LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1975-1982)

A lo largo del siglo XX el protagonismo de España en la Historia universal ha sido relativamente reducido. Tan sólo en una ocasión, durante la Guerra Civil española de 1936-1939, España se convirtió en el eje de las preocupaciones mundiales pero lo fue no porque adquiriera un particular protagonismo, sino por haberse convertido en el campo de batalla de los sentimientos y antagonismos de toda Europa y, en última instancia, de todo el mundo. En aquella ocasión los españoles fueron los sujetos pacientes de las tensiones del conjunto de la Humanidad, aparte de resultar protagonistas muy poco ejemplares de las tensiones del momento.

La otra ocasión en que a España le ha correspondido un protagonismo mundial es, sin duda, el momento de la transición hacia la democracia. Para los historiadores resulta válida también aquella afirmación de Mario Vargas Llosa acerca de los intelectuales, de quienes escribió que son, muy a menudo, “amantes de las catástrofes”, por lo que no es extraño que la Guerra Civil haya despertado más ríos de tinta que un acontecimiento que, en suma, concluyó bien, como fue la transición española hacia la democracia. Es posible que la importancia del acontecimiento, en cambio, se hubiera visto magnificada caso de un resultado adverso. Eso, sin embargo, no resta importancia objetiva a lo sucedido en España entre 1975 y 1982. Cualquier conocedor de la Historia española contemporánea debe ser consciente del enorme peso muerto que, de entrada, dificultaba que el proceso se hiciera en paz y sin graves traumas sociales. Hay que tener en cuenta, además, que la transición española se produjo cuando no era nada claro que se produjera esa consolidación de la democracia que luego se demostró en la práctica. No existían modelos cercanos, local o temporalmente, que permitieran concebir que tuviera lugar un proceso semejante con éxito o sin ser víctima de una agresión externa. Venezuela y Colombia habían hecho transiciones a la democracia veinte años antes, pero a partir de regímenes militares sin un aparato institucional creado para resistir transformaciones, como era el caso de la España de Franco.

El resultado fue, sin embargo, positivo y tan inesperado que, durante algún tiempo, aunque siempre en menor proporción que la Guerra Civil, despertó el interés de científicos de la política, historiadores y sociólogos de todas las latitudes. Los casos de los países hispanoamericanos que transitaron de la dictadura a la democracia parecían, aparte de posteriores, menos significativos que el español por la habitual alternancia entre la primera y la segunda en aquellas latitudes; otros países que presenciaron un tránsito semejante en torno al comienzo del último cuarto del siglo carecían de la importancia histórica y del peso demográfico y económico de España. Con la perspectiva del tiempo transcurrido, sobre todo en los últimos años, la relevancia del caso español pudo quedar, sin embargo, temporalmente disminuida por el colapso del comunismo en los países de la Europa del Este, desvaneciéndose así el interés por el mismo, más aún teniendo en cuenta el peso de la URSS en el escenario mundial. La realidad es, sin embargo, que para las transiciones en la Europa del Este, como para las anteriores en Hispanoamérica, la transición española fue también un punto de referencia modélico y no sólo comparativo. Esta misma perspectiva nos permite, sin embargo, integrar el caso español en un fenómeno de carácter universal que pudiera denominarse de difusión de la democracia. Los historiadores del futuro probablemente definan el pasado humano como una marcha hacia la libertad y señalen el paso decisivo que, en favor de ésta, se dio en las tres últimas décadas del siglo XX. Como veremos, el caso español resultó especialmente relevante en este sentido. Paradójicamente, en la actualidad, este juicio parece mucho más generalizado fuera que dentro de España, como si el final feliz hubiera de tener como consecuencia la banalización del proceso en su conjunto.

La cercanía de los acontecimientos encierra, para el historiador de los tiempos más recientes, el peligro del desenfoque o de la interpretación sesgada por el partidismo. Con el paso del tiempo, la aparición de los testimonios de los protagonistas, la apertura de las fuentes de archivo y la publicación de estudios monográficos pueden servir de antídoto y vacuna contra esos peligros. Sin embargo, el historiador del tiempo presente tiene la ventaja de contar con su propia experiencia de aquellos acontecimientos que acaba narrando y de la posibilidad de acudir a los testigos de los acontecimientos para pedir noticias sobre los mismos.

Pero si parece que así se contrapesan desventajas y ventajas, una primera impresión inclina la balanza a favor de las primeras. Los límites cronológicos parecen claros para las etapas más remotas pero un peligro evidente para las próximas es la indefinición de éstas. El punto de partida de la transición española a la democracia es obvio, pues arranca de la muerte de Franco, pero el final es mucho más difícil de precisar. Toda la Historia humana es transición y, sin duda, se pueden encontrar argumentos para probar que cualquier otra fecha serviría para señalar el final de la misma, en vez de 1982, la que aquí se ha elegido. La constitución ya había sido aprobada en 1978, pero sólo con los estatutos catalán y vasco se puede considerar que se llegara a un marco institucional suficientemente amplio. Todavía en 1981 hubo un intento de golpe de Estado, de modo que sólo en 1982 se puede hablar de un comienzo de consolidación de la democracia. Además, las elecciones celebradas en este año tuvieron una importancia decisiva, que se subrayará en el epígrafe correspondiente. En esa fecha no quedaba por cerrar el proceso de transición española sino que, porque estaba ya cerrado, pudo llegar al poder el PSOE. Claro está que existe una primera consolidación del régimen democrático y otra a medio plazo, producto de los hábitos sociales, para la que pueden exigirse varios cambios de gobierno sucesivos con absoluta estabilidad y respeto a los resultados.

Existen muchas formas de enfocar la transición democrática española, toda vez que, en esos años, se produjo no sólo un cambio institucional, sino otro de carácter mucho más global. Sin embargo, hay una tendencia a presentar el cambio experimentado en España en una forma que tiene más en cuenta el punto de partida y el punto final que el proceso mismo. Tal planteamiento suele ser habitual en sociólogos y científicos de la política que, por ejemplo, ponen de manifiesto el grado de desarrollo económico y las actitudes de los españoles y luego pasan inmediatamente a tratar del sistema de partidos o de la peculiaridad de las nuevas instituciones democráticas. De esta manera evitan presentar lo más esencial y la causa misma por la que tuvo lugar el cambio, del que proporcionan el resultado, pero no el proceso ni el modo. Sin negar la validez de este tipo de planteamientos, hay otro tratamiento, el más propio de un historiador. Se trata de presentar la secuencia cronológica y, dentro de ella, privilegiar los factores y los momentos que fueron decisivos, explicando sus causas. Como no podía ser menos durante la transición, la vida política fue el factor esencial que, por tanto, constituye el hilo interpretativo más importante de estos años. Por tanto, para interpretar el período, hay que remitirse a lo que podríamos llamar “ingeniería política”. Otra cosa es que este acontecimiento español deba enmarcarse en el contexto de una evolución mundial. El examen comparativo con lo sucedido en otras latitudes permite establecer un marco que sirve para definir lo sucedido en nuestro país.

