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Índice
Introducción. El eco de una frase
Primera parte
Origen y evolución del huachicol
El huachicol nació dentro de Pemex
Corrompieron a la Marina desde el inicio de la 4T
Corrupción y crimen en la tierra de AMLO
La Patrona del huachicol y la red venezolana
Más evidencias de colusión con criminales
La transición al huachicol fiscal, con bandera rusa y venezolana
Así opera el huachicol fiscal
Segunda parte
Historias del saqueo
La corrupción en la Marina
La confesión de Santo
El mecanismo
El financiamiento electoral del “Rey del huachicol”
Las conexiones políticas
La red de huachicol que conecta con el AIFA y Teuchitlán
La red empresarial del huachicol
La red del Güero Marvic
El retorno de un traficante
La ruta del diésel que conecta con la familia presidencial
Multinacionales bajo sospecha
Las aduanas del huachicol
Glamour y crimen: la red de huachicol que involucra al dueño de Miss Universo
El fracaso de la estrategia
Epílogo
Introducción El eco de una frase
Andrés Manuel López Obrador estaba por cumplir 45 días al frente del Poder Ejecutivo cuando pronunció una frase que lo acompañaría a lo largo de su sexenio. Aquel 14 de enero de 2019, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente habló ante su gabinete de seguridad —los titulares de la Defensa, de Marina y de la Fiscalía General de la República— para presentar los avances del operativo contra el robo de combustibles. En esa conferencia, mientras explicaba el combate al huachicol, soltó una sentencia que lo definiría: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”.
Apenas terminó la frase, la amplió con una precisión que no dejaba espacio a la ambigüedad: “No es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita; o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”.
Era un golpe frontal a la justificación que por años había servido para absolver a los jefes de Estado de los grandes casos de corrupción. López Obrador no solo atribuía responsabilidad política al presidente en turno: lo convertía en el eje moral y operativo de todo negocio ilícito relevante.
Seis meses después, el 28 de julio de 2019, el mandatario retomó casi palabra por palabra aquella idea. En el municipio de Coscomatepec, Veracruz, frente al personal médico y los pobladores reunidos durante su gira del programa IMSS-Bienestar, insistió: “Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos que se cometen siempre llevan el visto bueno del presidente de la República”.
La repetición no fue casual. Era, más bien, la reafirmación pública de un principio que él mismo había colocado en el centro de su discurso ético: la corrupción se gesta arriba, no abajo; nace del ejemplo presidencial.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la misma lógica se volvió un espejo incómodo. Si, como él afirmó, “todos los negocios jugosos” dependen del aval del presidente, entonces el negocio más jugoso de corrupción de la historia reciente —el huachicol fiscal, la importación masiva y fraudulenta de combustibles— no pudo desarrollarse sin conocimiento de la máxima autoridad del país.
Bajo esa premisa, la sentencia de López Obrador se vuelve autoincriminatoria: o fue cómplice o se hizo de la vista gorda.
El fraude multimillonario en torno al huachicol fiscal —la manipulación de fracciones arancelarias, los permisos irregulares de importación, la evasión del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), las redes de empresas fantasma y la colusión de funcionarios— se extendió durante los años en que el propio presidente aseguraba que “ya no hay corrupción arriba”. Y, siguiendo sus propias palabras, si los negocios ilícitos de gran escala no ocurren sin el “visto bueno del presidente”, su administración no puede quedar fuera del alcance de esa máxima.
En aquel enero de 2019, López Obrador habló con la convicción de quien pretende sentar las bases de una nueva moral pública. Lo que quizá no previó es que esa misma frase —“todos los negocios jugosos llevan el visto bueno del presidente”— terminaría siendo el parámetro con el que la historia evaluará su propio gobierno.
La conexión con Palacio Nacional
Las palabras de AMLO cobran mayor peso cuando documentos oficiales muestran que personas de su círculo más cercano estuvieron involucradas en la trama del huachicol.
En el equipo que despachaba desde Palacio Nacional estaba Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 y, al mismo tiempo, dueño de Vector Casa de Bolsa, una institución financiera que, según informes integrados en la Fiscalía General de la República (FGR), fue utilizada por empresas investigadas por huachicol fiscal para mover y ocultar recursos.
Los documentos oficiales del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), integrados en un informe fechado el 17 de febrero de 2025, describen operaciones financieras que comprometen directamente a la empresa de Romo. En ellos, los analistas de la Fiscalía General de la República (FGR) documentaron transacciones entre Vector y al menos dos compañías bajo investigación por contrabando de combustibles: Grupo Base Energéticos y Grupo Potesta.
