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1. Introducción
Sebastián Piñera Echenique fue, durante toda su trayectoria política, una figura que despertó las más enconadas pasiones. Una de ellas, la ira, alcanzó su momento máximo en las jornadas que sucedieron al 18 de octubre de 2019. Eso pudo haber terminado con un asalto a la Moneda tipo Bastilla.
«Tiempos mejores», como había prometido Piñera en la campaña presidencial de 2017, no fueron.
Este libro nace a partir de un instante y una reflexión. Pocos días después de la muerte del expresidente me pidieron, en emol.com, dar mi opinión, como historiador, supongo, respecto de su legado. Dije que consiguió la normalización democrática de su propio sector.1 Creo que me equivoqué en esto. Primero, porque la palabra «normalización» es una bala más en esa batería de neologismos que no dicen mucho… el sentido profundo de una «normalización» está más cercano a un ideal de inamovilidad, de estática, que a la idea que pareciera reflejar: que transformó a la derecha en democrática. Lo que nos lleva a un nuevo problema, ¿qué significa que algo sea democrático? La derecha en 1989 estaba convencida de que era democrática; y la izquierda de 2019 me parece que fue todo excepto democrática. El asunto merecía más reflexión, y algo de eso expongo en las siguientes páginas.
No conocí personalmente a Sebastián Piñera. Estuve una vez con él, en la lejana campaña de 2009, cuando visitó la Universidad Alberto Hurtado en calidad de candidato y un grupo de vehementes estudiantes interrumpió su discurso con gritos groseros y un gran cartel que, con garabatos aún mayores, lo descalificaba por «millonario». Sin ser santo de mi devoción, simpaticé en ese momento con él: lo ocurrido era una demostración clara de la descomposición política que se tomaría el espacio público dos años más tarde.
Mi educación personal proviene de una cultura católica de izquierda. Fui concertacionista, no voté por Piñera la primera vez, pero sí la segunda. Estuve muy enojado con él después del estallido; me parecía que, como presidente de la República, aunque era un desafío gigantesco, no había estado a la altura: no podía ser que los valores de la transición democrática se hubieran ido de tal manera por el caño; era su responsabilidad mantenerlos. Con el paso del tiempo, lo revaloricé, aunque no puedo dar cuenta de cuándo comencé a pensar en Piñera desde una nueva perspectiva: la de un presidente que había salvado la democracia.
Con su muerte, apareció la pregunta obvia. Desde una perspectiva histórica, ¿cuál era el lugar de Piñera? Y más aún: ¿qué significa «tener un lugar» en la historia? Esas dudas alimentaron más o menos un año de trabajo. Decidí que la mejor forma de responder la pregunta no era una biografía, ni una «historia» de sus gobiernos, sino un breve ensayo.2 Y para contestar la pregunta, tenía que ser un ensayo «histórico», es decir, que recogiera algunas tradiciones historiográficas —creo que en este caso hay mucho de historia conceptual, aquella que estudia las modificaciones en los conceptos, en las palabras que son importantes para nuestra vida social— para responder la pregunta desde la historia, no desde las tincadas, la arqueología de redes sociales o las pasiones de los momentos.
Entonces, ¿cuál es la posición de Sebastián Piñera Echenique en la institución de la Presidencia de la República considerada en su totalidad histórica? No desconozco que Piñera fue un hombre de sus tiempos —un fruto de ese período que aún no conocemos del todo y que se llamó «transición a la democracia»—, con unas características personales extraordinarias en el sentido exacto de la palabra, algunas negativas, algunas positivas, pero todas aumentadas tanto por su biografía como por las circunstancias que le tocaron. Pero en la comparación con las administraciones que lo antecedieron, y no solo las inmediatas, ¿qué representa? ¿Qué forma tiene él, como pieza de un rompecabezas que nunca termina de armarse? En otras palabras, ¿qué es Piñera desde la perspectiva de una continuidad histórica de la institución presidencial?
Esta pregunta es válida para cualquier presidente contemporáneo y del pasado. Sin embargo, los acontecimientos que ocurrieron en su segundo gobierno (2018-2022) fueron de tal modo extraordinarios que le exigieron, creo, un «extra», una fortaleza exhibida solo por unos pocos mandatarios electos en nuestra historia, algo, un «momento histórico» que lo obligó a ser más que él mismo, porque puso en entredicho no solo la política «corta», el sueño de un programa de gobierno, por ejemplo, o el horizonte de futuro de veinte años de un determinado sector político, sino la democracia republicana completa.