EL COMIENZO DE LA “TERCERA OLA”: LAS TRANSICIONES HACIA LA DEMOCRACIA EN EL MEDITERRÁNEO

El caso español debe enmarcarse en un contexto histórico más amplio, la “tercera ola” de las democratizaciones. La Historia nos demuestra que la difusión del sistema democrático fue principalmente la consecuencia de los dos conflictos mundiales. La “tercera ola” se inició en el Mediterráneo en 1974 y produjo en él la desaparición de las dictaduras no totalitarias y de derechas (Grecia, Portugal y España). Estos tres países de la “semiperiferia” del mundo más desarrollado habían tenido no sólo un desarrollo económico más lento que el del resto de Europa, sino también unos regímenes liberales imperfectos y una experiencia democrática en el pasado muy limitada e inestable, lo que explica la existencia en estos países de esos regímenes dictatoriales. Iniciada la transición en torno al comienzo del último cuarto de siglo, el proceso concluyó de una manera parecida: en contra de lo que era habitual en la Europa más desarrollada del norte, hacia 1983 la del sur evolucionaba hacia el predominio de una izquierda no comunista. Por esas fechas estaba planteada, como factor decisivo en la consolidación del sistema democrático naciente en estos tres países, la incorporación al Mercado Común como rasgo más decisivo en la historia europea. Esta ampliación se produjo a mediados de la década de los ochenta como contrapunto de la que ya había tenido lugar en 1973, realizada ésta en el norte del continente.

Todo cuanto antecede vale para Europa, pero resulta característico de lo sucedido en este momento el hecho de que, producida la transición en el Mediterráneo, la “tercera ola” se trasladó al otro lado del Atlántico, provocando un elevado número de elecciones en un plazo muy reducido de tiempo, a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. Sin embargo, lo más sorprendente, por imprevisible, vino a continuación, cuando en 1989 comenzó a producirse el colapso del comunismo en Europa del Este. Después de que los regímenes políticos comunistas establecidos allí con la ayuda del Ejército soviético colapsaran, la propia Unión Soviética inició su camino hacia la democracia.

En realidad, las transiciones desde una situación dictatorial a una democrática acontecidas en los años setenta y que han tenido una prolongación, aunque característicamente distinta, en el final de los ochenta, con la caída de los regímenes comunistas, han seguido unas tendencias relativamente semejantes y que pueden, por tanto, servir de pauta interpretativa para el caso español. En primer lugar, hubo una fase previa de deterioro del régimen dictatorial, sobre todo en lo que respecta a su legitimidad, debida a la existencia de modelos políticos alternativos o al cambio de mentalidad (incluso producida por motivos de carácter religioso: el catolicismo tuvo un papel relevante en todo este proceso). En ese momento desempeñaron un papel importante la prensa, más o menos libre, y los intelectuales; luego ambos factores, principalmente los medios de comunicación, han representado siempre un papel fundamental en la difusión de los principios democráticos hasta el punto de que se ha podido hablar de la existencia de un factor mimético en toda esa “tercera ola”. Los regímenes dictatoriales tradicionales —aquellos a partir de los cuales tuvo lugar la transición en los setenta en el Mediterráneo y en Hispanoamérica— carecían de respetabilidad intelectual, a diferencia de lo que ocurría en el momento en que muchos de ellos surgieron, en los años treinta. Esa debilidad era su talón de Aquiles que, con frecuencia, se vio multiplicada por factores de orden exterior. Las transiciones fueron protagonizadas principalmente por grupos de centro-derecha; la izquierda siempre jugó un papel importante, pero, con la excepción portuguesa, fue menor y tendente sobre todo a evitar que se impusiera una fórmula revolucionaria. Fue, en cambio, la lucha entre los distintos sectores del centro y la derecha la principal protagonista de la política en el momento del cambio. El instante fundamental para que éste se produjera fue aquel en que se llegó a adquirir consciencia de que era necesaria una salida negociada entre todos. La dificultad de llegar a este acuerdo dependió del legado de problemas heredados del pasado y el temor al presente y al futuro; cuanto menor fue el bagaje de los primeros (bien por lejanía temporal o por voluntario deseo de tenerlos en cuenta) y mayor el temor respecto del futuro, más evidente se hizo la necesidad de llegar a un acuerdo entre todos. Siempre en las transiciones mediterráneas e hispanoamericanas los mayores conflictos se produjeron por la resistencia de sectores retardatarios, principalmente militares, y por la forma de solucionar el problema del castigo a los antiguos represores.

La transición a la democracia puede explicarse en términos de rentabilidad para todos los actores del juego político, pues al consenso para poner en marcha un nuevo régimen se llega cuando se percibe que el coste de la represión o de una insurrección violenta es excesivo, percibiéndose estas soluciones como inviables. Buena parte de las transiciones pacíficas hacia la democracia fueron posibles cuando se repitió aquella situación histórica descrita por el socialista italiano Claudio Treves, poco antes de llegar el fascismo: ninguno de los adversarios era capaz de imponer su propio orden. Entonces, a diferencia de lo sucedido en los años veinte en Italia, se puede descubrir la necesidad de un consenso democrático y se convierte en verdad aquello que Adolphe Thiers decía acerca de las instituciones republicanas, es decir, que “las instituciones son lo que nos une a todos”. En cualquier caso, hay un momento en que toda transición democrática se acompaña siempre a medio plazo por una resurrección de la sociedad civil o, lo que es lo mismo, por un mayor o menor grado de movilización ciudadana. En el caso de las transiciones mediterráneas, el proceso político se ve acompañado, en un segundo momento, por medidas sociales de importancia y, sólo después por un ajuste o transformación estructural de carácter económico.

El proceso descrito es tan sólo un modelo muy general, susceptible de concretarse en formas distintas y siempre pendiente de dificultades que dependen de circunstancias y personas. Todas las transiciones democráticas, como cualquier proceso histórico complicado, han sido una compleja partida de ajedrez a varias bandas sin que el resultado final estuviera en manera alguna escrito. Maquiavelo escribió que los sucesos humanos son el producto convergente de la confluencia de dos factores: la “fortuna”, es decir, las circunstancias objetivas, y la “virtud” o, lo que es lo mismo, los rasgos peculiares de los protagonistas de la vida pública. Por supuesto, pueden darse condiciones que favorezcan el proceso (por ejemplo, en el caso español, el desarrollo económico), pero, en última instancia, es siempre un factor determinante del éxito de una transición el papel de los agentes activos en la vida pública. Como la destrucción de un sistema democrático, la transición es también un complicado fenómeno de ingeniería política, de resultado imprevisible. Reducir todos estos procesos a sus solos elementos objetivos significa no afrontar la esencia de los mismos.