El informe fue realizado por una decena de especialistas que recopilaron y analizaron estados de cuenta bancarias, transacciones y depósitos, así como información fiscal proporcionada por el SAT, como declaraciones y facturas emitidas. Fue así que elaboraron un extenso reporte de inteligencia financiera en el que se detalla que Grupo Potesta transfirió 220 millones de pesos a través de Vector, advirtiendo que la empresa “por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”.1
Otro análisis de la misma FGR confirma que Grupo Base Energéticos también mantenía vínculos con la casa de bolsa de Romo, así como con más de 20 personas físicas y morales acusadas de formar parte de una extensa red de huachicol, incluidas dos declaradas oficialmente como factureras: Distribuidora Industrial Fronteriza y Karina Melissa Guerrero Rodríguez.
De hecho, la casa de bolsa de quien fue secretario de AMLO está incluida —junto con Potesta y con Base Energéticos— en una lista de 108 empresas señaladas directamente por la FGR de participar en el esquema del comercio ilícito de combustibles.
El trazo financiero de los analistas apunta a que Vector podría haber sido el conducto por el cual parte del dinero del huachicol se blanqueó en el sistema bursátil formal.
La implicación de Vector en la red del huachicol ocurrió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ya la había acusado por operaciones de lavado de dinero. La orden emitida en Washington el 25 de junio de 2025, que incluyó a la institución financiera de Romo en la lista negra, dice textual:
“La FinCEN determinó que Vector es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”.2
Así, cuando la FGR mexicana la incorporó a la lista de empresas bajo investigación por el comercio ilegal de combustibles, Vector ya arrastraba antecedentes que la colocaban bajo observación por las autoridades estadounidenses.
El dato es explosivo por el lugar que ocupaba Romo dentro del gobierno. Desde su cargo en Palacio Nacional, era el enlace directo entre el presidente y los grupos empresariales. No era un funcionario marginal, sino el principal articulador del mensaje de confianza hacia los inversionistas y, al mismo tiempo, el responsable político más próximo al presidente fuera del gabinete formal.
Así que, paradójicamente, mientras López Obrador alertaba al inicio de su sexenio que los negocios más jugosos de corrupción “llevan el visto bueno del presidente”, su colaborador más cercano administraba una casa de bolsa señalada por la FGR como instrumento del negocio más jugoso de corrupción en México: el huachicol fiscal.
Si el propio López Obrador aseguró que la corrupción se gesta desde arriba y que el presidente “tiene toda la información que se necesita; o es cómplice o se hace de la vista gorda”, la investigación de la FGR coloca esa afirmación en el terreno de los hechos.
La red del poder
A la casa de bolsa de Alfonso Romo, señalada como posible canal financiero de los recursos ilícitos, se suman un hijo del expresidente López Obrador y familiares del entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, que aparecen mencionados en documentos integrados por la FGR a la misma causa penal del megadecomiso de más de 10 millones de litros de combustible en Tampico, ocurrido en marzo de 2025.
El testimonio clave es el del capitán Alejandro Torres Joaquín, quien el 13 de mayo de 2025 entregó a la fiscalía una carta en la que relató que cuando fue director de la aduana de Tampico, se toleraba el huachicol fiscal mediante el pago de millonarios sobornos. En la misiva relató que en una ocasión alertó al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, quien era el encargado de repartir los pagos, que había temor entre el personal porque cada vez ingresaban más buques y era evidente el contrabando de combustible. La respuesta fue categórica: “Me contestó que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad [Omar García] Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo”.
Luego, cuando se sentó a declarar ante el Ministerio Público —y a sabiendas de que mentir sería un delito—, el exdirector de la aduana de Tampico ratificó casi palabra por palabra lo que previamente había dicho por escrito: que el capitán Solano Ruiz le dijo “que no se preocupara, que había choque político entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente”, pero que “todo se iba a arreglar”.
¿A qué hijo de López Obrador se refería? ¿Qué tipo de arreglos hizo con el titular de Seguridad? ¿Qué significa la expresión “choques políticos” entre ambos? ¿Por qué el capitán Solano mencionó al hijo del expresidente cuando el director de la aduana de Tampico alertó que cada vez ingresaban más buques con contrabando? Esas y otras preguntas han quedado sin respuesta debido a que la FGR no ahondó en el caso. El interrogatorio al principal testigo se desvió hacia otros temas.
