Cronología

Las claves del periodo

Beatriz Castro Carvajal

El periodo de este segundo volumen, 1830-1880, correspondió para Colombia, como para la mayoría de los países latinoamericanos, a una época de cimentación y consolidación de los Estados nacionales, después de la independencia de la Corona española. La delimitación de sus fronteras territoriales, la elaboración de constituciones que orientaran sus formas de gobierno y la definición de políticas económicas, sociales y culturales fueron los aspectos fundamentales de estos nuevos proyectos. Se buscaba que las poblaciones se sumaran e identificaran con el sentimiento de pertenencia a las nacientes repúblicas.

Para Colombia, Venezuela y Ecuador, el año de 1830 coincidió además con la disolución de la llamada Gran Colombia y, por lo tanto, con el inicio para cada uno de ellos de la construcción de sus respectivos proyectos nacionales. Los capítulos de este volumen presentan diferentes aspectos —sociedad, economía, política, cultura y relaciones internacionales— que brindan un amplio panorama del proceso de formación del nuevo Estado nacional que hoy forma la República de Colombia, en aquellos cinco decenios del siglo XIX.

El país tuvo varias denominaciones durante el periodo. La Constitución de 1832 le dio el nombre de Nueva Granada, continuando con el del virreinato establecido a finales del siglo XVIII. Con la Constitución de 1858 pasó a llamarse Confederación Granadina hasta 1863, cuando cambió al de Estados Unidos de Colombia, que se mantuvo hasta la Constitución de 1886. En ese año se adoptó el nombre de República de Colombia. También es necesario precisar que el territorio colombiano, además de su extensión actual, abarcaba en ese entonces a Panamá y a una parte de la zona amazónica, que perdió en la guerra colombo-peruana de 1932-1933.

Uno de los desafíos más manifiestos para la formación del Estado nacional en este periodo fue la unificación del país, frente a un territorio poco poblado y disperso, que comprendía varias regiones geográficas con mercados internos constituidos, cierta autonomía económica y política y con una comunicación difícil y costosa entre ellas, debido en gran parte a sus características topográficas. Sin embargo, la mayoría de la población hablaba el mismo idioma, además de haber compartido la experiencia colonial bajo el poder central del imperio español durante tres siglos.

En 1830, Colombia tenía una población de un millón y medio de habitantes (entonces, el tercer país de mayor población de Latinoamérica), pero tres cuartas partes del territorio estaban despobladas. La región centro oriental era la más densamente poblada, seguida por los valles interandinos y la costa atlántica. Los habitantes de la región central, alrededor de Bogotá, eran sobre todo mestizos, aunque existía alguna población indígena importante. Predominaban las grandes haciendas y los pequeños minifundios campesinos, con una producción agrícola para la subsistencia que abastecía los mercados locales. En la región oriental, con una población también mayoritariamente mestiza, se destacaban los pequeños propietarios campesinos y los artesanos. En la costa atlántica, el comercio dominaba quizá las actividades económicas. Su población era de origen triétnico, con un componente africano copioso, en particular entre los grupos sociales más bajos. La población de la región noroeste, principalmente de pequeños y medianos propietarios, y comerciantes, que habían acumulado capital en el comercio del oro explotado en las minas a finales del siglo XVIII, era blanca y mestiza, aunque también con alguna población esclava. El sudoeste mantenía la estratificación de la época colonial, con una población blanca y mestiza junto con población esclava importante que trabajaba en las minas de oro y las haciendas —cuya producción abastecía los mercados regionales—, y una población indígena apreciable asentada especialmente en los resguardos.

Para 1880, la distribución de la población había cambiado. La región occidental había tenido un crecimiento significativo, debido en gran parte a una política de Estado que fomentó la colonización de nuevos territorios. Como se observa en el capítulo «Población y sociedad», este proceso no fue uniforme. Se caracterizó más bien por su dinamismo, y «con variaciones en cuanto a ocupación y tipos de colonizadores, que se transformaba a medida que la población avanzaba tanto por las cordilleras y selvas, como por las planicies y vertientes. Adquirió así una dinámica propia, enriquecida por los sucesos locales, lo que ha hecho siempre muy difícil incluir todas sus variantes en un solo “modelo simplificado” de ocupación del suelo».