A partir de estas premisas podemos aproximarnos a la transición española desde una óptica comparativa. Aunque lo sucedido en España sirvió de acicate para procesos similares de democratización en Iberoamérica, es preciso señalar que las diferencias son mayores que las semejanzas. Por un lado, la desigualdad social siempre ha sido mayor en el Nuevo Continente, pero en él la tradición liberal-democrática ha estado más arraigada, pues las dictaduras siempre se han considerado temporales, como para ratificar aquella frase de Bolívar que atribuía a las naciones que lograron la independencia de España un “liberalismo convulso”. Las transiciones iberoamericanas, además, no han correspondido a un único modelo generalizable, pero puede decirse de ellas que no alcanzaron su resultado final mediante un proceso de consenso (menos aún en el terreno social) y carecieron de la relativa continuidad que se dio en el caso español con su clase dirigente. Por lo tanto las comparaciones que pueden hacerse no son tan grandes. Por el contrario, sí lo es la diferencia en el grado de consolidación de sus sistemas democráticos.

Las semejanzas son mayores si integramos el caso español en un contexto más similar, el de la Europa del sur o mediterránea, y hacemos referencia a dos momentos históricos en que tuvo lugar ese género de transformación, desde un sistema no democrático a otro que lo era. En estos casos no se trata, como en Iberoamérica, de dictaduras militares con acusada conciencia de temporalidad, sino de regímenes de mayor duración que, aunque se mantuvieron en general dentro de los parámetros de las dictaduras no totalitarias, en algún caso tuvieron tentaciones de este tipo o, como en Italia, cayeron claramente en ellas. (En cualquier caso, el fascismo italiano no puede considerarse más que una especie de “totalitarismo defectivo”, poco comparable con el de Hitler y Stalin, por ejemplo.)

Por otra parte, ha de tenerse muy en cuenta los dos diferentes momentos en que se produjo la transición a la democracia en la Europa del sur. El establecimiento de regímenes de esta significación hacia 1945 en Turquía e Italia respondió a una ocasión peculiar de la Historia humana, la de la derrota de los fascismos y la segunda oleada de las democratizaciones. En ésta, como en muchas ocasiones anteriores, fue una derrota exterior —la propia o la de un modelo de régimen— la que dio al traste con el régimen dictatorial. Hubo, sin embargo, diferencias muy considerables entre los dos países. En Turquía, en realidad, no se daba una homologación entre el sistema político vigente y el fascismo. Había un partido único, pero su origen estaba en una revolución cultural modernizadora, no tenía una pretensión totalitaria y había nacido de una fusión de tendencias, sólo temporalmente unidas. Su ideario era positivista y pragmático y su función era la de tutelar un proceso rápido de transformación en cuyo contexto los propios dirigentes lamentaban la ausencia de elecciones; de esta manera, el partido pudo desdoblarse en fórmulas distintas cuando se dieron las condiciones oportunas. Por tanto, el papel de un acontecimiento externo —el final de la Guerra Mundial— fue de la mayor importancia en el proceso turco. El problema inmediato fue que, al haber tenido la transición un carácter en parte artificial, impuesta desde fuera, inmediatamente se dio un grado de fragmentación política muy grande que, sumada al empleo de la violencia, tuvo como consecuencia que Turquía se viera periódicamente sometida a una recurrente tutela militar, incluso hasta el presente. El resultado de que la transición no naciera de un consenso entre fuerzas políticas distintas y enfrentadas ha sido, hasta hace muy poco, la profunda fragilidad del sistema político democrático.

En la misma fecha de 1945 el caso de Italia es distinto al turco con divergencias importantes también en relación con España. El régimen de Mussolini inventó el término “totalitario” y muchos de los procedimientos y organizaciones a través de los cuales el Estado podía dominar la sociedad pero, en realidad, nunca llegó a hacerlo de manera completa. Existía, como instancia política suprema, la Monarquía, y el Ejército mantenía de hecho una doble lealtad al Rey y al fascismo; la burguesía industrial también mantuvo su ámbito de autonomía y lo mismo podía decirse de la Iglesia. El restablecimiento de la democracia no hubiera sido posible sin la derrota militar, pero, una vez que ésta se produjo, hubo una rápida evolución en la que coadyuvaron varios factores. El Ejército no tenía una tradición de intervención en la política y, por tanto, no se daba el peligro de que permaneciera en el poder de forma indefinida. Existía todavía una clase política procedente del régimen liberal anterior que estaba en condiciones de reasumir su papel, aunque de momento permaneciera en el exilio u oculta en alguna de esas instituciones autónomas, como la Iglesia. La izquierda contribuyó de una manera importante a la transición: la svolta de Salerno, es decir, la postura moderada y posibilista adoptada por los comunistas acaudillados por Togliatti, ministro de Justicia en los primeros gobiernos, fue un factor fundamental. Sin embargo, los beneficiarios principales y más inmediatos de la transición fueron los elementos de centro-derecha, establecidos sólidamente a partir de las elecciones de 1948 merced a la decantación de la Iglesia en favor de la Democracia Cristiana. El compromiso constitucional logrado fue muy amplio y, en consecuencia, el nuevo sistema político gozó de estabilidad desde sus comienzos.

La tercera oleada de transiciones a la democracia se produjo en la Europa del sur a mediados de los setenta y es preciso comenzar por señalar las diferencias entre estos dos momentos históricos. Tanto en 1945 como en 1975, los regímenes dictatoriales carecían de legitimidad intelectual, pero en esta segunda fecha todavía se padecían las consecuencias de la crisis de las ideas democráticas posterior a 1968. En los años setenta, además, los Estados Unidos, principal potencia democrática, no aparecían como los liberadores ante el fascismo tras una guerra contra él. Aunque Grecia y Portugal tuvieron conflictos exteriores, éstos no pueden ser descritos como guerras propiamente dichas. Tampoco era concebible una beligerancia de la Iglesia en el terreno de la política como la que se produjo en Italia y Alemania en 1945, porque el Concilio Vaticano II ya había producido la dispersión política del catolicismo.