En efecto, el estallido de 2019 y la pandemia del COVID-19 pusieron simultáneamente en jaque la vida de la democracia y la de los ciudadanos. Tal vez uno de los propósitos de este texto es que estos hechos dejen de ser vistos con la frivolidad que los acompañó en su época y comiencen a ser medidos contra la figura de Piñera, quien, cual «mono porfiado», consiguió terminar su mandato y entregar el poder a su rival de turno, acto casi automático que, sin embargo, define la continuidad republicana chilena más que cien marchas de un millón de personas en la calle.
Su gran proeza, creo, fue no haberse transformado ni en mártir ni en tirano.
Aquel fin de mandato de 2022, de otra manera trivial, fue algo superlativo, considerando la alternativa que enfrentó en 2021: su destitución. En cambio, aunque magullada, después la institución presidencial se mantuvo y sobrevivió incluso al intento refundador de la Convención Constitucional de 2021-2022, que alteraba la continuidad histórica presidencial de manera radical. En otras palabras, lo que parecía un presidente derrotado, que quedó sin piso político en el segundo año de su mandato, que entregaba el poder a sus enemigos jurados, creo que, en realidad, fue la victoria de la democracia por sobre el fuego, la locura, la destrucción y la muerte.
Esta última llegó para él en febrero de 2024, y fue demasiado prosaica para su figura; casi absurda. Como siempre en su trayectoria, fue algo producto de un riesgo y de un azar: no estaríamos escribiendo estas líneas si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, menos si él hubiera sobrevivido y menos aún si otro y no él hubiera muerto.
El propósito de este ensayo, sin embargo, no es hacer una biografía de Sebastián Piñera. Mi inquietud tiene que ver menos con el Piñera de carne y hueso que con el Piñera jefe de Estado y de Gobierno, el depósito humano de la soberanía popular. Sus críticos ya apuntarán lo obvio: sus negocios, sus fallas, su ética, la antigua causa relacionada con el Banco de Talca por la cual fue encargado reo, el uso de información privilegiada para transar acciones de LAN, las cuentas en paraísos fiscales, las eventuales informalidades que tuvo con el manejo de sus finanzas, el hecho de haber puesto a su hijo en una mesa con líderes chinos, incluso su curiosa doble fidelidad deportiva tanto a Universidad Católica como a Colo-Colo, club que durante un tiempo fue de su propiedad. Podrán apuntar a sus características personales, a veces infantiles, su obsesión por salir siempre ganador, sus modos descorteses, su humor, su aparente torpeza en la motricidad fina, sus trajes siempre una talla más de la que le correspondía. No es mi interés contradecirlos. En mucho de lo que apuntan pueden tener razón. Sebastián Piñera fue un hombre de negocios también, en el sentido más concreto de la palabra y en el sentido más histórico posible: fue un hombre de negocios hijo de la economía abierta pinochetista, tal vez el más fiero y ambicioso de todos en un ecosistema nuevo, que se definía por su fiereza: era el rol de estos jóvenes tigres hacerse ricos, y él cumplió esta misión con creces.
Creo que, aunque probablemente costó, otra cosa fue la Presidencia de la República.
En las próximas páginas expondré por qué.
2. La cuestión social irresuelta
11 de septiembre… de 1924. Una junta militar reemplazaba al gobierno del presidente Arturo Alessandri. «La corrupción de la vida política de la república llevaba a nuestras instituciones a un abismo hacia el cual la propia carta fundamental empezaba a resbalar, empujada por intereses meramente personales (…) La miseria del pueblo, la especulación, la mala fe de los poderosos, la inestabilidad política y la falta de esperanzas en una regeneración dentro del régimen existente, habían producido un fermento que irritaba las entrañas de las clases cuya lucha por la vida es más difícil (…) Y de todo esto se alzaba la inminencia de una contienda civil», señalaban las nuevas autoridades en un manifiesto.3
El movimiento militar de 1924 terminó con la república parlamentaria: el «viejo» Chile que, tensionado desde hacía un par de décadas, era incapaz de incorporar en su estructura la «cuestión social».4 Los sucesos se habían precipitado. Una semana antes, un grupo de militares jóvenes, frustrados por las bajas remuneraciones y la falta de perspectivas de sus carreras, había concurrido, indignado, al Congreso. La visita no era casual.
