Introducción

LA BOMBA MALDITA

La Historia es una disciplina con una
gran capacidad para “recordar”.

Pocos “recuerdan”, sin embargo,
cuánto ella es capaz de “olvidar”.

Lilia Moritz Schwarcz, en O Globo,
16 de febrero de 2019

Un paradigma es un criterio para seleccionar problemas.

Thomas S. Kuhn,
en La estructura de las revoluciones científicas

El terrorismo es un método que produce angustia
basado en una acción violenta repetida

por parte de individuos, grupos o agentes del Estado,
de forma (semi) clandestina,

por razones idiosincrásicas, criminales o políticas,
donde —a diferencia del asesinato—

el objetivo (blanco) inmediato de la violencia
no es el objetivo (blanco) final.

Alex Schmid y Albert Jongman, en Terrorismo político

Las bombas vietnamitas del tipo Claymore son un invento norteamericano que no solo matan personas y destruyen edificios: también están diseñadas para mutilar, cercenar, cortar los cuerpos, como una manera de sembrar un terror adicional entre los enemigos, sus simpatizantes, los neutrales y la sociedad en general.

Los montoneros usaron una bomba de ese tipo para destruir el Casino —que es como los policías llaman al comedor— de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno 1417 del barrio porteño de Monserrat, a una cuadra del Departamento Central de Policía, seis del Congreso y diez de la Casa Rosada, el viernes 2 de julio de 1976 al mediodía, ya en plena dictadura.

Veintitrés personas murieron y otras ciento diez resultaron heridas, varias con secuelas muy graves por las mutilaciones provocadas por la onda expansiva, mientras comían los platos buenos, abundantes y baratos del comedor, que también estaba abierto a empleados de negocios y empresas del barrio.

Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto “centro de gravedad” de la represión ilegal de la dictadura, pero de los veintitrés muertos solo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y una empleada de YPF. Hubo cinco mujeres entre los fallecidos.

Fue el atentado más sangriento de los 70 —una década plagada de muertes— pero también de la historia del país hasta el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destruyó la AMIA y dejó ochenta y cinco víctimas fatales. Mató más que el ataque terrorista contra la embajada de Israel, de 1992. Y habría matado más aún si Montoneros hubiera logrado su propósito original de derribar todo el edificio.

Fuera de nuestras fronteras, continúa siendo el mayor atentado contra una dependencia policial en todo el mundo. Ninguna otra policía recibió un golpe así.

Desde un punto de vista estrictamente militar, el atentado fue una obra maestra del muy eficiente servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, y de la secretaría Militar de la cúpula guerrillera, de la cual dependía en forma directa. Y una prueba de por qué Montoneros se había convertido el año anterior, en 1975, en la guerrilla urbana más poderosa en toda la historia de América Latina.

Todos los policías habían ido a comer alguna vez al Casino de Seguridad Federal; por lo tanto, todos se consideraron sobrevivientes de la masacre. Para ellos fue una bisagra en sus vidas, ligadas fuertemente a “la institución”, las dos palabras que sus miembros siguen utilizando para referirse a la Policía Federal.

Además del dolor por la gran cantidad de muertos y heridos, para la Policía Federal —y para el gobierno militar, al cual estaba subordinada sin intermediarios—, fue una gran humillación: Montoneros había logrado penetrar en el edificio de Seguridad Federal, el núcleo duro del dispositivo organizado desde hacía cinco años para vigilar, infiltrar, controlar y reprimir a los grupos guerrilleros, no solo en la capital del país. Allí funcionaba la Dirección General de Inteligencia, uno de cuyos tres departamentos era Contrainteligencia, que fue burlada por “los subversivos”, como se les decía en aquellos años de plomo.

Hacía más de tres meses que la dictadura había comenzado y el comedor estaba localizado en la planta baja de un edificio en el cual ya había celdas diminutas —“tubos”— en un par de pisos, ocultas al público y a la mayoría del personal policial; allí se torturaba a detenidos desaparecidos, que no estaban asentados en el registro oficial de presos, según comprobó el Nunca Más, el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

A pesar de todas esas características, que lo vuelven un hecho periodístico único, es un atentado del que no se habla. No hay —hasta ahora— ningún libro ni, mucho menos, un documental. En los aniversarios de la masacre apenas aparece una noticia suelta en algunos diarios.