Los reportes de la FGR describen al capitán Solano Ruiz como un operador con amplios contactos dentro del sistema aduanal y del aparato militar, y que fungía como intermediario entre empresarios, oficiales de la Marina y funcionarios vinculados a la importación irregular de hidrocarburos. En sus comunicaciones internas refería constantemente que estaba a las órdenes de unos influyentes y misteriosos funcionarios de alto nivel a los que identificaba como “Los Primos”.
En su declaración ministerial, el exdirector de la aduana de Tampico fue quien reveló la identidad de “Los Primos”: se trata de Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fue el secretario de la Marina en el gobierno de López Obrador, con lo que nuevamente sugen vínculos que conducen al primer círculo del exmandatario.
Ambos marinos —uno vicealmirante, el otro contralmirante— encabezan la lista de 13 acusados en la causa penal derivada del caso Tampico. De acuerdo con los analistas del CFIC, los sobrinos del almirante Ojeda operaban como garantes militares del huachicol: facilitaban el ingreso de buques cargados de diésel ilegal por puertos del Golfo y aseguraban su traslado bajo resguardo institucional.
Las conclusiones son devastadoras para la narrativa oficial. Si, como dijo López Obrador, “todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”, la red que describe la FGR confirma que el huachicol fiscal prosperó bajo la sombra del poder político y con la protección de quienes debían combatirlo.
Y hay un símbolo imposible de eludir: uno de los asistentes a la conferencia del 14 de enero de 2019 en la que López Obrador pronunció aquella frase fue precisamente el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, jefe de la institución cuyos sobrinos terminarían acusados de participar en el mayor negocio de corrupción de su sexenio.
El eco de aquella mañana resuena con ironía. Mientras el presidente hablaba de limpiar la corrupción “desde arriba”, en la misma sala lo escuchaba el almirante cuya familia formaría parte del entramado que, según la FGR, se benefició del huachicol fiscal.
El hermano político
En el mapa del poder lopezobradorista, pocos nombres estuvieron tan próximos al círculo íntimo del presidente como el de Adán Augusto López Hernández. No solo compartieron origen, historia y discurso; también la confianza absoluta. “Es mi hermano”, decía López Obrador cuando lo nombró secretario de Gobernación. Era una voz que prometía encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación.
Ese hombre al que AMLO llamaba “hermano” también aparece en los documentos judiciales de un caso que exhibe, otra vez, la contradicción entre el discurso anticorrupción y la práctica del poder. El testigo estelar de la FGR introdujo su nombre en la investigación de la red de huachicol fiscal descubierta en Tamaulipas.
El capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico y testigo colaborador bajo la clave Santo, declaró que buques cargados con hidrocarburo irregular arribaban al muelle fiscal 289, ubicado debajo del puente de Tampico, y que el concesionario de ese muelle tenía lazos con Adán Augusto. Desde ahí, explicó, se descargaban los cargamentos ilícitos, y por cada embarcación se le entregaban 1.7 millones de pesos en sobornos, que eran pagados en un edificio conocido como Plaza Laguna, situado frente a la laguna del Carpintero.
—¿Indique cuántas ocasiones acudió a la oficina ubicada en Plaza Laguna? —le preguntó un agente federal en un interrogatorio realizado el 11 de junio de 2025.
—Acudí 13 ocasiones desde que arribó el primer buque con nombre OWL 4, mismo que llegó el 31 de julio de 2024 al recinto fiscal 289 en Tampico, Tamaulipas. Después de zarpar ese buque fui a esa oficina, como a la semana, a recoger el dinero: una cantidad de 1 millón 750 mil pesos aproximadamente —respondió el llamado capitán Santo.
En la Plaza Laguna el exdirector de la aduana coincidió con un hombre de apellido Capiterucho, encargado de tramitar los accesos y coordinar los arribos de los buques al recinto fiscal. Al profundizar en el interrogatorio, salió a relucir el nombre de Adán Augusto:
—¿De quién depende Capiterucho Pinto? —le preguntó el agente federal.
—Del dueño, como cesionario del recinto fiscal 289. Estos dueños pueden ser personas morales o físicas que radican en otro estado del país. Sé que el dueño se encuentra radicando en Tabasco.
—¿Recuerda el nombre del cesionario del muelle 289?
—No recuerdo, solo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaban trabajando con personas de la delincuencia organizada. Eso me lo dijo un almirante del puerto de Tampico, y que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández. Me refirió también el almirante que no podía hablar por tratarse de las relaciones y personas que eran.
—¿Sabe quién es Adán Augusto López Hernández?
