Prólogo
Necesario limpiar la casa
Humberto Musacchio
Etimológicamente, auditar es escuchar, pero también es informarse, conocer, aprender, saber y, si atendemos a términos cercanos del latín, de alguna manera implica también audacia, osadía e intrepidez, pues todo eso se requiere para la tarea bien cumplida de un auditor.
En su acepción moderna y más frecuente, auditar es hacer el análisis del comportamiento económico de una empresa, un gobierno o una dependencia pública para confirmar si se apega a las normas o si no se ajusta a ellas, lo que requiere escuchar, informarse, conocer, aprender, saber. Pero el estudio de los entes citados conlleva necesariamente al análisis del comportamiento humano, en especial de quienes tienen la responsabilidad en el manejo de los bienes de la entidad auditada, tarea que, como lo sabe cualquiera que haya incursionado en ese campo, requiere de intrepidez, pues quien audita no ha de conformarse con la versión que le proporciona la institución en análisis y debe resistir presiones, actuar con osadía y con audacia para ir más lejos en su indagación, mediante una estrategia que abarque todo el campo necesario y permita establecer la validez de las cifras y los datos que aparezcan o, por el contrario, que revele aquello que se pretenda ocultar.
En tales condiciones, la auditoría es una actividad de valientes. En la empresa privada lo es porque ha de informarse de toda irregularidad a los accionistas o propietarios, aun cuando algunos de ellos o sus subordinados estén en falta; en las instituciones públicas, porque quienes auditan han de ir al fondo de sus investigaciones, pues los contribuyentes esperan comportamientos acordes con las leyes generales y la reglamentación interna de una institución. Igualmente, el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de impuestos dan a cada ciudadano el derecho de exigir el cumplimiento de las responsabilidades de todo servidor público. En suma, cuentas claras y precisas. Al menos eso esperamos.
Por supuesto, las tareas de toda auditoría resultan chocantes para los auditados. Si todo está en orden, el solo hecho de indagar intensivamente en la documentación pone a los investigados bajo la lupa, pues han de confrontarse los hechos con los dichos, los inventarios con los inventos, los haberes con los deberes. Se trata de un análisis en toda forma, y si arroja resultados irregulares o adversos puede afectar la imagen, la carrera y hasta la libertad de quien resulte responsable.
Una auditoría somete irremediablemente a escrutinio la honestidad del funcionario, pero también su capacidad para dirigir, su talento para establecer y aplicar estrategias eficientes, su visión para seguir puntualmente los procesos necesarios, su agudeza para detectar fallas y evitar anomalías, así como su aptitud para aplicar como es debido el patrimonio encomendado y, si es el caso, preservarlo. Sin embargo, con lamentable frecuencia se designa a personas deshonestas o incapaces para desempeñar tareas que están fuera de su alcance o de las normas éticas exigibles.
Ese cúmulo de cualidades y capacidades debe reunirlas todo aquel que participa en las indagaciones, pues debe ser ajeno a toda sospecha, lo que implica que el auditor también ha de ser auditado, ya que debe mostrar irrefutablemente un perfil confiable. Sobra decir que en ese contexto resultan inadmisibles las auditorías ejecutadas por quienes dependen de la autoridad auditada, lo mismo que todo intento de coartar la independencia de quien realiza la auditoría.
Para desgracia de los mexicanos, lejos estamos de contar con una administración pública satisfactoria. Privan en el ámbito gubernamental no el acatamiento de las normas ni el manejo impoluto de los fondos, sino la arbitrariedad de los poderosos, las ocurrencias más costosas, el desprecio por la ley, las cooptaciones indebidas, las complicidades, los caprichos de quien manda y los compromisos inconfesables, todo lo cual propicia el desorden, la falta de control, las ineficiencias de todo orden y, como consecuencia, la corrupción, una enfermedad contagiosa, progresiva y disolvente.
El libro de Muna D. Buchahin es un valiente “yo acuso”, una elocuente radiografía de ese submundo de lo inconfesable, una implacable relación de procesos recientes que, lejos de afrontarse con la ley en la mano, se eluden, se minimizan, se esconden o se disfrazan porque, al menos hasta ahora, pueden más los intereses políticos, el amiguismo y, por supuesto, la corrupción, esa especie de cemento que une a los sinvergüenzas.
Si hubiera voluntad política, las autoridades podrían hacer mucho. Pero no es el caso. El Sistema Nacional Anticorrupción (sna), que se supone es el organismo cúpula en la materia, es una construcción más propicia al ocultamiento que a la clarificación. Está formado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa y un sinnúmero de instituciones de los gobiernos estatales y municipales.
Se diría que con esa composición el mencionado sistema tiene la fuerza suficiente para denunciar y atajar corruptelas, pero no es así. Quien se asome al portal del sna hallará que su definición jurídica lo hace una entidad inútil, pues se define como “un mecanismo de coordinación entre distintos entes, por lo tanto, no es un sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de la misma Ley General. Cualquier solicitud de información que se requiera, debe hacerse a las autoridades o entidades que lo integran a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”.
