Seguridad y justicia en tiempos de paz

Ariel Avila

Fragmento

Prólogo
Superar el concepto de “orden público”

Por Léon Valencia

Este libro se ocupa de dos cosas primordiales para el posconflicto: sustituir la “justicia” y la “seguridad” que han proporcionado las guerrillas en los territorios y transformar la justicia y la seguridad local que ha proporcionado el Estado durante los últimos cincuenta años. Haciendo bien estas dos cosas daríamos, sin duda, un salto gigantesco hacia el cierre definitivo del conflicto armado y hacia la prevención de otras violencias. Pero aun así, faltaría una tercera cosa, sin la cual no podemos decir que la democracia, ese gran mito de Occidente, haya llegado de verdad a los más apartados lugares del país. Se trata de abandonar, de superar completamente, el concepto de “orden público” en el tratamiento de la protesta social. Sería el complemento ideal para ganar la confianza de la ciudadanía en el Estado.

Este aspecto no se trabajó en las investigaciones que realizó la Fundación Paz & Reconciliación en estos tres años, pero esta es consciente de la importancia que se le dio a una nueva manera de tramitar los conflictos en las negociaciones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el lugar destacado que tiene también esta inquietud en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho figura en los acuerdos ya firmados de La Habana y es punto central en la agenda que se acordó con el ELN.

Encontramos el origen de esta idea, de esta disposición estatal, en el famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1963. Lleras Camargo —para inhibir la participación de la Fuerza Pública en la política, dada la tragedia que significó la deliberación de las Fuerzas Armadas en los años que precedieron a la gran violencia de los años cincuenta— señaló que en adelante los militares y la Policía se dedicarían a controlar el “orden público’’ mientras que los políticos tenían por función disputar el apoyo ciudadano, gobernar y administrar el país. Lo de “orden público” fue una noción genérica, sin mayor desarrollo en el discurso, pero luego, a medida que pasó el tiempo, se fue llenando de contenido.

El concepto adquirió centralidad cuando se configuró a plenitud el conflicto armado. Le sirvió a la dirigencia política para obviar la palabra “guerra”. Hasta principios del siglo XXI se hablaba de problemas de orden público, y los militares y policías que se enfrentaban a unas guerrillas armadas y organizadas para sofisticadas y grandes acciones de guerra tenían la función de controlar estos “problemas”. A los lugares de operaciones se les llamaba “zonas de orden público”.

Era desde luego un desafortunado eufemismo que sirvió para minimizar el enorme sacrificio que hacían las Fuerzas Armadas en la confrontación con las guerrillas en operaciones que muchas veces sobrepasaban los cincuenta muertos en su lado. Pero también relativizaban las bajas del otro lado, que se convertían en muertes anónimas en lo profundo de las montañas. Al hacer el balance año por año, en muchas oportunidades se sobrepasaron con creces los mil muertos en combate entre las huestes oficiales y los irregulares, cifra que en universidades de Estados Unidos se utilizaba para definir que había una auténtica guerra civil en un país.

El general Jorge Enrique Mora, ya en su condición de retiro, en un debate en la Escuela Superior de Guerrra, vino a poner sobre el tapete el error que había cometido la dirigencia política colombiana al desentenderse del conflicto armado por largo tiempo al utilizar la categoría de “orden público”. Lo decía con toda la autoridad moral, dado que fue él, en compañía del general Fernando Tapias, quien —advirtiendo la magnitud del conflicto— se empeñó en la tarea de modernizar, equipar y agrandar las Fuerzas Armadas para afrontar el desafío de guerra que habían plantado las FARC en la cordillera Oriental en los últimos años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI. Tapias y Mora hablaron por primera vez sin ambages de la guerra que vivía el país y convocaron a la sociedad a ponerle la cara al conflicto, ya fuera por la vía de un triunfo militar definitivo o por el camino de una negociación política.

Pero fue un error aun más grave incluir dentro de la categoría de “orden público” a la protesta social. Metieron en un mismo costal la acción insurgente y los reclamos legítimos de la ciudadanía. Para justificar lo arbitrario que resultaba esta asociación, se pusieron en la tarea de cantar a cuatro vientos que las protestas, todas o la mayoría, estaban infiltradas por la guerrilla o hacían parte de un plan político. Lo decían sin vergüenza alguna. Cuando empezaba una movilización ciudadana, con raras excepciones, el Gobierno salía a decir que habían descubierto elementos de la guerrilla infiltrados o que tal o cual huelga no tenía en realidad fines laborales o sociales sino propósitos políticos desestabilizadores.

Se volvió costumbre que las autoridades civiles no llegaban nunca solas a atender los reclamos ciudadanos en los lugares apartados del país y también en muchas ciudades. Ponían siempre por delante a escuadrones de militares y policías. No había un plan de concertación, un acercamiento democrático a la población; había un acercamiento autoritario, una relación de fuerza, no de consenso.

A su vez las comunidades —de tanto ver llegar a la Policía y al Ejército, de tanto sentir que la respuesta a sus demandas era la fuerza— optó por acudir al expediente de la defensa y la agresión. Las manifestaciones terminaban en disturbios, en pedreas, en incendios, en enfrentamientos en las que se utilizaban armas artesanales. Se volvió un hecho normal la muerte de manifestantes atravesados por balas oficiales. Las comunidades acudieron a los bloqueos de vías, al sabotaje de instalaciones y en oportunidades retenían a agentes del Estado. La Fuerza Pública especializó sus funciones y dio luz a los escuadrones antimotines, a temibles fuerzas de choque. La guerrilla —ni corta ni perezosa— acudió al paro armado, para simbolizar que sus acciones tenían respaldo ciudadano, y los paramilitares hicieron los mismo.

De tanto invocar infiltración guerrillera, la infiltración se volvió real; de tanto acusar a las comunidades de violencia, la violencia de las comunidades se volvió real; de tanto ligar conflicto armado y protesta ciudadana, la imbricación fue realidad en muchos lugares; no en todos, pero sí en muchos y en muchas oportunidades.

El círculo vicioso se hizo patente. Había un tratamiento represivo, un tratamiento de “orden público” a la protesta social, porque en algunos lugares había infiltración de actores ilegales o porque las comunidades iban a la lucha reivindicativa como una batalla. A su vez las organizaciones sociales, los sindicatos, las fuerzas estudiantiles, las comunidades indígenas y negras se preparaban para defender sus reivindicaciones forzando la democracia, torciéndole el pescuezo a la legalidad, desafiando el “estado de sitio” en la etapa anterior a la Constitución de 1991 o a las nuevas

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