El 4 de enero de 1809 sucedió en la ciudad de Montevideo un hecho sorprendente. A su regreso de una misión en España, Juan Martín de Pueyrredón —héroe de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires frente a las tropas inglesas dos años antes— fue llamado a presentarse ante el gobernador Francisco Javier de Elío. Con la asistencia de un asesor y escribano se le realizó una minuciosa inspección de todos los muebles y papeles que traía consigo, y se dispuso su inmediata detención e incomunicación. En el inventario de sus pertenencias se insinuó misteriosamente haber hallado: “Una cartera forrada en tafilete colorado que tiene dentro una navaja, tijeras, pinzas, y aguja colchonera. Tiene a más dentro una hoja escrita y suelto un papelito escrito con lápiz titulado en su encabezamiento ‘Artículos de fe’; y otro más chico o muy chiquito como apunte según parece, sobre las diferentes plazas de algún cuerpo”.

A principios de 1808, Pueyrredón había sido enviado ante la Corte española en calidad de diputado del Cabildo de Buenos Aires, para informar sobre los hechos acaecidos en la ciudad durante las invasiones inglesas, cuando fue sorprendido el 15 de marzo por el Motín de Aranjuez, a raíz del cual el rey Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII. Poco tiempo después supo que las tropas francesas habían ingresado a Madrid el 23 de marzo, y que toda la familia real había sido trasladada a la ciudad francesa de Bayona, en mayo de 1808, donde se produjo la segunda abdicación al trono de España; esta vez de Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón.

Desde Cádiz, el 10 de septiembre de 1808, Pueyrredón escribía al Cabildo de Buenos Aires sus impresiones sobre estos inesperados acontecimientos: “El reino dividido en tantos gobiernos cuantas son sus provincias: las locas pretensiones de cada una de ellas a la soberanía, el desorden que en todos se observa y las ruinas que les prepara el ejército francés que aunque rechazado en sus primeras tentativas se ha replegado a Burgos en donde recibe continuos refuerzos, son consideraciones que me impiden permanecer por más tiempo en el desempeño de una comisión que hoy veo sin objeto”. El lenguaje empleado en sus cartas, que vinculaba “las pretensiones de las provincias” con la “soberanía”, fue mal recibido por las autoridades, quienes lo acusaron de ser “adicto al emperador francés, o a la independencia de estas provincias”. A estos dichos Pueyrredón hizo frente sosteniendo, por el contrario, que lo que él había pretendido con sus cartas era sólo aconsejar al ayuntamiento de la ciudad de Buenos Aires prudencia ante los críticos momentos que vivía la Península, y con el solo objeto de salvar a su patria (Buenos Aires) de una posible invasión francesa. ¿Quién tenía la razón? ¿Qué contenían esos papelitos celosamente guardados entre tijeras y pinzas en la cartera forrada en tafilete colorado de Pueyrredón? ¿Por qué el temor a discutir sobre la “soberanía”? ¿De cuál “independencia” se hablaba?

Para encontrar respuestas adecuadas a estas preguntas conviene adoptar perspectivas algo diferentes a las ofrecidas por los relatos habituales sobre la Revolución de Mayo. Pues, con frecuencia se analizó el período previo a la conformación de la Primera Junta Gubernativa del 25 de Mayo de 1810 en clave independentista; es decir, como etapa de germinación de los ideales y planes de emancipación que habrían de desembocar en la creación del primer gobierno criollo. Pero si bien la voz independencia empezó a circular en los escritos que precedieron al acontecimiento, ésta no siempre significó separación, segregación o secesión de un pueblo o de una nación tal como la entendemos hoy, sino una posibilidad defensiva o de mayor autonomía dentro de un contexto cambiante y de grave crisis que afectaba al conjunto del Imperio español. Es decir, la “independencia” no tuvo un único significado sino varios y se relacionó con los sucesos inesperados e inéditos ocurridos a ambos lados del Atlántico entre 1808 y 1810, y donde se fueron presentando a cada paso distintas y diversas opciones para salir de la crisis de acefalía producida por la invasión francesa a la Península Ibérica y el cautiverio del monarca.

