CAPÍTULO 1
RULETA RUSA

El Día D debía ser ese martes a la noche, el 5 de marzo de 2024, por una simple razón: a las 20:30 jugaban Rosario Central y Vélez Sarsfield en el Gigante de Arroyito. El partido fue un bodrio, repleto de faltas y, cuatro minutos antes de que finalizara, Abiel Osorio hizo un gol de cabeza que enmudeció a los canallas.

En la pequeña casa en el barrio Tiro Suizo, adonde llegaron los tres pibes que habían reclutado, no les interesaba el resultado. Lo relevante era que los 500 policías utilizados en el operativo de seguridad se quedaran un buen rato en la otra punta de la ciudad, en la zona norte. El sur estaría bastante despejado, un escenario perfecto para que empezara a detonar el plan.

Los chicos llegaron caminando, porque estaban la mayor parte del tiempo muy cerca de la casa de Macarena Muñoz y su pareja Gustavo Márquez. Los pibes se dedicaban a atender un búnker de venta de drogas en el pasillo de Anchorena 1571, un lugar en Rosario conocido como “Fuerte Apache”. A principios de la década de 2000 los monoblocks que había construido, pero no terminado, el Sindicato del Calzado fueron ocupados por familias que llegaron desde distintos barrios de la zona sur, como Las Flores, República de la Sexta y La Tablada.

Los pibes reclutados eran picantes, pero no consumían “sustancia”, ni tampoco habían caído en esa vida ruinosa más parecida a la de Leonela Villalba, quien los antecedió al frente del búnker. La chica terminó muerta cuando tenía apenas 20 años. Una amiga que vendía dosis de cocaína con Leonela admitió que ambas eran “bunkeras” de Brenda Pared, a la que habían conocido en la cárcel. En el pasillo las custodiaba Tatú, un hombre de unos 60 años que estaba consumido por las drogas. Los pibes se llevaban bien con el “viejo”.

Cuando la amiga de Leonela salió en libertad, Brenda le pidió que le llevara comida una vez por semana a su marido Chucky Monedita en el penal de Piñero, ubicado a 25 kilómetros de Rosario. El contacto con esta mujer se daba por medio de una aplicación llamada Sure, que debía instalar previamente en su teléfono porque era punto a punto, es decir, no usaba la línea telefónica, sino internet.

La vida de esa generación que había quedado atrapada o se había refugiado en ese mundo marginal y criminal de la venta de drogas no tenía salida. Los destinos irreductibles eran el cementerio o la cárcel, como repetía una maestra de la zona que había tenido en las aulas a decenas de chicos que terminaron como “soldaditos”, condición que servía para ubicarlos dentro de la escala criminal.

MEC tenía 16 años, y sus amigos DMG y CNT, 15. Las iniciales parecen frías y distantes, pero así son mencionados en los documentos judiciales por tratarse de menores de edad. Estos chicos se habían criado en ese territorio áspero, de donde nadie, al parecer, podía escapar.

Macarena y Gusti los habían convocado para encargarles un “trabajo”. Ellos no sabían de qué se trataba, pero no podían decir que no, ni tampoco querían. Iban a cobrar 300 000 pesos cada uno. El monto les hacía presumir que la tarea iba a ser delicada. Y no se equivocaban, aunque tampoco les importaba demasiado.

En esa casa con el frente pintado de blanco y las ventanas pequeñas de color azul, la orden que recibieron fue escueta, simple y de una crueldad inigualable. Debían matar a un taxista. No interesaba quién era. No era un problema personal contra nadie en particular, sino contra todos. Una guerra que comenzaría esa noche.

Macarena y Gusti eran vendedores de droga de poca monta y se encargaban de regentear los búnkeres de Brenda Pared, conocida como “la Cote”, y de su pareja Chucky Monedita. Ella estaba presa en su casa, en Funes, porque había alegado ante la Justicia que era única sostén de familia. Y él, alojado en el penal de Piñero, en el pabellón 28 de alto perfil, donde los últimos días lo había pasado mal. La dureza de las requisas y los traslados de internos habían hecho irrespirable el clima dentro de la cárcel.