Salió sí el tema en todos los medios de comunicación cuando la Justicia —primero la jueza federal María Servini de Cubría en 2006 y luego la Corte Suprema en 2012— rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado, entre ellos el ex número uno de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, Pepe, y el periodista Horacio Verbitsky, que fue miembro del aparato de Inteligencia e Informaciones de ese grupo guerrillero.

Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común.

Y esa siguió siendo la interpretación de la Justicia cuando en noviembre de 2021 un grupo de abogados solicitó nuevamente que se investigara y se castigara a sus autores.

De esta manera, al finalizar este libro el ataque más sangriento de los 70 seguía sin ser investigado nunca por la Justicia: no lo fue durante la dictadura y tampoco desde el retorno a la democracia, el 10 de diciembre de 1983.

¿Por qué la bomba en el comedor policial, con veintitrés personas que murieron destrozadas por horribles heridas mientras almorzaban en el peor atentado de la historia hasta 1994 —por otro lado, una perfecta operación militar de Inteligencia—, no interesaba a ningún periodista o historiador?

Creo que un libro como este no entra en el paradigma que todavía predomina en el abordaje de nuestra historia reciente por parte del periodismo y también de los historiadores. La masacre en el comedor es un hecho maldito, castigado, cancelado; no se debe escribir sobre ella.

Desarrollé el tema de los paradigmas en la Introducción de mi libro Operación Traviata, a la cual remito. Solo enfatizaré aquí que, como decía el profesor Thomas S. Kuhn, el paradigma orienta a cada uno de los miembros de una comunidad en todo el sentido de la palabra: les señala cuáles hechos merecen ser investigados y cuáles no.

Kuhn se refiere a los científicos y yo me permití extrapolar el concepto a los periodistas; en su opinión, el día a día de las comunidades científicas es más aburrido de lo que se cree ya que “no aspiran a producir novedades importantes, sino solo a aumentar el alcance y la precisión con la que puede aplicarse el paradigma”.

En el caso del paradigma todavía dominante sobre los 70, tan fomentado por el kirchnerismo, se trata de consolidar el relato sobre lo que pasó en aquella década: una lucha entre buenos y malos, entre militantes idealistas que encarnaban los verdaderos intereses del pueblo contra militares y policías armados por las oligarquías locales y sus mandantes del imperialismo estadounidense, con la complicidad de los monopolios periodísticos, los políticos corruptos, los sindicalistas traidores y la clase media colonizada.

En su versión más pura, el paradigma oficialista determina que conviene abundar en hechos y situaciones que ensalcen a los guerrilleros, transformándolos en defensores de la democracia y los derechos humanos; en fervientes luchadores contra la dictadura y el terrorismo de Estado. Nos indica básicamente que tenemos que escribir bien sobre los buenos y mal sobre los malos. Y que, si debemos elaborar un libro sobre un hecho polémico de las guerrillas —un secuestro, por ejemplo—, ocultemos algunas cuestiones que pongan en duda las virtudes esencialmente heroicas de aquella juventud maravillosa.

Ese paradigma nos señala, además, que no debemos referirnos a los pagos que pudieran haber recibido los guerrilleros o sus herederos en virtud de las cinco “leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, sancionadas por el Congreso desde 1994 —con el consenso de casi todos los legisladores— y de sentencias judiciales que ampliaron la interpretación de esas normas. Ni, mucho menos, a la llamativa ausencia de indemnizaciones, subsidios o pensiones graciables para las víctimas de los grupos guerrilleros, tanto en la dictadura como durante la democracia.

Esta manera de abordar los 70 no es tan hegemónica como cuando publiqué Operación Traviata, en 2008, en buena parte porque el público consumió ya todos los libros, documentales y películas que podían ser elaborados bajo ese paraguas ideológico, y las editoriales necesitan publicar textos que atraigan lectores.

Distinto es el negocio de las películas, que depende básicamente del subsidio del Estado y de la comisión de notables que evalúa los proyectos. Pero los productores y directores suelen ser personas sumamente prudentes —algunos son osados, aunque solo en las redes sociales— y ni siquiera se molestan en acercar propuestas que vayan contra la corriente.