La comparación entre lo sucedido a mediados de los setenta en los tres países mediterráneos debe hacerse teniendo en cuenta, a la vez, el punto de partida —es decir, el tipo de régimen dictatorial existente y las dificultades objetivas antes del proceso de democratización— y el punto final o, lo que es lo mismo, los problemas y peligros experimentados y el grado de consolidación del sistema democrático. En ambos terrenos la transición española ofrece un balance más positivo que la de los otros dos países: el punto de partida era más problemático, pero el final fue más satisfactorio. Claro está que la razón de esta diferencia no reside en ningún tipo de factor étnico. Una razón crucial para explicar la diferencia reside en que el caso español tuvo lugar cuando se había iniciado la “tercera ola”, y siempre se podía aprender algo de ella (aunque, a su vez, más se pudo aprender de la española).

Para comprender la transición griega se ha de tener en cuenta que la dictadura precedente fue relativamente corta. El Ejército había desempeñado desde 1945 una función tutelar del sistema político en contra del comunismo, pero acabó enfrentándose a la Monarquía, que también tenía una significación ideológica conservadora. Los coroneles griegos, sin embargo, no se concibieron a sí mismos, en realidad, como una solución permanente y no llevaron a cabo una institucionalización de la dictadura, al contrario que Franco. Incluso ellos mismos pretendieron llevar a cabo un proceso de reforma, que hubiera llevado a una especie de democracia limitada y controlada desde arriba. Otra prueba de la debilidad de la dictadura griega reside en que no logró el apoyo de la derecha parlamentaria ni de la cúspide militar a la que purgó y privó del mando; en consecuencia, el propio Ejército no estuvo unido a la hora de valorar el futuro del régimen. Pero lo que definitivamente hizo inviable el régimen de los coroneles griegos fue la invasión de Chipre por los turcos, cogiéndoles desprevenidos a pesar de haberse venido caracterizando hasta el momento por su actitud ultranacionalista, lo que inevitablemente cuestionó la legitimidad de unas instituciones muy frágiles, iniciando la vuelta al régimen constitucional mediante el llamamiento a la clase política civil y a los altos mandos militares del pasado.

Fue un miembro de la clase política del período liberal anterior al golpe —Karamanlis— quien protagonizó la transición hacia la democracia. A pesar de que su procedencia era muy distinta a la de Suárez, hay muchos paralelismos en sus respectivas formas de enfocar el cambio político. Como Suárez más adelante, Karamanlis supo evitar las tensiones más graves —eludió, por ejemplo, el planteamiento de los problemas de responsabilidades por el procedimiento de remitirlos a la justicia ordinaria— y fue el responsable del proceso político, esencial para comprender su éxito, de un modo muy medido en el tiempo y en el ritmo: la transición apenas duró 142 días. La sanción a los colaboradores de la dictadura se vio favorecida por la pésima imagen del régimen caído y por la vuelta de los mandos de antaño. Como en las primeras elecciones en España, la principal alternativa que se planteó fue la del enfrentamiento entre la solución reformista y la recaída en la solución dictatorial, lo que explica la victoria de la primera opción. Pero el partido protagonista de la transición —Nea Demokratia— hizo una Constitución a su gusto y sólo votada por él mismo. En 1981 los socialistas llegaron al poder. En esta fecha la democracia ya estaba consolidada, aunque los programas de reestructuración económica no empezaron a ponerse en marcha sino a mediados de los ochenta.

En el caso de Portugal no se puede hablar de un régimen dictatorial anterior, breve, como en Grecia. La dictadura portuguesa fue más larga que la española, a pesar de no haberse engendrado como consecuencia de una guerra civil, sino por la destrucción de un sistema parlamentario muy inestable. Sus instituciones nunca se “fascistizaron” como en la España de los años cuarenta: incluso mantuvieron una cierta apariencia liberal, en especial durante los períodos electorales, lo que le permitió integrarse en la OTAN. A la muerte de Salazar hubo un tímido proceso aperturista, encabezado por Marcelo Caetano, pero lo abortaron los sectores más conservadores. Aunque mucho más culto que Karamanlis o Suárez, Caetano mostró una incertidumbre y una debilidad de la que carecían los otros dos dirigentes políticos. Como en Grecia, un papel decisivo en el proceso le correspondió al Ejército, pero no a sus mandos: al principio su papel fue el de rémora de cualquier tipo de reforma militar, pero luego acabó decantándose contra el régimen. El Movimiento de las Fuerzas Armadas tuvo como origen reivindicaciones de carácter exclusivamente profesional, pero a partir de un determinado momento el Ejército que combatía en África se impregnó, curiosamente, de las doctrinas de aquellos a quienes combatía. La guerra colonial no concluyó en una derrota, pero sí en una desesperante situación en que la victoria parecía imposible, mientras que drenaba unos recursos inmensos para un país pequeño y poco desarrollado. El golpe de Estado puede considerarse, desde el punto de vista histórico, como la demostración de la persistencia de una tradición política portuguesa: la de que es posible transmitir por telégrafo desde la capital un cambio político fundamental al resto del país. En otros muchos aspectos del punto de partida la situación portuguesa parecía mejor que la española. El salazarismo había sido, en general, más tolerante con la oposición que el franquismo y había permitido la emergencia de una clase política nueva que, incluso, acudió a las elecciones o que procedía del sector reformista del régimen. En Portugal no existió nunca un problema de nacionalismos periféricos ni de terrorismo. El comunismo acabó teniendo una influencia más destacada que en España, pero reducida a un ámbito intelectual limitado y a zonas geográficas de implantación limitadas a la mitad sur. En Portugal, en fin, no había tenido lugar una transformación social y económica como la producida en España; este tipo de transformación a medio plazo puede resultar muy estabilizadora en términos políticos, pero hay que tener en cuenta que una sociedad arcaica resulta más fácilmente controlable desde el poder.

Un rasgo importante de la transición portuguesa es el hecho de que fue el único caso en que la izquierda jugó un papel importante en su fase inicial. El MFA, dirigido por capitanes, no se caracterizó por su apoyo a los principios democráticos, sino que se atribuyó una función de vanguardia revolucionaria a través de la llamada “dinamización cultural” y unos poderes políticos muy grandes. Quizá por ello fue la única transición mediterránea en la que, por un momento, existió el peligro de que cayera en una situación dictatorial de signo opuesto a la precedente, lo que se evitó gracias a la promesa de celebrar elecciones que, muy pronto, dieron lugar a un sistema de partidos muy estable. En él, sin embargo, el partido comunista siguió caracterizándose por su actitud contraria a la democracia parlamentaria. La misma Constitución de 1976 tuvo un componente antidemocrático, porque reservaba al Consejo de la Revolución unos poderes legislativos compartidos con la Asamblea. La voluntad del elector portugués (y quizá también alguna presión externa de los países occidentales) contribuyeron a modificar la situación con el paso del tiempo. En torno a 1982 los militares, que habían desempeñado casi la mitad de las carteras ministeriales en la primera etapa, volvieron a los cuarteles y la Constitución se reformó. En el ínterin se había realizado una descolonización apresurada y la situación económica había sido muy grave durante años.

