CAPÍTULO 1

Putas y policías

Constitución es una de las zonas más antiguas de Buenos Aires. Su historia tiene muchos episodios: un pasado de familias pudientes, la llegada de los esclavos y de los migrantes, y la huida de los ricos hacia el norte cuando llegó la peste de la fiebre amarilla.

Hoy es considerado el barrio más peligroso de la Ciudad. Así lo etiquetan los medios de comunicación y los youtubers que se pasean por sus calles filmando a las trabajadoras sexuales, a las vendedoras ambulantes y a las personas en situación de calle para lograr visualizaciones en sus canales, y reforzar así el estigma social que pesa sobre este territorio y los sujetos que lo habitan. De esta manera lo presentan vecinxs que dicen que, por ser propietarios, tienen más autoridad moral que el resto, sobre todo para denunciar la presencia de colectivos migrantes e implorar al Estado su expulsión.

De los barrios donde se ejerce el trabajo sexual callejero —Once, Palermo, Flores, Villa Luro, Recoleta, Villa del Parque—, es el que concentra la mayor cantidad de compañeras que se distribuyen por la mañana, la tarde, la noche y la madrugada.

Desde hace algo más de una década, en Constitución también está la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que antes era una zona de trabajo sexual. Con la novedad de la facultad llegó la gentifricación. Allí las compañeras fueron expulsadas por la policía.

La zona de trabajo sexual se extiende desde la estación de trenes hasta el límite de Plaza Garay, entre las avenidas Brasil y San Juan. Son doce manzanas que contienen a casi trescientas trabajadoras. Las argentinas se concentran en Plaza Garay y sus alrededores; las peruanas, cerca de Plaza Constitución; la zona de las dominicanas está casi al límite de la avenida San Juan y Santiago del Estero (cerca de Canal 13); la de las ecuatorianas, frente a la oficina de la AFIP —ahora renombrada ARCA—; las compañeras que vienen del conurbano bonaerense suelen trabajar frente a la puerta de la sede de Desarrollo Social de la Ciudad y alrededor de la terminal de trenes.

La mayoría vive en hoteles, pensiones, inquilinatos, casas tomadas o —las que están en situación de calle— en plazas. Por una habitación de hotel con cocina y baño compartido pagan mensualmente, como mínimo, lo que vale alquilar un monoambiente en Almagro. Para entrar, tenés que ponerla toda junta; de lo contrario, te ofrecen abonar cada día la décima parte de ese alquiler, por lo que, al final del mes, te costó el triple.

Los hoteles suelen tener piezas diminutas, con poca ventilación y demasiada humedad. Tienen patios internos con fuentes vacías y estatuas de ángeles con cabezas rotas; altillos con ventanales de colores; sótanos con habitaciones más pequeñas aún; espacios para lavar ropa en piletones de cemento; chimeneas en desuso que suelen ser decoradas para Navidad con el pesebre del niño Jesús y para Reyes con pasto y táperes con agua que juntan lxs niñxs.

Siempre nos preguntamos si esas habrán sido las mansiones que abandonaron los ricos cuando la fiebre amarilla y la tuberculosis azotaron la Ciudad, si esas habitaciones en los sótanos habrán sido los dormitorios de la servidumbre, y esos patios con fuentes, el lugar donde jugaban los hijos de los ricos. Si los que quedaron a resguardo en esos petit hoteles habrán sido los migrantes, la mano de obra barata a la que a nadie le importaba si se pescaba una tuberculosis, como pasa ahora con nuestras compañeras.

En Constitución hay más casonas devenidas en hoteles de familia y pensiones que edificios. Conseguir un espacio propio en ese barrio fue una de las tareas más difíciles que encaramos. Es el barrio en el que teníamos que estar. De toda la Ciudad de Buenos Aires, es el que tiene mayor concentración de trabajadoras sexuales. Y es donde, además, se llevan adelante la mayor cantidad de detenciones arbitrarias. El sindicato tenía que estar en esa zona de hostilidad, hacer pie donde la policía se cree dueña del espacio público, donde nuestras compañeras soportan a diario la maquinaria del control.

