La Unidad Popular fue uno de los tres grandes intentos de transformación absoluta y radical del sistema político, económico y social de Chile que se intentó en la segunda mitad del siglo XX. De ellos, fue tal vez el más ambicioso. Ciertamente fue el más trágico. A pesar de su cortísima duración —dos años, diez meses y una semana— no fue solo un gobierno sino un torbellino que sacudió a la sociedad chilena de una manera que quizás no experimentaba desde el antiguo conflicto civil de 1891. Su deseo fue tan grande como su fracaso: hacer de Chile un país socialista, marxista, con una economía, una cultura, una sociedad y hasta un ser humano nuevos. Partidarios y enemigos de la Unidad Popular vivieron este periodo de una manera intensísima: en pocos años, la política y lo político cobraron una importancia superlativa en la vida social y personal, y en torno a ese eje las pasiones y deseos, los sueños y pesadillas, la violencia y la esperanza, correrían con eléctrica fluidez. Unos estuvieron alentados por el sueño de alcanzar la modernidad y terminar con la pobreza, la injusticia social y la miseria mediante la aplicación del socialismo marxista; otros vivieron esta época con temor y terror: perderían propiedades, enfrentarían ausencia de productos y alimentos básicos, la inflación se comería los sueldos y supondrían que, así las cosas, pronto el Estado se convertiría en un gran hermano que todo lo iba a controlar.

La Unidad Popular —llamada, coloquialmente, UP (upé)— encerraba en su código genético dos ideas que, a la postre, demostraron ser incompatibles: la sociedad socialista marxista y la democracia representativa chilena vigente desde 1932. La primera resolvería el asunto de la propiedad de los medios de producción como manifestación de poder. La UP buscaba que la clase obrera chilena —no la clase media, no los empresarios— fuera la dueña de toda la riqueza del país a través de un «gobierno del pueblo». El diseño para lograr esto pasaba por una nueva constitución que reformaría los tres poderes del Estado. La otra idea, la democracia representativa, era a la vez despreciada y celebrada. Se la consideraba «burguesa» y «aliada al imperialismo». Al mismo tiempo, durante cuarenta años fue el ambiente el mecanismo mediante el cual los trabajadores lograron conquistas sociales, lo que le daba a Chile un carácter único. Qué mejor demostración de la singularidad democrática chilena que un marxista llegara a la presidencia de la República a través de una elección legítima y limpia.

Por primera vez en la historia, las miradas del mundo cayeron en Chile. El experimento ocurría durante los años de la Guerra Fría —el conflicto que enfrentó a la Unión Soviética y Estados Unidos por el control del globo—, y las potencias, sobre todo Estados Unidos, no fueron indiferentes al lejano destino de este pequeño país. Desde la elección que por voto popular dio a Allende una estrecha mayoría, fue un imperativo de la política exterior estadounidense que esta «vía chilena al socialismo» terminara. En el viejo continente, el eurocomunismo —la versión moderada del marxismo— observaba el caso chileno mientras contenía la respiración y se preguntaba por su propio futuro. La Unión Soviética desconfiaba profundamente del éxito del asunto. Y los cubanos no creían en una revolución que no estuviera respaldada por la fuerza de las armas.

Aunque no había estado exento de tensiones, disputas y graves asonadas, desde 1932 el orden civil chileno dio presidentes constitucionales que terminaban su mandato en los plazos acordados y entregaban el cargo a un sucesor electo por votación secreta y universal (las mujeres recién participaron de los procesos presidenciales y parlamentarios en 1952).

No era poco, pero no bastaba. Por un lado, Chile había conseguido una estabilidad institucional única en la región. En el periodo todos los países de Latinoamérica, con las excepciones de México y Chile, tuvieron militares que derrocaron al gobierno electo en las urnas. La paz civil chilena generó un modelo de desarrollo económico puertas adentro, de sustitución de importaciones, de proteccionismo a las empresas, de una gran participación del Estado en la economía y de desarrollo de una industria pesada estatal. Sin embargo, nada de esto terminó con la pobreza mísera de amplios sectores de la población que no accedían a educación, salud, vestuario ni alimentación. La desnutrición, la falta de escolaridad, los harapos y las enfermedades infectocontagiosas campeaban en el mundo de la pobreza chilena. Y no era un asunto solo de egoísmo social: algo no funcionaba con el sistema económico chileno, que no generaba los recursos para que los gobiernos pudieran financiar políticas públicas sólidas. Un observador profético se dio cuenta del problema ya en 1959: una democracia así de desarrollada solo podía generar demandas por parte de la población que el sistema económico no podría satisfacer. Entonces, decía, había nada más dos salidas: o el sistema económico elevaba su nivel, o habría «un ataque franco contra las condiciones de vida democrática».¹