Si bien el paradigma oficialista ya no tiene tanta fuerza, sigue dominando e inhibiendo temas como la bomba montonera al Casino de la Superintendencia de Seguridad Federal porque es un hecho que resulta difícil de justificar aun para los periodistas e historiadores más militantes.

Seguridad Federal no era un organismo muy apreciado por los porteños. Primero como Coordinación Federal —“Coordina” en la jerga— y luego con su nombre definitivo, fue la “policía política” de todos los gobiernos luego de la creación de la Policía Federal, que comenzó a funcionar el 1° de enero de 1945.

Como ya venía sucediendo con la “Sección Especial” de su predecesora, la Policía de la Capital, Seguridad Federal era la dependencia que se ocupaba de la represión de los militantes políticos, sindicales y sociales que se oponían al gobierno de turno, entre otras tareas.

Hacia 1976, en casi todos los gobiernos anteriores a la última dictadura —hubo excepciones— se había torturado allí a disidentes. Por ejemplo, en las primeras presidencias del general Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955.

Pero, a pesar de que Seguridad Federal era visto por muchos como un lugar tenebroso, oscuro, de esos que era mejor no conocer nunca, la voladura del comedor no provocó ninguna algarabía popular; por el contrario, fue visto como un ataque terrorista que mató e hirió a un montón de gente que en el momento del ataque estaba almorzando, indefensa.

Este punto abre un debate que los ex guerrilleros y sus simpatizantes evitan como la peste: si practicaron o no actos de terrorismo, si fueron o no terroristas.

Sobre el terrorismo de Estado de la dictadura ya se ha escrito y hablado mucho, y es una frase que no se discute, pero lo que podríamos llamar el terrorismo civil de las guerrillas es una calificación que no se usa en el debate público, salvo por algunos sectores que defienden o justifican, de alguna manera u otra, en todo o en parte, al último gobierno militar.

Es que la palabra “terrorismo” impugna ya de por sí a la persona o al grupo al que se la aplica; lo estigmatiza. Integra el grupo de palabras que son muy útiles para los textos militantes o de facción, pero no para los escritos periodísticos, que aspiran a atraer lectores de todos los bandos y a desentrañar lo que pasó, más allá de los juicios de valor.

Como periodista y escritor, no uso la palabra “terrorismo” porque siento que tiene una carga negativa muy fuerte, que contamina de antemano cualquier crónica o análisis. Evito la frase “terrorismo de Estado” por el mismo motivo.

Pero, en esta Introducción, no se puede esquivar una pregunta obvia: ¿la bomba al comedor policial fue un acto de terrorismo o no?

En principio, una bomba es la firma, el autógrafo, del terrorismo; el símbolo de una acción destinada a provocar el terror en un grupo numeroso de personas. Como veremos más adelante, no era lo que señalaba la “doctrina del explosivo” desarrollada por Montoneros.

Avancemos acá un poco más sobre este concepto, tan polémico, que no será utilizado en el resto del libro. Acerca del terrorismo existen muchísimas definiciones; tantas que en las Naciones Unidas no logran ponerse de acuerdo en una sola a pesar de los esfuerzos que vienen realizando desde su fundación, en 1945.

En 1988, los expertos globales Alex Schmid y Albert Jongman analizaron ciento nueve definiciones sobre terrorismo y encontraron que la violencia como medio figuraba en el 83,5% de los conceptos; el carácter político del hecho, en el 65%, y el propósito de provocar miedo y terror, en el 51%.

Fue un avance porque descubrieron tres elementos comunes a todas esas definiciones: el uso de la violencia, de carácter político y con la intención de sembrar miedo y terror.

En su libro Terrorismo político, Schmid y Jongman lanzaron la definición que más consenso despierta en el mundo académico: “Es un método que produce angustia basado en una acción violenta repetida por parte de individuos, grupos o agentes del Estado, de forma (semi) clandestina, por razones idiosincrásicas, criminales o políticas, donde —a diferencia del asesinato— el objetivo inmediato de la violencia no es el objetivo final. Las víctimas humanas de la violencia son elegidas al azar (blancos de oportunidad) o de forma selectiva (blancos simbólicos o representativos), y se utilizan como generadoras de un mensaje terrorista. Los procesos de comunicación entre el terrorista (u organización terrorista), las víctimas (o amenazados) y los objetivos principales son usados para manipular a estos objetivos o audiencias principales, y convertirlos en blancos del terror, de exigencias o de atención, según se busque su intimidación, su coacción o la propaganda”.