En ese momento se discutía ahí una ley que otorgaría una remuneración a los honorables. Durante la votación, los militares, molestos, golpearon la punta de sus sables contra el suelo de las graderías desde donde observaban el debate. ¿Por qué esta clase política, en vez de favorecerse a sí misma, no se dedicaba a votar el proyecto de leyes sociales que tenía el presidente, congelado desde hacía cuatro años? Una semana después, el presidente Alessandri era destituido por los militares, pedía al Congreso autorización para salir del país y se iba a Buenos Aires; era el inicio de un exilio que duraría varios meses y que concluiría con la promulgación de la Constitución de 1925.
Pese a su trascendencia, los sucesos de 1924, en su trayectoria histórica, han palidecido frente a otro golpe, en otro 11 de septiembre, que a los contemporáneos nos marca mucho más: el de 1973. Es evidente que, puestos el uno al lado del otro, 1973 pareciera mucho más radical no solo en su violencia, sino también en el cambio de régimen. Pero 1924 tiene asimismo una silenciosa radicalidad, al punto que me resulta muy difícil subordinar a 1973. El cambio de régimen de 1924, enseñado escolarmente como el paso de una república «parlamentarista» a una república «presidencial», no es solo la transición de una modalidad republicana a otra; es una modificación radical y absoluta del sentido que tiene el Estado en Chile, del centro latente de su acción, de la promesa que le hace a la comunidad política. En 1924 se instaló, como misión y fundamento del Estado, la resolución de la cuestión social.
Esta promesa atravesó tempestades. Entre 1924 y 1932, la historia de Chile se tornó «punk» mediante una serie de presidentes, vicepresidentes, presidentes provisorios, juntas de gobierno y una dictadura de tres años, además de la crisis económica global de 1930. La resolución del problema inmediato, la estabilidad, tuvo que esperar hasta 1932, con el segundo gobierno de Arturo Alessandri, que consiguió en 1938 concluir sin interrupciones el período constitucional establecido.
Pero eso es la política y los políticos. Sobre ella y sobre ellos la cuestión social irresuelta mutó de nombre, pero continuó siendo la fuerza magnética que tensionó y organizó lo que los políticos y la política hacían. Los trabajadores, las condiciones sociales, el bienestar, la «defensa de la raza», la explotación, la desigualdad, el desarrollo… todos ellos fueron conceptos que entre 1932 y 1970, al menos, continuaron remitiendo al antiguo problema del acceso de los pobres a las condiciones igualitarias de bienestar que la vida moderna y la democracia les formularon en una eterna promesa incumplida. «Gobernar es educar», «gobernar es producir», industrialización, crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, teorías de los países centrales y periféricos… ideas, modelos, formas políticas que, como pompas de jabón, crecieron y se reventaron en el aire. El siglo XX está lleno de los restos de los intentos de llevar a cabo el cumplimiento. Me gustaría llamar la atención sobre dos libros que, en sus respectivos momentos, se ocuparon del problema.
En 1959, el economista socialista Aníbal Pinto Santa Cruz escribió Chile, un caso de desarrollo frustrado. Se trataba de una historia económica del país, desde su nacimiento como república hasta 1953. El libro estaba dividido en dos partes. En la primera describía las condiciones económicas del siglo XIX. En la segunda, Pinto Santa Cruz se preguntaba sobre su propio presente. De acuerdo con él, el «desarrollo», que había sido el gran concepto bajo el que se articuló la solución a la vieja cuestión social, no había tomado «cuerpo» en «el sentido básico de un aumento general de la productividad del sistema y de una diversificación apropiada de sus fuentes productivas». Pero Pinto Santa Cruz iba más lejos en su argumentación. Esta situación, este desarrollo que no tomaba cuerpo, se daba en el marco de una sociedad democrática que, por el contrario, sí se había expandido. Esta era la «gran contradicción» de la democracia chilena.