La Unidad Popular fue una respuesta de modernidad a este dilema. Fue, por cierto, la que entregó la izquierda: una transformación total y radical de los sistemas políticos y económicos bajo las «leyes de la historia» marxistas. La sociedad chilena, acostumbrada a los cansinos cambios de mando democráticos y a los complots de salón, en estos años se transformó. La vida se vivió en forma intensa, los conflictos sociales emergieron, la cultura ardió. Como electrones que corren a los polos, los chilenos abandonaron las medianías y abrazaron los absolutos. La convivencia política se fracturó no solamente en las cúpulas de los partidos, en los clubes, en los centros de madres, juntas de vecinos, colegios o en los pasillos del Congreso, sino en la sociedad chilena profunda. Las familias, las personas, se transformaron en un gigantesco eco de las graves tensiones que sacudieron el cuerpo político del país. «Momios» y «upelientos», «comunachos» y «fachos» se enfrentaron en los almuerzos dominicales, en las calles, en las oficinas e industrias, en los campos y las ciudades, en la prensa, con una violencia que fue retórica y también física, y que solo creció. A medida que pasaban los meses, los fantasmas horribles de la guerra civil y del golpe de Estado abandonaron sus naturalezas translúcidas, y en 1973 aparecieron frente a los chilenos como los únicos dos candidatos de una elección del infierno.

Por mientras, el gobierno de Salvador Allende avanzó a contracorriente y en forma veloz: reformó el agro y entregó tierras a campesinos, se hizo de las grandes empresas productivas y de la gran minería del cobre, estatizó la banca, aumentó el circulante e intentó cambiar la educación. Todo esto mientras se desataba un desabastecimiento de alimentos brutal, paros de transporte y de servicios profesionales, una inflación descontrolada y una violencia política —en el campo y las ciudades— nunca antes vista.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 terminó con todo esto. Pero aquí el lenguaje mismo habita en un terreno pantanoso. Decir «terminó» da cuenta de un agente externo, una especie de orbitador que interviene, clausura el proyecto de la UP y pone en marcha una revolución capitalista de signo contrario, alimentada con una larga estela de sangre, torturas, desapariciones y violencia: la dictadura militar de Augusto Pinochet, que dominó al país hasta 1990.

Pero el golpe no fue un Dios del antiguo testamento que castigó a un pueblo poco devoto. Fue un proceso consustancial a la Unidad Popular, acaso la manifestación más cierta de que su estrategia era una paradoja.

Quienes vivieron durante el gobierno de la Unidad Popular y su presidente Salvador Allende vivieron también al dictador Augusto Pinochet, como dos caras de una misma moneda, uno a la vez el deseo y la negación del otro. Así las cosas, se podría argumentar que la dictadura militar fue el reverso, el negativo de la Unidad Popular. De ese modo la UP «siguió viviendo» durante la época del gobernante militar: fue una nube de polvo que flotó sobre la siempre esquiva legitimidad de Pinochet. No se puede explicar a Allende sin explicar a Pinochet. Ni viceversa.

Me gustaría, en este libro, argumentar algo distinto. La Unidad Popular tiene derecho a una historia propia. Aunque las pulsiones que llevaron al golpe de Estado de 1973 se manifestaron incluso antes de que Salvador Allende fuera electo en septiembre de 1970, y lo acompañaron durante todo su gobierno, la Unidad Popular caminó casi tres años en el mundo de los vivos y alcanzó a musitar, a esbozar y acariciar, modelos socialistas que veía como posibles y deseables. Esto ocurrió hasta el 11 de septiembre de 1973 mismo, cuando todos los caudalosos ríos de la historia convergieron en un solo precipicio: la muerte del presidente Allende. Ahí, en esa gigantesca cascada, no solo estaba el programa de la UP, y la gran pintura global de la guerra fría, sino la democracia representativa chilena, el desborde por la izquierda que fue el Poder Popular, el nacionalismo civil de derecha que cuarenta años antes desfilaba uniformado y armado por las calles como las milicias republicanas y las hasta entonces silenciosas, misteriosas e incomprendidas Fuerzas Armadas chilenas.

