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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se suele olvidar que en su día España fue vista como un modelo de transición de la dictadura a la democracia. Lo que más se elogiaba era que esa transición hubiera llegado a buen término de forma pacífica, gracias a la moderación y las cesiones mutuas. España, ciertamente, consiguió asentar su régimen democrático, algo que en su momento muchos observadores consideraban improbable. No obstante, en el contexto mundial actual, que insiste en que las violaciones de derechos humanos no queden impunes, algunas voces han comenzado a pensar en este modelo de cambio como una reliquia, de una época en la que se creía que la paz y la estabilidad democrática dependían de la amnistía y el olvido, no de la justicia y la verdad.

Pocas transiciones recientes han seguido la senda española, basada en la concesión de una amnistía general a los pocos presos políticos que quedaban en la cárcel y a todos los victimarios que podrían haber sido llevados a juicio, sin que ni siquiera se crease una comisión de la verdad (algo, por otra parte, nada habitual en aquellos momentos). En el presente libro analizamos los procesos que condujeron a esa forma de transitar hacia la democracia, teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y políticos presentes en la guerra civil española, la dictadura, la transición y la postransición. Se conformó un entorno en el que el olvido deliberado de los acontecimientos más trágicos del pasado (sobre todo, aunque no solo, en el ámbito político) bloqueaba cualquier cuestionamiento de un relato basado en la reconciliación nacional y el reparto simétrico de culpas por las barbaridades cometidas. En consecuencia, aunque unos pocos verdugos dieran el paso de confesar actos violentos del pasado, los medios de comunicación no solían recoger sus confesiones y, cuando lo hacían, sus testimonios carecían de eco suficiente para cuestionar las interpretaciones de esa violencia histórica. Aunque pocos años después de la muerte de Franco se iniciaran las exhumaciones de republicanos ejecutados y los homenajes a su memoria (Aguilar, 2016 y 2017), hasta el año 2000, veinticinco años después del fin de la dictadura, no surgió una nueva generación, «los nietos de la guerra civil», que tuvo una enorme influencia en la promoción de la exhumación de restos de fosas comunes, por primera vez con identificación de ADN. Gracias a esas exhumaciones y a los homenajes locales que las acompañaron, un sector muy movilizado de esos nietos ha cuestionado las interpretaciones del pasado violento español y ha dado visibilidad a las demandas de las víctimas del franquismo. También ha exigido para España medidas de esclarecimiento de la verdad y de justicia adoptadas por otros países.

En nuestra presentación de los procesos que condujeron al silencio social y el olvido político, pero también a la apertura del debate sobre el pasado (sobre todo en el ámbito cultural y a nivel local), tenemos en cuenta las distorsiones y malentendidos del proceso de democratización español. Por ejemplo, el mito de la transición española, en cuanto que tránsito pacífico y ejemplar de la dictadura a la democracia, choca frontalmente con las elevadas cifras de violencia política y represión estatal que encontramos durante ese periodo. Por otra parte, el énfasis en la moderación y las cesiones mutuas desde el inicio de la transición suele dejar de lado las asimetrías de poder existentes en el proceso negociador entre la fortaleza de los franquistas moderados y la debilidad de la oposición democrática. En consecuencia, cuando la izquierda achaca los males actuales de la democracia española a la excesiva moderación de dicho proceso y a su carácter excesivamente consensuado, no tiene en cuenta dos factores: la debilidad que, como negociadora, tuvo la oposición democrática a la hora de conformar la agenda política del momento y la escasa relación existente entre muchos problemas actuales (no todos) y los procesos y decisiones del proceso democratizador.

CÓMO SE NEGOCIÓ LA TRANSICIÓN

El éxito de la transición española se suele atribuir a un «pacto» entre los blandos del régimen y los moderados de la oposición. Los primeros eran principalmente jóvenes líderes políticos que, a pesar de su colaboración activa con la dictadura, reconocían la necesidad de liberalizar el franquismo, aunque sin perder el control del nuevo sistema político y conservando un papel clave en él. A este grupo pertenecían tanto muchos de los que conformaron la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que ganó las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, como el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. La oposición moderada la constituían las fuerzas políticas que habían cuestionado la legitimidad de la dictadura y que la habían combatido (al menos en las últimas décadas) por medios no violentos. En ese grupo figuraban formaciones mayoritarias del momento como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), y varios partidos nacionalistas (principalmente vascos y catalanes).[1]