Sin duda alguna, el examen de los casos precedentes revela estrechos paralelismos con el español. Así, por ejemplo, en lo que atañe a las etapas, la importancia de los protagonismos políticos y los factores internos o exteriores en el proceso. Pero si hiciéramos un balance rápido de las condiciones de partida del caso español, encontraríamos un panorama que no inducía en el momento inicial a un grado elevado de optimismo. En España, la propia Historia nacional parecía abocada a la violencia, al menos en la visión que de ella tenían muchos de los observadores extranjeros. En ella, además, no hubo una derrota exterior (lo sucedido en el Sáhara no pasó de una anécdota demostrativa de la debilidad del régimen anterior); no se dieron tampoco las circunstancias de 1945 respecto del posible papel de los Estados Unidos o la Iglesia en el proceso de transformación hacia una democracia. El régimen franquista, que procedía de una guerra civil sangrienta y, por tanto, de una depuración atroz, había sido muy largo y, al principio, había bordeado el totalitarismo. Su institucionalización no dejaba otra alternativa que su completa sustitución por parte de quienes quisieran llegar a la democracia. La sociedad española tenía una mayor conflictividad social y regional, incluyendo el terrorismo, que cualquiera de las restantes en Europa del sur. No estaba, pues, escrito que la transición española hubiera de concluir bien, ni, menos aún, que hubiera de tener unos costes sociales inferiores a los de Portugal.

El balance, sin embargo, fue en general muy positivo, con algunas lógicas salvedades que se mencionarán más adelante, sobre todo en comparación con el conjunto de este proceso histórico universal al que hemos denominado como “la tercera ola”. Ese carácter positivo se explica porque la transición española, aparte de los rasgos generales que la asimilan a procesos semejantes, tuvo también unas características peculiares que no se dieron en otras latitudes. De ellas habrá que tratar a continuación porque fueron las definitorias y las que sirvieron de ejemplo a otros países.

LA PECULIARIDAD DE LA VÍA ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA

Este último hecho debe tenerse muy en cuenta. Transcurrido un largo período desde el comienzo de la transición parece correcto decir que el caso español se puede considerar como el paradigmático, ejemplar o canónico con carácter universal. En los años treinta la destrucción de la democracia se produjo en nuestro país como final de un proceso global y tuvo carácter excepcional en el sentido de que en ningún otro país se produjo una guerra civil. En los setenta, en cambio, la llegada a la democracia fue muy temprana y pudo servir de ejemplo para otras latitudes. Además, y sobre todo, produjo un cambio con unos costes sociales no muy altos y permitiendo que el régimen democrático, a pesar de un punto de partida nada positivo, se consolidara rápidamente. Sin producirse una ruptura, como pretendía la oposición, tuvo lugar algo muy parecido a ella, pero por procedimientos reformistas. La transición fue completa, sin detenerse en la incertidumbre del camino a seguir (como en la Rusia de Gorbachov) y sin dejar que perduraran “enclaves autoritarios”, como en el caso de Chile con Pinochet. Tampoco se autoperpetuó la clase política adaptándose de forma ficticia al nuevo panorama institucional, como en algunos países balcánicos, sino que se convirtió de forma sincera a los principios democráticos. A pesar de que la pluralidad española se podría comparar con la yugoslava, no surgieron conflictos bélicos intranacionales. Todo esto podría haber pasado y, sin embargo, no sucedió. En definitiva, si el modelo de colapso de la democracia puede ser la República de Weimar en Alemania, la transición española resulta el ejemplo del modelo inverso.

Como cualquier otro acontecimiento histórico, éste también fue el resultado de circunstancias dadas y de la actuación de protagonistas individuales o colectivos. El caso español, en primer lugar, fue el de un país que había experimentado durante el período dictatorial una transformación decisiva que no tiene parangón con la producida en Grecia, Portugal, Turquía o, incluso, Italia durante el fascismo. No merece la pena citar aquí los indicadores sociales que demuestran que España, en un plazo de tiempo relativamente reducido, se había convertido en una potencia industrial de primera importancia (véase el volumen III de esta obra): si nuestro país estaba en un nivel de desarrollo inferior a algunos de los países iberoamericanos en los años cincuenta, en 1975 figuraba, en cambio, entre la docena de los más desarrollados. En esos años la renta polaca era superior en un 50 por 100 a la española, mientras que en 1975 esta última la cuadruplicaba. Ese cambio fue decisivo, ratificando lo escrito por Aristóteles, según el cual la democracia es tanto más posible cuanto más igualitaria sea una sociedad. La española lo era mucho más que en cualquier etapa anterior de su Historia: no se había modificado sólo su estructura de clases, sino también sus pautas mentales y actitudes culturales. El cambio de la Iglesia, la mayor tolerancia gubernamental con respecto a la prensa y la frecuencia de los contactos con el exterior habían hecho que el autoritarismo quebrara en la conciencia de los españoles. Según las encuestas, las actitudes de base autoritarias descendieron, mientras que las no autoritarias —democráticas, en definitiva— pasaron a predominar. En 1973 tres de cada cuatro españoles eran partidarios de la libertad de prensa y de culto (que eran admitidas, aunque en forma restringida, por el régimen) pero, además, la mayor parte estaba a favor de la libertad de sindicación. Cuando murió Franco, una mayoría ya empezaba a considerar necesaria la libre creación de partidos. A esa sociedad se le ofrecía el ejemplo cotidiano de inestabilidad de un régimen en el que existían problemas de institucionalización y, sobre todo, crecientes dudas de sus protagonistas y dirigentes, incluso sobre la legitimidad misma de su ejercicio del poder. Tocqueville, al final del Antiguo Régimen, señaló que el momento peor para un mal gobierno es cuando empieza a reformarse y que la gravedad de una situación como ésa aumenta cuando quienes ejercen el poder se sienten sin argumentos ni capacidad moral para hacerlo. La transición española no puede entenderse sin la “apertura” producida a partir de 1966, a pesar de todas sus limitaciones, o sin la división de la clase dirigente desde el año 1969. Incluso puede añadirse que la etapa de Arias Navarro adquiere su sentido en cuanto que deterioró definitivamente las posibilidades de supervivencia del régimen. Si no permitió expresarse a la voluntad nacional, al menos, según ha escrito Julián Marías, dejó bien claro cuál era la “noluntad” nacional, es decir, lo que España no quería.