El gobierno que había asumido en diciembre de 2023 en Santa Fe fue endureciendo las condiciones en las prisiones provinciales, sobre todo en los pabellones donde estaban alojados los presos considerados de “alto perfil”, aquellos con algún tipo de liderazgo en la geografía narco rosarina, que había tenido un pico de violencia en 2022 cuando fueron asesinadas 287 personas en Rosario.

Maximiliano Pullaro estaba convencido de que los calabozos se habían convertido en oficinas del crimen y que había que poner un límite; en su mayoría, las investigaciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinaban —mediante escuchas y peritajes telefónicos— que los narcos desde adentro daban órdenes que se cumplían afuera, en las calles, donde el clima social era cada vez complicado. La matriz del negocio se había transformado durante los últimos años. Algunos vivían mejor dentro de la cárcel. Estaban protegidos por el propio Estado que les permitía, a cambio de dinero, hacer lo que quisieran. Por eso, el nuevo gobierno quería exacerbar el cambio de paradigma.

Como su pareja Chucky, Brenda también se había criado en un contexto de marginalidad y violencia, que tuvo un quiebre el 14 de febrero de 2013 cuando, a los 18 años, fue testigo del disparo que mató a su padre, Sergio Pared, en la puerta de su casa, ubicada justo enfrente del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) de Doctor Francisco Riva y Ovidio Lagos.

Brenda venía de una familia con prosapia narco. Su padre, Sergio, era “un narco de la vieja escuela”, como lo definían policías veteranos, y atravesaron los años noventa en la calle cuando comenzaba a moldearse el esquema criminal que estallaría dos décadas después.

Sergio vendía droga en su casa, allí tenía una granjita. También hacía changas en el hipódromo. Era querido entre los vecinos porque no se metía con nadie, no parecía ser un tipo violento y jamás tuvo una causa abierta por venta de estupefacientes en la Justicia federal. Su hija había absorbido otra cosa. Era despiadada, quizá por haber dado sus primeros pasos en ese mundo donde las balas modelaban un negocio en plena marginalidad, donde las balas sostenían todo. Delante suyo habían acribillado a su padre, un crimen encargado por gente de Los Monos. En la Justicia apuntaron a Leandro “Pollo” Vinardi —quien fue uno de los hombres de confianza de Ariel “Guille” Cantero en la barra de Newell’s—. En 2016, Vinardi fue condenado por el crimen de Pared.

“Escuché una explosión. Salí a la calle y vi a mi papá arrodillado. Vinardi lo miraba desde la ventanilla del auto. Mi papá decía: ‘Fue el Pollo’. Nunca me voy a olvidar de su cara”, declaró Brenda en el juicio. Ella heredó el negocio del padre, pero le impuso otro perfil. Nadie la pasaría por arriba, y con su pareja Chucky no iban a permitir que les arrebataran lo que habían construido, con los búnkeres que tenían diseminados en el sur y en el oeste.

En la Justicia, Brenda había tenido fortuna; a lo largo de la última década la mencionaron en decenas de causas, algunas de ellas graves, como homicidios, pero en la mayoría de los casos pudo zafar. Los testigos no se animaban a mencionar su nombre porque irradiaba mucho miedo. Sabían que ella no hablaba en vano. Si prometía matarte, te liquidaba.

Las segundas o terceras generaciones de narcos en Rosario mostraban que las pulsiones de violencia eran más profundas y peligrosas con el correr de los años, ya que, a diferencia de sus padres y abuelos, habían nacido y se habían criado en ese mundo de la venta de drogas, donde la violencia sostenía un negocio rústico y precario que solo podía funcionar con la complicidad policial. No había mucho misterio.

Otro exponente de ese perfil atado a una mayor crueldad era Jorgelina “Chipi” Selerpe, expareja de Alan Funes, y ambos, tercera y segunda generación de narcos, respectivamente. Ella acumuló en 2025 su cuarta condena y creció en el mundo criminal más que su exnovio. Esa imagen de transgresora —que algunos medios confundieron con un sentido más rockero que criminal— quedó fijada cuando dos policías la escoltaban en tribunales y ella sacó la lengua a los reporteros, como si fuera una estrella de rock.