Las trabajadoras sexuales ya estamos acostumbradas a atravesar dificultades, son parte de nuestro ADN y nuestra realidad. Pero, lejos de angustiarnos, logramos encontrarles la vuelta a las adversidades. Y hasta una mística: el NO forma parte de nuestras vidas, es la primera respuesta que tenemos siempre y, cuando conseguimos que quienes nos niegan derechos —¡y hasta nuestra existencia!— tengan que reconocer que las putas se salen con la suya, lo celebramos como una victoria. Una de esas pequeñas victorias cotidianas que nos dan vida como militantes y le dan valor a nuestra herramienta sindical.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) es el sindicato de lxs trabajadoras sexuales. Nació en los calabozos de las comisarías de Flores y Constitución el 11 de marzo de 1994 (fecha oficial). Ya lleva más de treinta años luchando por el reconocimiento del trabajo sexual en nuestro país y por el fin de la violencia institucional. Desde el 28 de marzo de 2014, por decisión del 98 % de sus afiliadxs, soy su secretaria general.

En nuestros intentos por alquilar un local hubo frustraciones, gente que nos devolvía el dinero de la reserva no bien veía el objeto social de nuestra personería jurídica —“defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales”—, portazos de las inmobiliarias en la cara y miradas de desprecio. “La dueña no quiere tener problemas judiciales ni con la policía”. “No queremos que la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, que con tanto sacrificio levantaron cada ladrillo, se convierta en un prostíbulo”. “Les puedo alquilar, pero para las prostitutas estamos hablando ya de otro precio”. Esas fueron algunas de las palabras que tuvimos que soportar.

Pero había que encontrarle la vuelta: el salón que nos cedía todos los miércoles el Ministerio Público de la Defensa ya nos quedaba chico y las dos horas de las que disponíamos no alcanzaban, de tantas que eran las demandas que traían las compañeras.

A unos metros de esa defensoría, en la esquina de Santiago del Estero y Constitución, funcionaba un local que reunía agrupaciones progresistas; la llamaban La Barriada. Siempre que pasábamos estaba cerrado, y nos daba mucha bronca ver que algunos sectores contaban con más recursos que nosotras y no los usaban.

Los chismes en el barrio corren rápido y llegó a nuestros oídos la fractura entre las agrupaciones que alquilaban el local. Por un lado, el sector cuya posición sobre el trabajo sexual se acercaba más al abolicionismo se negaba a seguir sosteniendo el espacio y, por el otro, quienes se acercaban más al reconocimiento del trabajo sexual resistían con la idea de no abandonar el territorio. Se nos abría una puerta. La oportunidad era esa, o dábamos por cancelado el deseo de tener un espacio propio en el barrio de Constitución. Eran épocas de un gobierno de derecha, de precariedad y de reacomodamiento del campo nacional y popular.

Bastó una reunión a la que llevamos una propuesta: que los que querían quedarse renovaran el contrato de alquiler y compartiéramos gastos. Mitad y mitad. También, repartir los días y horarios de uso del local entre ambas organizaciones. Y la idea se concretó.

Fue así como elegimos inaugurar la Casa Roja un 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Tapamos el mural de las orgas progresistas con pintura color sangre y colgamos un cartel precario con el nombre “Casa Roja” sobre fondo negro. Para la inauguración, cortamos la calle con una batucada y armamos una feria de la economía popular.

Lo habíamos logrado. Teníamos un local con un baño pequeño y una cocina diminuta, un portón con rejas, persianas metálicas en esa entrada y también en las ventanas. Costaba mucho levantarlas; cuando lo conseguíamos, hacían un ruido infernal. Todo tan precario pero, a la vez, sostenido con mucho amor.

Lxs vecinxs de la cuadra nos dieron la bienvenida llamando a la policía, que no tardó en labrarnos un acta contravencional. Fue el primer round de muchos.

En nuestra primera semana como inquilinas nos dejaron, en la reja, caca de perros y carteles: “Fuera prostitutas de nuestro barrio”. Las denuncias anónimas al 911 habilitaron la presencia casi permanente de un patrullero y el atrevimiento de las vecinas que se asomaban para ver qué había adentro de aquel lugar. La primera colecta que hicimos fue para poder pagar la reparación de las cortinas de los ventanales, así podíamos levantarlas y dejar al descubierto que adentro del local había mesas y sillas, un pequeño escritorio con una computadora y cartelería que daba cuenta de nuestra lucha por tener derechos laborales.

Las putas, parece, somos un bien público: se nos niega gozar de la privacidad y tenemos que mostrar todo lo que hacemos para dejar tranquilas a las buenas conciencias.