La bomba en el Casino de la Superintendencia Federal fue un acto de terrorismo: los veintitrés muertos resultaron el “objetivo inmediato de la violencia”, pero no “el objetivo final”; fueron utilizados para generar un mensaje por el cual Montoneros buscaba hacerse visible, intimidar y coaccionar a una audiencia mucho más amplia, desde sus enemigos militares y policiales a la sociedad en general.

Dentro del paradigma dominante es complicado aceptar que la voladura del comedor fue un acto terrorista porque supondría admitir que los buenos también hacían cosas malas. Lo mejor es dejar el tema fuera del radar de los libros periodísticos. Como decía Kuhn, “un paradigma es un criterio para seleccionar problemas”.

También es difícil para los periodistas e historiadores alineados con el relato oficial sobre los 70 justificar y mucho más elogiar a los militantes que diseñaron y ejecutaron el ataque a la Policía Federal.

El autor material fue el agente José María Salgado, Pepe, un joven de clase media alta de Olivos, en el norte del Gran Buenos Aires; hijo de un abogado y sobrino de un general; excelente estudiante de Ingeniería Electrónica. Un “traidor” para los policías; un “héroe” para los montoneros.

Cada tanto, algunos ex montoneros intentan parangonar el ataque a la policía con la llamada Operación Valquiria, la bomba con la cual el coronel alemán Klaus von Stauffenberg intentó matar a Adolf Hitler en su bunker en Polonia el 20 de julio de 1944. Tom Cruise protagonizó la película homónima, que reivindicaba a los autores del atentado fallido como paladines en la lucha por la democracia y los derechos humanos, pero las últimas investigaciones históricas revelaron que no eran nada democráticos ni cuestionaban el genocidio contra los judíos.

Por ahora, ese intento de reivindicar a Pepe Salgado no ha tenido mucho eco.

Pepe Salgado nos muestra por qué un joven que lo tenía todo se vuelca primero al peronismo y luego a la lucha armada, y a los veintiún años decide matar a sangre fría a personas indefensas, a muchas de las cuales se las habrá cruzado en el comedor o en algún pasillo del Departamento Central de Policía, donde trabajaba.

La onda expansiva de la violencia que desató terminó alcanzándolo también a él, primero en su cautiverio en las mazmorras de la ESMA y luego bajo la forma de una muerte horrible, fraguada por el gobierno militar como un tiroteo con la policía que nunca existió.

Cada uno de los miembros de la familia Salgado —desde sus abuelos hasta su mujer y, con los años, su propio hijo— reaccionó como pudo cuando se enteraron de que el mimado de la mamá y la abuela se había convertido en el enemigo público número uno de la Policía Federal, acusado de la matanza de la que hablaba todo el país.

Hubo en la familia Salgado quienes negaron que él hubiera puesto la bomba y quienes admitieron que fue el autor de la masacre; aquellos que lo reivindicaron como un héroe inmaculado y aquellos que cuestionaron su opción por la violencia armada; los que se negaron a cobrar la indemnización prevista para las Víctimas del Terrorismo de Estado y los herederos que sí la cobraron.

Una profunda grieta dividió a los Salgado, otra familia atravesada por los 70.

Pepe Salgado era uno de los recursos más preciosos del servicio de Inteligencia e Informaciones, subordinado directamente a Rodolfo Walsh, un periodista y escritor de prestigio, muy conocido por el gran público, tanto que muchas modelos y celebrities de la época presumían que era su autor favorito en los almuerzos de Mirtha Legrand.

A esta altura no llamará la atención que los años montoneros de Walsh hayan sido eludidos en forma sistemática en casi todos los numerosísimos ensayos y biografías que se le han ofrendado. Y cuando algún autor menciona su paso por Inteligencia, rápidamente aclara que no era el jefe ni nada por el estilo y que ese sector no era —de ningún modo— “la SIDE de los montoneros”.