Esta historia de la Unidad Popular intentará mirar al gobierno de Salvador Allende en su propio tiempo y perspectiva. Nos quedará abierto e indescifrable el acto de su suicidio, su muerte en La Moneda. ¿El último grito en pos del socialismo marxista, del mundo sin clases sociales, del Estado como el factótum de la igualdad? ¿Un gesto contundente de un demócrata representativo, que defiende con su vida los votos y el mecanismo constitucional que lo pusieron durante unos años al frente de los destinos de una nación? ¿Una «pasada de antorcha» para que generaciones posteriores cumplan las dos cosas? ¿Un cordero pascual que, para evitar una masacre, decide entregar su vida para salvar la de otros? ¿Una medida desesperada de un hombre al borde del abismo? ¿Todas las anteriores?

Acaso ese último gesto, aquel último minuto, es lo que ha quedado clavado en la historia casi medio siglo después con un pegamento fuerte y tenaz.

La Unidad Popular tiene una carga narrativa de tragedia griega, un relato con cordero pascual, un punto final entintado con sangre. Pero en la medida que podamos revivir sus mil días, centrarnos en su evidencia, mirar el drama no como una moderna literatura de lo imposible, sino como un proceso político de carne y hueso, tal vez, tal vez, podamos asomarnos al misterio del sacrificio de Allende. Porque aunque su vida —con sus aciertos y muchísimos errores— terminó hace casi medio siglo en La Moneda, su fantasma, que flota sobre la pobreza y la riqueza, sobre la moralidad de la política, y sobre las identidades tanto de amigos como enemigos, pareciera que aún no nos abandona.

1965 - 1969

En septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens —«el Chicho» Allende, como le llamaban en su familia y en la vida política—, era candidato a la presidencia de la República por cuarta vez.

Su primera candidatura, en 1952, fue testimonial y salió último. En 1958 casi casi lo logró: resultó segundo frente al derechista Jorge Alessandri Rodríguez, por apenas treinta mil votos (menos del tres por ciento del total de los sufragios).

En 1964 Allende lo intentó por tercera vez. Tampoco ganó. Pero esa vez fue distinto. Los votos de la derecha, seguros de la derrota de su candidato, se volcaron en masa al democratacristiano Eduardo Frei Montalva. Allende, aunque obtuvo casi tres veces más votos que en la elección anterior, salió de nuevo segundo: 38% contra el 56% de Frei. Ambos candidatos se presentaban con proyectos que pretendían transformar radicalmente a la sociedad chilena. La derecha apoyó al político DC solamente porque lo consideraba el «mal menor» frente a la alianza entre el Partido Comunista (PC) y el Socialista (PS) llamada Frente de Acción Popular, o «FRAP». Frei, seguro de su triunfo y sin mucho aprecio hacia sus no buscados socios en la diestra, advirtió que no cambiaría una sola coma de su programa «ni por un millón de votos».

En la elección de 1964 había aparecido un factor nuevo: la revolución cubana. Por primera vez en la historia, surgía en América Latina una interpretación local de una sociedad marxista. La «revolución», es decir, el nuevo Estado cubano, enfrentaba todos los desafíos con los que la izquierda latinoamericana había venido lidiando por lo menos desde hacía setenta años. No se trataba solo de los aspectos sociales —terminar con la miseria, la pobreza y la desigualdad típicas de Latinoamérica— sino también de una interpretación política del lugar del continente en el mundo, en contraposición al dominio económico de Estados Unidos. Los cubanos, con mano de hierro y un gobierno militarista de partido único, ya habían lanzado, en unos pocos años, programas para conseguir algunos de los objetivos más preciados de la izquierda continental: educación y salud universal, por ejemplo. En contraparte, acabaron con derechos civiles básicos, como los de reunión y libertad de expresión, sin mencionar la vida de opositores fusilados por tribunales exprés.

Desde los años treinta que la democracia chilena intentaba salir de sus atascaderos sociales y económicos. Luego de un anárquico periodo que incluyó una dictadura de derecha populista y una breve —doce días— República Socialista, hacia el final de esa década Chile abrazaba un proyecto «desarrollista», de industrialización pesada (carbón, acero, hidroelectricidad), sustitución de importaciones y ampliación de la escolarización. El Partido Radical (PR), representante de la clase media, actuaba como eje del sistema.