Los debates entre los moderados de uno y otro lado se basaron en lo que en la bibliografía se ha venido denominando indistintamente «pacto de olvido», «pacto de silencio» o «pacto de silencio y olvido». Aquí hemos optado por utilizar, fundamentalmente, la primera expresión, sin dejar de reconocer que el silencio sobre el pasado —que con frecuencia emanaba del miedo y la autocensura— fue una de las consecuencias más importantes de la decisión de pasar la página del pasado violento. De la información que nos proporcionan las encuestas, y del testimonio de muchas personas, se podría deducir que la gran mayoría de los españoles acepta la existencia de ese pacto y su objetivo: proporcionar los cimientos de una democracia estable. No obstante, en repetidas ocasiones se han exagerado y malinterpretado las dimensiones del pacto y lo que este conllevaba.

Por ejemplo, no todos los sectores sociales lo acogieron con el mismo grado de compromiso o de respeto. En el ámbito local, desde los propios inicios de la transición muchos familiares de víctimas del franquismo parecieron desafiar el olvido acordado en el ámbito político al exhumar los restos de sus parientes, enterrados en fosas comunes. Llevaron a cabo ceremonias públicas y erigieron monumentos claramente visibles en los cementerios, al tiempo que reinhumaban los restos de sus deudos (Aguilar, 2017). Como se analizará más adelante, otros actores políticos y sociales, sobre todo en círculos culturales y universitarios, comenzaron muy pronto a desafiar y criticar duramente el acuerdo no escrito de no remover el pasado.

Para algunos, el pacto fue un acuerdo tácito, que afectó sobre todo a la esfera política y que pretendía dejar atrás el pasado, en un proceso que se acabó convirtiendo en un fin en sí mismo. Los principales actores políticos, aunque ellos mismos no siempre lo respetaran, pretendían apartar el pasado del debate político y no utilizarlo contra sus adversarios (Aguilar, 2006).

Esta misma autora explica también el papel que académicos y artistas tuvieron a la hora de plantar cara al pacto y muestra lo desigual que fueron tanto su presencia como sus repercusiones en el conjunto de la sociedad española de la época. En el ámbito universitario, los historiadores siguen debatiendo hasta qué punto el pacto condicionó su labor. Por una parte, algunos aportan pruebas de la considerable atención académica que recibió la guerra civil al comienzo de la transición (Juliá, 2006). No obstante, otros afirman que solo se abordaron ciertos temas del periodo bélico, en tanto que otros se dejaban de lado. Este último grupo de académicos insiste en que el pacto de olvido influyó en su labor a través de los límites impuestos al acceso a las fuentes primarias, los condicionantes que pesaban sobre la publicación de ciertos tipos de libros y determinadas decisiones judiciales (Espinosa, 2009 y 2010a). En el entorno cultural también tenemos constancia de proyectos que cuestionaron el mencionado acuerdo. Se pueden encontrar numerosos ejemplos en revistas de la época como Cuadernos para el Diálogo, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Hermano Lobo, Por Favor, Interviú, El Papus y El Viejo Topo. Un valiente y fascinante documental, en parte centrado en cuestiones espinosas del pasado, es Después de, de Cecilia y José Juan Bartolomé (1983). Por otra parte, la película 7 días de enero, de Juan Antonio Bardem (1979), estrenada durante la transición, mostraba tanto el clima de violencia del momento como el legado del franquismo.

También son patentes las críticas tempranas y directas que suscitó ese pacto. En 1981 José Vidal Beneyto afirmaba que «Todos sabemos que la democracia que nos gobierna ha sido edificada sobre la losa que sepulta nuestra memoria colectiva». Para él, la culpa era de la oposición moderada por aceptar tanto los condicionantes que habían impuesto los franquistas menos radicales como el olvido a cambio de su propia legalización e inclusión en el sistema político (Vidal Beneyto, 1981: 33). Varios detractores izquierdistas acusaron a socialistas y comunistas de traicionar el objetivo de alcanzar la «ruptura» con el régimen franquista al trabajar para la «reforma». En concreto, subrayaban el legado de las instituciones y el funcionariado franquistas, y rechazaban el proyecto de desmovilización social que se había propiciado con la excusa de garantizar una transición pacífica. Más que nada, lo que denostaban era lo que conllevaba el pacto, el hecho de que refrendara una escandalosa equivalencia entre los antiguos franquistas y quienes durante décadas habían corrido graves riesgos personales al oponerse a una dictadura ilegítima y cruel.[2]