Sin embargo, Walsh era el hombre clave de Inteligencia e Informaciones, cuyo rol fue asistir desde las sombras y el secreto —como cualquier aparato de su tipo— a la cúpula de la guerrilla de origen peronista en varias de sus operaciones de mayor relieve, como la masacre en el comedor policial; el atentado mortal contra otro jefe de la Policía Federal, el comisario general Alberto Villar, en 1974, y el secuestro y el cautiverio de los empresarios Jorge y Juan Born, en 1974/75.

Era una de las áreas que mejor funcionaba en Montoneros, como admitían sus propios enemigos, siempre en relación directa con Horacio Mendizábal —Hernán era su nombre de guerra—, secretario Militar y nexo con el resto de la Conducción Nacional del grupo guerrillero, encabezada por Pepe Firmenich y Roberto Perdía, Carlos o Pelado.

Esteban era uno de los nombres de guerra de Walsh; tenía otros porque cumplía varias tareas en simultáneo. Más allá de lo que se piense sobre sus actividades específicas, fue una persona fuera de lo común, y, en mi opinión, la mente más lúcida y prolífica de la guerrilla argentina, no solo de Montoneros.

Porque Esteban Walsh también le dejó a la guerrilla un legado muy valioso: no solo fue el primero que encontró la palabra justa para definir a las víctimas del plan de la dictadura: los desaparecidos, sino que se anticipó en la búsqueda de un número redondo para simbolizar la represión ilegal: “15.000 desaparecidos”. Además, reveló a los guerrilleros y sus simpatizantes que “la guerra está perdida en el plano militar”, pero que podían volver a convertirse “en una alternativa de poder” si encaraban una nueva resistencia popular, esta vez arropados en “la bandera fundamental de los Derechos Humanos”. Un visionario, sin dudas.

Y no fueron meras palabras; lo hizo por escrito, en los meses previos a que fuera acribillado por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Marina, cuarenta y cinco años atrás, el 25 de marzo de 1977, en una cacería a la que fueron llevados algunos detenidos en la ESMA, entre ellos Pepe Salgado, por quien sentía un afecto paternal.

En este libro vuelvo al método de mis libros previo al último, Los 70: parto de un hecho específico en un intento de iluminar diversos aspectos de una época, de la mano de los dos protagonistas principales de esta trágica historia: Pepe Salgado y Esteban Walsh.

Mi intención es la de siempre: contar las cosas como fueron, apelando a los protagonistas y a las fuentes de este episodio histórico; creo que el pasado ya pasó y que deberíamos dejarlo ahí, también para librarnos de los 70 y encarar el futuro sin esa mochila letal. Cambiar, recortar o editar el pasado no debería ser nuestro objetivo en el presente.

Pero eso se hace y no solo en la Argentina.

“La Historia es una disciplina con una gran capacidad para ‘recordar’. Pocos ‘recuerdan’, sin embargo, cuánto ella es capaz de ‘olvidar’”, señaló Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga e historiadora de Brasil, donde también andan con problemas crónicos para recordar todo lo que pasó; tienden a olvidar ciertas cosas, a elaborar una memoria incompleta, editada.

En un artículo para el diario O Globo publicado el 16 de febrero de 2019, Moritz Schwarcz citó una de las frases más conocidas del mordaz humorista, diseñador, escritor, poeta y periodista Millor Fernandes: “Brasil tiene un enorme pasado por delante”, para señalar que la rutina de ocultar hechos del pasado conduce a un futuro donde se repiten los mismos fracasos.

Millor Fernandes bien podría haber sido argentino.

Capítulo 1

LA BOLA DE FUEGO

La bomba vietnamita de Montoneros tuvo una carga hasta diez veces mayor que el modelo original, de entre cinco y siete kilos de trotyl, con una doble “zona de muerte” por las que salieron disparadas sendas metrallas de bolas metálicas.

Informe de los peritos de Bomberos
del 10 de agosto de 1976

La bomba había sido colocada justo detrás mío, en otra mesa. María Esther se sentó en mi lugar, mi mamá estaba justo enfrente. Sus cuerpos quedaron destrozados; el trámite de identificación de mi mamá demoró casi diez horas.