En el período transcurrido hasta 1959, advertía el economista, la promesa de 1924 había funcionado a medias. Los sectores ayer olvidados, los trabajadores por los cuales la clase política había cambiado su centro de atención, habían obtenido la ampliación de sus derechos y de su representación política. Pero no habían conseguido aliviar su pesada carga: las condiciones económicas que los sometían a un régimen de desigualdad en comparación con otros segmentos de la comunidad política. Estas condiciones, sostenía el autor, se habían agravado. Y luego venía la profecía que terminaría cumpliéndose en 1970 o 1973, según el lado de la línea divisoria con que se mire la historia contemporánea: «[...] el desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que, en esencia, son incompatibles con una economía estañada».5
Aunque las líneas de Pinto Santa Cruz asombran por su capacidad profética, no hay que olvidar que el autor escribe desde una perspectiva técnica, incluso académica. Si bien es cierto que fue un destacado hombre de izquierda —a partir de 1954 fue copropietario del diario vespertino Las noticias de última hora—, su campo de especialización fue la economía; pero le tocó una época en que ella era un campo subordinado a la política. Los análisis histórico-económicos hasta esa fecha eran pocos y raros. La colección en la que Pinto Santa Cruz publicó su libro ya había incluido Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, de Hernán Ramírez Necochea; un análisis desde la perspectiva marxista de aquel trozo de historia, en el que el factor económico tenía el protagonismo de la explicación de los hechos humanos.
El libro de Pinto Santa Cruz presentaba una idea que era el elefante en la habitación: que existía una tensión, una contradicción estructural, entre economía y democracia.
Otra forma de verlo, si estiramos el elástico hasta 1924, era que la promesa que el Estado había hecho, su razón de ser, se postergaba de manera indefinida o, más bien, se reconfiguraba en los sucesivos gobiernos, cada uno de ellos una refutación del anterior y una promesa de solución, un gatopardo que se renovaba cada seis años.
Pinto Santa Cruz calificaba de «frustrado» el caso del desarrollo chileno porque aunque las condiciones para llegar a él estaban, existían, en su visión, una particular cadena de condiciones y sucesos históricos había impedido el ansiado desarrollo. Y en 1959, la democracia no había logrado destrabar el problema; para ello había que partir por reconocer la existencia de la contradicción.
El otro gran libro que marcó a una generación de políticos previa a Sebastián Piñera fue En vez de la miseria,6 de Jorge Ahumada. Este texto, junto a su versión reducida, La crisis integral de Chile,7 definió el rumbo económico del pensamiento democratacristiano, articulando una «tercera vía», que rechazaba con la misma vehemencia capitalismo y marxismo. Ahumada llama la atención respecto de una crisis integral del país. Su diagnóstico es total, aunque no totalitario: abarca instituciones, valores, educación, Estado y cultura. Además de la mala organización económica, para Ahumada Chile era una sociedad desarticulada, desprovista de una visión común, incapaz de organizarse en torno a un ideal colectivo. En este marco, la planificación del desarrollo no era solo un instrumento técnico, sino una herramienta para reconstruir la coherencia moral del país.
Y otra dimensión que es fundamental en Ahumada es la solidaridad. Dice que sin una ética de la solidaridad no puede haber ni planificación ni reforma efectiva del Estado. La miseria de la que trata su libro, no es solo una injusticia, sino una descomposición del cuerpo social. La «injusticia en la distribución» es vista como un síntoma de algo mayor, moral. Sin una ética de la solidaridad, afirma, no puede haber ni planificación democrática ni reforma efectiva del Estado.
En ambos libros, la idea hegemónica es la de la planificación. El objetivo, desarrollo o ideal común, se alcanza de esa manera: planificando la actividad económica. Se trata de un esfuerzo de racionalizar, desde el Estado, la respuesta a un intríngulis: el equilibrio entre democracia y desarrollo económico.
