Índice

• El poder político en el Ecuador
• Nota del autor
• Reconocimientos
• Presentación
• Primera parte. Formación del poder en la Audiencia de Quito (1533-1820)
  • Capítulo 1. Organización social y económica
    • Subordinación de los indígenas
    • Apropiación de la tierra
    • Ocupación de la mano de obra
  • Capítulo 2. Organización política
    • Leyes
    • Autoridades
    • Control y vigilancia
  • Capítulo 3. Orígenes de la dependencia
  • Capítulo 4. Articulación del poder
    • Las sociedades precoloniales
    • Ilegalidad
    • La dominación política
  • Capítulo 5. Conflictos políticos
    • Levantamientos indígenas
    • Rebeliones de los criollos
• Segunda parte. La estructura del poder en la República (1820-1949)
  • Capítulo 1. La hacienda
    • Significación económica
    • Organización social
    • Papel político
  • Capítulo 2. Instituciones auxiliares
    • La Iglesia católica
    • El sistema jurídico-político
  • Capítulo 3. Articulación externa
    • Dependencia económica
    • Dependencia político-cultural
    • Límites de la dependencia
  • Capítulo 4. Los conflictos políticos
    • El bipartidismo conservador-liberal
    • Las luchas personales de caudillos y militares
    • Dictadura o democracia
    • El regionalismo
    • La lucha de clases
• Tercera parte. La crisis del poder en la época contemporánea (1950-1975)
  • Capítulo 1. Desarrollo capitalista y crisis del sistema político
    • Las nuevas formas de producción capitalista
    • Las oligarquías
    • La crisis del bipartidismo
  • Capítulo 2. Urbanización y populismo
    • La presencia popular
    • Partidos populistas
    • El populismo
  • Capítulo 3. La crítica ideológica
    • Las ideas
    • Los partidos políticos
    • Las instituciones
  • Capítulo 4. La organización popular
  • Capítulo 5. El reformismo militar
  • Capítulo 6. La politización del movimiento estudiantil
  • Capítulo 7. La renovación de la Iglesia católica
  • Capítulo 8. Las nuevas formas de dependencia
    • El contexto internacional
    • El proceso económico
• Bibliografía
  • Publicaciones inéditas y documentos
  • Publicaciones periódicas
• Sobre este libro
• Sobre el autor
• Créditos

RECONOCIMIENTOS

Deseo dejar constancia de la gratitud que guardo al entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Hernán Malo González. Sin el interés que puso en la investigación que venía realizando y el nombramiento que recibí de profesor a media jornada, no habría dispuesto del tiempo y de los recursos requeridos para concluirla, ordenar los resultados y escribir el manuscrito de El poder político en el Ecuador.

Además, pude contar con la asistencia de los estudiantes José Vicente Zevallos y Augusto de la Torre, y ocasionalmente de Marco Romero, a los que se sumó Daniel Ford, alumno del Centro Andino de la Universidad de Nuevo México. A todos ellos, particularmente a los dos primeros, debo agradecerles por la forma inteligente y laboriosa con la que escudriñaron las bibliotecas de Quito, así como documentos de instituciones públicas, para encontrar informaciones que pudieran sustentar mis reflexiones.

El director del Centro Andino, Nick Mills, revisó el manuscrito e hizo atinadas observaciones que me instaron a revisar y profundizar el contenido de ciertos párrafos. El profesor de la escuela de Letras de la Universidad Católica, Simón Espinosa, revisó la versión final del manuscrito con tal conocimiento y minuciosidad que se convirtió en el ilustrado editor del libro. No encuentro palabras apropiadas para agradecer el invalorable aporte de tan queridos y admirados colegas y amigos. 

La preparación de mis clases de Sociología Política en la Universidad Católica y de Ciencia Política en el Centro Andino, así como las inquietudes de mis alumnos y las discusiones que suscitaron, contribuyeron a afinar el análisis, sumar nuevas reflexiones y mejorar la estructura del libro. Motivos por los que también debo agradecer a los anónimos estudiantes ecuatorianos y estadounidenses que asistieron a mis clases.