La agente Liliana Tejedo se salvó de milagro,
pero no su mamá, la cabo Elba Gazpio, y su amiga,
la sargenta María Esther Pérez Cantos

Uno de los suboficiales muertos —Oscar Rossi,
de 60 años— ni siquiera era de la Policía Federal, sino que

estaba retirado de la Policía de Buenos Aires. Para completar

sus ingresos, hacía changas en la panadería La Francesa,
ubicada a menos de cien metros del comedor, donde el día
de la bomba estaba entregando un pedido de pan.

Testimonio de su hijo, José Rossi, al retirar el cuerpo

El sargento de guardia Oscar Domínguez caminaba sin apuro hacia la salida del edificio cuando vio reflejado en el vidrio del portón un fogonazo que le pareció de color azul eléctrico; la aureola diabólica de una bola de fuego que avanzaba desde el comedor devorando todo: cuerpos, mesas, sillas, armarios, pedazos de mampostería y hasta el escritorio del personal de vigilancia. Domínguez no tuvo ni tiempo de darse vuelta y fue arrastrado también él por la onda expansiva de la bomba montonera, que arrancó el portón de cuatro metros de alto por seis de ancho como si fuera de cartulina y deglutió a los agentes Víctor Flores y Hugo Biazzo, que, parados en la vereda, custodiaban el ingreso con postura marcial.

El portón de madera, hierro y vidrio voló por encima de la calle Moreno al 1400 y quedó estampado en la fachada de mármol del edificio de enfrente; Domínguez rebotó contra el portón, dio otra vuelta en el aire y cayó sentado —ya inconsciente— en diagonal a la sede policial; Flores y Biazzo fueron arrastrados varios metros y también terminaron despatarrados, Flores cerca de Domínguez, en la vereda de enfrente, y Biazzo en el medio de la calle, junto al agente Roberto Palacios que acababa de salir de la Superintendencia de Seguridad Federal para buscar el auto de uno de sus jefes cuando escuchó la fuerte explosión y se vio tirado al suelo y puesto a rodar por la impiadosa onda expansiva.

También el agente Julio César Yusso terminó tirado en la calle, junto a Biazzo y Palacios; Yusso viajó en la bola de fuego desde una mesa ubicada en la tercera fila del sector derecho del comedor; a la una y veinte en punto de la tarde del viernes 2 de julio de 1976, Yusso terminaba el postre —un vigilante: dulce de membrillo y queso Mar del Plata— cuando fue levantado de la silla por la rotunda explosión que cambiaría la vida de todos ellos y de sus familiares, amigos y colegas.

De la bola de fuego solo se salvó la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Policía Federal, entronizada muy cerca del techo, a unos tres metros del portón de ingreso. La Virgen de cerámica no se cayó, ni siquiera se movió; atravesó indemne aquel infierno.

El sargento Domínguez y los agentes Flores, Biazzo, Palacios y Yusso sufrieron quemaduras en el rostro, cortes variados y fracturas en las piernas; pudieron recuperarse luego de permanecer internados en el hospital policial Bartolomé Churruca, en el porteñísimo barrio de Parque Patricios, aunque Domínguez quedó rengo de por vida. Los cinco policías formaron parte de los ciento diez heridos que provocó la explosión de la bomba colocada por Montoneros en el núcleo —el cerebro— del dispositivo preparado por la Policía Federal durante una década y media para vigilar, investigar, infiltrar y reprimir a las organizaciones guerrilleras.

Ciento diez heridos y veintitrés muertos, el saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo. Y el más cruento en la violenta historia de la Argentina hasta el perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de ochenta y cinco personas e hirió a más de trescientas.

La bomba de Montoneros dejó incluso más muertos —una persona más— que la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, el 17 de marzo de 1992.

Entre los heridos, los casos de Domínguez, Flores, Biazzo, Palacios y Yusso no fueron los más graves. Varios policías sobrevivieron con graves mutilaciones; algunos, postrados para siempre. Seis cadáveres quedaron destrozados, irreconocibles a simple vista: carbonizados; sin brazos ni piernas; decapitados o con la cabeza apenas colgando y convertida en una masa sin forma. Todo eso por las características del artefacto explosivo utilizado contra la fortaleza de la Inteligencia policial: una “bomba vietnamita”, del tipo Claymore.