Esas críticas partían de la base de que la oposición tenía poder de negociación y que podría haber ejercido un mayor control sobre el proceso. Esta perspectiva podría verse avalada por la intensísima e inesperada movilización social que se produjo tras la muerte de Franco y que obligó a los moderados del régimen a modificar algunos aspectos de sus planes: por ejemplo, tuvieron que aceptar la legalización del PCE, algo a lo que siempre se habían opuesto.

Otros, sin embargo, apuntan que la capacidad de negociación y de presión de la oposición democrática era mucho menor que la de los moderados del régimen. Según esta opinión alternativa, estos últimos, sobre todo en la fase inicial de la transición, antes de las primeras elecciones democráticas de 1977, tenían poder suficiente para imponer las principales directrices del proceso de cambio político y, en consecuencia, para limitar su alcance. Ignacio Sánchez-Cuenca (2014) ha demostrado que en esa primera fase la oposición democrática no logró adquirir el mismo peso que sus oponentes en la mesa de negociación. Esa asimetría de poder pone en cuestión la idea de consenso: antes de las primeras elecciones, la oposición democrática, más que negociar, aceptó y toleró el ritmo y las condiciones de una transición dictada por los moderados del régimen franquista.

Hasta comienzos de 1976 la oposición democrática era partidaria de la sustitución total de la dictadura franquista, sus actores e instituciones, por un nuevo régimen democrático, lo cual constituía entonces una reivindicación radical. Sin embargo, a aquella no se le ocurrió exigir algo que ha pasado a ser habitual en las transiciones actuales, pero que entonces no lo era: la creación de una comisión oficial que investigara los crímenes del periodo franquista o que pidiera cuentas por ellos.[3] Años antes de la muerte de Franco, ya había sectores de la oposición democrática y de los moderados del régimen que, centrándose en el proyecto de reconciliación nacional, habían llegado a un acuerdo fundamental (Aguilar, 2008a: 175-187; Juliá, 2004: 409-462). Su proyecto se basaba en tender puentes que salvaran la enorme brecha que separaba a vencedores y vencidos de la guerra civil. Consideraban que dejar atrás el pasado era la manera más eficaz de superar la profunda sima de enemistades que se había ido cavando durante las cuatro décadas de régimen franquista. Ambos bandos acordarían no utilizar el pasado como arma política.

El acuerdo acabó alcanzando niveles obsesivos. Los líderes de la oposición moderada de la España democrática se empeñaron en evitar cualquier atisbo o posible acusación de revanchismo, resentimiento o rencor relacionados con la violencia del pasado, lo que, en muchos casos, llegó a suponer el abandono de sus propias víctimas y algunas de las reivindicaciones de sus familiares (por ejemplo, la inmensa mayoría quería recuperar los restos de sus deudos y darles sepultura en el cementerio). Otro tipo de obsesión era la que tenían entonces, e incluso hoy, los sectores más conservadores de la sociedad: la fe inquebrantable en que cualquier posible amenaza que sufriera el pacto fundacional de olvido —incluyendo, simplemente, ciertas iniciativas destinadas a responder a las reivindicaciones de las víctimas del régimen— desestabilizaría la democracia. Con el paso del tiempo, este temor parece haberse transformado en una excusa para no seguir avanzando por la senda de la verdad, la justicia y la reparación.

El consenso tan amplio que suscitó la política de reconciliación nacional, cimentada en el pacto de olvido, contribuye a la interpretación de que la transición española se basó en la paz, la moderación y la cesión mutua entre iguales.