De este modo, el Sistema Nacional Anticorrupción muestra de entrada su inutilidad, pues se supondría que está para ofrecer a los ciudadanos la información que se escamotea al público. De ahí que resulte superfluo que su Comité Coordinador (obsérvese que no todos los integrantes, sino solo su Comité Coordinador) haya aprobado el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción, que supuestamente “define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en Mexico”, aunque obviamente no es de acatamiento obligatorio.
Integrante destacadísimo de dicho sistema es David Colmenares Páramo, quien representa la mejor garantía de que nada se hará para combatir corruptelas. En 2018 fue designado auditor superior de la Federación, pese a que años antes había sido despedido de la asf por escandalosas omisiones cometidas en su revisión de las cuentas dejadas por el que fuera gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien Colmenares llama “hermano”.
Con ese antecedente, parecería inexplicable el nombramiento de Colmenares, pero esto es México y aquí la resbaladiza política propicia tales desfiguros. El analista financiero Ricardo Alexander Márquez, en su artículo “Una Auditoría Superior al servicio del poder” (16/VII/23), escribió que la asf “publicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había tenido un costo 232% mayor a lo previsto” por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “al ascender a 331 mil millones de pesos, monto que podría incrementarse, ya que no se encontraban identificados ni cuantificados los costos adicionales por la liquidación de los contratos pendientes, ni por los juicios y demandas interpuestos, lo que implica que era más barato terminar la obra que cancelarla”. Un completo lavado de manos.
Alexander Márquez dice que “a partir de ese momento la Auditoría Superior de la Federación había sido cooptada. Renunciaba a cumplir con sus funciones constitucionales. Redujo su desempeño, logró peores resultados y se alejó de su función de combate a la corrupción”. En realidad Colmenares, desde su llegada al cargo en 2018, hizo de la asf un juguete de los intereses políticos, pues lo que motivó la salida de Muna Buchahin fue que ella y su equipo revelaron la Estafa Maestra, el “extravío” de más de siete mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que llevó a Rosario Robles a la cárcel, de donde salió sin que le hayan comprobado las acusaciones, lo que muestra, si hiciera falta, que no solo la Auditoría Superior de la Federación, sino también la Fiscalía federal y otros organismos han sido incapaces de realizar una investigación digna de ese nombre.
En la red de complicidades políticas era inaceptable que funcionarios honrados denunciaran un atraco a la nación por siete mil millones de pesos. Fue así como Colmenares y sus compinches desataron una guerra feroz contra la autora de este libro y su equipo, hasta que lograron sacarlos de la Auditoría, pues ya se sabe que los funcionarios honestos y eficientes son indeseables en los pantanos de la complicidad.
Acostumbrados a pisotear la dignidad y los derechos de los demás, los corruptos no se imaginaron que la valiente Muna Buchahin, lejos de amilanarse ante la sucia campaña de difamación y las amenazas, respondería con responsabilidad patriótica y valor civil a sus acusadores, a quienes no ha cesado de señalar con índice flamígero.
Tan le asiste la razón, que el proceder de Colmenares no deja de aportar elementos que confirman su ineficiencia, muy probablemente interesada, pues señala Alexander Márquez que si en 2018 la asf realizó 1 813 auditorías, en el primer año del actual sexenio fueron 455 menos. En el mismo tenor, bajo el gobierno de López Obrador se redujo a menos de la mitad el número de acciones legales emprendidas por la asf.
Además, agrega que “las denuncias penales de los últimos cinco años principalmente se han concentrado en irregularidades del sexenio pasado. El único caso denunciado del gobierno actual es el desvío ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración y cuyo exdirector, Ignacio Ovalle, aún mantiene un cargo público”. En defensa del funcionario responsable del mayor fraude del presente sexenio, el presidente dice “lo engañaron”, aunque es obvio que contaba con los medios para evitar el presunto engaño.
Por si algo faltara, en el informe de la Cuenta Pública de 2022, la asf solo detectó irregularidades por 61.5 millones de pesos, fiscalización que es “la que menos auditorías ha realizado”, lo que explica que las irregularidades sean mínimas. Muy a tono con la alta opinión que le merece el militarismo al actual gobierno, “las auditorías no se han centrado en las fuerzas armadas —señala Alexander—, que ejercen miles de millones de pesos”, manejos “que se han distinguido por su opacidad”.