—Sí, sé que es un político muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la actualidad sé que es senador de la República.
El testimonio no deja dudas sobre el contexto: la advertencia provenía de un almirante del puerto y señalaba que el concesionario del muelle 289 tenía vínculos personales con quien había sido secretario de Gobernación entre agosto de 2021 y junio de 2023.
En una carta que el testigo Santo entregó a la FGR el 13 de mayo de 2025, expresó que el contrabando de combustible en su gestión como director de la aduana de Tampico había iniciado precisamente en el muelle 289, con el arribo en julio de 2024 del buque petrolero OWL 4, registrado bajo la bandera de las Islas Marshall.3
Los documentos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico confirman que el muelle fiscal 289 fue concesionado en junio de 2020 a la empresa Tampico Terminal Marítima, S. A. de C. V., integrada por las compañías Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor. Todas son sociedades tabasqueñas en las que el empresario Saúl Vera Ochoa y sus familiares aparecen como accionistas o apoderados. En agosto de 2022, cuando Adán Augusto se perfilaba como sucesor de AMLO, el propio Vera Ochoa declaró a medios tabasqueños que él apoyaba su candidatura presidencial “porque sería de enorme beneficio para Tabasco tener a otro coterráneo en Palacio Nacional”.4
Así, tras el hijo del presidente, los sobrinos del secretario de Marina y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, la sombra del huachicol fiscal se extiende hasta el hombre al que López Obrador llamaba hermano.
Un senador y la líder de Morena, en la trama de Miss Universo
Una llamada interceptada a Jacobo Reyes León, señalado por la FGR como operador de una red de tráfico de combustible y armas vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú, socio del certamen Miss Universo, reveló algo más que un conflicto interno entre traficantes: mostró que Jacobo tenía tratos con senadores de la República, incluido uno identificado explícitamente: Ricardo Monreal, de Morena.
En la conversación, intervenida a las 5:20 de la tarde del 5 de febrero de 2025, Jacobo hablaba simultáneamente con dos personas: Tony, un abogado de la red, y Daniel Roldán Morales, “El Inge” o “Dani”, a quien la FGR señala como el encargado de mover las ganancias del combustible ilícito. Entre una línea y otra, la tensión se desbordó por un tema que llevaba días atorado: un acuerdo de 3 millones de pesos que debía resolverse ante la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), pero que nunca fue cubierto por quien debía entregarlo: el hijo de un senador, cuyo nombre no aparece en los registros oficiales.
En la llamada, Jacobo se refiere a “un pinche chamaco de 27 años” que ese día le habló con prepotencia, pese a no haber entregado el dinero pactado: “Este hijo de su puta madre en la mañana me habla bien vergas nomás porque es hijo del senador. ‘Vaya y chingue a su madre tú y el senador’”, contó que le dijo al muchacho. “No, y su papá sí es senador. Lo toleré toda la semana pasada. Estamos arreglando un pedo de FEMDO pero quedaron de traerme 3 millones de pesos para llevarlo y no me trajeron ni verga en la mañana”.
El mismo traficante reconstruyó así el desencuentro que tuvo con el joven:
—Oiga, y con eso (el arreglo con la FEMDO), ¿cómo vamos? —le preguntó el supuesto hijo del senador.
—No trajeron el dinero, güey, ¿qué quieres que haga? —le respondió Jacobo.
—No, pues si el pedo es el dinero, ¡a mí dime al chile!
—¡Vete a la verga, pendejo! A mí no me hables así, pinche chango.
En medio del arrebato, Jacobo pidió “equipos” para volar a Monterrey y enfrentarse al joven: “Le rajo su puta madre de frente para que vea quién trae más huevos”. En la conversación mencionó que ya había contactado a Raúl, el empresario. La relación era directa. “Les hice el favor por mi compadre Raúl, el de Miss Universo”, explicó más tarde en la misma llamada. Minutos después, llegó la parte más sensible de la conversación. El traficante contó que lo había contactado el senador morenista Ricardo Monreal para conciliar.
“Ya me habló el senador”, dijo, según la transcripción integrada en la página 81 de la causa penal 495/2025 que sustentó la orden de aprehensión contra los integrantes de la red de huachicol. “Me marcó Ricardo Monreal que le tomara yo la llamada y a ese güey no le puedo dejar de tomar la llamada”. A continuación, recreó la conversación:
—¿Qué pasó, Jacobo? —le dijo el senador.