La izquierda chilena no tuvo, hasta 1965, mayores complicaciones con este modelo. El PC tenía una política de «unión nacional» desde la época de la gran unión antifascista de la Segunda Guerra Mundial. Contaba con la autorización explícita de Moscú para conformar alianzas electorales y políticas con los partidos socialdemócratas.

El PC había formado parte del gobierno dos veces. Primero, con Pedro Aguirre Cerda, entre 1938 y 1941, y después, durante los primeros meses del gobierno de Gabriel González Videla, en 1946. Ambos presidentes representaban el «ala izquierda» del radicalismo. Pero la convivencia no fue fácil. Los comunistas no fueron parte del gabinete de Aguirre Cerda, pero su sola presencia en la alianza gubernamental detonó complots y un intento serio de golpe de Estado por parte de la derecha fascista: el «Ariostazo», en 1938. González Videla, que al ganar la elección en 1946 había declarado que la alianza entre el radicalismo y el PC era «indestructible», enfrentó las presiones sindicales comunistas —una paralización de todas las minas de carbón— y las de Estados Unidos tomando bando: para 1948, la «Ley de Defensa Permanente de la Democracia», impulsada por el presidente, proscribió al PC.

Pero los comunistas no conformaron guerrilla alguna para rebelarse. Tal vez no era necesario. La ley que los proscribió — conocida como la «ley maldita»— se convirtió en un abismo que separó y tensionó a todo el sistema político. El PC no renegó de su postura: su lugar estaba dentro de las instituciones, y en los diez años de vigencia de la ley participó con otros nombres y contó con la solidaridad incluso de políticos de derecha que repudiaban la norma.

En el 58, con la ley ya derogada, el PC se unió con el Partido Socialista (PS). Así apareció la primera gran alianza electoral de la izquierda: el Frente de Acción Popular (FRAP).

No fue una asociación fácil ni evidente. La mayoría de los socialistas aprobó la proscripción del PC diez años antes. Fundado en la década del treinta, el PS fue una respuesta marxista, pero no soviética, a los temas sociales que para entonces llevaban al menos medio siglo orbitando sobre la política chilena. Esta primera versión del socialismo chileno avanzó rápido (quizás demasiado). De la mano de su primera generación de políticos, en los agitados meses que siguieron a la gran crisis económica mundial de 1929, conquistó el poder y proclamó la República socialista de junio de 1932, pero doce días después los militares cancelaron el experimento.

Con el transcurso de los años, el PS privilegió las estrategias electorales por sobre la ideología. Era formalmente marxista, pero se trataba de un marxismo «revisado» o «interpretado» a la luz de las experiencias mundiales y latinoamericanas. Estas disquisiciones, sin embargo, no pasaban del papel y los congresos partidarios: hasta 1957 los socialistas fueron engranajes fundamentales de la democracia desarrollista, y se arrimaron a ella como mejor pudieron: con los radicales o incluso con el derechista-populista Ibáñez del Campo.

La estrategia dividió al socialismo. Para 1957 había dos grandes PS: uno ibañista y otro no. Eventualmente, volvió a primar el espíritu electoralista y aquel año se pusieron de acuerdo para actuar en conjunto bajo la segunda candidatura de Salvador Allende —uno de los pocos socialistas que estuvo en contra de la proscripción comunista—, que casi, casi, alcanzó la presidencia.

En sus seis años de gobierno, entre 1958 y 1964, Jorge Alessandri no logró hacer fuerte a su sector. Intentó una tímida reforma capitalista de apertura de mercados, freno del gasto fiscal y liberalización de la economía, pero pronto la máquina política devoró las intenciones liberales, y el resto de la derecha concurrió alegremente a cancelar este experimento. Alessandri no derrotó a las dos bestias negras de la política chilena: la inflación y el déficit fiscal. La miseria y la desigualdad seguían a la orden del día.