PRESENTACIÓN

Cuando en 1969 publiqué un anterior estudio sobre la realidad ecuatoriana (Dos mundos superpuestos), algunos lo objetaron diciendo que trataba los problemas estática, descriptiva y fragmentariamente, sin establecer las interrelaciones de los fenómenos y su causalidad. Recuerdo el hecho porque constituye el origen del presente trabajo. Si bien la crítica no era pertinente porque se refería a un estudio que solo se proponía introducir al conocimiento de la problemática nacional, la observación me interesó y desde entonces comencé a hurgar en el proceso histórico del Ecuador. Los resultados se hallan contenidos en el libro que el lector tiene en sus manos.

El estudio se ubica en el campo de la sociología política y toma como hilo conductor el análisis del fenómeno del poder. Valiéndose del auxilio de las otras ciencias sociales, examina todos los elementos que integran la realidad del país —económicos, sociales, culturales, religiosos, ideológicos, jurídicos, etc.—, establece las articulaciones de unos con otros, penetra en su causalidad, extrae sus contenidos específicamente políticos y forma con ellos una totalidad. En suma, observa las condiciones peculiares de la realidad ecuatoriana —tanto “internas” como “externas”— en sus concreciones estructurales y las analiza dentro de un proceso histórico.

En el análisis no he caído en la tentación —tan frecuente— de “poner la carreta antes que los bueyes”. Cuando a priori se asume una teoría social, se ideologiza la realidad que se estudia y se termina inventándola. Es imposible hacer una abstracción teórica si no se cuenta con suficientes datos empíricos que estudien extensa y profundamente un proceso histórico y sus formaciones sociológicas específicas. Sin desconocer los aportes de las teorías sociológicas elaboradas en Europa y Norteamérica —algunos de cuyos instrumentos de análisis se usan—, la especificidad de la problemática ecuatoriana y la sui generis evolución de sus estructuras no permiten la transferencia mecánica de teorías sociales creadas para examinar realidades diferentes. Por ello, ha sido necesario buscar instrumentos analíticos nuevos que se apliquen a los hechos estudiados y, por cierto, recurrir a los aportes de la sociología latinoamericana. Como podrá verificar el lector, soy deudor de algunos de sus autores.

Por las razones anotadas no he abordado la discusión teórica, excepto en unos pocos casos inevitables. Elaborar una teoría general antes de aprender una realidad significaría violar el proceso lógico del conocimiento científico. Además, desbordaría el campo del presente trabajo y caería en la superficialidad. Lo cual no significa desconocer la necesidad de hacer una abstracción que permita extraer las características esenciales que configuran el proceso histórico estudiado. Pero esta tarea debe ser materia de otro trabajo al que ojalá el presente aporte ciertos elementos. Precisamente uno de los mayores retos que enfrenta la sociología latinoamericana es crear instrumentos analíticos propios que permitan comprender la originalidad del fenómeno continental, lejos de toda forma de colonialismo intelectual.

El que analiza una realidad —quiéralo o no— difícilmente escapa de las influencias que ella ejerce sobre el observador, y tampoco a los condicionantes que le plantea su cosmovisión del mundo. Mediaciones axiológicas, históricas, estructurales e ideológicas separan al investigador del hecho político estudiado. En estas condiciones, la objetividad sería harto difícil de alcanzar. Sin embargo, creo que se puede escapar de esta fatalidad si en el proceso de investigación y análisis se manejan datos empíricos, si se los trata de manera metódica y sistemática y, sobre todo, si se hace un contraste permanente entre las categorías teóricas y los resultados obtenidos. Un estudio es objetivo si revela la realidad analizada como “intersubjetivamente válida”, esto es, cuando es apreciada como cierta por “todos”. En todo caso, no puedo dejar de señalar que soy un crítico de las actuales condiciones sociales y que me hallo inscrito en las filas de los que proponen transformarlas. Pero este alineamiento no ha impedido que me acerque a la observación de los hechos con una gran libertad intelectual.