Así fue la pelea de los primeros meses por hacer pie en un barrio en el que se ejerce el trabajo sexual y donde vive el 90 % de las compañeras que trabajan en sus calles. En hoteles de familia, inquilinatos, pensiones. Es decir que las putas también somos vecinas; pero, según quienes tienen la potestad para decidir quiénes pueden ser nombrados bajo esa categoría, nosotras somos las malas, las peligrosas, las responsables de todos los problemas en el vecindario. A las que hay que correr, desalojar, expulsar para hacer una profunda higienización social y limpiar las calles de prostitutas, travestis y migrantes.

No habíamos cumplido ni un año en el barrio que llegó la pandemia de COVID-19, la cuarentena y, con ello, otra etapa. El eslogan estatal para esos tiempos, que algunos repetían como un mantra, fue “Quedate en casa”. Pero quedarnos en casa no era una opción para las putas, no gozábamos de ese privilegio. Tampoco se podía salir a trabajar y cumplir con las medidas sanitarias: en poquísimo tiempo muchas compañeras se quedaron sin dinero para sostener el pago de su cuarto en el hotel o en la pensión, y empezaron los desalojos.

Mientras no había ni para comer, se multiplicaban las detenciones arbitrarias y se profundizaba la violencia institucional. En ese estado de cosas, tuvimos que volver a pensar las estrategias organizativas. Dejamos de convocar a charlas sobre feminismo y cuidado de la salud, y tuvimos que aprender a hacer trámites migratorios y de subsidios habitacionales. A mapear los hoteles del barrio, por lo que fuimos a hablar con los dueños para sensibilizarlos sobre la situación. A bajar aplicaciones en los celulares de aquellas compañeras que tenían uno, a abrir mails y enseñar cómo usarlos; a compartir el acceso a internet para que pudieran comunicarse con sus familiares de Perú, de República Dominicana, de Ecuador, de Paraguay y de Colombia. A cocinar en una precariedad absoluta, pero con el objetivo claro: salir de la pandemia sin haber pasado hambre.

Algunos vecinos nos empezaron a mirar con otros ojos. Ya no con la lupa moral, sino con la lente social.

“Yo firmé el petitorio para que les cerraran el local, pero necesito ayuda para ingresar en Mi Anses y poder cobrar la jubilación”, nos dijo la vecina de enfrente, la que una vez nos gritó desde su vereda que éramos la matufia del barrio por defender a un pibe al que la policía estaba golpeando en el piso.

Decidimos habilitar los servicios de nuestra casa para el resto del barrio, para así lograr una buena convivencia y que nos vieran como vecinas, no como sus enemigas. Y esa estrategia enfureció todavía más a un grupo de propietarios que resiste, hasta el día de hoy, la presencia de la organización en el barrio.

Los conflictos con la yuta se profundizaron. El comisario de la 1 C habilitó las reuniones por Zoom con lxs vecinxs, pero solo nos dejaron ingresar en la primera: para la segunda, advirtieron que únicamente se permitiría el acceso a aquellos que pudieran demostrar ser propietarios de sus inmuebles. El odio de clase a la orden del día.

Así y todo, hicimos pie. La Casa Roja cumplía su primer año en plena pandemia y lograba, con mucho esfuerzo y trabajo militante, visibilidad. Empezamos a recibir donaciones de pilas de ropa, heladeras, comida; también se acercaba gente que quería dar una mano, limpiar con nosotras los hoteles, realizar informes sociales y poner a disposición su tiempo para resolver trámites digitales. Fue entonces cuando llegó la noticia de que se rompía el acuerdo con la organización progresista, que ya no iba a poner el dinero para pagar la mitad del alquiler cada mes. Nos quisieron dar una explicación: una historia que incluía problemas personales, traiciones de amigos, separaciones de pareja por culpa del encierro… En fin, problemas de blancos a los que decidimos no prestarles oídos. Se nos iba el tiempo y el cuerpo en cosas —para nosotras— más esenciales.

Un día, mientras hacíamos una de nuestras polladas para vender y así juntar la plata que cubría cada mes el alquiler del local, recibimos un mensaje de un abogado del Ministerio Público de la Defensa, que estaba intentando rastrear a una de sus defendidas. Se trataba de una compañera trans migrante que iba al comedor de la Casa Roja. El defensor la había visto en fotos de nuestras redes sociales. Ella había acordado con una fiscalía realizar, en una organización del barrio de Flores, tareas comunitarias que consistían en participar por Zoom de una charla de capacitación sobre reducción de daños en consumos problemáticos. Esa compañera se encontraba en situación de calle, no sabía leer ni escribir, no tenía acceso a la conectividad ni un teléfono celular. ¿Cómo pretendían que cumpliera con esa tarea? Su situación procesal era complicada: si no presentaba la planilla con las doscientas horas de trabajo comunitario, la declaraban en “rebeldía” y, en cualquier procedimiento callejero de averiguación de antecedentes, podía caer y comerse días en cana.