Brenda debía pedir autorización una vez a la semana para ir a Piñero a visitar a su expareja, al tener que romper los límites impuestos por la detención domiciliaria que le habían dado en agosto de 2021, tras condenarla a seis años de prisión por tenencia para comercialización de estupefacientes.

En el gobierno creían que Chucky Monedita le había pasado las directrices del plan el sábado 2 de marzo, en una visita “sanitaria”. Era el término usado en el Servicio Penitenciario para definir el momento de intimidad que le daban al recluso con su pareja, en un lugar donde solo estaban ellos dos, muchas veces en condiciones espantosas, como en un box, y se escuchaban los gemidos y gritos de los otros presos y sus acompañantes. Pero esa tarde del 2 de marzo ocurrió algo inesperado.

Cerca de las once un auto en la avenida de Circunvalación, de Rosario, se puso a la par de dos colectivos de la empresa Laguna Paiva que trasladaban a medio centenar de agentes penitenciarios que viajaban hacia Santa Fe. Desde el auto tiraron nueve veces. Dispararon a matar. Una bala iba dirigida al chofer y no le perforó la cabeza de milagro. El resto, a las ventanillas de donde estaban sentados los guardiacárceles. Un proyectil rozó la nuca de uno de los agentes, por pocos milímetros no lo mató. El vehículo huyó luego de que los choferes de los dos ómnibus se tiraran a la banquina, blancos del miedo.

El gobierno de Pullaro lo consideró una clara respuesta del crimen organizado a las medidas tomadas dentro de la cárcel. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, había realizado cambios profundos en los pabellones de alto perfil, donde estaban los narcos más pesados. Las requisas eran permanentes en busca de teléfonos celulares, y todo el clima dentro de la penitenciaría se había endurecido. Los presos decían que “los verdugueaban todo el tiempo”.

El ataque a los colectivos que trasladaban a los guardiacárceles —quienes ponían la cara y el cuerpo a las nuevas medidas que había implementado el gobierno— apuntaba a generar terror entre los agentes, que en su mayoría vivían lejos de Rosario, en Santa Fe y en las localidades del norte provincial. Ganaban mal y vivían en condiciones parecidas a las de los internos.

Tras conocerse el atentado, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, envió un mensaje para manifestar que no iban a romper la voluntad del nuevo gobierno. También era una jugada para mostrar el respaldo a los penitenciarios.

“Vamos a seguir ajustando los controles en cárceles, a seguir restringiendo las visitas, a seguir requisando, aumentando el patrullaje hasta que alcance, investigando y reforzando la seguridad en las cárceles. Quienes están presos están presos y ahí se van a quedar, y si no lo entienden, la van a pasar mal”, afirmó Cococcioni, que conocía ese ambiente carcelario a la perfección porque había manejado las cárceles cuando Pullaro fue ministro de Seguridad en la gestión de Miguel Lifschitz.

Si se resquebrajaba el clima interno dentro de las cárceles, se terminaba un negocio montado desde hacía años. Muchos soldaditos vivían mejor dentro de un calabozo que en las casas precarias que habitaban en medio de una marginalidad que se había convertido en paisaje natural.

Al otro día, el gobierno de Santa Fe difundió una serie de fotografías de las requisas en la cárcel. Era un intento por mostrar autoridad y demarcar quién mandaba dentro del penal. Los medios hicieron una analogía previsible que buscaba comunicar la gestión de Pullaro: el estilo Bukele.

Las fotografías —que no eran de ese fin de semana, sino de quince días atrás— mostraban a reclusos sentados en el piso visiblemente mojado. Los presos estaban con el torso desnudo y descalzos; algunos en calzoncillos, y otros con pantalones cortos. Eran 26 internos, tenían las manos atadas con precintos en la espalda, y la cabeza gacha. La foto fue sacada desde arriba, desde la planta alta de uno de los pabellones. Era un plano simétrico, calculado, similar al de las fotografías que el gobierno salvadoreño enviaba a los medios internacionales para mostrar el quiebre de las pandillas que habían transformado ese país en un delirio criminal.