No se encontrarán consideraciones éticas sobre la bondad o maldad de los hechos analizados. Mientras el filósofo se interesa por el deber ser de los actos humanos, al sociólogo le preocupa el ser, desprovisto de juicios de valor. Se examinan entonces las relaciones sociales en sí, como han sido en la práctica, sin tener en cuenta los propósitos de los actores. Por lo tanto se recurre a métodos empíricos y experimentales y no al razonamiento filosófico. Además, como son las prácticas comunes —y no las excepciones— las que marcan las características de una sociedad y su evolución, solo se toma en cuenta lo general y se deja de lado lo particular, que es preocupación del historiador.

En la investigación no ha sido fácil superar el problema planteado por la inexistencia de estudios básicos. Sobre el período colonial hay alguna bibliografía, mas no de los años que siguen a la independencia, en los que las fuentes son insuficientes. No cuenta el país con una historia económica y social y tampoco con una historia de los partidos y de las ideas. Las historias generales —de las que principalmente me he valido— se suelen reducir a la narración cronológica de hechos o se ocupan principalmente de asuntos jurídico-constitucionales, religioso-eclesiásticos, territoriales, etc. Solo tangencialmente tocan problemas económicos y sociales. En otros casos, como los historiadores y en general los escritores ordinariamente han provenido de la Sierra o han trabajado con fuentes documentales quiteñas, la Costa no ha sido estudiada lo suficiente, vacío que es grave si se considera que durante toda la República esta región ha sido el centro económico del país. Salvo pocas excepciones, los escritores partidarios están llenos de especulaciones teóricas, de consideraciones literarias o de apreciaciones parcializadas de hechos que se acomodan artificialmente para justificar una posición política. Los estudios “jurídico-filosóficos” son de poca utilidad para un trabajo empírico, en la medida en que las realidades del país escapan de lo que dicen las leyes y las constituciones. Una fuente importante han sido los escritos de viajeros extranjeros en los que se recogen hechos que pasaron desapercibidos para los escritores ecuatorianos. En ciertos casos ha sido necesario recurrir a fuentes documentales.

Probablemente a algunos lectores les molestarán las muchas citas que se hacen. Estas no constituyen de ninguna manera un afán de erudición. Discrepando como discrepo de las interpretaciones sociológicas que tradicionalmente se han hecho del proceso histórico del Ecuador, me ha parecido indispensable rodear el análisis de un aparato científico suficiente. La construcción de un edificio sociológico bastante diferente de los anteriormente edificados hace indispensable afirmarlo con cimientos, columnas y vigas que soporten la discusión teórica y empírica que ha de venir.

El lector no encontrará ninguna propuesta programática, tema que escapa al ámbito de este trabajo. Encontrará sí un análisis retrospectivo del pasado ecuatoriano, con lo cual espero contribuir a un mejor conocimiento de la realidad del país, requisito indispensable para emprender de manera coherente una acción política. Es conveniente recordar que para saber adónde ir es indispensable conocer de dónde venimos. Con este propósito, prescindiendo de lo adjetivo y epidérmico, el análisis penetra en el vientre histórico del Ecuador para encontrar las fuerzas fundamentales que explican la formación de las estructuras vigentes. Como este proceso se remonta a los pueblos que habitaron inicialmente nuestro país —el indio y el español—, el análisis empieza cuatrocientos cuarenta y tres años atrás.

Como se podrá ver, el campo de la política no se reduce a la acción de los partidos y de los políticos profesionales. Tampoco se circunscribe a los asuntos de Estado. En la práctica se extiende a todas las manifestaciones de la vida social, cuando están de por medio el poder y la autoridad, así como el interés de orientarlos o captarlos. En consecuencia, su importancia y su influencia son mucho más grandes que las de cualquier otra actividad humana. Para decirlo con una frase muy expresiva de la sociología francesa: “los problemas políticos son los problemas de todo el mundo; los problemas de todo el mundo son los problemas políticos”. Por acción u omisión su papel es fundamental en el desarrollo de una sociedad, sobre todo en aquellas en las cuales, por su retraso y por las transformaciones que demandan, aumenta la importancia de la función política.

El tono crítico de algunos de mis juicios —hechos con el amor y la pasión que siento por mi país y por su pueblo— no entraña ningún tipo de pesimismo. Nada peor que cerrar los ojos ante nuestras limitaciones, nada mejor que apreciarlas justamente.