—No, pues también no soy su gato —se justificó Jacobo, y acto seguido desahogó su enojo—. Les hice el favor por mi compadre Raúl, el de Miss Universo, pero que yo tenga que estar soportando a esta bola de pendejos júniors de mierda… ¡están por la verga! Piensan que uno es pendejo, pero la neta, no. Y aparte para que vean quién trae los huevos aquí.
El informe concluye de manera abrupta, sin dar más detalles de esa conversación, ni de su posterior seguimiento, pese a que el contenido hacía referencia a un supuesto soborno o acto de corrupción en la FEMDO.
En los documentos integrados a la misma causa penal aparece el nombre de otro personaje de primer nivel de la 4T: Luisa María Alcalde, quien fue secretaria de Gobernación en el último tramo del gobierno de López Obrador, de junio de 2023 a septiembre de 2024.
Alcalde es mencionada en una llamada que fue interceptada por agentes federales el 12 de diciembre de 2024, a las 10:53 de la noche. Las líneas intervenidas pertenecían a Jorge Enrique Alberts Ponce, “Yoryi”, y a Jacobo Reyes León, “Yaicob”, ambos señalados como operadores de la red de huachicol de “don Raúl”, el dueño de Miss Universo. La siguiente es la transcripción de un fragmento de la llamada, tal como aparece en el expediente: “El titular de la línea, Jacobo Reyes León, menciona (a Yoryi) que ya entró la nueva fiscal general (de la Ciudad de México) y es la hermana de Luisa María Alcalde, y menciona que hablará con Gallegos porque él sí le habla bien a Luisa María, porque son del mismo círculo”.
Como los agentes también tenían intervenida la línea de Jorge Enrique Alberts Ponce, hay otra versión de la misma llamada, redactada con mínimas variantes por los agentes de inteligencia:
(Yoryi) le comenta (a Yaicob) que ya van a quitar a la fiscal de sexuales, que es una hermana de Luisa María Alcalde, a lo cual le pregunta que si tienen llegada, y le responde que no. Posteriormente (Yaicob) pregunta (a Yoryi) que si su mamá no tiene llegada ahí, con Luisa María. Mencionan que quieren decirle a un tal Gallegos, que porque él sí le habla bien a Luisa María.5
En las dos versiones los presuntos traficantes coinciden en buscar un acercamiento con Luisa María Alcalde, quien es muy cercana a Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Ambos asumieron el mando de Morena a finales de septiembre de 2024: ella como la presidenta nacional del partido gobernante y él como secretario de Organización.
Gallegos —quien fue mencionado en la llamada interceptada como cercano a Alcalde— es identificado en el expediente como Jorge Alberto Gallegos, quien según la FGR tenía funciones de dirección en la organización delictiva, inyectando capital para la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos, además de que supuestamente tenía conexiones en la dirección general de Aduanas.
El mismo expediente refiere que Gallegos “es identificado como miembro de la organización desde el 12 de diciembre de 2024”, el mismo día de la llamada en la que dos traficantes sacaron a relucir el nombre de Luisa María Alcalde.
El nombre de Manuel Bartlett, otro personaje destacado de la 4T, brotó de manera indirecta en investigaciones periodísticas sobre los vínculos de los involucrados en la red de huachicol del socio de Miss Universo.
Jorge Enrique Alberts Ponce, “Yoryi”, señalado por la FGR como uno de los operadores de la red criminal, utilizó como domicilio fiscal de su empresa Acurgen S.A. de C.V. una casa ubicada en el número 350 de la calle Séneca, en Polanco, que pertenece a un hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett, quien tiene el usufructo vitalicio de la propiedad.6 Esa dirección es compartida con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo, quien es mencionado en el expediente de la causa penal 495/2025 como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las compañías que eran usadas por la organización para traficar armas.