El gobierno santafesino publicó esas imágenes en las redes, con un mensaje del ministro de Seguridad que aspiraba a marcar territorio. “Cada vez la van a pasar peor”, escribió en X Pablo Cococcioni.

Se amparaba el gobierno en la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad que regía desde diciembre de 2023, que le daba la posibilidad al Servicio Penitenciario —según comunicaron desde esa cartera en ese momento— de llevar adelante este tipo de controles más exhaustivos y sin las limitaciones que existían antes.

“En el penal se encuentran alojados varios sicarios de la ciudad, como Ariel Máximo ‘Viejo’ Cantero, socio fundador de Los Monos; Walter ‘Viejo’ González, líder de la banda que lleva su nombre en Capitán Bermúdez; el puntero narcopolítico Marcos Jeremías ‘Pato’ Mac Caddon, y varios ‘pesados’ del barrio Ludueña, como Franco ‘Milanesa’ Almaraz, Mauro Gerez y Andy Fabián Benítez”, detallaron en un comunicado difundido el primer fin de semana de marzo.

Se habían hecho dos requisas a unos 400 internos en los pabellones de alto perfil. El fastidio de los presos era grande. El verdugueo, con malos modos, en las prisiones provoca irritación, y los guardiacárceles tienen vía libre para destrozar lo poco que los internos poseen dentro de los calabozos.

A la Justicia provincial llegó un planteo del Servicio Público de la Defensa Penal, mediante un hábeas corpus. A esta dependencia le había llegado información, de familiares de los detenidos, de que personas de civil habían realizado seguimientos sobre algunos de ellos en los días previos y a varios habían detenido. Por la característica de las organizaciones criminales en Rosario —varias funcionan como clan—, los entornos familiares de los presos de alto perfil están impregnados, muchas veces, de personas con antecedentes o con cuentas pendientes en los tribunales.

El hábeas corpus que presentó el Servicio Público de la Defensa Penal fue rechazado por el juez de primera instancia Rafael Coria y luego por la camarista Carina Lurati, que exigió, sin embargo, tareas de cuidado al Poder Ejecutivo en especial relación a los presos bajo medida de aislamiento.¹ “Los médicos del Instituto Médico Legal fueron al penal, revisaron a todas las personas y constataron lesiones de todo tipo en 154 de ellas. Pedimos que a partir de eso se tratara el tema de las requisas, sobre todo cómo deben ser las mismas. Pero el juez, a pesar de las heridas constatadas, se negó a tratar el tema. El juez solo trató el aislamiento y definió que se hizo bien en aislarlos”, dijo la defensora general de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson.

Entre los mencionados por el gobierno como presos de alto perfil, paradójicamente, no figuraba en esa lista Chucky Monedita, que durante ese fin de semana complicado dentro del penal había acordado con Brenda que la reacción en las calles sería imposible de atajar. Algo que jamás se había visto en Rosario. Y así fue. Brenda les dio las directivas precisas a Macarena y a Gusti. Debían matar gente inocente. La primera víctima debía ser un taxista elegido al azar, como si estuviera dentro de una habitación donde se jugaba a la ruleta rusa.

El otro encargo que Brenda hizo a Macarena fue que los sicarios debían ser menores, ya que eran inimputables. Además, parte del plan era que debían entregarse. De esos chicos fungibles —como había descripto en su momento el fiscal Matías Edery— estaba lleno. Podían hacer un casting. Muchos querían pertenecer a esas mafias y hacer carrera, como si se tratara de una compañía en la que el área de recursos humanos evaluaba todo el tiempo el rendimiento de los empleados.

Macarena convocó entonces a MEC, CNT y DMG, que atendían el búnker en Fuerte Apache. En su casa en Tiro Suizo les dieron el arma que debían usar, el mensaje amenazante que tenían que dejar en la escena del crimen y la promesa de cobrar 300 000 pesos cada uno.