Tal proceso afectó a casi todas las regiones colombianas durante el siglo XIX. Pero como ha señalado Jorge Orlando Melo hubo diferencias regionales, determinadas esencialmente por la forma en que actuaron algunos empresarios. Unos pretendieron controlar a los colonos fundando pueblos, otros actuaron contra las poblaciones y otros disputaron los espacios a los cultivadores primitivos. Algunos más vendieron parcelas y valorizaron las fronteras al fundar economías de subsistencia y fortalecer a grupos de medianos empresarios. Otros invitaron a gentes humildes a fundar pueblos y así tener mano de obra cercana y disponible para laborar en las nuevas haciendas. Entonces, para comprar la tierra prometida, los colonos tuvieron que fortalecer nuevos sistemas laborales, implementados en haciendas de caña, ganado y cacao. Hubo otros empresarios capitalistas que dirigieron sus esfuerzos hacia la selva, interesados en extraer productos como la tagua, la quina y el caucho. A estas empresas no se llevaban pobladores, sino trabajadores y, mientras se agotaban las reservas, se fundaban campamentos que luego se levantaban y trasladaban a un nuevo centro de extracción. Durante la primera etapa de la colonización del occidente colombiano, la más importante en este periodo, las nuevas tierras fueron abiertas en su mayoría por un número de campesinos independientes, fuente de cierta movilidad social.

A pesar de que el 90 por ciento de la población era rural, dedicada predominantemente a actividades agrícolas y pecuarias, la población urbana mostró cierto dinamismo en los centros más importantes. Algunas ciudades coloniales como Popayán, Cartagena y Tunja perdieron su importancia política y económica, aunque se mantuvieron como centros educativos. A su lado fueron consolidándose nuevos desarrollos urbanos como Medellín, Barranquilla y Cali, debido sobre todo a su vitalidad económica. Es tal vez en los centros urbanos donde se logran apreciar muchos de los cambios ocurridos en este periodo, como las principales transformaciones en una sociedad jerárquica, con grupos estamentales definidos y delimitados. El proceso de mestizaje, la participación en el ejército y en la educación sin distingos de categorías sociales, junto con la ampliación de las ocupaciones y la aparición de nuevos oficios, fueron algunos de los hechos que transformaron lentamente la rígida sociedad de la época colonial y dieron paso a la conformación paulatina de los grupos medios.

El crecimiento demográfico de la población colombiana fluctuó entre el 1,6 y el 1,8 por ciento en el siglo XIX, similar al de Europa en la misma época y un poco más alto que el de algunos países latinoamericanos. La tasa de mortalidad disminuyó de 40 por mil a 30 por mil, reflejo de algunas mejoras en las condiciones de infraestructura sobre todo urbana. Y la estructura demográfica se mantuvo piramidal, con un 43 por ciento de la población menor de los 15 años. Lo que nos muestra una población estable hasta 1870 y «cuasi» estable en las tres últimas décadas del siglo.

Las decisiones sobre las políticas económicas durante el periodo, como lo expone Frank Safford en el capítulo «El proceso económico», estuvieron centradas en tratar de abrir el mercado, restringido hasta entonces a la exportación de oro al imperio español, y de integrarse al desarrollo capitalista mundial. En 1830, las condiciones de infraestructura de transporte sobresalían entre las mayores limitantes del desarrollo comercial, tanto de exportación como de importación de cualquier producto y, por lo tanto, de la integración de las diferentes regiones. La comunicación se realizaba básicamente a través de caminos de herradura, por donde circulaban mulas y hombres cargadores en terrenos muy difíciles de transitar. Hubo, no obstante, algunos avances de significado en las vías de comunicación: la introducción de la navegación de buques de vapor en el río Magdalena, que, por atravesar gran parte de la zona central del territorio colombiano, era la columna vertebral del país; el inicio de la construcción de algunas líneas férreas; y el montaje exitoso del telégrafo. Además de los obstáculos de comunicación, el nuevo Estado tuvo que afrontar serios problemas financieros, agravados por una deuda de un poco más de tres millones de libras esterlinas, generada durante el proceso de independencia, junto con la dificultad de generar ingresos debido a una economía más bien pobre, centrada en la agricultura y ganado, con una circulación restringida de la producción al mercado nacional, y frente a la imposibilidad de recaudar mayores impuestos por las debilidades políticas del Estado.