Es notable que entre En vez de la miseria y Chile, un caso de desarrollo frustrado, haya apenas un año de diferencia, y que ambos textos irrumpan en el debate público chileno en la antesala de la época más transformativa de la historia: los años sesenta del siglo XX. Ella coincide —voy a aplicar cierta indulgencia aquí— con el inicio de las grandes respuestas a la contradicción, que es lo que historiográficamente se conoce como las «grandes transformaciones».8 Digo lo de la indulgencia para considerar que en el primer intento de establecer políticas liberales en Chile, en el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), hay al menos un esbozo de una «gran transformación». Es cierto que esta aseveración espantaría a un socialista antiguo como Pinto Santa Cruz y a un democratacristiano de viejo cuño como Ahumada, pero la evidencia indica que Jorge Alessandri, por un momento, depositó en ciertas modestas soluciones de mercado las esperanzas de resolución del problema. Su «gabinete de gerentes» fue derribado por su propio sector político, la derecha, que entonces era estatista y desconfiaba de las aperturas económicas.
Hasta aquí la indulgencia conceptual. Es bastante evidente que el siguiente gobierno, el del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) tuvo como horizonte, al menos en sus tres primeros años, la resolución de la ya para entonces vieja cuestión, justamente, a través del camino delineado por Ahumada. Desde luego, no se trató de una respuesta técnica, sino ideológica: un socialismo reformista antimarxista, de inspiración católica, con raíces conservadoras, apoyado por Estados Unidos, progresista en muchos aspectos, que llegó a promulgar una ley de reforma agraria y adquirió la mitad de la propiedad de la gran minería del cobre.
La «solución» toma, con Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-1973), mucho más torque y velocidad, en buena parte alineada con Pinto Santa Cruz. Con el marxismo funcionando como guía de modernidad, la cuestión económica se amplificó en relación con lo que los democratacristianos habían hecho. La apuesta de la Unidad Popular fue total: la transformación completa de la economía y del sistema político bajo el paradigma del traspaso de la riqueza desde una clase social a otra: de la «burguesía» a la clase trabajadora, representada esta última por un gobierno que era «del pueblo». Esto se haría por un camino reformista, sin emplear la fuerza o la violencia revolucionaria;9 pero detrás de este proyecto, y por primera vez, hubo un postulado que implicaba el reemplazo de una forma democrática por otra, por una nueva, redefinida, quizá, hasta diferenciarla de la anterior, que no se iba a obtener por completo en el período presidencial que le correspondía a Allende, pero que en definitiva iba a ser contraria al pasado.
Sobre la experiencia del golpe de Estado, de la muerte de Allende y del fin de la democracia en 1973, la «profecía» de Pinto Santa Cruz funciona, entonces, como aquel observador que le dice a un porfiado: «No quiero decir que te lo dije, pero te lo dije».
¿Y a quién es que Pinto Santa Cruz —y también Ahumada— advierten de un futuro sombrío? A su público lector.
Pero si extrapolamos la pregunta en un sentido histórico, puede ser reformulada de la siguiente manera: ¿Quién es el encargado de solucionar la cuestión social? ¿Quién define la justicia social, el desarrollo o cualquiera sea la iteración que la idea tome en los distintos períodos históricos que se abren en 1924? En un sistema presidencialista como el chileno, la respuesta es evidente: quien preside la República. La misión es de tal envergadura que monopoliza todo. Se trata de un núcleo con fuerza centrífuga; al final del día (o del período presidencial) todo consiste en medir cuánto se ha avanzado en solucionar la cuestión.
En la historia republicana de Chile, la institución de la Presidencia de la República ha sido la roca que ha resistido las marejadas del tiempo. Nacida en 1826, se levantó sobre otras instituciones que, incluso en algunos de los oídos de aquel año, sonaban a tiranía o a locura. La autonomía respecto de España y luego el proceso independentista se llevaron a cabo sobre la conducción ejecutiva de juntas de gobierno, juntas provisorias, directores supremos o directores supremos delegados; cargos, todos, de naturaleza administrativa o con orígenes fácticos, frutos de crisis, violencias o vacíos de poder.
A partir de Manuel Blanco Encalada, primer presidente provisorio, y de Ramón Freire, primer presidente de la República, el cargo, de elección popular, fue la base fundamental de la República. Perderlo, como ocurrió en 1891, en 1924, en 1931 y 1932 y, desde luego, en 1973, fue el reconocimiento, cada vez, más que de una crisis, de un fracaso: el quiebre del principio de la soberanía popular sobre el cual descansa la República.
Quien preside la República de Chile se encuentra, en el minuto en que asume, con una oficina que tiene unas raíces profun