O. H.

Primera parte

FORMACIÓN DEL PODER EN LA AUDIENCIA DE QUITO
(1533-1820)

CAPÍTULO 1

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

SUBORDINACIÓN DE LOS INDÍGENAS

Sebastián de Benalcázar inicia la conquista de los territorios quiteños con 290 hombres, y Diego de Almagro, con 30. Pedro de Alvarado lo hace con 500. Aproximadamente 2.000 españoles intervienen en el sometimiento de 500.000 indígenas en los dieciséis años que duraron la conquista y pacificación de la circunscripción geográfica que hoy constituye el Ecuador. Hasta 1549 murieron 20.000 indios en el trabajo de transportar las cargas de los españoles para sus expediciones; muchos más en las guerras de conquista, en las sublevaciones, y, años después, por la catástrofe demográfica causada por las epidemias traídas por los europeos. En algunas localidades como Puná la población indígena prácticamente desapareció y en Zamora se redujo en un 90%. Sin embargo, su número siguió siendo considerable. Estimo que a fines del siglo XVI los indígenas de la Audiencia de Quito se redujeron a 200.000 y los blancos apenas sumaban 10.000¹.

Los españoles se avecinaron en las ciudades. Si bien algunos indios permanecieron en sus alrededores, en su mayor parte se ubicaron en el campo. Una necesidad de la organización social y económica en formación fue la subordinación de los dispersos pueblos derrotados: la encomienda de indios constituyó la respuesta. A ella se hicieron acreedores una parte de los fundadores de Quito, los principales, los que por haber contribuido con caballos y dinero a las campañas de conquista eran merecedores de grandes recompensas². Como se sabe, la Encomienda, en su forma jurídica más definida, consistió en la asignación de un número determinado de indígenas a un blanco que se obligaba a protegerlos, a proporcionarles servicios religiosos y a prestar ayuda militar al rey, a cambio de un tributo que debía recibir en dinero o en especie. No otorgaba título de propiedad sobre la tierra ni derecho sobre la mano de obra indígena. Su ámbito geográfico comprendió todas las provincias de la Audiencia de Quito, en la que, según el padre Vargas, en 1573 había 81 encomiendas. Silvio Zabala establece 156 encomiendas para 1591³.

Es necesario tener en cuenta que la encomienda no siempre tuvo estas características. Recién en 1536, en una real orden que se envía a Francisco Pizarro, se desligan de la encomienda los trabajos forzados de los indígenas; cosa que se confirmó en las Leyes Nuevas expedidas por Carlos I en 1542, que son las primeras en prohibir explícitamente la esclavitud de los indígenas y en general los servicios personales. Estas prohibiciones se reafirman en las cédulas de 1549 y 1601, de manera que en 1680 la institución de la encomienda ya figura en el Código Indiano separada de la esclavitud, del servicio personal y del trabajo forzoso⁴. En lo sucesivo, por las presiones de los defensores de los indios, la impotencia de la metrópoli para frenar los abusos de los encomenderos y la pérdida de la función tributaria de la encomienda, se buscó su supresión: en 1701 el rey dispone que se incorporen a la Corona las encomiendas de personas que no residen en las indias; en 1703 toma para sí la “media anata”; en 1707 incorpora las muy cortas; al final, el 23 de noviembre de 1718 ordena la incorporación de todas las encomiendas y el 21 de julio de 1720 dicta la ley de abolición de las encomiendas⁵.

Como se acaba de ver, recién en la segunda mitad del siglo XVI aparece separada la encomienda del trabajo forzoso. Hasta entonces la mano de obra del indígena estuvo jurídicamente sujeta al encomendero a través de las denominadas encomiendas de “Servicios personales”, que se dieron cuando los tributos se transforman, total o parcialmente, en la prestación de trabajo. Esto sucedió a pesar de las numerosas prohibiciones de que, como parte de la “tasa”, figurara algún servicio personal. Este fenómeno llega a tener tanta extensión que, incluso, cuando en 1720 se eliminan las encomiendas, el rey dispone que en las que

Hubiere de servicio personal no se ha de hacer novedad alguna y quedarán en el estado en que hoy se hallan por ser de corta entidad y por los inconvenientes que de lo contrario podían seguirse al servicio de Dios y mío⁶.

