De hacerle trampa a la ley…
a incluir la trampa en la ley

Los capítulos de este libro están basados en varios de los debates de control político que realicé en el Senado luego de 2010, en los que denuncié abusos y vivezas contrarios al progreso del país^*. Y esta introducción apunta a darles un marco más general a los casos que se denuncian y a llamar la atención sobre sus causas y la inmensa gravedad que ha alcanzado la corrupción en Colombia, estimulada por las sumas astronómicas a las que han llegado los negocios públicos y privados y por ciertos cambios conceptuales introducidos por la ideología neoliberal, que reducen a poco o a nada los criterios que orientaron las leyes y las normas diseñadas para impedir o hacer más difíciles las corruptelas, de manera que se pasó de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley o, en palabras de Daniel Samper Pizano, a que la corrupción alcanzara “formas reglamentarias”.

No hay colombiano que no sepa que la corrupción en Colombia ha llegado a niveles escandalosos, bastante más altos que los promedios internacionales, y ello en un mundo en el que, en todos los países, las más variadas, enormes y descaradas corruptelas son el pan de cada día. Algunas cifras son elocuentes.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2015-2016), Colombia se ubicó en el puesto 126 entre 140 países en el indicador de Ética y Corrupción, advirtiendo que el puesto 140 es el peor. El indicador desglosa otros tres rubros en los que al país también le va muy mal. Desvío de fondos públicos: 131 entre 140, Confianza pública en políticos: 131 entre 140, y Pagos irregulares y sobornos: 97 entre 140.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en las Empresas Colombianas, elaborada por Transparencia Colombia, el 91 por ciento de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios, el 76 por ciento considera que en el cierre de los negocios y contratos es la opción más usada y calculan en el 17,3 por ciento el promedio del valor que se paga de manera secreta, para poder ganar una adjudicación.

Felipe Córdoba, auditor general de la República, señala que hay 17.000 procesos de responsabilidad fiscal, por 19 billones de pesos, y que la recuperación de los recursos públicos por acción del control fiscal apenas llega al 0,07 por ciento. Y la Contraloría General señala que el 72 por ciento de la contratación con los recursos de regalías se hizo mediante procesos contractuales en los que se presentó un solo oferente, realidad que ha sido denunciada desde hace tiempo y cuya corrección ni siquiera se intenta.

En el país hay conciencia de la gran corrupción del sector público, hasta el punto de exagerarla: cada funcionario y cada político, sin exceptuar a nadie, es corrupto —se afirma—, idea que tiene origen en que es verdad que hay corruptos por montones y en que los medios de comunicación —bien llamados formadores de opinión— siempre tienen un caso para mencionar y machacan algunos. Pero, al mismo tiempo, es llamativo aunque no extraño que de la percepción de corrupta se excluya, en todo o en enormes proporciones, a la empresa privada, a pesar de que es imposible robarse cualquier cosa de importancia en el Estado sin tener por lo menos un socio o compinche en el sector privado e incluso puede suceder que los recursos públicos se los roben solo entre privados, cuando logra engañarse al funcionario que tiene entre sus funciones impedir el fraude.

Exceptuando las corruptelas relativamente menores —como robarse insumos de papelería o de aseo de las oficinas—, la corrupción pública no es un delito de yo con yo. De ninguna manera. Es un crimen que se hace en asocio con privados corruptos, como ocurre cuando el funcionario actúa con dolo en beneficio de un contratista de obras públicas, de una trasnacional, un banquero, un importador o un narcotraficante.

Que la gran corrupción privada sea ignorada por muchos no obedece a que no exista o a que sea de montos menores, sino a que en la empresa privada hay un pacto para no sacarse los trapos al sol, ni en torno a las conductas lícitas ni a las ilícitas, y porque los formadores de opinión suelen pasar sobre ella con la mayor rapidez. Y es muy grave que esto ocurra porque ninguna lucha en serio contra una corrupción en extremo destructiva podrá darse si se parte de ocultar la existencia de una de las partes inherentes al proceso, ocultamiento que aunque puede obedecer a un simple prurito ideológico de algunos —todo lo privado es bueno—, contiene el fondo gravísimo de facilitar, también en extremo, las corruptelas de quienes son todo menos inocentes, al reducir, tras el ardid de la perfección de lo privado por el simple hecho de serlo, a poco o nada los instrumentos legales de protección de los recursos y las decisiones públicas, según se verá más adelante.