Un reportaje firmado por Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta Silverio, Ami Sosa Vera y Eduardo Buendía (15/II/23) muestra que la Auditoría Superior de la Federación, bajo el mando de Colmenares, solo ha recuperado 17 de cada 100 pesos “que se ejercieron de manera incorrecta”, mientras que entre 2000 y 2016 el promedio de dinero recuperado era de 53 pesos de cada 100. Por lo demás, la asf se ha negado a informar sobre los avances en este renglón e “incluso clasificó como reservados documentos de observaciones ya aclaradas”. Como complemento, en septiembre de 2022 se produjo una “caída del sistema”, recurso providencial para tapar corruptelas.
Bajo la dirección de Colmenares, las denuncias de hechos ante el Ministerio Público suman la mitad de las presentadas durante un lapso semejante cuando era Juan Manuel Portal el auditor. En consonancia con el desgarriate actual, se han presentado errores en la revisión de la Cuenta Pública y fallas que no parecen casuales en el Sistema Público de Consulta de Auditorías.
“La gestión de Colmenares —dice el reportaje citado— tampoco ha considerado la realización de auditorías forenses cuando existan casos emblemáticos de posible corrupción, como las realizadas al caso de la Estafa Maestra. Solo para la Cuenta Pública 2017 se realizaron 12 informes de este tipo y fue una de las revisiones con menor cantidad. A partir de la fiscalización a 2018, se dejaron de practicar”.
En julio de 2023, en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano integrado por legisladores, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén señaló que “no se cuenta con un análisis profundo que permita a esta Comisión tomar decisiones respecto a la labor de fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación, así como en las metodologías para los procedimientos de planeación, ejecución y seguimiento de auditoría ni para generar mecanismos que permitan la mejora de este ente fiscalizador”.
Por su parte, la también diputada Inés Parra Juárez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que “ya pasaron dos años y no se puede justificar el tiempo para seguir aplazando esa promoción de denuncias de hechos; hay muchas auditorías, pero no denuncias. ¿De verdad estamos por el efectivo combate a la corrupción o por la mera simulación? La corrupción es el cáncer”, añadió.
La diputada Parra, en la comparecencia de Colmenares ante el pleno, muy significativamente le obsequió unos ratones de juguete al auditor y el miércoles 26 de julio de 2023 presentó una denuncia penal por el desvío de 273 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional, irregularidades que, dijo la legisladora, están documentadas en las cuentas públicas de 2019 a 2022, pese a lo cual no ha actuado la asf, por lo que acusó a Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, quien está al frente de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, y a Víctor Manuel Andrade Martínez, que encabeza la Unidad de Asuntos Jurídicos, de “negligentes y encubridores”.
Lamentablemente, concluyó la valiente diputada Parra, “soy una voz en el desierto y hay toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de todos los partidos en colusión con los auditores de la Auditoría Superior”. Sí, pero no solo son diputados de todos los partidos, pues abundan los políticos que, como dice la expresión popular, tienen cola que les pisen. El presidente López Obrador repite en favor de él y los suyos: “No somos iguales”. Muna Buchahin, con abundancia de datos irrebatibles y un criterio altamente profesional, demuestra que, por lo menos, se parecen mucho.
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El sistema de la corrupción
México es uno de los países con más complacencia con el poder; esa condición impide el avance en el combate a la impunidad y, por lo tanto, a la corrupción, que está prácticamente incrustada en la estructura y el corazón gubernamental en contubernio con quienes se prestan en el sector privado a formar parte del engranaje. El sistema ha creado una coraza de complicidades que permite y favorece los desfalcos. Hay incapacidad para lidiar con los saqueos a las instituciones, quienes las representan o carecen del tono y la fuerza para contender con la alta estructura de poder vinculada a la corrupción o forman parte de esa práctica normalizada que ha imperado en nuestro país por décadas.
Los números no mienten, ni fabricamos teorías especulativas. Los resultados en las investigaciones por actos deshonestos y corrupción no han logrado recuperar las cifras millonarias dedicadas a enriquecer vidas de políticos y sus felices familiares, quienes disfrutan plenamente de los beneficios económicos de la ilicitud y las añoradas complacencias del poder. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que realiza Transparencia Internacional desde 1995, el país obtuvo 31 puntos (100 significarían que es altamente limpio y 0 altamente corrupto). México también es el peor evaluado de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero nada les acongoja ni les mortifica.
Para un vistazo, según otra medición, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022, que clasifica a 15 naciones latinoamericanas, nuestro país está en el sitio 12 en su eficacia para luchar contra ésta, solo delante de Venezuela, Bolivia y Guatemala.
Según ese informe, los órganos anticorrupción en México tienen nombramientos basados en fines partidistas y políticos, y su actuar se enfoca en obtener prebendas personales —una vieja tradición—.
Este contexto brinda un panorama del tamaño de la corrupción en la vida pública del país, y aunque sabemos que el vínculo de complicidades es uno de los factores que explica su avance, no deja de sorprender la mezquindad con la que se desenvuelven los actores políticos sabedores del daño que ocasionan en el núcleo social y, por tanto, individual.