En este libro, mi propósito es ofrecer al lector un relato con nuevas facetas de la Revolución de Mayo —siguiendo las renovadas líneas de la historiografía—, invitándolo a descubrir las condiciones que la hicieron posible, sin presuponer que en las etapas previas ya estaba inscripto su desenlace final. Comprenderemos mejor, entonces, qué objetivos tuvieron aquellos que impulsaron la creación del gobierno propio, cómo legitimaron sus acciones, y cómo y cuándo surgieron los conceptos de independencia “absoluta” y de revolución. Ingresaremos en un tiempo en que el lenguaje se politiza; es decir, en que cada vez más actores históricos hacen uso de él con diversos sentidos, a medida que va surgiendo un espacio de actividad propiamente político que no existía en la sociedad colonial, donde la política no aparecía como una tarea diferenciada de la justicia y del buen gobierno. En tal sentido, nuestro relato se iniciará con las llamadas “reformas borbónicas” que introducen los monarcas españoles en sus colonias a fines del siglo XVIII, continuará con la conmoción producida por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, se detendrá en la crisis de soberanía iniciada en 1808, que, junto con las disputas entre los grandes imperios europeos, abrieron diferentes alternativas políticas dentro de las cuales comenzó a escucharse la voz independencia —con sentidos insospechados para muchos lectores—, hasta arribar a 1810, última estación de nuestra travesía.

Reformas borbónicas y reacciones criollas

Cuando a mediados del siglo XVIII España emprendió una importante reforma administrativa, militar y mercantil en sus posesiones americanas, tenía presente el creciente poderío naval y comercial alcanzado por Inglaterra en el Atlántico. Para el monarca ilustrado, Carlos III de Borbón, quien supo rodearse de destacados asesores como Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Aranda o el conde de Floridablanca, se trataba de articular mejor la economía de la metrópoli con la de las colonias americanas, y de evitar quedar al margen de un sistema europeo que comenzaba a redefinir sus relaciones con las regiones no europeas. En este nuevo contexto, en el cual las políticas expansionistas de la Francia de Napoleón —según veremos— iban a jugar un rol capital, los territorios de ultramar no sólo cobraron importancia, sino que se constituyeron en escenario mismo de las disputas entre diversos imperios. En el Río de la Plata los efectos de estas disputas se harán sentir con fuerza con las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en las que se inició la acción externa sobre el Imperio español.

Las reformas se fundaron también en la necesidad de articular mejor la economía de España con la de sus posesiones americanas, aspecto que se vinculaba con el lento impulso económico que en la metrópoli se venía dando desde 1680. Pero el rasgo político más saliente de esta reforma fue la nueva manera de concebir la soberanía. La afirmación de la soberanía regia intentaba poner fin a la tradicional relación contractual, fundada en derechos y deberes recíprocos entre el rey y sus reinos, que integraban la monarquía hispánica, para reemplazarla por la unificación y centralización de las instituciones. En América esta nueva política llevó a un mayor control de las prácticas de autogobierno, es decir, de la gestión de los asuntos propios, a la cual estaban habituados el conjunto de los pueblos que integraban los diversos reinos de la monarquía. En efecto, tanto en la Península como en América los reinos estaban compuestos por pueblos, villas y ciudades incorporados todos a la Corona de Castilla; pero, a diferencia de la Península, en América los reinos eran entidades menos estables y más administrativas. Así lo muestra la decisión de crear nuevos virreinatos como el de Nueva Granada en 1739 (que comprendía territorios de los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, así como regiones del Norte del Perú y Brasil, y el Oeste de Guyana.) y el del Río de la Plata en 1776, desprendidos ambos del antiguo Virreinato de Perú. Esta novedad, a la cual se le agregará la división del territorio en “provincias” —promovido por la Ordenanza de Intendentes de 1782/1783 en el marco de las reformas—, provocó tensiones en los pueblos que quedaban en posición subalterna con relación a las nuevas capitales de las provincias intendenciales (como por ejemplo, Jujuy con relación a Salta o La Rioja en vinculación con Córdoba), que harán eclosión con la crisis de la monarquía unos años más tarde.

Con la aplicación del régimen de intendencias la Corona se propuso también desplazar a los criollos del control de la administración, y en particular de los cargos de mayor responsabilidad, a favor de nuevos funcionarios recientemente arribados de la metrópoli. Otra de las consecuencias importantes de esta nueva política fue el enfrentamiento con la autoridad del pontífice, que llevó a la expulsión de la Compañía de Jesús del conjunto de los territorios hispánicos en 1767.

