben ser contrastados con el estancamiento que exhibe la dispersión y duplicación del gasto público en varios subsistemas (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, más estructuras estatales y aun municipales), a lo que se suma el referido “gasto de bolsillo”.

Tampoco se puede perder de vista que el perfil epidemiológico en México se ha transformado de manera acelerada. Entre 1986 y 2016 —retomo el artículo de Levy— las muertes por enfermedades infecciosas o parasitarias disminuyeron 85%, pero el impacto letal de los padecimientos crónicos se multiplicó en el caso de la diabetes (296%), los tumores malignos (76%) y las enfermedades cardiovasculares (34%).

Frente a tal contexto, la drástica política dictada por el gobierno de López Obrador golpeó precisamente a los pacientes encuadrados en ese ámbito, los que saturan los hospitales e institutos públicos de especialidades (el llamado tercer nivel). Se agudizó la escasez de medicamentos para niños con cáncer; sus padres tomaron las calles para protestar ante esta situación, al tiempo que se anunciaban severos recortes al presupuesto de los institutos y hospitales de alta especialidad, donde hubo despidos de personal.

El Seguro Popular cubría muchos de estos padecimientos con apego a un catálogo de enfermedades “catastróficas”, llamadas así porque destruyen la economía de una familia entera. Desde diciembre de 2018 López Obrador anunció la muerte de ese sistema, bajo el argumento de que “ni es seguro, ni es popular”. Pero el nuevo modelo no otorgó, en definitiva, mayores certezas, y dejó a millones de pacientes en el limbo jurídico y social… lo que no es en absoluto popular.

La nueva etapa de esta batalla fue la pretensión del gobierno federal, anunciada también desde diciembre de 2018, de centralizar en manos federales la red de hospitales públicos del país, incluidos los construidos y manejados por administraciones estatales. Ello atrajo una natural protesta de gobernadores, que especialmente en el centro y norte del país administran sistemas de salud iguales o más modernos y eficaces que el IMSS o el ISSSTE.

Ésta era la realidad que dominaba al país en las semanas posteriores a cumplirse el primer año en el gobierno de López Obrador. Entonces comenzaron a llegar noticias inquietantes de una extensa ciudad en el centro de China de la que, sin embargo, pocos habían escuchado hablar: Wuhan.

Al cierre de diciembre de 2019 las autoridades mexicanas tuvieron las primeras noticias de que un nuevo virus había surgido en China con el potencial de provocar un cataclismo sanitario.

La irrupción de la pandemia de covid-19 se produjo cuando nuestro sistema de salud se hallaba comprometido por otras epidemias como la tuberculosis, el sarampión y el dengue, con crecimiento no conocido en años, lo que evidenciaba el debilitamiento de controles sanitarios, ineficacia o ausencia de campañas de vacunación, medicamentos y vacunas insuficientes o de baja calidad.

Al declararse la pandemia mundial, en México casi todos los días se generó un indicador, una noticia, un reporte internacional sobre los enormes desafíos del Sistema Nacional de Salud. Pero escasearon las evidencias de que la administración de López Obrador contara con la capacidad para definir una estrategia que coordinara esfuerzos y avanzara en propósitos específicos.

En marzo, tras reportarse la detección del “paciente 0” contagiado, un personaje público se consolidó frente a la atención ciudadana: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, designado vocero y estratega en el manejo de la pandemia.

Un eficaz montaje publicitario gubernamental hizo que la popularidad de este epidemiólogo, hasta entonces virtualmente desconocido, creciera como la espuma, al grado de aparecer en portadas de las llamadas revistas del corazón.

El punto de inflexión se dio a partir de mayo, luego de que López-Gatell fallara una y otra vez en pronósticos de primera importancia respecto de la evolución de la crisis sanitaria y en sus posturas contra la aplicación masiva de pruebas y el uso de cubrebocas, lo que le atrajo la descalificación de especialistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Al inicio del verano de 2020, México acumulaba cerca de 30 mil muertes a causa del coronavirus. Se colocaba en los primeros lugares mundiales por su número de contagiados y por el porcentaje de letalidad.

En los hospitales e incluso en las calles, la comunidad médica acumulaba agravios por estar trabajando en la primera línea contra el covid-19 sin los equipos necesarios para su propia protección, lo que provocó un alto número de decesos entre el personal sanitario.