“Yoryi”, investigado por huachicol, fue contratista de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, uno de los personajes más cercanos de López Obrador, con quien ha mantenido una relación de amistad de casi cinco décadas. Ovalle se desempeñaba en 1977, durante el gobierno de López Portillo, como titular de la Coordinación General del Plan Nacional de Grupos Marginados (Coplamar), a la par que dirigía el Instituto Nacional Indigenista (INI). Desde esa posición tuvo su primer trato profesional y personal con AMLO, a quien en 1977 nombró delegado en Tabasco tanto de Coplamar como del INI, con lo que se convirtió así en su primer jefe. Cuando López Obrador llegó a la presidencia, invitó a Ovalle a encabezar Segalmex, una nueva dependencia que se enfocaría en atender la alimentación de la población marginada. Pero ese objetivo se torció muy pronto, y Segalmex se convirtió en emblema de la corrupción, con un desfalco que superó los 15 mil millones de pesos. Una de las compañías involucradas en este desvío fue Acurgen, empresa constituida por Jorge Enrique Alberts Ponce, “Yoryi”.7
El mismo Alberts Ponce fue representante legal de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), una de las empresas señaladas por la FGR como parte de la estructura utilizada para el tráfico de armas dentro de la red de Rocha Cantú. Y es aquí donde vuelve a brotar el nombre de Bartlett: durante su gestión al frente de la Comisión Federal de Electricidad, SEICSA fue beneficiada con contratos por hasta 264 millones de pesos para servicios de vigilancia de inmuebles. El colmo es que la propia FGR, instancia que acusó a Alberts Ponce “Yoryi”, le otorgó al menos 30 contratos a SEICSA por más de 300 millones de pesos, además de convenios con el SAT para custodiar aduanas en donde floreció el contrabando de combustibles como Tijuana y Nogales.8 La empresa de un personaje señalado de huachicol vigilaba la vía de paso del huachicol. Así de absurdo.
Historias de familia
Personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador y a su familia estuvieron en distintos momentos al frente de Aduanas de México, la dependencia federal que se convirtió en una coladera por la que ingresaron millones de litros de combustible de contrabando. Uno de esos personajes fue Rafael Marín Mollinedo, paisano de López Obrador, integrante de su círculo político desde que fue jefe de Gobierno.
Cuando AMLO asumió en el año 2000 la jefatura del entonces Distrito Federal, lo llamó como su colaborador, y le asignó cargos de alto nivel, entre ellos la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros y una dirección general en la Secretaría de Obras. Su primo, Nicolás Mollinedo, era el chofer personal del mandatario capitalino, lo cual es una evidencia de la cercanía de ambas familias tabasqueñas.
En 2006, Marín Mollinedo se retiró al sector privado y fue hasta 2018 cuando regresó al servicio público con la llegada de López Obrador a la presidencia. Primero se le encomendó atender el organismo encargado de planear y operar las zonas económicas especiales, áreas con incentivos para atraer inversiones, y luego pasó a encabezar el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos clave del obradorismo que incluía echar a andar el tren que une al Golfo con el Pacífico —en donde tuvo como supervisor honorario a Gonzalo López Beltrán, hijo del mandatario—, y que a finales de 2025 se descarriló.
En diciembre de 2022, cuando el huachicol fiscal avanzaba incontenible, AMLO nombró a su paisano como nuevo director de la ANAM, dependencia que había sido creada a inicios de aquel año como un intento de cerrar los boquetes de corrupción y contrabando en las aduanas. En pleno ejercicio de su cargo, Marín Mollinedo se reunió en abril de 2023 con José Ramón López Beltrán, hijo mayor del entonces presidente, en el restaurante Pappadeaux, en Pharr, Texas.9 El encuentro despertó suspicacias porque la esposa de José Ramón había trabajado con empresas del sector petrolero y el marco de la cita fue la zona conurbada de McAllen, Texas, colindante con Reynosa, la principal puerta de acceso del combustible ilícito a México y centro de operaciones de Sergio Carmona, el llamado “Rey del huachicol” y patrocinador de campañas políticas de Morena.
Un par de meses después de esa reunión, Marín Mollinedo dejó la dirección de la ANAM en medio de crecientes señalamientos de corrupción aduanera que habían permitido que cerca de un tercio del combustible que se consumía en el país fuera de contrabando.10 Ese mercado ilegal operaba a través de unos 21 mil expendios clandestinos que comercializaban gasolina importada de manera irregular bajo otras fracciones arancelarias.11
AMLO entró al rescate de su paisano y lo nombró embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio, que tiene su sede en Suiza. En su estancia en Europa salió a relucir su gusto por los vehículos de lujo, ya que en menos de un año adquirió dos Mercedes Benz y un BMW, por los que pagó de contado 280 mil francos suizos, equivalentes a más de 6 millones de pesos. Esos autos se sumaron a un Porsche que ya poseía.12
La presidenta Sheinbaum lo trajo de regreso a México en febrero de 2025, al nombrarlo nuevamente director de la ANAM, y en su retorno lo hizo en compañía de quien ya había sido anteriormente su mano derecha: Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de investigación aduanera, quien también tenía debilidad por el lujo, pero no en forma de autos, sino de relojes, ya que atesoraba cinco valuados en 8 millones de pesos que había pagado de contado. Además, había adquirido un penthouse de tres niveles en la zona de Polanco a un mando militar, por 7.7 millones, un precio significativamente inferior al valor de mercado de inmuebles similares.13
El incremento del patrimonio de Tonatiuh no correspondía con los ingresos reportados como servidor público. Esto cobró relevancia cuando a finales de 2025 el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, una medida que suele estar asociada a sospechas de conductas indebidas como corrupción o riesgos para la cooperación bilateral en áreas sensibles como las aduanas. Tras esa sanción, el responsable de investigar el contrabando —incluido el huachicol— fue cesado de su cargo.