EL PACTO DE OLVIDO EN LA ÉPOCA DEMOCRÁTICA

Aunque en junio de 1977 la oposición democrática no ganara las elecciones, sí incrementó de manera considerable su poder de negociación. No obstante, continuó teniendo enfrente a importantes fuerzas políticas y sociales, como los moderados procedentes del régimen franquista que, victoriosos en los comicios, controlaban el Gobierno; además de actores importantes como las fuerzas armadas, la policía y sectores destacados de la judicatura y una parte importante de la Iglesia católica, que constituían un bloque conservador, contrario a la democratización genuina, y una sociedad civil mucho más moderada y cautelosa de lo que la oposición había previsto. Por otra parte, el miedo generalizado a una nueva guerra civil, incrementado por los elevadísimos niveles de violencia registrados durante la transición, condicionaron aún más las iniciativas de cambio que promovía la oposición democrática. Al reconocer su incapacidad para ganarse a las fuerzas reacias a un cambio radical, la oposición modificó algunas de sus reivindicaciones más atrevidas. Ya antes de las elecciones había renunciado a algunas importantes demandas como la restauración de la República en España y la creación de un Gobierno provisional que rompiera totalmente con la dictadura.

El proceso anterior a la Ley de Amnistía de 1977 pone de relieve tanto el poder de la oposición como sus limitaciones. Esta fue la primera ley que aprobaron las Cortes democráticas españolas. Se puede considerar una clara victoria de la oposición, que desde hacía tiempo exigía una amnistía. Después de la muerte de Franco se produjeron movilizaciones masivas a favor de la amnistía para los presos políticos. Quienes participaron en ellas corrieron grandes riesgos personales, como lo demuestra el elevado número de muertos y heridos en las manifestaciones proamnistía (Sánchez-Cuenca y Aguilar, 2009). Frente a la generalizada oposición de los partidarios del régimen, y a pesar de que el Ejército lo considerara una provocación directa, la oposición consiguió que la Ley de Amnistía afectara a delitos de sangre recientes de intencionalidad política.[4]

No obstante, la ley también es un ejemplo de la debilidad de la oposición, ya que en su versión definitiva otorgaba impunidad a los agentes represivos de la dictadura. Aunque los proyectos iniciales de la oposición democrática no contemplaban la aprobación de medidas de justicia contra los represores, tampoco cerraban esa posibilidad. La oposición nunca pretendió que la ley beneficiara a la dictadura. Además, aunque el texto amnistiaba los delitos cometidos por el régimen anterior, dejaba fuera a otros grupos de los que la oposición sí había querido ocuparse. Dos de ellos eran los miembros del antiguo Ejército de la República y de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), organizada dentro del Ejército durante la dictadura. A consecuencia de su exclusión de la Ley de Amnistía, y a pesar de las iniciativas que promovieron los socialistas para defenderlos, a los miembros de esos grupos no se les permitió reintegrarse en las fuerzas armadas hasta 1986 (e, incluso entonces, con limitaciones debidas a la presión ejercida desde el Ejército). A determinados grupos de prisioneros, como homosexuales, abortistas y adúlteras, la nueva ley también los privó de los beneficios de la amnistía, porque sus «delitos» no se consideraban de «naturaleza política». El desequilibrio de poder entre la oposición democrática y los sectores sociales y políticos conservadores explica estas limitaciones. El Ejército puso obstáculos especialmente insalvables a la readmisión de los miembros del antiguo Ejército de la República y de la UMD. Desde el mismo inicio de la transición, la lealtad de los militares a la dictadura y la amenaza creíble de que podían acabar con el frágil Gobierno democrático si este mancillaba el legado de Franco condicionaron las iniciativas que realizó la oposición para aprovecharse, después de las elecciones, de su recién adquirido peso político para promover transformaciones.

A cambio de la amnistía para los presos políticos, la oposición tuvo que aceptar tanto que se limitara el alcance de la ley como la impunidad para los franquistas. La redacción final se apartó de las intenciones originales de la oposición democrática, ya que beneficiaba tanto a los presos políticos de la dictadura (recordemos que gracias a esta ley se cobraron pensiones y muchos recuperaron sus empleos), como a quienes, dentro de esta, habían reprimido con violencia a la oposición. Esto supuso cierta equiparación moral y jurídica de los presos políticos y los represores, consagrando además la impunidad para los crímenes de la dictadura. Según Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, «la relación de fuerzas… hacía inconcebible otra cosa». González insiste en que en esa época lo más importante no era impedir la impunidad de los franquistas, sino la liberación y la reinserción laboral de los presos o expresos políticos de la dictadura (González y Cebrián, 2002: 26).