Mi propósito en esta narrativa es develar la maraña y el modus operandi, en mi experiencia como auditora forense, donde por primera vez en la historia de este país el enfoque y la metodología de las investigaciones permitió desenmascarar una red de funcionarios, y otros terceros participantes, que intervinieron en uno de los casos más emblemáticos de desvíos y saqueo descarado al erario: la Estafa Maestra (conocida así mediáticamente), que implicó un cúmulo de actos ilegales y diversas acciones que permitieron cantidades estratosféricas de desvío de recursos, involucrando a dependencias del gobierno federal, de administraciones estatales e instituciones de educación superior, entre otros, mediante la simulación de actos y encubrimiento tendiente a disponer del dinero destinado a programas sociales con mecanismos que implicaron la “creación” de empresas fachada.
Pero primero permítanme hablarles un poco de mí, de los caminos que me llevaron a colaborar en distintas áreas de gobierno, desde trabajar en una escuela secundaria pública, hasta mi trabajo como fiscalizadora del gasto público, y cómo me convertí en una persona incómoda y perseguida para y por la élite política del país, que optó por fabricar denuncias con evidencias “a modo” para intimidarme, amenazarme y destruir con ello la confianza y credibilidad ganada en la Auditoría Superior de la Federación (asf), soportada con los hallazgos y resultados de las auditorías forenses, que fueron un parteaguas para que ahora se realicen este tipo de investigaciones por parte de periodistas y organizaciones civiles. Eso enorgullece al equipo que conformamos la Dirección General de Auditoría Forense (dgaf), dejar plasmadas las mejores prácticas y procedimientos para las indagatorias en casos de corrupción.
Originaria de la capital, desde joven he sido testigo de injusticias, acosos y arreglos, comunes en la burocracia y las organizaciones de este país. Al no tener los amigos o contactos necesarios, como muchas personas, padecí tratos indignantes, negativa de servicios, días enteros para ajustar trámites y otros más para arreglar lo que se había hecho mal; en fin, luchar, discutir, exigir y padecer el diseño institucional, que debo decir, ha evolucionado favorablemente en muchos aspectos, pero aún falta mucho por mejorar y sistematizar, a fin de evitar la mano corrupta del servidor público en diversos trámites. Probablemente eso influyó en mi decisión de estudiar la carrera de Derecho. Era, de alguna forma, una manera de rebelarme y exigir justicia ante un entorno que yo no aceptaba. Aprendí a luchar, no solo a ganar.
Los actos deshonestos y el crecimiento de la corrupción son los factores que han permitido que cada vez haya más requisitos para efectuar cualquier trámite y eso refleja la desconfianza ganada a base del incremento de fraudes descarados. Hace 30 años, para abrir una cuenta bancaria solo se necesitaba el dinero. De niños se nos incentivaba a ahorrar con la cartilla del ahorro, había palabra y confianza; hoy en día, pensar en abrir una cuenta es dedicar un día a los trámites, esperar otros más para la autorización, y qué decir si intempestivamente la institución bancaria decide unilateralmente cancelar la cuenta de ahorros y meternos en un brete, sin ninguna explicación, así nomás porque le vino en gana. Ya ni hablar de los grandes problemas de las personas de la tercera edad, es un verdadero terror el que sufren al hacer un trámite ante la indolencia de las autoridades reguladoras que deben supervisar a las instituciones financieras. En fin, este breve recuento nos puede llevar a indignarnos un poco más.
Como estudiante, laboré como empleada mientras estudiaba en la Preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autonóma de México (unam), en Coyoacán; no pasaba por mi mente trabajar en el gobierno, mucho menos en auditoría o hacer investigaciones; decidí estudiar Derecho, simplemente así fue. Mis inicios en la administración pública fueron en Chiapas, a donde me fui a vivir en 1979.
Laboré en una secundaria técnica, también en el Poder Legislativo; luego, en 1993, inicié en el entonces Instituto Federal Electoral (ife) una actividad que me llevó a conocer los rincones más alejados de Chiapas: era promotora de difusión de la credencial para votar. Era un reto llegar a los lugares remotos del estado para informar, en comunidades indígenas, en qué consistía la campaña de credencialización; convocarlos de manera grupal en los parques o tocar casa por casa, para darles trípticos traducidos a su lengua, platicarles los beneficios y convencerlos de asistir a los módulos en cuanto fueran instalados; qué trabajo tan bonito, aunque extenuante.
Éramos mi alma y yo al inicio, sin que el gobierno otorgara los recursos indispensables para los recorridos y poder realizar así las actividades primordiales que requería esa encomienda, pero eso me ayudó a forjar carácter, también a entender lo que implica trabajar en instituciones públicas: la gasolina no llega a quien debe, si necesitas un auto, te dan el más viejo; simplemente no interesaba en lo más mínimo la integridad del personal ni la promoción del programa. Pienso que los funcionarios estatales no tenían ni idea del alcance y magnitud de eso. Como no había estructura de personal, no podían incrustar aviadores y, por ello, el dinero no llegaba. Pero la vida me abrió oportunidades, al tener que tocar puerta tras puerta para pedir apoyo de recursos, conocí gente buena.