Los militares de Estados Unidos inventaron esas bombas durante la Guerra de Vietnam, que duró veinte años: entre 1955 y 1975; luego, fueron copiadas creativamente por otros países y también por diversos grupos guerrilleros. El artefacto nació como una mina antipersonal; a diferencia de la mina terrestre convencional, era direccional y se activaba por control remoto, y estaba preparado de tal manera que, una vez detonado, disparaba una lluvia de bolas metálicas hacia una zona determinada —la “zona de muerte”— como si fuera una escopeta.

La bomba contra la Policía Federal fue mucho más poderosa: los peritos de Bomberos determinaron rápidamente que su carga fue hasta diez veces mayor que el modelo original; de entre cinco y siete kilos de trotyl, con una doble boca de proyección de la onda expansiva, hacia adelante y hacia atrás de la silla donde fue dejada, dentro de un maletín marca Primicia de color negro.

A simple vista, el trotyl o TNT (trinitrotolueno) parece inofensivo, con su forma de barra amarillenta que viene en “panes”, pero no solo es capaz de volar un edificio, sino que también es seguro, fácil de almacenar y de llevar: solo estalla cuando un detonador le hace alcanzar su elevada temperatura de explosión. ¿Cómo entran cinco o siete kilos de trotyl —diez o catorce panes— en un maletín? Es que se puede rallar e incluso derretir como si fuera miel. Sin un detonador no explota, aunque se lo arroje al fuego.

En una de las fábricas de armas y explosivos de Montoneros en el Gran Buenos Aires —probablemente la de Munro— los expertos completaron el núcleo de la bomba con dos caños cargados con postas o bolas de acero, que luego de la detonación se convirtieron en proyectiles mortales, junto con los tenedores, cuchillos, platos, vasos, botellas, bandejas, y hasta la caja registradora y las patas de las sillas y mesas del comedor, que también salieron volando para todos lados.

Precisamente, el oficial ayudante Héctor Alejandro Castro, Castrito, que había cumplido veinticuatro años el día anterior, fue atravesado de lado a lado por la pata de una mesa metálica; lo encontraron gritando, pidiendo por su mamá, Carmen, y lo llevaron al Churruca, donde murió ocho días después, el 10 de julio. El médico Héctor Murro explicó que “no salió en ningún momento del grave coma de grados tercero y cuarto” en el que fue internado.

“Castro era compañero de promoción mío, la promoción número 69”, dijo el comisario inspector Carlos Sablich, quien agregó: “Aquel día, yo iba a Defraudaciones y Estafas, en el Departamento Central de Policía. En el momento de la explosión, estaba en Moreno y Sáenz Peña, a menos de cien metros del lugar del atentado; la puerta de entrada voló y se estampó enfrente”.

“En un atentado así, si no te mata la onda expansiva te puede atravesar un cuchillo, un tenedor, la pata de una mesa. Vuela todo lo que puede volar y se convierte en un proyectil. Vi que, entre los primeros heridos, salía uno con un cuchillo atravesado en la cara”, señaló Sablich, que con el tiempo se convertiría en el hombre fuerte de Defraudaciones y Estafas durante varios años.

El agente Adolfo Fister también vio cómo el portón impactó contra el edificio de viviendas y oficinas ubicado frente a Seguridad Federal.

“Yo —contó Fister— estaba yendo a comer al Casino cuando, en la vereda frente al Departamento Central, me encontré con un amigo con el que había trabajado antes de entrar a la policía. Charlamos un ratito y me pidió el teléfono, pero no llevaba ni birome ni papel, por lo cual entré a la farmacia y les pedí algo para anotar. Salí y justo cuando le estaba escribiendo mi número, vi que la puerta, que era muy grande, salía volando”.

Fister corrió hacia Seguridad Federal y entró al comedor. Quedó muy impresionado: “Estaba todo destruido; había pedazos de cuerpos humanos, como brazos, cabezas y piernas; todo esparcido por el suelo”.

Es que este tipo de bombas no solo buscaba matar sino también despedazar los cuerpos. Ya lo indica el nombre con el que fueron bautizadas: Claymore eran las temibles espadas de doble filo, que pesaban un kilo y medio y debían ser manejadas a dos manos por los guerreros de las tierras altas de Escocia contra los invasores ingleses durante la Edad Media.