Los partidos mayoritarios ven en la Ley de Amnistía uno de los ejes de la democracia española. En su trámite parlamentario hubo invocaciones directas al olvido por varios actores. Sin embargo, a la hora de asentar el proyecto democrático, el acuerdo de dejar el pasado fuera del debate político y social fue mucho más allá de esa ley. La autocensura se convirtió en una norma que reforzaron actores como los partidos, muchos medios de comunicación y la judicatura. El pacto se mantuvo gracias a la costumbre y las prácticas cotidianas y, después de la transición, los gobernantes socialistas perdieron el escaso interés que habían mostrado por el pasado. Fuera del debate acabó quedando la violencia de la guerra y el franquismo y, desde luego, la rendición de cuentas por esos actos. No se exigió entonces ni una verdad oficial, ni reparaciones completas, ni la justicia que exigieron otras transiciones posteriores. En los casos verdaderamente excepcionales en que se denunciaron crímenes, cayeron en saco roto. El olvido no tuvo que imponerse: se convirtió en algo inherente a las prácticas sociales y políticas de la época, y se mantenía gracias al recuerdo traumático de la guerra civil y al miedo a la violenta polarización que, según muchos, podría ocasionar hurgar en el pasado. En el ámbito cultural, sin embargo, no fueron pocos los que continuaron funcionando al margen de estas prácticas y prestaron una atención privilegiada al pasado.

El pacto de olvido no se acuñó verdaderamente hasta la primera legislatura (1977-1979) y la aprobación de la Constitución de 1978. Durante esos debates, los principales partidos de la oposición —socialistas, comunistas y la mayoría de los nacionalistas— llegaron a un acuerdo tácito con el partido del Gobierno que, basado en el proyecto de reconciliación nacional antes mencionado, propugnaba crear cimientos estables para el nuevo régimen democrático sin mirar al pasado. La expresión «pacto de olvido» no es solo una referencia popular, sino que se encuentra en memorias de parlamentarios de la época y en entrevistas con esos mismos políticos. Para estos líderes, el proyecto de estabilización democrática era incompatible con el mantenimiento de debates sobre el pasado violento de la guerra civil y la dictadura posterior.

Uno de los ejemplos más destacados a este respecto se encuentra en la entrevista que realizó Juan Luis Cebrián, director de El País entre 1976 y 1988, al expresidente del Gobierno Felipe González. Ambos reconocen que ese silencio existió desde el comienzo de la transición e incluso muchos años después. González sostiene que el consenso de ese periodo fue consecuencia de la guerra civil. También que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, el compromiso entre los herederos de la dictadura y la oposición excluía la explicación de lo ocurrido durante el franquismo —y desde luego la rendición de cuentas— a través de comisiones de la verdad. Según él, no había poder político suficiente para pedir explicaciones sobre la violencia del pasado, ni desde luego justicia. Cebrián reconoce que el proceso de reconciliación fue posible gracias a las renuncias de la oposición (González y Cebrián, 2002: 31, 45-46).

Como ya se ha dicho, no cabe duda de que los elevados niveles de violencia registrados durante la transición tuvieron mucho peso en la disposición de los partidos a dejar de lado los recuerdos más dolorosos con el fin de facilitar un futuro democrático estable y pacífico. No se suele prestar atención ni a la persistencia de la violencia ni a su papel en el fomento del silencio y el olvido. Por ejemplo, cuando se pone el acento en las cesiones mutuas y la moderación que caracterizaron el pacto y la estabilidad democrática se da por hecha la existencia de un proceso pacífico que no existió en absoluto. Sánchez-Cuenca y Aguilar (2009) demuestran que en diferentes partes del país la violencia fue muy intensa. Por otra parte, en ella participaron diversos actores, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por movimientos independentistas y por el aparato de seguridad del Estado. Este telón de fondo determinó el proceso de transición tanto como las propias negociaciones políticas. Sánchez-Cuenca y Aguilar plantean que, en lugar de una transición pacífica, España sufrió un proceso de democratización que fue, de lejos, el más violento de la época; por ejemplo, en comparación con los de Portugal y Grecia.

Es posible que, dada la falta de atención a los procesos políticos que condujeron a la transición española, sea comprensible que se malinterpretaran las dinámicas que subyacían tras ese fenómeno. En las dos décadas posteriores a la muerte de Franco el debate público sobre el espinoso pasado español —los tres años de violenta guerra civil y, todavía en mayor medida, los casi cuarenta años de dictadura represiva— fue muy escaso. El deseo de pasar página, amparado por el miedo a las consecuencias violentas de un debate abierto, estaba profundamente arraigado en España. La situación comenzó a cambiar con la llegada de una nueva generación.