Recuerdo que estaba sola en un escritorio oxidado —que de milagro no me provocó tétanos—, en un espacio del edificio donde me ubicaron. Pero miren la evidencia de lo que cuento, unos meses después me asignaron del gobierno estatal a un colaborador; yo no lo conocía, pero me alegré porque implicaba ayuda en el gran trabajo de difusión de la credencial para votar, pues imaginen cuántas comunidades y lugares alejados teníamos que visitar. Ilusa yo, le di un oficio de comisión para ir a las comunidades, los viáticos que ahora sí estaba dispuesta a pagar la Subsecretaría de Gobierno, pero qué desilusión, fue mi primer encuentro con la corrupción. Él era “un aviador”. No había ido a ninguna de las actividades que debía realizar y de eso me enteré indagando, como pude, porque no había computadoras y menos internet en esos tiempos.
Para la mala suerte de ese infame funcionario, dado mis obsesiones, descubrí que era pediatra, amigo del subsecretario de Gobierno, que lo había enviado para ayudarle con el sueldo, pero no para trabajar. Qué coraje me dio, no sé si fue que quisiera tomarme el pelo o su descaro para quedarse con los emolumentos. Enfurecí. Marqué al teléfono de su consultorio para constatar que no había ido a ninguna de las comunidades que debía visitar; me contestó sin saber que era yo. La que se armó. ¿Cómo me atrevía yo a hablarle de esa manera al respetable amigo de la alta jerarquía en gobierno? Redacté un oficio donde evidencié lo que ocurría y lo envié con copia al “recomendado” (el subsecretario de Gobierno); todavía lo conservo. Seguramente a quienes lo colocaron en el puesto no les cayó en gracia mi denuncia, porque nunca logré apoyo alguno, aunque estaban obligados ante el ife para las actividades de difusión.
Después entendí que ese modus operandi es recurrente; así prohijan a los cuates o afectos y les quitan el espacio de trabajo a jóvenes con necesidad, ganas de laborar y hacer bien las cosas. Creo que difícilmente eso ha cambiado.
El cinismo parece ser una de las características requeridas en el poder. Y desde entonces comencé a observar y entender lo que ha sido una constante en los gobiernos: la corrupción. A los deshonestos, su reputación poco les importa.
Posteriormente, la Federación otorgó nuevas plazas temporales. Era intenso el trabajo y el tiempo apremiaba. El desdén y menosprecio para apoyar a los que laborábamos en las entidades federativas era lamentable. Pero nos crecíamos al castigo. Fui feliz de emprender esa odisea. Tengo mi credencial para votar de prueba y conozco la historia de su implementación; es un bonito recuerdo, así como las redes de amigos, colegas de medios y comunicación social que hasta hoy mantengo.
Laboré también en la delegación de Gobernación del estado de Chiapas y tuve la fortuna de conocer y participar en las mesas de diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln). Mi jefe fue el doctor José Narro, entonces subsecretario de Gobernación, a quien le profeso un gran afecto y reconocimiento profesional.
Me he preparado de manera continua para mí misma en primer lugar, pero también para servir en mi profesión con un currículum académico y laboral producto de auténtico esfuerzo. Quiero compartir mi experiencia y transmitir conocimientos como ahora lo hago en la vida académica. Nací en la Ciudad de México y estudié en la Escuela Secundaria Técnica No. 11, cuando los planteles eran mayoritariamente exclusivos para mujeres o varones. Comentaba alguna vez que en aquel entonces la falda debía ir “tres dedos debajo de la rodilla”, regla que se obedecía puntualmente.
Estudié una maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm). Muy activa siempre, me mantuve en la senda de las leyes y consolidé mi decisión de mejorar la administración pública.
En la asf empecé con la supervisión de las auditorías que se practicaban a los gobiernos estatales y municipales, gracias a mi experiencia adquirida en Chiapas. Acababa de aceptar un cargo en la unam cuando me llamaron para formar parte de la asf; ahí fortalecí mi preparación en disciplinas forenses y pude concretar propuestas de mejoría en la fiscalización gubernamental.
Me gusta todo el conocimiento que considero formativo y enriquecedor, trato de actualizarme, ser perseverante ante la adversidad, para intentar derrumbar condiciones de machismo que ya no deberían existir, porque de por sí la vida profesional, política y social es más difícil para las mujeres. La cultura machista y la resistencia a reconocer la capacidad femenina hace casi imposible que una mujer sea valorada por sus destrezas y conocimientos, prefieren ignorar ese talento, sepultarlo, y el único medio a su alcance para intentar controlar es el sometimiento a partir del uso de un poder arbitrario. Y lo ejercen, por ejemplo, con dinámicas perversas que impiden el crecimiento profesional de las mujeres para los altos nombramientos y ascensos. Espero que algún día podamos tener ese espacio que nos merecemos, por competencias, respeto y dignidad.