Con más incertidumbre que certezas, la autoridad instaba a la población a relajar un confinamiento que superaba ya los 90 días. Se hallaba latente el temor de nuevos brotes graves y de que las cifras de muertes siguieran aumentando.

Seguíamos viviendo en el año en que una nueva epidemia mundial instaló el miedo entre todos nosotros, sin saber cuándo terminaría la pesadilla.

Julio de 2020

El frágil sistema de salud que encontró el covid-19

MARILUZ ROLDÁN

El sistema de salud mexicano presentaba problemas estructurales que se agudizaron con la llegada del coronavirus. La pandemia encontró al sector salud en un momento especialmente vulnerable debido a la reciente transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, uno de los proyectos clave del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este libro surgió del trabajo periodístico de La Silla Rota, con una recopilación de textos que fueron actualizados para esta publicación. Desde que inició la pandemia de covid-19 surgieron cuestionamientos en diversos sectores de la población por la forma en que el gobierno trataría de controlar los contagios en México.

Entonces aparecieron dudas sobre las cifras que cada noche da a conocer la Secretaría de Salud, las cuales fueron documentadas desde la parte social, con testimonios y con información de las bases de datos oficiales.

Durante el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, La Silla Rota dio seguimiento a los problemas que persistían en los institutos nacionales de salud y en los hospitales de alta especialidad, los cuales se vieron afectados por recortes presupuestales que impactaron en su atención.

El sector salud es uno de los más importantes para el presidente López Obrador, quien planteó al inicio de su administración unificar todos los sistemas de salud que existen, pero 2 de julio de 2019 apostó sólo por eliminar el Seguro Popular, que llevaba operando 15 años, e instaurar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Insabi entró en vigor el 1 de enero de 2020 de una manera abrupta y accidentada, ya que no había lineamientos definidos sobre sus atribuciones y tampoco se dejó claro cómo funcionaría la atención para las personas sin seguridad social.

En medio de esa transición, la pandemia de covid-19 llegó a México para mostrar las carencias que ya existían y agudizar las problemáticas. A pesar de esta situación, al momento de cerrar este libro, 1 de julio de 2020, el sistema de salud había logrado evitar la saturación y brindar atención a las personas con SARS-CoV-2.

Al revisar las condiciones del sector salud, una de las preguntas que se mantienen en el aire es en qué condiciones va a quedar tras el embate de covid-19, sin recursos suficientes y con personal desgastado tras meses de estar en la línea de batalla.

Hospital Infantil, en crisis desde 2006 y lo amenazan con recortes^*

MARILUZ ROLDÁN

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador le pediría que destinara más recursos a la salud, principalmente, que estuviera cubierto lo básico, lo necesario”, enfatiza Elizabeth Bernal mientras espera a que le brinden atención a su hija Areli Osorno en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en donde los recortes al presupuesto provocaron que se ordenara reducir el número de cirugías a la mitad.

Su hija de cinco años está en silla de ruedas a causa de la discapacidad motriz congénita que padece y por la cual necesita ser atendida por especialistas en neurocirugía, ortopedia y urología, con quienes tendrá que acudir de por vida.

Ella lleva un mes siendo atendida en el hospital, ya que antes era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero actualmente el esposo de Elizabeth está desempleado y tuvieron que buscar otras opciones para cuidar su salud.

Elizabeth declara que a su hija le van a hacer una serie de estudios, los cuales le parecen “algo costosos”, y después tendrá que continuar con su tratamiento, por eso destaca: “Me gustaría que hubiera el material necesario tan sólo para los pequeños, y medicamentos también”, pues debido a la falta de presupuesto en el hospital faltan recursos y los médicos hacen todo lo que pueden para solucionar los problemas.

La pequeña Areli sonríe con timidez cuando uno de los doctores le da una paleta, la toma y da las gracias. Unas muletas también la acompañan en la silla de ruedas. Elizabeth muestra esperanza en que su hija mejore poco a poco y pueda tener una mejor calidad de vida, pero tiene temor de lo que pueda venir en el futuro para el sector salud.

Al hablar de los recortes presupuestales que están afectando al hospital y a otros institutos de salud, Elizabeth dice tajantemente: “Yo creo que estamos un poquito mal, porque vamos retrocediendo en todos los sentidos, sí está mal que haya este recorte de presupuesto”.