Fray Pedro de Peña, que ejerce el obispado de Quito en la segunda mitad del siglo XVI, se queja de que los encomenderos ocupen a los indios en su servicio personal y que a título de tributo los hagan trabajar, gran parte del año, en obrajes, minas y otras ocupaciones semejantes⁷. En la Audiencia de Quito las encomiendas de servicio personal subsisten hasta el siglo XVIII, aunque en un número reducido y no en todo su territorio⁸.

Los conquistadores —y más tarde los colonos— también se valieron de otras instituciones para apropiarse de la mano de obra indígena. De entre los fundadores de Quito, 24 vecinos de “alguna distinción social” además de tierras recibieron indios para el trabajo⁹. Así se inició una práctica que perduraría con el nombre de repartimiento de indios. Coercitivamente las autoridades consiguieron que los indígenas se mudaran a las ciudades para que los colonos, a cambio de una remuneración, los ocuparan en el trabajo agrícola, en su servicio personal y en las minas. La mita, que subsistió hasta 1812 y estuvo muy ligada con el repartimiento, tuvo un propósito y una expresión parecidos. Por ella, una quinta parte de los indios comprendidos entre los 18 y los 50 años de edad, anual y rotativamente, eran asignados al trabajo de las minas, y de manera menos frecuente a la agricultura y a otras actividades, a cambio de una remuneración. Los que no disponían del beneficio de mita, pagando un salario mayor podían obtener el trabajo de los denominados indios libres¹⁰. Finalmente, existió la esclavitud, sobre todo en las actuales provincias del Guayas, Imbabura, Loja y Pichincha.

APROPIACIÓN DE LA TIERRA

Las tierras cultivables de la jurisdicción geográfica que daría origen a la Audiencia de Quito, casi en su totalidad pertenecían a los príncipes y a las divinidades del Imperio inca. Producida la derrota de las armas indígenas, por derecho de conquista pasaron a ser propiedad de los Reyes Católicos, lo mismo que las tierras baldías que “no estuviesen cultivadas ni asignadas a fin alguno”¹¹. Sobre ellas recayó la facultad otorgada por los monarcas españoles a los conquistadores, a través de las “mercedes reales”, para que las distribuyan entre sus compañeros de armas como botín de guerra y premio a sus sacrificios económicos y militares. Las demás expresamente se reservan para los indígenas, y numerosas cédulas se expidieron para garantizar sus derechos “a las que cultivasen y a las que necesitasen para su pasar”¹². Los españoles antes de recibir una adjudicación debían probar que las tierras solicitadas pertenecían al “Sol o al Inca” y que los indios no las tenían en propiedad o en usufructo.

En un país cuyas regiones costera y oriental constituían una selva impenetrable e insalubre, los conquistadores se establecieron en los “hondos, espaciosos y abrigados” valles serranos, en los que la tierra era “fructífera, provechosa y bien poblada”¹³. De estas tierras tomaron posesión una vez que terminaron sus campañas y se obligaron a cultivarlas bajo la pena de perderlas, si el Cabildo les había adjudicado y conferido el título de propiedad. En esta forma, los 204 fundadores de Quito reciben un solar en la “traza” de la ciudad para que en él edifiquen sus viviendas y muchos de ellos estancias para la agricultura y la ganadería en el campo¹⁴.