EL CUESTIONAMIENTO DEL SILENCIO Y EL OLVIDO

La idea de que existía un amplio acuerdo sobre la necesidad de dejar de lado el pasado violento oculta los debates y cuestionamientos que realmente se produjeron. Por ejemplo, poco después de la transición los historiadores entablaron algunas discusiones sobre varias cuestiones polémicas del pasado, como la responsabilidad última de la guerra, el número de muertes violentas atribuible a cada bando y las diferentes lógicas que mostraron los actos de violencia de republicanos y franquistas. Como ya se ha dicho, la guerra civil recibió mucha atención en la producción cultural de la transición. Aunque esas obras académicas y culturales abordaron ciertos aspectos de la contienda, su interés en la dictadura no fue equiparable (Aguilar, 2006). Además, el acceso a los archivos fue sumamente dificultoso durante muchos años y, todavía en nuestros días, hay muchos documentos a los que no resulta posible acceder.

En las últimas dos décadas, han proliferado las críticas a los límites de la transición y a la capitulación de la oposición democrática. Incluso se ha acuñado la expresión despectiva «Régimen del 78». Desde estos postulados, determinados sectores de la sociedad y algunos partidos políticos han comenzado a exigir la creación de una comisión de la verdad y la anulación de la Ley de Amnistía para dar lugar a un cierto nivel de justicia respecto al pasado franquista. Un sector muy movilizado e ideologizado de la generación de los nietos de la guerra civil —que, aunque no tienen recuerdos personales ni de la guerra ni de la violencia de la dictadura, sí están muy comprometidos con los principios de la justicia universal y la rendición de cuentas—, ha introducido en el debate público esta memoria traumática del pasado. Las actividades de esa nueva generación han dado visibilidad a las víctimas del franquismo y desatado acalorados debates sobre la historia del país (Aguilar y Ramírez-Barat, 2014).

Según Juliá (2006: 73), la respuesta más importante que se ha dado a la «nueva memoria de los nietos» ha sido que las «investigaciones dedicadas a la represión [franquista] se han multiplicado». Juliá reconoce que ahora tenemos un conocimiento mucho más exhaustivo sobre «el peso abrumador que la represión tuvo en esa construcción [la de la dictadura]». También tenemos mucha más «conciencia del sufrimiento de los vencidos» (Juliá, 2006: 74). Pero este autor rechaza la idea de que un «pacto de olvido» bloqueara esos relatos. Critica, además, el sesgo de los nietos y la parcialidad de sus procesos de memoria, que dejan a un lado a las víctimas de la violencia republicana.

Las iniciativas realizadas por esta generación para cuestionar ese pacto, que ellos sí creen que existe, no son nuevas, ya que otros lo habían desafiado anteriormente. Sin embargo, las actividades de esta cohorte son mucho más visibles y han suscitado un debate mucho más amplio. Sus iniciativas han sacudido los cimientos de los acuerdos no escritos de no remover los aspectos más espinosos del pasado adoptados sobre todo en la esfera política, aunque aquellos, aún sólidos, están lejos de desmoronarse, ya que siguen apuntalados por sectores importantes de la sociedad civil, de las direcciones de importantes partidos políticos y de la judicatura. Es improbable que las grietas que se han abierto generen el mismo grado de debate público sobre el pasado que el observado en otras partes del mundo, y tampoco parecen ir a propiciar medidas de justicia transicional equivalentes.

Por ejemplo, al contrario que en muchas otras transiciones, el Estado español no participa en iniciativas de esclarecimiento de la verdad o de promoción de justicia respecto al pasado. Ello explica la cantidad de lagunas que aún existen en la investigación, pues la gigantesca tarea de sistematización y búsqueda de información que pueden llevar a cabo los Estados a través de comisiones de la verdad y otros mecanismos similares es imposible que sea acometida de igual manera por la suma de un puñado de historiadores o científicos sociales. Esto no resta un ápice de valor a las inestimables contribuciones que estos han hecho en las últimas décadas, sino que señala que la suma de los esfuerzos individuales solo produce, en el mejor de los casos, resultados fragmentados, incompletos y difícilmente comparables entre sí por emplear met

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