Señalar la muy amplia y creciente corrupción como característica de la actual sociedad colombiana, en el sector público y en el privado, no significa que considere corruptos a todos y cada uno de los servidores públicos y de los negociantes privados. No. Porque no es verdad y porque contiene el veneno de fomentar la desmoralización y la idea de que este país no tiene arreglo, posturas ideológicas que promueven los corruptos para justificarse y hacer que las gentes honradas de Colombia, que son casi todas, no actúen con el propósito de enfrentarlos donde quiera que se encuentren.

La corrupción en la sociedad es tan vieja como la codicia de los seres humanos e, inclusive, aparece como un lubricante de los negocios, cuyos actores se encuentran sometidos a la ley de la selva de aumentar las ganancias como sea o perecer, porque lo normal es la existencia de competidores que no se paran en pelillos morales. Seguramente a eso se refería el presidente de Colombia que pasó a la historia porque propuso “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, alarmado, según insinuó, porque las corruptelas se habían desbordado, verdad que desde cuando él la mencionó se ha incrementado en proporción geométrica en el mundo y particularmente en Colombia.

Ya en el siglo XIX, el economista inglés J. F. Dunning, hablando sobre las tasas de ganancia que podían motivar que el capital se invirtiera, dependiendo de los riesgos menores o mayores, dijo:

(…) un diez por ciento asegurado, y se le puede usar en todas partes (…) al 100 por ciento pisotea todas las leyes humanas; con el 300 por ciento no hay crimen que no se atreva a cometer, inclusive a riesgo del cadalso. Cuando el desorden y la discordia dan ganancia, los estimula. Prueba de ello, el contrabando y la trata de negros¹⁵.

Hoy se ilustraría el tema con el narcotráfico y otros negocios y decisiones con las que se defrauda al Estado y a los particulares en porcentajes incluso mayores. En la medida del aumento de la población y de las economías, y de la consolidación de los monopolios nacionales y trasnacionales, la escala de los negocios ha alcanzado tallas descomunales, de tantos dígitos, que no caben en las calculadoras, con las cuales también se han incrementado en grande las utilidades, llegando hasta porcentajes como los que menciona Dunning, y estimulando la decisión de correr con el riesgo de las corruptelas. Así, incluso la coima de un porcentaje pequeño para un funcionario corrupto, calanchín del privado que se lleva la parte del león, lo enriquece a él y a su familia por varias generaciones. Y la corrupción también ha cobrado fuerza en los negocios menores, en los que sus protagonistas deciden seguir la huella de personajes de importancia nacional o internacional que se presentan como dignos de imitar.

Las corruptelas en la élite colombiana se remontan al siglo XIX, en negocios de remates de rentas públicas, créditos internacionales y adjudicaciones de tierras baldías del Estado, prácticas que se ampliaron en los inicios del siglo XX con las andanzas de las trasnacionales del banano y el petróleo. Y también ha contado en la descomposición, así sea de manera indirecta, la muy deseada práctica nacional y latinoamericana de enriquecerse sin correr con los esfuerzos y riesgos inherentes a las actividades productivas propiamente dichas, industriales y agropecuarias, sustituyéndolas por el aprovechamiento de la valorización del suelo rural y urbano que denunciara en 1958 Hernán Echavarría Olózaga. Porque estas últimas actitudes, prácticas y ganancias fáciles, que suelen darse por el simple hecho de poseer un bien escaso y a manera de renta, estimulan la idea de que el enriquecimiento debe ser rápido y con tasas muy altas, —semejante al que genera la acción ilegal—, con esta mentalidad agravada por la poderosa irrupción del narcotráfico en la sociedad colombiana. Y a propósito: ¿por qué desapareció de los medios la llamada “ventanilla siniestra”, por la que entraban al país —o siguen entrando— los dólares del narcotráfico?

La actual y escandalosa corrupción pública y privada también llegó a las cumbres actuales por la constitución del Frente Nacional, esa especie de dictadura liberal-conservadora que prohibió la oposición política, o la redujo a la insignificancia, y que estableció el más desfachatado contubernio bipartidista para repartirse cada contrato y cada puesto público al cincuenta por ciento. Asimismo, convirtió la corrupción, la complicidad y la alcahuetería en prácticas corrientes en la política nacional y en el ejercicio del poder, hasta el punto de que la idea de ejercer la oposición, que en otras latitudes se reconoce como una de las mejores políticas anticorrupción, aquí aparece como un crimen que solo ejercen los malos hijos de Colombia.