MEC y CNT fueron hasta Oroño y Uriburu, a unas 15 cuadras de la casa de Tiro Suizo, donde aquella noche había poca gente en la calle y un calor bastante intenso y húmedo hacía parecer que el asfalto era una carpeta impermeable.

En ese lugar, donde hay una rotonda grande, tomaron un taxi que por puro azar conducía Héctor Figueroa, un hombre de 43 años que tenía dos hijas bebés y hacía poco tiempo que había conseguido la chapa de taxi.

Figueroa manejaba casi todo el día, ya que su esposa, Romina, había decidido no conducir más el vehículo, le daba miedo y debía cuidar a sus pequeñas hijas bebés.² Hacía ocho años que estaban juntos y no paraban de remarla para salir adelante en un contexto económico cada vez más complicado.

En ese momento, trabajar de taxista en Rosario representaba un riesgo; habían matado a varios para robarles la recaudación. A otros los golpeaban de manera salvaje, con una saña que supuraba por el poco dinero que se llevaban los ladrones. Ese verano de 2024 fueron asesinados tres conductores. Ante cada hecho de violencia contra los choferes, el gremio paralizaba el servicio y generaba ruidosas protestas en las calles. Por ese motivo, la primera víctima debía ser un taxista. Sabían que su agrupación realizaría una huelga y reclamaría mayores medidas de seguridad de manera ruidosa, como ya había hecho varias veces. Era un sindicato picante.

El objetivo del plan era generar —según la investigación que hicieron los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta— “temor y conmoción pública en Rosario”. Salir a matar como si fuera una ruleta rusa a víctimas inocentes significaba subir un escalón más en el extenso camino que se había iniciado en 2013 en Rosario, cuando Los Monos regaron sangre a través de venganzas, tras el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero.

El antecedente más cercano había sido en 2018, cuando Guille Cantero inició una serie de amenazas y ataques contra jueces y edificios judiciales luego de que lo trasladaran al penal federal de Resistencia, en Chaco. En ese momento, el líder del clan Cantero creía que al salir de Rosario perdería su poder territorial, pero los hechos posteriores no le dieron la razón. Con un smartphone podía dirigir la banda desde cualquier lugar.

Su padre, el Viejo, había hecho algo parecido a fines de 2021, cuando empezaron a balear escuelas, estaciones de servicio y el restaurante El Establo, en el que no murió nadie de casualidad, ya que una bala hizo estallar una botella de vino en una mesa donde cenaban dos comensales. Salir a buscar víctimas al azar significaba subir escalón más en el desafío al propio Estado.

CNT subió al taxi de Héctor Figueroa cerca de las 22:30, en la rotonda de Oroño y Uriburu, donde no había un solo policía. Nadie entiende la razón, pero le pidió ir sentado en el asiento del acompañante, junto al chofer. A esa hora los agentes policiales seguían en el norte, encapsulados en el operativo por el partido de Rosario Central y Vélez.

El compañero de CNT no subió al auto, sino que fue en bicicleta un rato antes hasta Flammarion y Lamadrid. Hizo esas 15 cuadras a toda velocidad, mientras el taxi iba hacia allí. Debía alertar a DMG que el Fiat Cronos estaba en camino.

El chico de 15 años, con el arma entre sus ropas, esperó a que Figueroa llegara a esa intersección, un recoveco oscuro, donde están las torres del Fonavi. Cuando el auto se detuvo, se acercó y sin miramiento empezó a disparar como un desquiciado hasta agotar las balas que completaban el cargador de la pistola.

Los tiros impactaron en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. El taxista, al que esperaban sus dos hijas bebés en su casa, murió en el acto, sin saber por qué lo había matado con esa saña y esa crudeza un chico de 15 años que nunca había visto en su vida. El auto quedó cubierto de sangre, con el cadáver de un hombre inocente que aún se movía por los espasmos nerviosos, pero que ya no estaba en este mundo.