Considerando que Allende había perdido apenas frente a Alessandri, la izquierda se entusiasmó con la posibilidad de llegar a La Moneda en 1964. Los grandes temas para ella entonces eran la estatización de grandes empresas privadas —sobre todo de la gran minería del cobre—, y la reforma agraria. Esta última era una aspiración consensuada en lo técnico y en lo teórico: la sabiduría económica dominante ponía buena parte de la culpa del escuálido desarrollo económico de Chile en el gran latifundio, porque —se decía— imposibilitaba la aparición de un mercado dinámico de productos agrícolas y obligaba a que Chile fuera un país importador de alimentos.¹ Tanto era así que Estados Unidos, of all people, como condición para entregar dinero de ayuda al desarrollo pedía a los gobiernos de América Latina que efectuaran... ¡una reforma agraria! Quien primero tomó nota fue la Iglesia Católica: en el 62, en Talca y Santiago, entregó tierras a campesinos pobres. El gobierno de Jorge Alessandri la siguió con algunas propiedades fiscales. Pero el alcance de aquella reforma fue ridiculizado casi por todo el mundo. Se trataba, decía el humor de entonces, de una reforma «de macetero».

El otro punto de la izquierda, una participación del Estado en la propiedad de todas las grandes empresas, era rechazado por la derecha y matizado por la Democracia Cristiana. Pero aún así era una idea bastante extendida. Sin perjuicio de que el modelo desarrollista había creado empresas del Estado a partir de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la idea clásica de Marx —la de que la propiedad de los medios de producción debía ser de los trabajadores— resonaba y no solo en el marxismo, también en la Democracia Cristiana.

De modo que en 1964 tanto Eduardo Frei Montalva como Salvador Allende Gossens proponían reforma agraria y estatizaciones. La diferencia era una cuestión de grado. Cuando al final la derecha decidió abrazar a Frei, lo hizo considerándolo el «mal menor»: un cristiano reformista, que en su juventud militó en el Partido Conservador, era mejor que un marxista como Allende que amenazaba con un cambio demasiado radical. Y así votó la derecha y con esos votos —y por paliza— Frei Montalva resultó electo.

El impacto en la izquierda del triunfo democratacristiano fue brutal. Aunque en perspectiva los programas del FRAP y de la DC de 1964 se diferenciaban poco, un entendimiento entonces fue imposible. Para la izquierda, la Democracia Cristiana nunca sería un partido «popular». Se trataba de una agrupación que no iba a poder dejar atrás su condición «burguesa» ni sus «intereses imperialistas».² Por otra parte, Frei Montalva compartía con la derecha la idea de que un gobierno de Allende llevaría a la captura total del poder en algún tipo de forma no democrática, como había ocurrido en Cuba y Hungría y, durante su gobierno, en Checoslovaquia. La DC se veía a sí misma como la respuesta a la izquierda: haría el trabajo, pero sin revolución marxista.

En 1964 la derecha ni siquiera tuvo «luna de miel» con el gobierno de Frei: entendió, de inmediato, que este reformismo socialcristiano —el comunitarismo— era apenas menor que el cambio absoluto que proponía la izquierda. No le quedó otra que asumir la pérdida y dedicarse a combatir fieramente al candidato que había apoyado.

En la izquierda, las consecuencias del triunfo DC serían múltiples y absolutas.

Ya en 1962, el Partido Comunista chileno zanjó el tema de su relación con la democracia «burguesa» y el afán revolucionario que soplaba desde Cuba optando por seguir la línea moderada de la Unión Soviética. La estrategia política para el PC local seguiría siendo el entendimiento con los sectores progresistas burgueses, con el fin de alcanzar el poder por la vía electoral.

Aunque golpeado, el PC interpretó la derrota de 1964 como una oportunidad: un trabajo de convencimiento hacia los sectores populares que se identificaron con la Democracia Cristiana. El triunfo vendría si la izquierda era capaz de establecer una alianza con todas las fuerzas progresistas. Así, la DC no era un sector al que despreciar sino al que atraer: las contradicciones internas del gobierno —desde ese punto de vista al mismo tiempo aliado del «imperialismo» y representante de los trabajadores y sectores populares— terminarían jugando para la izquierda.³

En el Partido Socialista la lectura del fracaso del FRAP de 1964 fue más dramática. Al contrario de lo que ocurría en el comunismo, en el socialismo las corrientes rupturistas y clasistas —en el sentido marxista de «clase», «clase obrera»— gozaban de buena salud y confirmaron sus diagnósticos previos. Desde 1956 que ellas venían desahuciando el modelo colaborativo. Y tenían un punto: la deriva del PS al ibañismo (es decir, ¡a la derecha!), y la consiguiente pérdida electoral los había hecho casi desaparecer.