Marín Mollinedo había llegado a la ANAM como un hombre de confianza de López Obrador, con poder y margen de maniobra para poner orden en las aduanas. Aun así, en sus dos etapas al frente de esa dependencia el huachicol fiscal se desbordó, los controles internos fallaron y la institución creada para cerrar la coladera del contrabando no logró cumplir su objetivo.
Antes de Marín Mollinedo, el responsable de las aduanas en el país fue otro personaje del primer círculo político del obradorismo: Horacio Duarte Olivares, quien estuvo al frente de la extinta Dirección de Aduanas, que dependía del SAT, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, y luego fue el primer titular de la ANAM, que fue creada en enero de 2022.
La cercanía de Horacio Duarte con López Obrador y su entorno no comenzó en el gobierno federal. En 2017, Duarte era presidente de Morena en el Estado de México y uno de los principales operadores de la campaña de Delfina Gómez a la gubernatura. En ese mismo proceso electoral, José Ramón López Beltrán —hijo mayor de AMLO— fue comisionado por la dirigencia nacional de Morena para apoyar la elección mexiquense.
Duarte y José Ramón trabajaron de manera coordinada en la estructura política de esa campaña, en la que Morena pagó 20 millones de pesos a dos empresas que el SAT ha declarado “fantasmas” o factureras: Servicios Logísticos HMC Negrete, la cual facturó alrededor de 15 millones por supuestos servicios vinculados a actos de campaña, y Servitransportadora Turística Olmeca, que recibió cerca de 5 millones de pesos por servicios de traslado y logística electoral (lo que coloquialmente se conoce como acarreos a mítines).
Un socio de la facturera HMC Negrete presumía en redes sociales su cercanía tanto con Horacio Duarte como con el hijo de AMLO, e incluso logró que uno de sus trabajadores fuera colocado en la Ayudantía de la Presidencia, auxiliando a López Obrador en sus giras.14
En la campaña de 2018, Duarte se desempeñó como asesor electoral del candidato presidencial de Morena, encargo que confirma el nivel de confianza política que AMLO depositó en él.
Con ese antecedente, su llegada a la conducción de Aduanas en 2022 no fue un nombramiento técnico, sino político. Durante los casi dos años y medio que estuvo al frente de las aduanas, no hay evidencia de que se haya logrado una contención estructural del contrabando de gasolinas y diésel. Al contrario, el problema siguió su tendencia de crecimiento.
Los amigos de Gonzalo y el huachicol fiscal
Otro funcionario clave en la arquitectura institucional relacionada con el huachicol fiscal es Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde octubre de 2022. Aunque esa dependencia dejó de tener bajo su mando directo las aduanas con la creación de la ANAM, su papel en la contención del contrabando de combustibles sigue siendo central, porque el huachicol fiscal es, en esencia, un esquema de evasión tributaria, particularmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Martínez Dagnino mantiene una relación de amistad de años con Gonzalo López Beltrán; por eso su nombramiento ha sido interpretado como una posición gestionada o ganada por el hijo de López Obrador.
El SAT es la institución responsable de recaudar y fiscalizar los impuestos federales, y conserva facultades clave que inciden directamente en el huachicol fiscal. Entre ellas están la determinación de créditos fiscales, la presentación de querellas por delitos fiscales, la auditoría a comercializadores de combustibles, así como el control del Padrón de Importadores, una herramienta decisiva para frenar esquemas de importación simulada.
No obstante, en la gestión de Martínez Dagnino el problema del huachicol fiscal no logró ser erradicado y la elevada evasión del IEPS prevaleció en diagnósticos oficiales.
Un exmaestro de baile, también amigo de Gonzalo López Beltrán, fue nombrado en noviembre de 2024 como el funcionario encargado, desde el SAT, de coordinar auditorías y operativos contra el contrabando, incluido el tráfico de combustibles que ha provocado pérdidas multimillonarias al erario.