El hecho de que la tierra sea el principal recurso productivo —como se verá más tarde—, y la base del prestigio social, llevó a la sociedad blanca a buscar su dominio. Si alguien hacía fortuna en el comercio y deseaba pertenecer al Cabildo, compraba tierras y realizaba sus operaciones mercantiles a través de intermediarios¹⁵. Cuando los encomenderos, dados a la ostentación, se arruinaron económicamente y vendieron sus tierras, los criollos compraron las más productivas y mejor situadas por considerar que la propiedad territorial era la base de todo poder¹⁶. Como los indios carecían de títulos sobre las tierras que poseían y no acertaban a citar el oficio o archivo que las protegía, los blancos hacían posturas ante la Audiencia y conseguían que se las adjudicaran en calidad de baldías. En otros casos recurrieron a procedimientos violentos ejecutados por sus mayordomos, que perseguían a los indígenas hasta obligarlos a abandonar las tierras o venderlas “con el incierto supuesto de que eran libres para disponer de ellas”¹⁷. En últimas, los apremios fiscales de la Corona la forzaron a acceder a las “composiciones de tierras”; así, Felipe II dispuso que toda persona que demostrara ante las autoridades que se encontraba en posesión de tierras del rey recibiría los títulos de propiedad si pagaba una multa calculada conforme a la calidad del bien y al provecho que se hubiere obtenido. De esta manera se redujeron las “chacras” de los indios, las extensas tierras de las comunidades indígenas y el patrimonio territorial del monarca y se formó la gran propiedad. Esta se consolidó en los siglos XVII y XVIII, gracias a la institución del mayorazgo, que impedía la división del latifundio por herencia.

Los conquistadores y sus descendientes, los burócratas y los colonos que más tarde llegaron a la Audiencia de Quito, no fueron los únicos titulares de la propiedad territorial; a estos se sumó la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, las órdenes religiosas e individualmente los clérigos, a través de donaciones, dotes y compras, lograron conformar un cuantioso patrimonio territorial. Piadosos católicos testaron a favor de los curatos, los denominados “censos”, y de las órdenes religiosas, la totalidad o parte de sus bienes para que los frutos permitan su sustento y sirvan para el culto divino. Los que ingresaban en un convento donaban todas sus pertenencias, y como la Iglesia cumplía una importante función financiero-crediticia, disponía de “metálico” para adquirir por compra las mejores haciendas. Finalmente, como lo señalan Jorge Juan y Antonio de Ulloa, los religiosos, en vista de que para poder vivir fuera de su convento necesitaban tener un cuarto o “haber comprado alguna hacienda por su propio caudal”¹⁸, recurrieron a este arbitrio para liberarse de la disciplina conventual.

Numerosas cédulas se expidieron para limitar la propiedad eclesiástica. Una, despachada a la Audiencia de Quito en 1539, prohibía que los religiosos adquirieran más rentas y propiedades, pues “desde Pasto hasta Loja se habían apoderado en menos de dos años de más de la mitad de las haciendas”¹⁹. Pero todas estas prohibiciones resultaron inútiles. González Suárez señala que en el siglo XVIII “la mayor parte de los mejores terrenos pertenecían a las comunidades religiosas, principalmente a los padres de la Compañía de Jesús”, que poseían 77 haciendas con una extensión total de 80 leguas cuadradas —440 kilómetros cuadrados—, siendo las fincas de los particulares “pequeñas en comparación con las de los religiosos y los propietarios seculares pocos”²⁰. En la Historia de la Compañía de Jesús, el más completo estudio sobre los jesuitas de la provincia de Quito, se afirma que esta Comunidad en el momento de su expulsión poseía 63 haciendas, ya que las otras las tenía en administración²¹. No existen datos sobre el número de propiedades de las otras comunidades, de la Jerarquía y de los clérigos, pero se sabe que comprendieron valles enteros como los del Chota, Cayambe y Pomasqui, patrimonio al que es necesario sumar los intereses económicos que tenía la Iglesia en los obrajes, en el comercio y en el crédito.

OCUPACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Cuando el pillaje de los conquistadores agotó los metales preciosos acumulados por los indígenas, emprendieron en la explotación de minas de oro y plata y lavaderos fluviales. Estos estuvieron localizados en las vertientes surorientales de los Andes, en las actuales provincias de Azuay y Zamora, cerca de las poblaciones de Gualaceo, Logroño, Sevilla de Oro y Bracamoros. Dos yacimientos mineros tuvieron alguna importancia: el de Zaruma y el de Macuche, en las jurisdicciones de las provincias de El Oro y Cotopaxi. A diferencia de lo que sucedió en otras circunscripciones coloniales, en la Audiencia de Quito las minas carecieron de significación. En 1544 el Cabildo dispuso que se confirmara la costumbre de “marcar el oro sin aquilatado por la pobreza de la tierra que ciertamente lo es en minas”²². Una relación correspondiente a 1573 anota que los lavadores de Santa Bárbara y Zamora han venido a menos; en 1692 se dice una cosa parecida de la mina de Zaruma; Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que visitan Quito en 1737, afirman que:

De tantas minas, así de plata como de oro, que hay en la provincia de Quito, sólo hay labores corrientes en la de Barbacoas y algunas aunque cortas en la de Zaruma, estando las demás abandonadas²³.