No sé si los cargos me buscaban a mí o yo iba tras ellos, pero eran actividades que requerían 18 horas de atención plena, dormía poco; ahora pienso que mi perfil ayudaba en ello, me considero perseverante, no me gusta dejar nada inconcluso, soy un poco obsesiva, curiosa. Con el tiempo descubrí que no suelto las cosas sino hasta que las concluyo. Existimos personas con las competencias y habilidades para indagar, además de otras características necesarias que son afines a la investigación, la cual me apasiona y a la que, sin querer, me llevó el destino y ahora felizmente me dedico a ella.
En mi desarrollo profesional, quizá resaltaría mi retorno a la Ciudad de México para laborar en el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes-Sedesol), donde la federación muestra el contraste del servicio público, sin duda en otro nivel, muy por encima del estatal; posteriormente, en 2001 regresé a Chiapas y tuve a cargo la Coordinación de Comunicación Social del gobierno y concluí mi labor ahí como contralora estatal en 2005.
En retrospectiva, mis experiencias profesionales me dejaron varias enseñanzas: el que desee escalar a altos niveles de poder debe poseer cualidades y rasgos de personalidad muy específicos, de lo contrario, el mismo sistema lo expulsará. Hay que saber que la misma puerta de entrada es la de salida. Entender eso me resultó sencillo a partir de 2005, año en que me integré en la asf. Mi interés en superarme y lograr una plaza de nivel me llevó a profesionalizarme en la investigación y la entrevista forense, por ello hice el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y profundicé en el conocimiento de la auditoría forense.
Los conocimientos adquiridos en mi formación me permitieron llevar a cabo la fiscalización desde un enfoque distinto y novedoso; aportar a la práctica de las auditorías una metodología de investigación exhaustiva, apoyada con el uso de herramientas de cómputo forense para obtener la evidencia idónea en relación con ciertos actos que pueden ser constitutivos de delito; entender el caso, los hechos, para encauzar la investigación científica aplicada en las revisiones, todas por demás interesantes. Recuerdo la intervención que tuvimos en la auditoría a la Estela de Luz, a distintos programas sociales, otros de subsidios, adquisición de cámaras, chalecos para los municipios en aquellos fondos como el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que tenía entre sus objetivos proveer de las herramientas necesarias a la policía, y, por supuesto, todos aquellos contratos adjudicados de manera directa e irregular para evadir las licitaciones. Ahí hay una respuesta al porqué: con tantos recursos federales asignados a los estados y municipios para fortalecer a las policías estatales, no les otorgaban ni siquiera zapatos y uniformes, mucho menos una capacitación que los dignificara en la actividad que debían realizar.
Eso implicó, para quienes conformamos el equipo de auditoría forense, romper paradigmas, definir mejores estrategias para la investigación con la perspectiva de identificar los indicios y comprobar los hechos que nos aportan, con el fin de vincularlos para demostrar y acreditar cada acto y la trazabilidad de los recursos y las relaciones con las conductas para documentar los casos de corrupción. Asimismo, conocer y entender el conjunto de vínculos y complicidades como los factores que explican el avance de la impunidad.
Abrirnos espacios de respeto casi a codazos costó mucho, tanto al interior de la asf como al exterior con los entes fiscalizados, y sí, ser mujer es una limitante, se tiene una idea equivocada de que el género es “controlable”; se nos acusa de traspasar “la línea” y toca enfrentar a quienes quieren “ubicarte”, y al no lograrlo, simplemente les queda defenestrar. En un mundo donde la política es de facto dominada por machistas, he sufrido persecución política como respuesta vengativa, luego de haber revelado tropelías, desvíos y abusos. Esto culminó con mi expulsión de la asf.
Como lo esbocé con anterioridad, los políticos tienden a justificar y racionalizar sus actos. Lo que anhelan es el poder. Sentir pertenencia, lealtades y asegurar un espacio a costa de lo que sea. Aprenden en su entorno, como los lobos, donde se muestran con el comportamiento esperado, sin recato alguno.
Las cosas se arreglan sin principios, haciendo y obedeciendo al grupo de pillos. Carecen de escrúpulos. Es parte del juego que permite entrar y ascender en la vida política. Cuando alzas la voz te vuelves incómoda, te vetan, se indignan, justifican su actuación, intentan manipular y someter. La traición es cotidiana. Desatan jaurías. En esas vueltas de la vida se aprende mucho de la condición humana, fácilmente corrompible, dispuesta a engañar para obtener un provecho.