Para su congreso de 1965, en Linares, los socialistas comenzaron a mirar la «vía electoral» de una forma nueva. Sostenían que el eje socialista-comunista seguía siendo válido, pero tenía que entrar en una nueva etapa: una no solo de la «unidad por la unidad», sino «unidad para preparar el camino de la revolución y consumarla». La tesis consideraba relativa la vía electoral: «Es un dilema falso plantear si debemos ir por la “vía electoral” o la “vía insurreccional”. El partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios».⁴

El propio Salvador Allende regresó al tema, y lo hizo en el ojo del huracán: Cuba. Para entonces, los cubanos habían pasado de la solidaridad retórica entre gobiernos y movimientos de izquierda, a la militar. Habían intervenido en Panamá, República Dominicana, Argelia y Congo: esta última fue la frustrada aventura africana del guerrillero Ernesto «Che» Guevara. En términos casi personales, Guevara apoyó la guerrilla argentina «Ejército Revolucionario del Pueblo», que operó en la provincia de Salta, en el 63 y 64. En el 66 el gobierno de Cuba organizó una conferencia de «solidaridad revolucionaria» que agrupó a más de quinientos delegados de movimientos, partidos y gobiernos revolucionarios de tres continentes. En chiste, se la llamó la «ONU de los guerrilleros», pero los cubanos la bautizaron como «la Tricontinental». El principal político de la delegación chilena fue Salvador Allende. Pero la vieja tradición socialista de arreglos y pactos dentro del sistema democrático «burgués» era difícil de abandonar. Allende, ante la asamblea en La Habana, dejó abierta la puerta:

«Será el propio pueblo de Chile y las condiciones de nuestro país, los que determinen que hagamos uso de tal o cual método, para derrotar al enemigo imperialista y sus aliados».⁵

La declaración, aunque ambigua, no fue, precisamente, un cheque en blanco para el camino cubano.

Ese mismo 1966, a su definición de marxista, el Partido Socialista añadió la de «leninista». Entró así, a fines de noviembre de 1967, en Chillán, a su vigésimo segundo congreso general. Poco antes, el Partido Radical había hecho su flamante ingreso al FRAP.

La incorporación del PR, bajo el punto de vista comunista, era apropiada. A ojos socialistas, no. «Es la descomposición de los partidos Radical y Demócrata-cristiano, y no su artificial supervivencia, el objetivo que busca la izquierda revolucionaria», sentenciaron los delegados. Buena parte del socialismo chileno veía en esta alianza una «patente de corso» para que falsos revolucionarios alimentasen «en el seno de la izquierda ilusiones reformistas y electoreras».

El congreso en Chillán llevó la idea revolucionaria, al menos en forma retórica, al extremo:

«La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía (cursivas mías) que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista».

Las viejas «formas pacíficas y legales de lucha» no quedaban descartadas, pero estaba claro que «no conducen por sí mismas al poder». «El Partido Socialista las considera elementos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada».⁶

Pese a que estas declaraciones han sido usadas durante décadas como una de las explicaciones sobre la violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1973 y un ejemplo de la responsabilidad en ella de la izquierda, en los hechos los socialistas fueron muchísimo menos decididos que en las palabras. No salieron de su congreso en Chillán blandiendo fusiles, ni enfundados en sudadas ropas verde oliva, sino, en abierta contradicción a sus propios acuerdos, directo a preparar candidatos, pactos, componendas y negocios con sus socios del PC en vista a las elecciones legislativas de marzo de 1969.

En el comunismo, la disputa chino-soviética había ya generado la aparición de un grupo de tendencia maoísta, los «Espartaco». Pero a diferencia del PS, el PC cortaba estas «desviaciones» de raíz y expulsaba a los rebeldes. Hacia 1965 los Espartaco se transformaron en un «Partido Comunista Revolucionario» que desarrolló actividad en la zona mapuche de la Araucanía y Biobío.⁷

El PS había tenido su hégira de militantes jóvenes radicalizados a partir de 1963, sobre todo en Concepción.