En las primeras décadas del siglo XVI se estableció en San Miguel de Chimbo, si no la primera, la segunda “fábrica de paños que conoció América del Sur”²⁴. Gracias a la abundancia de materia prima, a los bajos costos de la mano de obra y a que la industria peninsular no podía satisfacer la demanda americana, según Phelan, en 1681 llegaron a funcionar 201 obrajes que ocupaban 28.000 personas, esto es, 140 trabajadores por obraje. Los géneros producidos por estas “fábricas” situadas principalmente en las circunscripciones de Quito, Riobamba y León se exportaron a los virreinatos de Nueva Granada, Perú y de la Plata e incluso a la Capitanía de Chile. La importancia que alcanzó esta actividad se deduce de los siguientes datos: en 1585, solamente en las actuales provincias de Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi, había 750.000 ovejas²⁵, cifra que equivale al 42% del número de ovejas que, según la Encuesta Agropecuaria, en 1968 existían en todo el Ecuador. Otras industrias fueron las “fábricas” de pólvora en Latacunga y de barcos en Guayaquil, puerto que se convirtió en el principal astillero del mar del Sur²⁶.

Junto con estas actividades estuvo la agricultura, que, sobre todo en el último siglo colonial, adquirió un papel económico fundamental. Los entonces fértiles suelos serranos se destinaron a la cría de ganado —principalmente lanar— y al cultivo de productos necesarios para el consumo interno como cereales y tubérculos, muy usados en la alimentación indígena y con el tiempo incluso en la de los blancos. En el Austro comenzó a explotarse la útil y lucrativa cascarilla²⁷. Los suelos de la Costa fueron poco aprovechados, excepto los aledaños a los ríos que forman la cuenca del Guayas, en virtud de que contaron con esta vía de comunicación. Los más importantes cultivos fueron el tabaco, en las riberas del Daule, y sobre todo el cacao, localizados en Guayaquil, Babahoyo y Machala; productos que alcanzan un notable desarrollo en las últimas décadas de la Colonia. Además se explotaron maderas, caña de azúcar, café y en general productos tropicales. Se vio cuán poco significativo fue el siglo minero —el XVI—, transcurrido el cual la economía de la Audiencia de Quito se transformó en agrícola y pastoril²⁸. Refiriéndose al siglo XVIII, González Suárez afirma que el “único elemento de bienestar general es la agricultura”²⁹.

Los renglones comerciales más importantes fueron la exportación e importación. Como la mayor parte de la población se autoabastecía de alimentos, el comercio interno se limitó al intercambio agrícola regional y al de telas elaboradas en la Audiencia para uso de indios y mestizos. Los blancos se proveían de bienes producidos en Europa o en Asia y los de manufactura nacional los compraban directamente a los artesanos o los recibían gratuitamente de los indios encomendados.

A estas actividades económicas se destinó la mano de obra conformada exclusivamente por los “hombres de color”. En la Sierra los indígenas se ocupaban de la labranza y del cuidado de los rebaños en las haciendas, en las tierras de comunidad y en sus propias parcelas. Como muchas haciendas eran además centros fabriles —la industria colonial no fue urbana—, una parte de los indios trabajaba en los obrajes. Las tierras de la Costa y los cálidos valles serranos fueron cultivados por esclavos negros y jornaleros que también se emplearon en los astilleros de Guayaquil, provincia en la que existieron pequeños propietarios. El laboreo de las minas tuvo relativa importancia, en las primeras décadas de la Colonia. El hecho de que la mita de minas signifique “Una positiva sentencia de muerte” originó la interesada protesta de los vecinos de Cuenca y Loja que “perdían los brazos indispensables para la agricultura” por el despoblamiento de las localidades en las que se reclutaban los indios³⁰. Las artesanías fueron desdeñadas por los blancos y algunos mestizos; estos controlaron el pequeño comercio, y aquellos, el grande.