En el primer semestre de 2019, al arranque del sexenio lopezobradorista, se dieron a conocer recortes en el sector salud, y uno de los hospitales más afectados fue el Federico Gómez. La crisis se agudizó a principios de mayo del año pasado ante los nuevos recortes presupuestales; sin embargo, en los últimos 12 años ya se habían dejado de hacer más de mil operaciones anuales y había disminuido también la atención en las consultas de urgencia.

La situación no es nueva para el hospital, que desde hace aproximadamente tres años ha sufrido recortes en los insumos que necesita para atender a los menores de edad, y desde entonces médicos y enfermeras han tenido que usar lo poco de lo que disponen para dar servicio.

La austeridad del presidente López Obrador está llevando a terapia intensiva al Hospital Infantil de México. El pasado 18 de mayo los doctores fueron informados de que deben reducir en 50% las intervenciones quirúrgicas que realizan, lo que representa un riesgo para los niños, ya que aumenta la lista de espera existente.

Esta situación se debe a que la Secretaría de Hacienda decidió congelar 794 millones de pesos de 26 instituciones de salud y ordenó reducir 30% los gastos operativos y 50% los personales, como lo dio a conocer Milenio el 21 de mayo.

Con base en la Ley de Transparencia, La Silla Rota obtuvo información de la operación del hospital de 2006 a marzo de este año, en la que se observa que aunque el presupuesto asignado ha aumentado, el funcionamiento del hospital en diversas áreas disminuyó sustancialmente durante los últimos dos sexenios.

En 2006, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto aprobado fue de 761 millones 919 mil 343 pesos, pero el Hospital Infantil reporta que ejerció 222 millones 664 mil 748, ya que el resto de los recursos se destina a los sueldos del personal, explica Mario Díaz Pardo, jefe de Urología del Hospital Infantil de México.

El presupuesto asignado fue en aumento, incluso en 2011 dio un salto, ya que se multiplicó 2.6 veces, al pasar de 957 millones 821 mil 077 en 2010 a 2 mil 505 millones 054 mil 384 pesos; sin embargo, los recursos ejercidos no registraron un aumento tan sustancial, ya que aumentaron de 347 millones 995 mil 574 a 357 millones 589 mil 465 pesos.

Después de ese brinco en los recursos aprobados, en 2012, al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, disminuyó a mil 292 millones 023 mil 593 pesos y fue al alza hasta llegar a mil 969 millones 924 mil 415 pesos en 2019, con un presupuesto ejercido hasta marzo de 2019 de 232 millones 277 mil 591 pesos.

Pese a esto, ahora el funcionamiento del hospital está en riesgo y algunos especialistas ya empezaron a unir fuerzas para tratar de revertir la decisión de las autoridades. Díaz Pardo detalla que a principios de este año les recortaron 25 millones de pesos. El contexto es crítico para el hospital, que empezó 2019 con un déficit de 30% y ahora tiene que sobrevivir con menos recursos.

Por esa razón le pide al presidente López Obrador: “Que nos den recursos para material de trabajo, para poder atender mejor a los pacientes, nada más, no pedimos otra cosa. Sí queremos dar el servicio que estamos acostumbrados a dar”.

“Si ésta es la esperanza de México, dónde quedó la esperanza”, se lamenta.

La crisis que se veía venir

Aunque los recursos para el Hospital Infantil han aumentado durante los dos sexenios pasados y el actual, esto no se ha visto reflejado en su funcionamiento, ya que hubo una caída considerable en el número de intervenciones quirúrgicas. En 2006 se realizaron 5 mil 183 cirugías y en 2007 llegó a su cifra máxima con 5 mil 243.

Sin embargo, las cifras del Hospital Infantil continuaron a la baja. En 2017 disminuyeron hasta 4 mil 161 operaciones y en 2018 se registró su mínimo, con 4 mil 005 intervenciones quirúrgicas. Hasta marzo de 2019 se han hecho 891 cirugías, que son más en comparación con las 795 que hubo en ese periodo del año pasado.

Los especialistas entrevistados por La Silla Rota afirman que ellos han tratado de hacer todo lo posible para que no disminuya el número de cirugías y que se reduzca la lista de espera que hay, por eso les indigna que

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