A la par con el engendro corruptor de la manguala bipartidista, que impuso la política del tapen-tapen en todas la esferas públicas y privadas, hace medio siglo y de manera consciente, la jefatura liberal-conservadora acordó hacer política mediante el clientelismo, concepción y práctica que heredaron sus partidos hijastros. En efecto, y como lo han explicado Alejandro Gaviria, Guillermo Perry y Rudolf Hommes, al igual que el colombianólogo James Robinson, el clientelismo, y la mermelada que le es consubstancial, tienen origen en un pacto público-privado en el que a la clase política se le concedió el privilegio de usar la plata del Estado para ganar las elecciones y enriquecerse, a cambio de respaldar y aprobar cuanto le ordene una burocracia ilustrada que también le indica al gobierno qué debe hacer para beneficiar a ciertos poderes económicos —lo que sigue lo digo yo—, y principalmente a los monopolios extranjeros, cuyos Estados sedes, y principalmente Estados Unidos, le imponen a Colombia unas relaciones tan leoninas que hasta nos arrebatan la potencialidad de crear riqueza y desarrollar el capitalismo.

El clientelismo, la descarada corrupción del ejercicio de la política, con la descomposición de todos los tipos que le ha provocado a Colombia no es, entonces, una perversión del sistema sino su esencia, porque permite gobernar de la peor manera —contra el pueblo, contra la clase media e incluso contra el empresariado nacional— y aun así ganar las elecciones, amparados además por un sistema electoral controlado por la partidocracia, podrido hasta su médula y diseñado no para que la verdadera voluntad ciudadana pueda expresarse sino para todo lo contrario.

Y es el clientelismo el que convirtió la competencia política en una batalla de chequeras porque, como era de esperarse, hubo quienes reemplazaron los recursos públicos con los que sus competidores les ganaban las elecciones por los recursos privados, ilegales y legales, hasta llegar al revoltillo en el que se suman los de todos los orígenes con el único fin de ganar cada elección como sea, mediante el todo vale, inversiones que luego recuperarán acrecentadas con el asalto del patrimonio público. Ha llegado a tanto lo generalizado de esta desfachatez que constituye una excepción el llamado voto de opinión, el que resulta de la decisión autónoma del elector, y que aparecemos también como excéntricos y hasta idiotas los muy pocos que salimos elegidos exclusivamente por ese tipo de votantes.

¿El pretexto supuestamente moral para tanta desfachatez tan perniciosa para la prosperidad de Colombia? Que así, con el clientelismo —que apalanca la “mermelada” que considera una genialidad el propio presidente Juan Manuel Santos y que, demagogias aparte, han utilizado todos sus predecesores—, se derrota al “populismo” político y económico, calificativo que le chantan a cualquier concepción que contradiga las determinaciones del Fondo Monetario Internacional y de las demás instituciones financieras internacionales con las que las potencias económicas organizan un mundo al servicio de sus trasnacionales y de sus correveidiles nativos en cada país de los que giran en sus órbitas.

Nada les importa que ese sistema tenga a Colombia en el peor de los mundos, el de un capitalismo subdesarrollado con un producto por habitante de míseros 6.056 dólares —Estados Unidos tiene 55.836 (2015)—, y provenientes de la producción de materias primas agrícolas y mineras, como en la Colonia, y la mayor tasa de desempleo de la región, pero eso sí, se ufanarán ellos, con una de las mayores desigualdades sociales del mundo, que indica lo muy caro que se han cobrado los mandamás por ni siquiera desarrollar el capitalismo nacional, que se supone es su primer deber de gobernantes. Manes de unas concepciones que convirtieron en el summum de la sabiduría y lo muy digno de lograr separar la suerte personal de la de la nación, de manera que a unos pocos les va muy bien mientras al país le va mal, con lo que aparecieron unos cuantos magnates semejantes a los de Estados Unidos y de Europa, en tanto el pueblo colombiano no se parece al norteamericano o europeo sino al de África.

Y a ese tipo de capitalismo enclenque, que posee los problemas estructurales propios de ese modo económico, mas no sus posibilidades de desarrollo productivo y laborales, que aquí se reemplazan con no pocas formas premodernas, incluida la de valorar la picardía como virtud, lo marcan también las mañas que suelen acompañar los negocios financieros