No preguntamos cuál era el delito, sino cómo se podía resolver su situación, y fue así como propusimos Casa Roja como la organización que podía acreditar frente a la fiscalía el cumplimiento del trabajo comunitario.

Zuleyca se convirtió entonces en la responsable de llevar viandas de comida a las ranchadas del barrio donde había compañeras en situación de calle que pertenecían a nuestro colectivo. Recién cuando cumplió con las doscientas horas, se sinceró con nosotras y, en un acto de agradecimiento, volvió a traer a la Casa Roja y a la organización un debate no saldado:

—Me detuvieron por hacer el pasamanos. Yo vendo y con eso sobrevivo.

Apenas se fue, estalló la discusión entre las coordinadoras:

—¿Es una casa que asiste a las putas o a las que hacen pasamanos?

—Si los vecinos la vieron entrar acá, van a decir con más razón que somos la matufia.

—Madre Georgina, nos dirán la Casa Blanca y no la Casa Roja.

Hacer el pasamanos se ha convertido en una de las opciones más rentables dentro de las pocas que tenemos las mujeres, lesbianas, travestis y trans de los sectores populares. Consiste en vender bolsitas de estupefacientes reducidos con paracetamol, ibuprofeno, harina, azúcar, bicarbonato de sodio. En el vocabulario callejero también se conocen como mentiritas. Se trata del eslabón más bajo de lo que se define como narcomenudeo en el mercado del narcotráfico.

La discusión se interrumpió a la hora en que teníamos pautada una reunión con un productor y su equipo, que venían a compartir la idea de su proyecto de hacer una serie sobre el trabajo sexual.

—¡Después la seguimos! —prometió una de las coordinadoras.

Asustado por el griterío, un perro buscaba refugio entre sus piernas. Colombia, otra de las coordinadoras, se levantó y, con su habitual simpatía también, gritó, pero solo para decir: “¡Cafecito!”. Una tregua.

Colombia es una compañera trans de cuerpo exuberante, ropa brillosa, pelo rubio con rulos y labios siempre pintados de colores flúor. Habla de corrido, sin hacer pausas entre las oraciones. Es la que hace reír a todas con sus anécdotas y, para muchas de las trans jóvenes, la “madre Colombia”, la que cuida su histórica parada en la calle Santiago del Estero. La que trabaja por la mañana y, por las tardes, mira telenovelas en el televisor gigante que ocupa casi una pared de su habitación en el hotel Santa Cruz, uno de los más grandes de Constitución.

Cuando llegamos al barrio, cada vez que la invitábamos a la Casa Roja, no quería saber nada. Pero se sumó durante la cuarentena, y desde entonces nunca nos falta su cafecito.

Cuando llegaron el productor y su equipo, las putas nos dispusimos a escuchar la idea de la serie, que ya tenía título y todo: Putas y policías. Mientras nos contaban la propuesta, nuestros invitados buscaban en sus mochilas libretas y lapiceras. Cada vez que una puta hablaba, ellos anotaban con mucha rapidez. No fuera a ser cosa que se les escaparan las ideas.

La historia que habían pensado transcurría en el barrio de Constitución. El primer capítulo arrancaba con una asamblea en la que la protagonista llamaba a la organización para enfrentar a la policía. Bien modelo sufragista. Una compañera consultó si ya tenían pensado quién podía ser la actriz. Ellos se miraron entre sí y uno dio el permiso para compartirnos el nombre. Esperaron con una sonrisa nuestra aprobación y recibieron el primero de muchos silencios incómodos.

—Mirá, acá en esta mesa somos más de diez putas y ninguna tiene ese color de piel, esa belleza hegemónica. No sé si nos vamos a sentir representadas por un estereotipo que marca mucha distancia con lo que somos nosotras, la mayoría marrones, con cuerpos exuberantes, cero finas, bien marginales, con vozarrón. Y otro recorrido: ojalá todo hubiese arrancado con una llamando a la lucha sindical en una asamblea en la calle. Todas así, bien nacidas, con conciencia de clase y estudiosas de otras luchas eurocentristas.

Les contamos a nuestros visitantes que la lucha de las putas en la Argentina nació en los calabozos, por los años noventa, con una principal y única reivindicación: dejar de ir presas. Y que, para convencer al resto sobre la lucha sindical, primero nos tuvimos que co