Existe otro factor en el punto de partida de la transición al que hay que conceder la máxima importancia. Podría haberse pensado que el recuerdo del pasado ejerciera una función negativa: así lo pensaban muchos observadores extranjeros, para quienes resultaba previsible una nueva guerra civil en el mismo momento de la muerte de Franco. Pero fue exactamente al revés: la memoria de lo sucedido en los años treinta sirvió de advertencia a los protagonistas políticos y a la propia conciencia de la sociedad, de modo que, a lo largo de todo el proceso, pendió sobre unos y otros la espada de Damocles de la reproducción de la contienda fratricida, obligando a rectificaciones en aquellos momentos en los que se producía la sensación de que existía el peligro de que descarrilara el proceso.

En efecto, la construcción de un acuerdo nacional en torno al sistema democrático nació del peso de la Historia y de la voluntad de conjurarla. En ningún otro caso como el español desempeñó un papel decisivo el recuerdo del pasado: a lo sumo cabe decir que en Grecia la guerra civil de 1945 se superó en 1974, con la legalización del partido comunista, y en Hungría también se recordó la tragedia de la invasión soviética en 1956 (allí también había existido un cierto desarrollo económico, muy inferior al español de los sesenta). La paradoja es que en el caso español la Guerra Civil no era sólo un hito histórico, sino la justificación política por excelencia del mantenimiento del régimen surgido de ella. En realidad, en España, hasta la muerte de Franco, la sociedad siempre estuvo dividida entre vencedores y vencidos. Sin embargo, desde 1964, al cuarto de siglo de la victoria de Franco, las invocaciones genéricas a la paz —que contribuían a considerar peligrosa cualquier protesta— fueron el eje de la propaganda del régimen. Éste, por decisión del propio Franco, llegó a tener un servicio destinado a dar una versión “correcta” de la Guerra Civil. Pero la necesidad de dar de ella una versión menos partidista y el crecimiento del interés de la sociedad por el pasado, perceptible en el éxito del libro de Historia, acabó convirtiendo aquélla en una especie de locura colectiva que era preciso evitar a toda costa. Ya no era el elemento fundador del régimen, sino el peligro esencial a evitar en el futuro. Incluso en la época final del régimen, nacieron en sus Cortes orgánicas iniciativas para conseguir que los mutilados de guerra republicanos recibieran pensiones o para suprimir el desfile militar que recordaba la victoria de los franquistas.

De este modo, la experiencia de los años treinta, con su exasperada movilización partidista y su conclusión en un enfrentamiento fratricida, sirvió para que la clase dirigente hiciera todo lo posible para desactivar cualquier posibilidad de que la situación se reprodujera. Los constituyentes de 1978 citaron profusamente sus puntos de referencia ideológica de esos años: Ortega, en el caso de los centristas, y Azaña y Besteiro en el de los socialistas; no se trataba sólo de referencias eruditas, sino de una especie de exorcismo para evitar que la incipiente experiencia democrática concluyera como en 1936, un testimonio de hasta qué punto la clase política dirigente tenía presente los riesgos de la transición. Algunos, muy pocos, habían vivido ese pasado: Santiago Carrillo, por ejemplo, ha recordado que se inició en la vida política haciendo de redactor parlamentario de un periódico socialista en las Constituyentes de 1931 y que la imagen de lo sucedido en ese tiempo le hizo ser consciente de la necesidad de evitar la repetición de aquella experiencia. En otros casos no existió esa experiencia biográfica, pero la conciencia histórica era semejante. Así se puede decir que, al cabo del tiempo, la Guerra Civil acabó desempeñando un papel positivo. Hubo cuestiones concretas, como la religiosa, que, precisamente por lo controvertidas que habían sido en el pasado, fueron puestas en sordina por todos los dirigentes de los partidos. La neutralización también planteó problemas pero, sin duda, el balance fue positivo.

Todas estas circunstancias —unas heredadas y otras transformadas por la voluntad de los agentes políticos— favorecieron el resultado final positivo del proceso, pero nada se entiende en la transición si las consideramos como las únicas determinantes. Algo esencial para comprenderla consiste en tener en cuenta el protagonismo de los dirigentes políticos. Dejando para más adelante la mención a la Monarquía —y a quien la encarnó— es preciso, de momento, hacer una referencia de carácter general y ejemplificarla en algunos protagonistas colectivos e individuales.

Lo que llama la atención en el proceso de transición español es, al mismo tiempo, lo claro que estuvo el objetivo final y lo imaginativo e inventivo que resultó el proceso hasta llegar a él. Todo sistema democrático se basa en aquello que John Stuart Mill denominó como un sentimiento de tarea común (a fellow feeling). Hay democracias —Holanda o Bélgica— que, precisamente porque tienen graves problemas de convivencia debido a su fragmentación religiosa o lingüística, han creado un peculiar sistema de coexistencia que ha sido denominado por los especialistas como “consociacional” (Lipjhardt). El caso español trasciende ese principio general pues, aunque no coincida con el elevado grado de pluralidad existente en el modelo que acaba de ser citado, extendió la voluntad de acuerdo en lo esencial hasta unos límites excepcionales. Como ha escrito uno de los ponentes de la Constitución —Miquel Roca— ésta fue redactada no sólo “desde el consenso” sino también “para el consenso”, en el sentido de que necesita para funcionar una voluntad coincidente superior a la de la mayoría parlamentaria. Así la vieron los españoles en el momento de su aprobación y ésa sigue siendo su opinión. Esto explica lo que tardó en elaborarse, sus voluntarias ambigüedades terminológicas y que fuera ratificada mediante referéndum, datos todos ellos inusuales durante la “tercera oleada” de democratizaciones. No cabe la menor duda de que, como en todas las transiciones a la democracia, pero en este caso de forma especial, hubo en el caso español una clara voluntad de acuerdo que prestó una indudable solidez al edificio institucional, en especial cuando surgieron las dificultades. Merece la pena insistir en esta peculiaridad porque, aunque se da en cualquier transición y, en última instancia, en cualquier régimen democrático, en el caso español revistió una especial importancia.