DMG disparó con tanta rabia que casi mata a su compañero. Uno de los tiros le rozó la panza, y CNT entró en pánico. Tenía a su lado un cuerpo perforado por las balas que había descerrajado su amigo, y él también sangraba. Fueron unos segundos en los que todo quedó obnubilado en su mente, pero después de que pasara ese instante abrió la puerta y salió corriendo con tanta torpeza que una de sus zapatillas blancas quedó en el taxi.

Estaba tan nervioso que se olvidó de cumplir uno de los pedidos de Macarena: debía dejar un papel escrito, con un mensaje al gobierno. Se dio cuenta después, cuando los tres corrían de manera desenfrenada por las vías del ferrocarril que estaba a unos metros de allí. A los pocos minutos se encontraron con Macarena, que les pidió el arma que habían usado para matar a Figueroa y desapareció. Les dijo que debían ir a la casa de Johana González en el Mangrullo, en la zona sur, a cobrar 200 000 pesos.

Unos minutos después, por las radios de los taxis comenzó a repetirse el mensaje de que un chofer había sido asesinado en la zona sur. Horas más tarde, el Sindicato Peones de Taxis dispuso un paro. “Lo que más bronca te da es que era una licencia nueva, de un compañero que estaba trabajando por dos pesos”, apuntó el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, quien agregó: “Si me preguntan a mí, en caliente, el servicio nocturno no debería funcionar más. Me podría haber pasado a mí o a cualquiera. Pero económicamente no da para más, yo hace dos semanas que no salgo de noche, está muy feo todo. Lo que estamos viviendo es un mal sueño”. A partir de esa noche empezaría a cambiar de manera drástica la ciudad, comenzaría a irradiar un terror nunca antes visto. El plan empezaba a funcionar a la perfección.

Brenda Pared había dado la orden de matar a otro taxista. “Dos choferes muertos en menos de 24 horas” comenzaría a encender la fogata en la que pretendían convertir a Rosario. Usarían los mismos sicarios, los chicos del búnker de Fuerte Apache, que casi no habían dormido.

Matías Muñoz —al que todos conocían como “Matute”—, hermano de Macarena, de 17 años en ese momento, convocó a los sicarios a su casa en Avenida Belgrano y Avenida Argentina, en el sur de Rosario. La orden era casi la misma que les había dado su hermana el día anterior. “Hay otro trabajo para esta noche”, escribió Matute en un mensaje dirigido a los pibes que conocía del barrio y que él había recomendado.

Debían asesinar a otra persona sin saber quién era. Volvía a dar vueltas el tambor de ese revólver marginal en una ruleta rusa despiadada y cruel, que se había gestado en la cárcel de Piñero, pero que tenía un origen más alto en la estructura narcocriminal de Rosario: Esteban Alvarado. Días después, en el despacho del gobernador, ese era el nombre de quien apuntaban como gestor de un encadenamiento planificado de episodios de terror.

Ese “otro trabajo” que había propuesto Matute a los pibes tenía que ver con matar a otro taxista. Otro homicidio a un chofer comenzaría a hacer estallar los reclamos por seguridad, en momentos en que el gobierno de Pullaro recién arrancaba, aunque los primeros meses los había hecho a una velocidad temeraria.

Matute les entregó a los pibes la misma pistola que habían usado para matar a Héctor Figueroa unas horas antes. El arma aún parecía estar caliente. Y la escena muy fresca en la cabeza de los sicarios adolescentes. También les dio un teléfono celular que debían usar para enviar un mensaje a un radio taxi y pedir un auto.

Resultaba menos arriesgado porque la policía ya estaba en alerta en ese momento y era probable que en la calle ningún taxista se detuviera para levantar a estos chicos, luego del crimen de la noche anterior.