Se trata de Alberto Becerra Mendoza, Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del SAT, quien mantiene una amistad de al menos 15 años con Gonzalo López Beltrán. Ambos son amigos desde la adolescencia y solían acudir juntos a reuniones y fiestas escolares, como consta en fotografías compartidas en sus redes sociales.
Desde su cargo, Becerra Mendoza tiene entre sus atribuciones la planeación y ejecución de operativos, así como la supervisión de auditorías para detectar contrabando, incluido el ingreso ilegal o simulado de gasolinas y diésel para evadir el IEPS.
Cuando Becerra Mendoza ingresó al servicio público, declaró contar únicamente con estudios de bachillerato. Sus antecedentes laborales eran como maestro de nivel básico en el Colegio Tlahuilcalli, en Coyoacán, y como director e instructor de la escuela de baile Vidanz, en la colonia Del Valle, dedicada a la enseñanza de salsa y bachata. No tenía experiencia previa en fiscalización, comercio exterior, auditoría o administración tributaria.
Pese a ello, inició su carrera en la ayudantía de la Presidencia de la República, fue ascendiendo dentro del gobierno federal y llegó a ocupar cargos estratégicos. Entre el 1 de marzo y el 11 de octubre de 2023 fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ANAM. Posteriormente dirigió el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y, finalmente, fue nombrado responsable de una de las áreas más sensibles del SAT en materia de combate al contrabando.
En su caso pesó más el amiguismo que la capacidad profesional. Con personal sin experiencia previa ni preparación, era inevitable el fracaso del combate al huachicol.
Cuando estaba en proceso de recopilar información para este libro, conversé con distintas fuentes que me relataron historias sorprendentes: hijos del presidente López Obrador —y otros parientes y allegados— involucrados directamente en operaciones de huachicol, dando indicaciones a altos funcionarios para favorecer a determinadas empresas y permitirles introducir volúmenes gigantescos de combustible sin pagar impuestos. Las versiones incluían fechas, lugares, nombres; elementos que, de entrada, les conferían cierta verosimilitud.
Pero cada vez que pedía pruebas —un documento, una cuenta bancaria con movimientos sospechosos, videos, audios, cualquier evidencia contundente que demostrara ese involucramiento— la respuesta era siempre la misma: no hay, son muy discretos, no dejan rastros, no son tontos, no se van a echar de cabeza. Como salida, algunos me dijeron: ahí está la evidencia: Andy o Gonzalo o José Ramón colocaron a sus amigos en posiciones clave en el gobierno desde las cuales operar, dar órdenes y maniobrar para beneficiarse ellos mismos y a su círculo cercano.
Hubo incluso quienes aventuraron conjeturas más amplias: que miles de millones de pesos desviados habían ido a parar a paraísos fiscales; que ya tenían asegurado su futuro; que otra parte del dinero se había destinado al financiamiento de campañas; que el huachicol había alimentado la maquinaria electoral del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para perpetuarse en el poder.
No dudo que algunas de esas versiones contengan algo de verdad. Pero el periodismo no está para propagar rumores, dichos o suposiciones, sino para exponer lo demostrable. Ese es el ánimo de este libro: documentar el fenómeno del huachicol. Y, efectivamente, en estas páginas se mencionan personajes de primer nivel: el presidente, uno de sus hijos, su secretario particular, ministros de Estado y sus parientes, políticos en funciones, todos señalados en documentos y testimonios oficiales como partícipes de la trama del huachicol fiscal. Ni más ni menos.
Lo que aquí se muestra es lo verificado. No puedo dar certeza plena a un dicho si no está acompañado de una prueba, un testimonio judicial, algo que lo valide. Ese ha sido siempre el sentido de mi trabajo: escribir lo que puedo demostrar.
El fenómeno del huachicol fiscal no se puede entender sin un elemento central: la complicidad gubernamental. No solo por acción directa, sino por omisión sistemática. Dejar hacer, dejar pasar, no sancionar. Ese entorno de corrupción e impunidad —sostenido durante años por funcionarios de todos los rangos— fue el marco que permitió que la red creciera y se sofisticara. Sin esa protección política, sin esos silencios institucionales y sin esas puertas abiertas desde oficinas públicas, el huachicol fiscal difícilmente habría alcanzado las dimensiones que adquirió.
No se trató únicamente de pequeños sobornos en gasolineras o de operadores menores que cobraban por mirar hacia otro lado. Lo que emergió en México fue una estructura escalonada, donde las componendas y arreglos treparon desde mandos medios hasta esferas de poder donde se definen políticas públicas, se nombran funcionarios estratégicos y se controlan los flujos de importación y exporta