En ese sentido, quisiera recordar la teoría del jurista alemán Claus Roxin, que aborda el caso del actuar delictivo: en hechos ocultos ha existido un aparato organizado del poder, encargado de trabajar sistemáticamente para llegar al objetivo previendo todos sus detalles: “El apartamiento del derecho respecto al aparato organizado de poder constituye un presupuesto necesario para el dominio del hecho de los hombres de atrás”, de tal manera que la comisión de un delito no es únicamente cuestión de la organización, sino de cada uno de quienes la conforman; un comportamiento que ocultan los autores mediáticos, haciendo su parte de manera responsable, es decir, lo que se espera de ellos: la obediencia para cometer el delito y su alejamiento del deber de cuidado.
El sistema de Estado, como lo denomina Claus Roxin, tiene que trabajar delictivamente como un todo, si quiere que las órdenes de los hombres de atrás tengan la seguridad del éxito La pertenencia al clan implica lealtades, obediencia, sumisión, complicidades y encubrimiento. No existen los incentivos para los honestos y no hay consecuencias ni sanciones a los corruptos. Así deciden conformar y vivir sus propias normas, encuentran una justificación moral a sus acciones.
Es entonces cuando el entorno político le hace un vacío y expulsa a quien no se conduce del modo esperado; por eso nadie se quiere enemistar con el jefe. Te dejan solo, te van aislando, te tachan. Se pagan favores, se encubren, se regocijan. El mensaje es claro: ese entorno enaltece la dinámica del “tú me ayudas, yo te ayudo”, y bienvenido el abuso de poder.
Cuando toda la estructura de una organización percibe “si lo hace el de arriba, yo también lo puedo hacer”, en el imaginario se cree que se obtiene permiso y se puede hacer. Si el entorno es deshonesto y no hay una introyección de valores, te vinculas y generas pertenencia a ese grupo. Esos son los bandos políticos o partidistas. Y comparten su misma narrativa, aunque la autopercepción los distorsiona y justifica.
La corrupción es de las personas, no es el Estado en sí, sino quienes conforman las instituciones, la toleran, la propician y la celebran. Es un reto a la ciudadanía y entre los distintos clanes. Aceptan comportamientos que saben que no son los correctos. Los perpetradores tienen como objetivo aprovechar cualquier ventaja que el sistema pueda ofrecerles para ocupar un espacio y apropiarse con fines de lucro personal y de grupo, son seres abusivos a los cuales no les importan los demás, carecen de mínima empatía o escrúpulos. Así, el sistema se abre para pagar favores que auspician la corrupción; a unos les cuesta más que a otros, pero de que están reciclándose, lo están.
Ser pillo es un arte
Antes de abundar en mi paso por la asf y explicar algunos casos emblemáticos de corrupción y cómo los auditores los descubrimos, es muy importante tener claro que ser pillo es todo un arte.
El perfil del defraudador de cuello blanco, convertido en funcionario público, no es comparable con los carteristas del transporte público, que si ven descuidado al usuario le roban la cartera porque aprovechan la oportunidad. Los pillos y las pandillas gubernamentales hacen una planeación minuciosa, con la intención y consigna de “meter mano” a las arcas o generar grandes negocios ficticios que les generen dinero y beneficios en abundancia. Se vuelcan en cuerpo y alma en esas actividades delictivas y obtienen lo que buscan. Esa es la realidad que conocen y viven en todos los sentidos. Es un modo natural, desinhibido y ruin de actuar, y casi siempre se salen con la suya.
Ese modus operandi existe tanto en los gobiernos estatales como en los municipales; los candidatos abren puertas mostrando un falso carisma, para caer bien, y luego viene la lisonja: saber decir sí a todo, simular interés legítimo; servilismo para quedar bien.
Me tocó presenciar a un funcionario federal de la Procuraduría General de la República (pgr), de muy alto nivel, que se levantó presto a estacionar el auto de su superior. Claro que detrás siempre hay un interés de que no se sepa y no se les note que son pillos. No cualquiera puede hacerlo, pues desarrollan grandes habilidades características de la política, aprenden a mentir a tal extremo que se creen sus mentiras y no distinguen qué es verdad.
En ese arte del engaño hay que saber guardar secretos, ser pieza clave, congraciarse, callar, ocultar, entender qué espera el “preciso” de la banda política. Los lisonjeros aprenden a estar atentos y leer las miradas; no se dan cuenta de que su adulador es un charlatán que solo busca manipularlos.
La mayoría de los funcionarios, apenas llega al cargo, quiere ver la estructura, organigrama, sueldos, carros, viáticos, beneficios, plazas altas, contratos y negocios. Ahí estriba la alta responsabilidad de quien nombra a quien no cuenta con el perfil y las competencias profesionales idóneas, lo que puede traer como consecuencia actos indebidos y desvío de recursos; ahí inicia el ejercicio indebido, porque a sabiendas de que no tenía la experiencia y conocimientos necesarios para el puesto, es nombrado. A ello se suma la corresponsabilidad por la falta de supervisión y vigilancia de quienes tendrían la obligación legal de hacerlo.