A las 23:08, DMG pidió un móvil a la empresa “Su Taxi SRL”. El número que había agendado era sencillo: 4555555. La empresa le adjudicó el viaje a Diego Celentano, que llegó unos minutos después a Lamadrid 407 bis, en el barrio Saladillo, en el sur, a pocas cuadras de donde vivía Matute. “Diego había llegado a su casa y se disponía a comer algo cuando desde el radio taxi le hicieron un llamado para avisarle que tenía que hacer un viaje más. Y como no había guardado el auto, se subió y fue a buscar ese viaje”, contó una amiga de la familia.³

“No vayas”, le sugirió aquella noche Cintia, su esposa, pero Diego se mostró confiado porque el pedido había llegado por medio de la aplicación y era en una zona cercana a la salida de los trabajadores de un supermercado. “Quedate tranquila, te llamo cuando termino, que el viaje debe ser a la salida del personal de Coto”; esas fueron las palabras finales que le dijo su pareja.

Esta vez, dos sicarios subieron al taxi en la parte de atrás. El punto de llegada, fatal para Celentano, era Alvear y Garmendia, a solo 13 cuadras de donde los pibes habían subido. DMG disparó a la cabeza, y el cuerpo de Celentano no opuso resistencia. Este hombre de 32 años, que tenía una hija de cinco y la remaba a diario, había muerto sin saber el motivo, como Héctor Figueroa, en manos de dos chicos que luego bajaron del auto y volvieron a cometer el mismo error que durante días despistó a los investigadores: se olvidaron una zapatilla. Parecía ser una marca que dejaban los asesinos en cada hecho, pero se equivocaban. Era fruto del desenfreno de pibes que se habían transformado en sicarios feroces. Otro rasgo repetido era que las dos víctimas trabajaban con la misma empresa de radio taxi.

Celentano había conocido a Cintia en el casino City Center, donde ambos trabajaban. Se casaron en 2019 y luego fueron despedidos de la sala de juegos, por lo que decidieron apostar la indemnización a la compra de un auto para ponerlo a trabajar como taxi. No era mucho, pero sí una entrada relativamente fija que les servía, a pesar del sacrificio, para sostener la familia.

Diego, que quería estudiar mecánica, generaba con el taxi el principal ingreso de la casa. A fines de 2023 le chocaron el auto y, como los daños no se los cubrió el seguro, tuvieron que echar mano a los ahorros. Aneley, la hija de ambos —cuyo nombre en mapuche significa “felicidad”—, había cumplido 5 años cuatro días antes del asesinato. Sus papás le habían prometido que el fin de semana harían un festejo en un salón.⁴

“Estábamos preparando el cumpleaños de la nena. Íbamos a festejarlo y, por eso, Diego quería juntar plata esa semana para alquilar el salón”, contó Cintia, días después del crimen, mientras se le entrecortaba la voz por el llanto.

Media hora después de que Diego saliera a hacer ese viaje, la llamada que le hizo Cintia nunca tuvo respuesta. “Ahí me imaginé lo peor”, confesó la mujer. “Yo estaba con la nena esperando, hasta que al poco tiempo vinieron a mi casa a avisarme lo que había pasado”, relató.

Cintia se enteró porque un grupo de taxistas fue hasta su casa a avisarle, aquella noche nefasta en la que todo se conjugó para que Celentano muriera.

La mujer de 41 años todavía tiene esa imagen fatídica en su cabeza: el taxi parado en el medio de la calle, los móviles de la policía y Diego todavía sentado, sin vida, en el asiento delantero. A Aneley la llevó al velorio de su padre y le trazó con las palabras que tenía a mano el final de la historia de Diego: “Tu papá está dormido, tuvo un accidente y no va a despertar más. Lo vamos a llevar a una casita donde le vamos a poner muchas flores”.

Los sicarios huyeron rápidamente de la escena del crimen. Sabían que, por lo que había sucedido con Héctor Figuero, los móviles policiales actuarían mucho más rápido. Todos comenzaban a estar alerta. Los pibes regresaron al lugar de partida, donde les habían entregado el arma y el teléfono; allí se encontraba otra integrante del clan, Johana Albornoz, quien fue la encargada de entregarles el pago. La vida de Diego Celentano había costado 200 000 pesos para cada uno.