Al mismo tiempo, sin embargo, se puede decir que el modo de llegar a este consenso final fue la consecuencia de un proceso diario en que no quedaba más remedio que imaginar soluciones, por la sencilla razón de que no existían las referencias históricas o políticas en las que basarse. Es simplemente falso que alguno de los grandes protagonistas tuviera un plan detallado al margen de sus buenos deseos. Fue necesario, por tanto, recurrir a la innovación, ésta dio resultado, y convirtió el caso español en modélico. Muchas veces los propósitos originales debieron cambiarse: por ejemplo, ni el Rey ni Suárez pensaron, en un primer momento, que fuera posible la legalización del Partido Comunista, pero la llevaron a cabo. Sin duda, se acertó en el orden elegido para enfrentarse con los problemas del país: primero, los de carácter político, y sólo luego los sociales y económicos. Fue también una buena idea —aunque no lo pareciera entonces— mantener en principio al presidente del Gobierno nombrado por Franco, aunque sólo fuera por poco tiempo. También lo fue hacer una reforma política basada en unas elecciones previas (y no en transformar las instituciones anteriores de modo concreto) o llegar a un acuerdo político, tras consulta al pueblo, que consiguiera paz social a cambio de satisfacer reivindicaciones sociales (Pactos de la Moncloa). Finalmente, parece haber sido oportuna la estrategia reformista, pero hubo casos excepcionales de ruptura —el restablecimiento de la Generalitat— y otros de mantenimiento de situaciones injustas e inaceptables desde el punto de vista democrático —la marginación de los miembros de la UMD del Ejército— en pro de la estabilidad del proceso. Todas estas decisiones se fueron tomando día a día, en un contexto difícil de prever y dirigir, porque se veía modificado no ya por una manifestación, sino incluso por un artículo periodístico.

Con la mención de la Monarquía en el párrafo anterior hemos entrado ya en el protagonismo de esta operación histórica. Para comprenderla hay que citar, desde luego, a las fuerzas y personas que desempeñaron un papel fundamental en ella. Como fue habitual en el Mediterráneo y en Hispanoamérica, el protagonismo en la transición democrática española correspondió a los elementos de centro, en definitiva, al Gobierno de Suárez, que fue quien dirigió la operación, estableció el calendario y tomó las principales iniciativas. Pero también hay que tener muy en cuenta a otros sectores. Hablando en términos generacionales, Rodolfo Martín Villa ha atribuido la principal responsabilidad de la transición a los más jóvenes y reformistas del régimen anterior y a los más viejos de la oposición. La afirmación es bastante cierta y tan sólo requiere ser matizada. Las posibilidades de actuación de los primeros sólo se hicieron posibles cuando los de mayor edad y trayectoria se descartaron, durante la época de Arias Navarro, o permanecieron, pero dando una inconveniente imagen de persistencia de lo anterior. Por otro lado, aunque quienes militaron en UCD procedentes de la oposición democrática fueron inicialmente tan sólo una minoría, luego fueron aumentando en importancia. En otro orden de cosas, no deja de tener razón Martín Villa cuando atribuye al PSOE “una carga utópica, infantil y endiosada que contrastaba con el realismo pactista y pragmático de Santiago Carrillo”. Lo cierto es que el papel jugado por el Partido Socialista en la transición fue relativamente menor en comparación con el de UCD y PCE, aunque contribuyó a dinamizar todo el proceso y, en buena medida, a profundizar lo que podría haber quedado en sólo una democracia otorgada o incompleta. Su papel esencial, imprescindible a partir de cierto momento, fue el de convertirse en alternativa del gobierno que había tenido la principal responsabilidad a lo largo del período de transición, y proporcionar, por tanto, una rueda de recambio a un sistema político que la necesitaba. Pero mucho más decisivo fue el papel jugado por el Partido Comunista, cuya dirección, todavía procedente de la época de la República y la Guerra Civil, resultó especialmente consciente de la necesidad de evitar otra nueva, postura en la que, sin duda, coincidía con la inmensa mayoría de los antiguos dirigentes del exilio. Sin embargo, el papel simbólico del comunismo era especialmente importante, como se revela imaginando qué podría haber sucedido si la posición del partido dirigido por Carrillo hubiera sido otra. Por ejemplo, los comunistas hubieran podido rechazar la fórmula de la transición, o no haber prescindido de las liturgias republicanas. Es muy posible que, al adoptar posturas como éstas, hubieran aumentado —incluso sensiblemente— sus votos, pero entonces, sin duda, la transición misma habría resultado mucho más difícil. Lo característico del caso español no es tanto que los elementos de centro fueran protagonistas principales o que el papel de la izquierda consistiera en neutralizar otras opciones revolucionarias, sino que esos dos factores se dieron a un tiempo, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Portugal o Grecia.

De cuanto antecede se deduce que un rasgo muy característico de la transición española fue que se realizó desde el interior del régimen dictatorial mismo. Esta afirmación, obvia e implícita en cuanto hasta ahora se ha señalado, merece alguna precisión más debido a su misma excepcionalidad (tan sólo admite comparación con el caso de Turquía respecto del que, sin embargo, ofrece diferencias importantes en el punto de partida porque, en este caso, no era explícitamente antidemócrata). Resulta muy difícil determinar si por sí mismos los reformistas del régimen hubieran llevado a cabo una transformación tan profunda como la que, en efecto, tuvo lugar: lo más probable es que no hubiera sido así. Si, por ejemplo, el partido del Gobierno hubiera obtenido una situación parlamentaria más cómoda tras las elecciones de 1977, habría sido más complicado elaborar una Constitución basada en el consenso que satisfaciera a todos los partidos políticos representados en las Cortes. Esta afirmación deriva de que, en un primer momento, el programa de los reformistas no estaba definido y de que la tendencia del Gobierno fue ir elaborando su programa de acuerdo con la evolución de los acontecimientos. Ahora bien, eso permitió que la oposición lo espoleara periódicamente, incluso acudiendo a movilizaciones populares. No fueron desdeñables: durante la década posterior a la muerte de Franco hubo en Madrid treinta y seis manifestaciones de más de 100.000 asistentes. Nunca sabremos qué podría haber sucedido de no existir éstas pero, seguramente, nada hubiera sido igual. No obstante, al mismo tiempo, las iniciativas fueron siempre gubernamentales y nunca la oposición estuvo en condiciones de sustituir o derribar al Gobierno por la sola fuerza de sus manifestaciones. Esta combinación de factores hace imposible determinar si lo sucedido fue una reforma o una ruptura, e incluso priva de sentido a cualquier pregunta sobre el particular. Resultó una ruptura por procedimientos reformistas o una reforma tan profunda que hizo desaparecer radicalmente lo reformado. Fue, como tal, una excepción en el conjunto de la “tercera ola” y también un ejemplo.

LA NUEVA MONARQUÍA: EL REY JUAN CARLOS I

Se suele decir que otro rasgo muy característico de la transición española deriva del importante papel jugado en ella por la institución monárquica. Más adelante haremos alusión detenida a quien la encarnaba y al papel que en ella tuvo, pero antes de ello es preciso hacer una reflexión de carácter más general. De entrada hay que advertir que, sin duda, la Monarquía española está, desde la óptica actual, íntimamente vinculada con la democracia. Pero esto no quiere decir, en términos estrictos, que la institución monárquica legitimara la transición. Más bien lo correcto sería afirmar lo contrario: que fue la democracia la que, en definitiva, legitimó finalmente a la Monarquía. En el momento de la muerte de Franco la institución carecía de fuerza y de capacidad para lograr aquel propósito y más aún en la versión que había quedado prevista para el futuro.