Así, estos grupos políticos se unen por intereses comunes y se alían con otras agrupaciones que buscan lo mismo. El aprendizaje se fomenta mediante el ejemplo.
No obstante, cada pillo según su nivel pretenderá una vida mejor, una pantalla más grande, otros zapatos de marca, relojes, buenas comidas, carros, viajes costosos. A veces se generan sentimientos de rencor social por la inequidad percibida. Otro rasgo importante es el apego a lo material para integrarse en un círculo social al que no se pertenece y que difícilmente se puede sostener. Además, carecen de remordimientos y una gran habilidad para no responsabilizarse de sus actos. Hay quienes necesitan sentirse visibles, y otros tienen complejos dignos de un estudio psicológico.
Crean necesidades apremiantes, racionalizan y justifican sus acciones, por ejemplo: envían a sus hijos a las mejores escuelas en el extranjero bajo la premisa de que el Estado no ha asumido la responsabilidad de procurar a todos una educación integral de primer nivel, o las becas solo se otorgan a los hijos de funcionarios; que no va a pasar nada, todos lo hacen, y así sucesivamente.
Otros justifican su deshonestidad con la urgencia de cubrir necesidades y expectativas más allá de su nivel de vida; esto está relacionado con frustraciones, complejos y pérdida de valores. Una dinámica de poder que da beneficios antes impensables a los corruptos.
Para este tipo de funcionarios la oportunidad de hacerse de grandes bienes y lujos se da en el tiempo de su mandato y su comportamiento lo hace bastante visible; entonces su estilo de vida se vuelve un incentivo para cometer tropelías.
Así ocurre otro círculo de corrupción; por ejemplo, con el diputado que pide dinero para proyectos o que se contrate a ciertos proveedores, o los que controlan los congresos y negocian auditorías a cambio de favores. Todo tiene que embonar.
En el ámbito político, no olvidemos la alta responsabilidad de los partidos en la elección de candidatos a cargos populares. En muchos casos los aspirantes son elegidos de tal manera que forzosamente devolverán el favor; la cadena de ilícitos que propicia la pillería en el otorgamiento de obra pública, de contratos de servicios ha llegado a tal límite que existe un gran número de autoridades municipales asesinadas en los últimos años, lo cual es impensable sin un conjunto de complicidades y permisividad. Hay entonces un empoderamiento distorsionado que muestra patrones de mentiras y engaños, comportamientos delictivos sin límite alguno para alcanzar sus fines por la necesidad de buscar satisfactores instantáneos y dada la baja tolerancia al fracaso. Rompen normas para pasar por encima de los derechos de otros. No hay lealtades ni lazos permanentes, prevalecen los propios intereses.
De esta forma, quienes tienen algo de escrúpulos o no se prestan para actos irregulares no entran al sistema, y difícilmente logran ascender o son expulsados.
En una ocasión visité la Unidad de Investigación de la Secretaría de la Función Pública (sfp) en materia de atención a denuncias para conocer qué hacían: poseían una vagoneta blanca cerrada con aparatos de escucha, supuestamente para atender denuncias ciudadanas, una libreta simulada con un micrófono para grabar conversaciones y un dispositivo móvil instalado. Me dieron pena ajena. Ese es su nivel de investigación, no son profesionales y no cuentan con las herramientas ni capacidades necesarias para llevar a cabo las indagatorias. ¿Quién autorizó hacer eso? Todos sabían de la existencia de ese método de espionaje. Desconozco si actualmente persiste esa área y sus vergonzosas instalaciones.
¿Por qué les importa la vida privada? ¿Para qué el espionaje? ¿Para chantajes, venganzas, morbo? La intimidad suele ser el punto débil de la mayoría de las personas. Espiar es repugnante, porque no importa en realidad la investigación seria, nada que ver con la labor profesional vinculada a la prevención de hechos de corrupción. Quienes lo practican crean un ciclo de mezquindad, pues con ello intentan derrumbar moralmente a cualquier sujeto que ha caído de su gracia. Indefendibles.
Utilizar información personal para amedrentar, para que alguien no abra la boca, para ejercer coacción, no solo indigna, es un instrumento de persecución política y personal, es un acoso donde difunden o filtran conversaciones con la finalidad de socavar la dignidad, sin que exista alguna institución que evite y sancione dichas actividades ilícitas.
En ocasiones se hace uso faccioso de las instituciones para elaborar toda una ofensiva de presión contra cualquier funcionario incómodo por desobedecer órdenes ilegales o por no someterse. Algunos pueden aguantar, pero hay quienes no lo soportan y terminan cediendo. Hay doble moral y resentimiento en mucho de esto.
Los corruptos se