Diecinueve de las víctimas fatales murieron en el acto y sus restos fueron ordenados y numerados menos de tres horas luego del ataque, a las cuatro y cuarto de la tarde de aquel viernes de tanta sangre y tanto dolor, en una sala contigua a la farmacia del Churruca, cada una con un número escrito a mano atado al dedo gordo de uno de sus pies; las otras cuatro personas fallecieron entre cuatro y ocho días después en el hospital policial a causa de las gravísimas heridas recibidas.

En algunos sitios online figura que hubo veinticuatro muertos debido a que ese fue el número consignado en la demanda de algunos heridos y familiares de los muertos cuando pidieron la apertura de una investigación judicial en 2003, veintisiete años después del ataque. Pero de una revisión del sumario administrativo realizado inmediatamente por la Comisaría Sexta se desprende que el oficial ayudante Castro, Castrito, fue contado dos veces en esa demanda, una como Alejandro Castro y la otra como Héctor A. Castro.

Por otro lado, en distintos documentos de la Policía Federal se indica que los muertos fueron veintidós. Eso se debe a que no registran el fallecimiento de Oscar Rossi, que era suboficial retirado pero de la policía de la provincia de Buenos Aires, y murió en plena changa para completar sus ingresos.

Probablemente esas idas y vueltas con el número de víctimas fatales se deban a la falta de una investigación judicial sobre el atentado más sangriento de los 70. La Policía Federal no hizo la denuncia, y ningún juez y ningún fiscal actuaron de oficio.

A la dictadura, que tenía el poder y los medios para hacerlo, no le interesó el camino legal, judicial; prefirió la cacería del autor material, la represión ilegal: perseguirlo, capturarlo, mantenerlo en cautiverio, torturarlo, matarlo e informar —falsamente— que había sido abatido en un enfrentamiento callejero con “fuerzas legales”, según el comunicado oficial del 3 de junio de 1977, casi un año después del ataque. Y aplicaron una medicina parecida a sus cómplices y jefes; al menos, a los que los militares y policías lograron detectar.

Luego, la democracia tampoco quiso investigar. La demanda presentada el 21 de agosto de 2003 derivó en un expediente raquítico —la Causa 13.629 caratulada “N.N. s/Estrago”—, que registraba un lentísimo avance cuando el 28 de diciembre de 2006 la jueza federal María Servini de Cubría dispuso el cierre de la causa porque ya había pasado demasiado tiempo.

Por lo tanto, Servini sobreseyó por prescripción a los acusados en la demanda, todos ellos miembros de Montoneros en su momento: el jefe, Mario Eduardo Firmenich; el periodista Horacio Verbitsky; Miguel Ángel Lauletta, y Lila Pastoriza. Otros acusados ya habían sido muertos durante la dictadura: José María Salgado, Rodolfo Walsh y Marcelo Kurlat. Norberto Habegger continuaba desaparecido.

El juzgado federal número 1 no llamó a un solo acusado, ni siquiera a un solo testigo para reconstruir el hecho. Tanto el fiscal Jorge Álvarez Berlanda como Servini entendieron que no había sido un delito de lesa humanidad, como los cometidos desde el Estado por militares y policías durante la dictadura; por lo tanto, estaba prescripto; ya no se podía investigar porque el tiempo transcurrido excedía el número de años de una eventual condena.

Los abogados de los demandantes, el ex juez federal Norberto Giletta y el profesor José María Sacheri —hijo de Carlos Sacheri, el filósofo y académico católico asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 22 de diciembre de 1974—, alegaron que sí había sido un delito de lesa humanidad porque el autor fue un policía, un agente estatal, pero, principalmente, porque el Estatuto de Roma indica que ese tipo de crímenes —que no prescriben y pueden ser investigados en cualquier momento— pueden ser cometidos también por “una organización” como un grupo guerrillero, no solo por el Estado.

El Estatuto de Roma fue sancionado en 1998 y reúne las normas que aplica la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para casos atroces que por cuestiones políticas no pueden ser investigados en los países donde se cometen, como Ruanda o la ex Yugoslavia.

Para el Estatuto de Roma no importa tanto la persona o el grupo que realiza el delito, el victimario, sino quién sufre sus efectos, la víctima.

“De acuerdo con el tratado que yo aplico, no hay diferencia: tanto el Estado como la guerrilla pueden cometer crímenes de lesa humanidad, o de guerra o genocidio”, afirmó Luis Moren

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