Dos años más tarde, comunistas revolucionarios, jóvenes escindidos del PS y algunos veteranos de la «izquierda comunista» —un sector trotskista expulsado del PC en la década de 1930 que participó como fundador, junto a otros grupos, del PS—, confluyeron para conformar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Al principio, el movimiento fue dirigido por «viejos»: entre otros, el médico Enrique Sepúlveda y el dirigente sindical Clotario Blest, que venía de la época de la república parlamentaria. Pero ya en 1967 esta dirigencia fue desplazada por los jóvenes de Concepción: entre ellos los médicos Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y también el sociólogo santiaguino Andrés Pascal Allende (sobrino del candidato socialista Salvador Allende).

El MIR, de acuerdo a su declaración de principios, sería una vanguardia marxista-leninista, y lucharía por una «emancipación nacional y social» que conduciría al «socialismo y al comunismo». El método: «Una audaz política revolucionaria capaz de oponer a esta cínica violencia imperialista una viril y altiva respuesta de las masas armadas».⁸

Con el cambio de dirigencia, el MIR pasó de la retórica a la acción. Consideraba al gobierno de Frei un régimen burgués al que había que combatir. Sus primeras acciones consistieron en «expropiaciones»: asaltos a supermercados y robos a bancos. El grupo comenzó a hacer activismo en las universidades, sobre todo en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En mayo del 68 atentó contra un banco en Santiago. En junio, en una operación que sería la más mediática, los miristas secuestraron en Concepción al periodista Hernán Osses, director del diario Noticias de la tarde y luego lo liberaron, desnudo, en el campus de la universidad. Durante todo 1969, el grupo aumentó la frecuencia de sus acciones contra bancos en el Biobío y Santiago, y añadiría asaltos a armerías. La más sonada de estas acciones fue un robo al supermercado Portofino, en Santiago, que dejó un herido. Una grieta entre el MIR y el PC no tardó en aparecer: El Siglo, el diario del PC, calificó a los hechores como un «grupúsculo anti-comunista de ultraizquierda», y a la acción como «gangsteril». Para marzo de 1970 los dirigentes del MIR estaban en la clandestinidad.

La «vía armada» a veces se salía de madre al punto de llegar a los secuestros de aviones, como ocurrió en noviembre de 1969 con dos niños, de catorce y dieciséis años, que intentaron secuestrar un avión «en nombre del MIR», pero terminaron controlados por los pilotos. La organización no reconoció vínculos con los jovencitos.⁹ Al mes siguiente, un hombre ya más crecido, militante del MIR, de cuyas ropas colgaban cables y que portaba dinamita y un cuchillo, logró desviar un avión de la Línea Aérea Nacional (LAN) que tenía como destino Arica, y llevarlo a Cuba.¹⁰ Pero estos casos parecen haber sido más «inspirados» por el MIR que planificados.

El MIR no estaba solo en la radicalización y la opción por la acción armada. Una serie de otros grupos más pequeños apareció en los últimos años del gobierno de Frei Montalva, también con la idea de rechazar la vía electoral. Represiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros a obreros y campesinos, como la huelga en el mineral de El Salvador (1966), que terminó en una masacre, y sobre todo los sucesos en Pampa Irigoin, en Puerto Montt, que culminaron con ocho campesinos muertos (1969), determinaron el alejamiento de varios militantes de las Juventudes Comunistas, entre ellos los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón, que tras la expulsión terminaron en el MIR, pero a los pocos meses también fueron expulsados. Luego formaron un grupo armado llamado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), con una característica diferente: «La inmensa mayoría de sus miembros ha sido reclutado entre aquellos sectores de más bajo nivel social».¹¹ Las actividades armadas consistirán, durante este periodo, en asaltos a bancos y a negocios menores como fiambrerías y carnicerías. Este pequeño grupo sería de una importancia fundamental en los siguientes meses.

En las elecciones legislativas de marzo de 1969, comunistas y socialistas, juntos, obtuvieron 38% de los votos. La Democracia Cristiana, sola, 29,7%. La derecha, el 20%.¹²

La izquierda podía ser optimista o pesimista. El PS aún estaba sujeto a la idea de que la ampliación electoral hacia la «burguesía» era un despropósito ideológico. El PC, en tanto, miraba a algunos nuevos parlamentarios «progresistas» en la DC que podían adherir a la tesis de una unión marxista-burguesa.

En la Democracia Cristiana las tesis de la izquierda comenzaban a ser escuchadas por un grupo que consideraba que lo que alguna vez fue un proyecto comunitarista de trabajadores, había capitulado en favor de las grandes empresas y la derecha.

¿Había ocurrido así? E

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X