Una significación tradicionalmente subvalorada tuvieron los servicios domésticos y las “obras públicas”. Los “vecinos” y los conventos tenían derecho a disponer de un número determinado de indios para la provisión de agua, hierba y leña, el transporte de literas, el cuidado de sus cocinas y caballerizas y en general el de sus personas y casas. Estos trabajadores domésticos conocidos como yanaconas fueron tan numerosos que ordinariamente superaron a las personas a quienes servían. Así por ejemplo, en el convento de La Concepción de Quito había 500 criadas y 150 monjas³¹.

Las obras públicas, antes que por la construcción de caminos, estuvieron representadas por la edificación de ciudades, conventos e iglesias. El número y suntuosidad que estos últimos alcanzaron en Quito y en otras ciudades de la Sierra permiten apreciar el significativo volumen de mano de obra que se destinó para su edificación.

CAPÍTULO 2

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

LEYES

La tradición jurídica latina, la ética católica y las presiones de los defensores de los indígenas, entre los que se destacó el padre Bartolomé de las Casas, llevaron a los monarcas españoles a expedir reales órdenes encaminadas a garantizar el ejercicio independiente y justo de las autoridades coloniales, proteger la propiedad territorial de los pueblos “nativos” y preservar la libertad personal de los indios. Para “gobernar justa y católicamente no solo al Perú sino a todas las indias”, ocho años después de que Sebastián de Benalcázar fundara Quito, el 20 de noviembre de 1542, Carlos I firmó en Barcelona las Nuevas Leyes de Indias, que recogen y amplían las ordenanzas, cartas reales y cédulas expedidas por la Corona desde el descubrimiento de América. Estas leyes y la vasta legislación dictada en los años siguientes se codificaron en la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas a imprimir por Carlos II y publicadas en Madrid en 1681.

Esta legislación, “la más humana y perfecta que en tiempo alguno se ha dado para gobernar pueblos coloniales”¹, contuvo disposiciones tan avanzadas como las del Código de Trabajo vigente en el Ecuador e incluso algunas todavía no contempladas en el derecho constitucional contemporáneo. El efecto, las autoridades no podían tener intereses económicos en los territorios de su jurisdicción, ni contraer matrimonio con nativas o mantener relaciones sociales con los súbditos, con lo que se buscó separar los intereses económicos del poder político. Se prohíben: los servicios personales y el trabajo forzado de los indígenas; que su tributo sea transformado en trabajo; que la jornada sea superior a ocho horas diarias; que se emplee a los menores de edad y a las mujeres encinta; que los encomenderos presten dinero a los indios y que tengan tierras en el lugar de la encomienda. Se manda: que todo trabajo reciba su remuneración; que se protejan las tierras de los indígenas y se restituyan las que han sido despojadas; que no se permitan “molestias y vejámenes” a los indios y que se castigue a los opresores; que la tasa del salario sea hecha de acuerdo al valor de las subsistencias que requiera el trabajador; que los sacerdotes no reciban “camaricos” y que antes de ser admitidos en las órdenes sagradas cursen un año entero la lengua del inca; que el trabajo doméstico sea voluntario y sujeto a una remuneración, que los indios no trabajen como cargadores “pues hay abundancia de bestias y caballos”².

AUTORIDADES

La ejecución de las Leyes de Indias en los actuales territorios ecuatorianos, en los de Popayán y en los de la cuenca alta del Amazonas estuvo a cargo de la Audiencia de Quito. Este tribunal colegiado, integrado ordinariamente por letrados de origen metropolitano, concentró en sus manos las atribuciones que en un Estado moderno son ejercidas por los poderes Ejecutivo y Judicial. En nombre del rey ejerció las más amplias funciones políticas, administrativas y judiciales. En efecto, juzgaba en primera, segunda o tercera instancia asuntos civiles, criminales, admin