El impacto de las reformas en el Río de la Plata

¿Cuál fue el impacto de estas reformas en el Río de la Plata? La adopción del régimen francés de intendentes —Ordenanza de Intendentes de 1782/1783— dividió el Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias sobre las que se esperaba ejercer una mayor supervisión real, a través de nuevos funcionarios con poderes cuidadosamente definidos. La primera Intendencia fue la de Bue nos Aires, llamada intendencia General de Ejército y de Provincia. Las demás intendencias tuvieron la jerarquía de intendencias provinciales. De la antigua gobernación de Tucumán surgieron dos intendencias: la de Córdoba, que comprendía, además de su ciudad capital, las de La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan; y la de Salta, que incluía también a Jujuy, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Las restantes intendencias fueron las de Paraguay, La Plata, Cochabamba, Potosí y La Paz. Quedaron como gobernaciones militares y políticas para la defensa de la frontera Montevideo, las Misiones (de los antiguos pueblos guaraníes) —subordinadas a la jurisdicción de la intendencia de Buenos Aires—, y las provincias de Moxos y Chiquitos, en el Alto Perú. Los intendentes, la máxima autoridad en estas jurisdicciones, asumieron las llamadas “cuatro causas” integradas por las cuatro funciones de Justicia, administración general, hacienda y guerra, con la debida subordinación a la autoridad del virrey y de la Audiencia.

La Real Audiencia de Buenos Aires había sido nuevamente instalada en el Virreinato el 8 de agosto de 1785; anteriormente había existido entre 1661 y 1771. El máximo tribunal de la Corona española en el Río de la Plata estaba presidido por el virrey y compuesto por un regente, un fiscal y cuatro oidores. Su territorio comprendía las intendencias de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán y las gobernaciones, subordinadas a Buenos Aires, de Montevideo y las Misiones, que antes estaban incluidas en la jurisdicción de la antigua Real Audiencia de Charcas (Alto Perú), creada el 4 de septiembre de 1559. La sede de esta última Audiencia se encontraba en la ciudad de La Plata, también llamada Charcas o Chuquisaca (Sucre desde 1839). El presidente de la Audiencia cumplía, a su vez, funciones de gobernador de la provincia de Charcas.

El efecto de este nuevo sistema de intendencias sobre la tradicional estructura de gobierno colonial podrá medirse unos años más tarde cuando la crisis del Imperio español en 1808 cree un contexto propicio —según veremos— para exacerbar las competencias y conflictos entre las diferentes jurisdicciones territoriales, así como para canalizar las pretensiones locales por el control exclusivo sobre sus territorios: Montevideo contra Buenos Aires; la Audiencia de Charcas contra el virrey del Río de la Plata, etcétera.

La dimensión militar de la reforma también fue clave y tendió a integrar las posesiones americanas y la metrópoli en un aparato militar unificado. Sin embargo, en el Río de la Plata, pese a los mayores recursos económicos y administrativos otorgados para apoyar los objetivos militares de la región, las mejoras no alcanzarían a frenar la acción militar inglesa a principios del siglo XIX sobre el territorio más austral del Imperio español.

En desmedro de los intereses de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, que antes de las reformas comprendía también el territorio rioplatense, estas reformas tendieron a beneficiar a los comerciantes de la capital del nuevo virreinato. Buenos Aires se aseguró el predominio en los mercados del Interior, incluido el Alto Perú, con una serie de disposiciones que apuntaban a sacarla de su anterior aislamiento comercial. En 1777 el virrey Cevallos prohibió la salida hacia Perú de plata y oro en lingotes; en 1787 se establecía el libre comercio interno y el intercambio directo con España; y para coronar esta apertura en 1788 se dispuso por real cédula la creación de la Aduana de Buenos Aires. Para la Corona, sin embargo, desde el punto de vista financiero, las reformas sólo habrían proporcionado recursos interesantes en los primeros años de su aplicación, para detenerse pro gresivamente.

En suma, la reformulación de las relaciones de la metrópoli con sus súbditos americanos tuvo efectos paradójicos en el Río de la Plata. En la ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 158 personas individualizadas que ocuparon cargos en la administración colonial a fines del siglo XVIII, el 64% eran peninsulares y sólo el 29% porteños; el restante 7% provenía de otras partes de América. Los criollos, por otra parte, se ubicaban en los cargos más bajos. De modo que estos últimos estimándose postergados por los peninsulares iban a reaccionar contra la política de unificación de la Corona reclamando sus “privilegios” y “prerrogativas”, pero asimismo se observó la integración de criollos y peninsulares por mutua conveniencia dentro de nuevos linajes familiares. La nueva política borbónica también premió el “mérito personal” con la incorporación de destacados criollos en cargos de asesores de la Audiencia o del Cabildo, o en la secretaría del nuevo Consulado de Buenos Aires creado en 1794, para la cual fue nombrado Manuel Belgrano como secretario perpetuo por Real Orden del 6 de diciembre de 1793.

Los historiadores han advertido que pese a existir descontentos y resentimientos en casi todas las capas sociales americanas hacia fines del período colonial, éstos no proporcionan por sí solos la clave de la crisis que condujo a la Independencia. En este sentido el historiador argentino Tulio Halperín Donghi ya había observado que las revoluciones de Independencia en Hispanoamérica siguieron, en lugar