A mediados del siglo XIX, la exportación del tabaco y la quina abrieron la posibilidad al país de insertarse en el mercado internacional. José Antonio Ocampo ha descrito el comportamiento económico del periodo como de «producción-especulación»: «Una manera de proceder de un país periférico para aprovechar las oportunidades momentáneas en el mercado internacional, sin hacer inversiones productivas de largo plazo». Como observa Safford, esta caracterización se puede aplicar claramente sobre todo a la explotación de la quina, que, en Colombia —como en Ecuador, Perú y Bolivia—, «funcionó nada más como la rapiña de un producto natural». Así también podría denominarse el ciclo exportador de productos como el tabaco o el algodón, que no requirieron, en las circunstancias del momento, cuantiosas inversiones a largo plazo. Otros productos como el añil, el cacao o el café requerían importantes inversiones iniciales, hasta cinco años en el caso de los dos últimos, para sus primeras cosechas. En tales casos, según anota Safford, se necesitaban «compromisos de más largo plazo». Las cualidades de los distintos productos determinaban la posibilidad de explotar la coyuntura. La falta de inversiones sustanciales de largo plazo se debía, por supuesto, a las condiciones económicas colombianas, de escaso capital y altos intereses en el crédito. De todas formas, la apertura económica con la exportación de los productos tropicales propició el desarrollo de las vías de comunicación y la creación de los primeros bancos en el país. Era la primera vez que se lograba tener éxito en la exportación de productos diferentes a los metales, sobre todo el oro.

Políticamente, después de la separación de la Gran Colombia, el naciente Estado colombiano se apoyó en los modelos de las constituciones de Francia y Estados Unidos, basadas en instituciones liberales, como se presenta en el capítulo de Fernando Botero «La vida política». Para sus derechos territoriales y definición de fronteras, según lo muestra a su turno el capítulo de Isabel Clemente Batalla «Colombia en el mundo», el país adoptó el principio uti possidetis juris. Clemente examina cómo, durante el periodo, el país mantuvo una política exterior proactiva, con la que se buscó el reconocimiento internacional sobre los principios hispanoamericanos de libertad republicana, americanismo y anticolonialismo.

Uno de los mayores problemas que enfrentó la nación emergente fue, sin embargo, de orden interno: lograr el equilibrio entre las fuerzas de las diversas regiones. En 1830, ninguna provincia tenía el poder económico, ni la capacidad fiscal ni militar para imponer su hegemonía política sobre las demás, o unificar al país en torno a intereses específicos. En el capítulo «La vida política» se muestra cómo la guerra civil de los Supremos (1839-1842) fue una manifestación de esta realidad, una lucha que tuvo diferentes escenarios regionales sin ninguna coordinación o liderazgo nacional. Terminados los enfrentamientos, las identidades políticas comenzaron a cristalizarse en dos partidos —el liberal y el conservador— que han sobrevivido hasta nuestros días. Las razones para la demarcación política hacia uno u otro partido fueron complejas. Las diferencias sociales y económicas entre los distintos bandos no eran claras. En cualquier caso, los partidos políticos eran multiclasistas y cubrían todo el territorio nacional. Y a pesar de todas sus diferencias, y los estragos que causaban con frecuencia sus disputas, los partidos fueron de las pocas fuerzas políticas unificadoras de la nación.

La conformación de la vida política del país estuvo acompañada del establecimiento de las reglas de juego para seleccionar gobiernos a través de las elecciones. Se abrieron nuevos espacios de participación, sobre todo con la adopción del sufragio universal masculino en 1853. Hubo asimismo experimentos con la elección directa de presidente en 1856. Sin embargo, con el advenimiento en firme del federalismo a partir de 1863, se descentralizó el sistema electoral y se regresó al sistema electoral indirecto para elegir presidentes de la República, mientras que algunos estados federales reintrodujeron restricciones al sufragio masculino. Las elecciones, como se señala en el capítulo de Botero «La vida política», «fueron frecuentes y constantes como legitimación del poder a lo largo del periodo». Botero también advierte que «aunque estuvieron plagadas de vicios e irregularidades por parte de ambos partidos [...] y motivaron enfrentamientos violentos», las elecciones «sirvieron para abrir espacios democráticos».

Las diferentes constituciones proclamadas durante este periodo fluctuaron entre las de orientación centralista, como fueron las de 1832 y 1843, y las de tendencia federalista, como las de 1853 y 1863. Todas buscaban, de una manera u otra, la integración del territorio, la reducción de las presiones regionales y partidistas, y el aplacamiento de los enfrentamientos bélicos. El último intento federalista más radical en 1863 buscaba disminuir las tensiones regionales, reglamentando homogéneamente el estatus jurídico de los diferentes estados de la unión, aunque los gobiernos mantuvieron y practicaron un estilo de administración a escala nacional. Fue un intento positivo, pero no logró avanzar decididamente en la unificación de la nación.

Hay que resaltar que a mediados del siglo XIX, como bien lo señaló David Bus