La función de la Monarquía fue otra. Siempre el gran peligro de un proceso de transición democrática es la quiebra de la legitimidad en el momento en que se ha desvanecido la de la dictadura y todavía no ha aparecido o no se ha consolidado la democrática. Ahora bien, la transición española tuvo precisamente en la Monarquía un instrumento para evitar esa quiebra de la legitimidad; en ninguna otra se dio nada semejante, salvo el papel que el Ejército desempeñó en Polonia, aunque fuera mucho más frágil y errático. En el caso español la función de la Monarquía como garante de la legitimidad de todo el proceso pudo cumplirse merced a las peculiares circunstancias históricas que la rodeaban. Por un lado, se trataba de un régimen político deseado por Franco y don Juan Carlos I, designado por el caudillo como su sucesor, lo que desautorizaba cualquier posible acusación de heterodoxia. Por otro lado, don Juan Carlos era también el representante de una legitimidad dinástica e, inevitablemente, su persona aparecía vinculada a la trayectoria de su padre en la oposición liberal —o al menos, colaboración con reparos — al régimen de Franco. Fue la combinación de todos estos factores lo que explica el hecho excepcional de que una Monarquía que tenía un pasado discutido desde 1923 y, sobre todo, desde 1931, fuera restaurada después de más de cuarenta años, en un momento, además, en el que el régimen monárquico estaba en retroceso en toda Europa. Si la Monarquía hubiera estado por completo vinculada al régimen, como en Portugal, lo más probable es que no hubiera podido desempeñar el papel que tuvo, pero tampoco en el caso de que se hubiera adscrito en exclusiva a una actitud de oposición. Don Juan Carlos representó, de esta manera, lo que podría denominarse una legitimidad democrática de expectativa pero, por cierto tiempo, retuvo al menos parte del poder constituyente que Franco siempre había tenido en sus manos y fue el heredero no sólo de la línea dinástica, sino también de la actitud de su padre. Este solapamiento de legitimidades —apreciado de manera muy diferente en los distintos estratos de la sociedad española— contribuyó decisivamente al resultado final de hacer posible un proceso de transición pausado y profundo que dio un giro copernicano a las instituciones políticas vigentes, pero partiendo de los presupuestos en los que el régimen pasado se basaba.

Este solapamiento de legitimidades de la institución monárquica no es, ni ha sido, discutido. En cambio, en otros aspectos, ha existido un debate entre quienes —no necesariamente historiadores profesionales— han escrito sobre los miembros de la dinastía. De don Juan de Borbón se ha afirmado que nunca fue demócrata o que el conflicto que lo enfrentó con Franco no estuvo motivado por diferencias ideológicas, sino por cuestiones de poder; algún otro le ha achacado no tener otra política que la señalada por uno de sus colaboradores, Sáinz Rodríguez. Incluso ha llegado a decirse que, después de la transición, se habría producido una auténtica “reinvención de la tradición” otorgando a la causa monárquica una condición liberal que nunca tuvo. Sin pretender que lo fuera en los años cuarenta hay que decir que desde la segunda fase de la Guerra Mundial significó una solución liberalizadora que, de modo inevitable, hubiera conducido a un régimen asimilable en el contexto de la Europa occidental. Desde esos años hubo monárquicos demócratas (y otros que no), pero en la segunda mitad de los sesenta lo eran la mayoría, empezando por el propio don Juan. Otra cuestión controvertida se refiere a la discontinuidad o continuidad entre éste y su hijo. Algún historiador —Powell— ha señalado el giro existente entre ambos. Sin embargo, cabe recordar que la Constitución de 1978 se parece mucho más al manifiesto de Lausana que a cualquier ley fundamental del período franquista (Fontán). Por más que el camino fuera distinto el objetivo de ambos fue el mismo. Más adelante volveremos sobre la cuestión.

De momento resulta preciso volver a fines de noviembre de 1975. En el momento de la muerte de Franco la situación no se presentaba en absoluto cómoda para su sucesor. Por mucho que la institución que encarnaba supusiera una triple legitimidad, lo cierto es que esa posibilidad era algo remoto. Como por entonces escribió el historiador Carlos Seco, en aquellos momentos la Monarquía tenía enfrente, a la vez, a los que querían el monopolio del sistema y a los que pretendían algún tipo de revancha. El sentido de lo que fuera la Monarquía y de cómo fuera a actuar quien la personificaba estaba lejos de ser claro, dadas las evidentes dificultades que había tenido para convertirse en sucesor y mostrar su programa en las décadas anteriores. Por un lado Santiago Carrillo anunció que en la Historia de España el monarca quedaría como Juan Carlos el Breve y el PSOE publicó una nota en la que, refiriéndose al Mensaje del Rey a las Cortes, afirmó que “no había sorprendido a nadie” y “ha cumplido su compromiso con el régimen franquista”. Por otro, la extrema derecha, que personificaba José Antonio Girón de Velasco, fue beneficiaria principal y quiso ser protagonista exclusiva de las ceremonias de los funerales de Franco. El Rey concedió su primera audiencia a los excombatientes y el propio presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, al tomar juramento al Rey lo hizo “desde la emoción en el recuerdo de Franco”.

Sin embargo, desde el primer instante quedó perfectamente claro que el Monarca sabía exactamente cuáles habían de ser los principios en los que fundamentar la convivencia nacional. Su Mensaje a las Cortes, que pudo ser elaborado reposadamente, dada la larga agonía de Franco, reveló una voluntad paralela a la que había guiado a Alfonso XII en el momento de producirse la Restauración, un siglo antes, e incluso incluía párrafos casi literalmente transcritos del manifiesto de Sandhurst. Otro mensaje paralelo, dirigido a las Fuerzas Armadas, a las que pidió que enfocaran el futuro con “serena tranquilidad”, equivalió a una promesa de que la transición se haría desde las propias instituciones del régimen identificado con Franco, y sin traumas. También el discurso de la Corona tuvo un contenido semejante. De él merece la pena destacar al menos dos puntos que, por otro lado, resultaban obligados. El Rey, a diferencia de lo sucedido en 1969, hizo una mención a su padre o, lo que venía a ser lo mismo, a la tradición liberal de la Monarquía y, además, señaló la voluntad de que ésta amparara a la totalidad de los españoles sin ventajas ni privilegios para nadie (lo que conllevaba la democracia). Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido y el conocimiento de lo que el Rey dijo puede interpretarse que quiso indicar a la oposición que en el fondo estaba de acuerdo con ella, pero que no debía romper la baraja y sí, en cambio, dejar que él tomara una cierta iniciativa.

Asimismo, el

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